Un joven artesano estaba en plena calle en la noche del último viernes en medio de la cuarentena. Tomaba alcohol y, según testigos, provocaba algunos disturbios. Cuando la policía apareció y le dijo que se tenía que ir a su casa, el muchacho dijo que se quedaría allí. Pero las cosas empeoraron cuando el joven terminó cortándose los brazos con un vidrio roto y salpicando de sangre a los uniformados, gritándoles que tenía HIV. Ahora, quedó detenido. No solo lo acusan de violar la cuarentena sino de propagar una enfermedad infecciosa que no es el coronavirus, indicaron a Infobae fuentes judiciales
Aunque pidió su excarcelación, su libertad quedó frustrada. No solo por los delitos graves que se le imputan ahora sino porque para la justicia podría fugarse o entorpecer la investigación. Además, tenía antecedentes de condenas por robos que se unificaron en tres años de prisión. Ya había estado preso y se le había dado la libertad condicional a fines de 2018.
Podría ser un caso mas pero ocurrió en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Todo ocurrió el viernes 3 de abril, cerca de la medianoche, cuando la policía encontró al joven junto a otro hombre en la esquina de la avenida Córdoba y la calle Ecuador, en la Capital Federal. Cuando los policías de la Comuna Vecinal 2 A de la Policía de la Ciudad le dijeron que debía volver a su casa, el joven se resistió.
El artesano vivía en la calle. Los uniformados le dijeron que tenía que irse entonces al parador que dispone la Ciudad de Buenos Aires para esos casos en medio del aislamiento social por el coronavirus, pero se negó. Cuando los policías se le acercaron, el joven les gritó: “tengo SIDA y los voy a contagiar”. Tomó un frasco de vidrio de su mochila, lo rompió y se tajeó los brazos. Salpicó así con sangre la cara y el cuerpo de los agentes policiales Gilda Carina Quintana y Joel Exequiel Flores. Los policías lograron reducirlo y detenerlo.
La Justicia ahora no solo lo imputó por haber violado el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido para evitar la circulación del COVID-19, sino por “haber intentado propagar una enfermedad peligrosa y contagiosa, como lo es el HIV declarada epidemia por la Organización Mundial de la Salud.”, señalaron a Infobae las fuentes consultadas.
Al ser llevado a la indagatoria, el joven aceptó declarar pero sin contestar preguntas. Aseguró que las cosas no habían sido como dijeron los policías y los testigos e intentó bajar el tono de lo sucedido. Admitió tener antecedentes penales pero dijo que no se acordaba en qué juzgados. A través de la defensa oficial, pidió su excarcelación.
Pero tanto el fiscal Gerardo Pollicita como el juez Julián Ercolini rechazaron hacer lugar al pedido: afirmaron que existen indicadores de “riesgo de fuga y peligro de entorpecimiento de la investigación” si el joven recupera la libertad.
Según la fiscalía, “las circunstancias en las que fue detenido y la naturaleza del hecho prevén penas privativas de la libertad que ascienden hasta los 15 años de prisión; exigencia objetiva prevista por la norma para proceder al encarcelamiento del imputado”. A eso hay que agregarle que el joven “carece de arraigo, no posee un domicilio fijo por encontrarse en situación de calle, expresó su voluntad de no concurrir a un centro BAP y no cuenta con un trabajo y/o una ocupación estable que permita presumir positivamente su arraigo de cara a un potencial riesgo de elusión”.
A eso, se sostuvo, había que sumarle que “el imputado fue interceptado en la vía pública violando el aislamiento social obligatorio dispuesto por los DNU n° 297/2020 y 325/20, consumiendo bebidas alcohólicas y provocando disturbios, demostrando un comportamiento reticente y agresivo ante el personal policial que intentaba disuadirlo”. Como todavía quedan medidas de investigación y no se descarta si “el imputado intentará obstruir el accionar de la justicia o bien que pretenda eludir su sujeción a este proceso”, la fiscalía se opuso al pedido de la defensa.
En ese marco, el juez Ercolini se inclinó por rechazar la excarcelación por los delitos en juego, cuya escala penal “no permitiría por sí sola su soltura”. Pero además porque el joven “indicó encontrarse en situación de calle, no aportando, en consecuencia, domicilio alguno de residencia, circunstancias que fueron corroboradas por el nombrado al momento de recibirle la respectiva declaración indagatoria”. “Ello denota su falta de arraigo y engendra una sospecha razonable de que en caso que recupere su libertad podría abstraerse del proceso. Por otro lado, el imputado cuenta con antecedentes penales”, se remarcó y se pasó revista a las causas en las que fue condenado por robos y hurtos.
Si en esta causa el joven fuese condenado, tendría que cumplir su condena en prisión por el tipo de delitos en juego, “con su respectiva declaración de reincidencia, lo que haría presumir que, de acceder a la libertad, no respetaría las reglas de sujeción que eventualmente podrían imponérsele”, afirmó el juez. “No puede afirmarse, en conclusión y momentáneamente, que el encausado cuente con un espacio personal, social, familiar y laboral que le brinde suficiente contención como para soportar el proceso en libertad ante la expectativa de sanción penal grave, al tiempo que su libertad también podría menoscabar el avance de la causa”, se añadió.