La cuarentena total establecida por el Gobierno traerá consecuencias patrimoniales para los infractores. De hecho, las personas que desobedecieron las medidas preventivas no solo enfrentarán castigos penales, sino que también afrontarán costos económicos. Entre ellos están los miles de conductores que salieron con sus vehículos sin un certificado laboral de “servicio esencial” que justifique su presencia en las calles.
Según los datos oficiales del Ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Frederic, las cuatro fuerzas federales secuestraron unos 2.534 vehículos en el país, de un total de 912.637 automotores controlados desde que arrancó la cuarentena. Hasta el martes a la mañana, la Policía de la Ciudad había incautado solo 163 automotores desde el 20 de marzo.
El presidente Alberto Fernández respaldó las detenciones y sanciones penales para los ciudadanos que incumplan con el aislamiento obligatorio. Se trata de causas que ingresan en la órbita de los tribunales federales por la violación del artículo 205 del Código Penal, por lo que no solo implican una infracción de tránsito. Según la gravedad del caso, pueden recibir desde 6 meses a 2 años de prisión. Pero, más allá de las penas que puedan caer a los ciudadanos, ¿qué ocurrirá con los vehículos confiscados?
“Depende del juzgado y de la sentencia definitiva en el caso. Si es condenatoria, el imputado pierde el vehículo porque es el decomiso del bien utilizado para cometer un delito", señalaron fuentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial a Infobae.
Esa alternativa surge de una resolución que dictó la Procuración General de la Nación, donde se establece un marco jurídico para que los bienes permanezcan cautelados durante el trámite del proceso penal y, eventualmente, puedan ser decomisados en favor del Estado nacional o Estados provinciales.
En la Ciudad de Buenos Aires, muchos de los vehículos seguían incautados retenidos a disposición de las autoridades. La expectativa es que sigan en esa condición hasta que finalice la cuarentena. Lo cierto es que las demoras pueden ser mayores que las habituales si la intervención es realizada por el fuero penal en vez de los juzgados provinciales.
El 26 de marzo, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decretó un incremento de las multas para aquellas personas que conduzcan vehículos y motos durante el aislamiento obligatorio, en el marco de la Ley de Faltas N° 451. Los pagos van desde los $10.700 hasta los $80.000, y pueden conllevar la inhabilitación del registro de conducir.
En los casos de las infracciones habituales, las faltas suelen ingresar un día después al sistema de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI). Para retirar el vehículo, se puede optar por un pago voluntario fijado por ley de $5.000. En general las infracciones se suelen cuestionar, pero en medio de la cuarentena, lo previsible es que “algunos conductores recién se acerquen al organismo cuando se normalice el país”, señala un conocedor de la burocracia porteña.
Por estos días, las actuaciones policiales ante un conductor infractor es la generación de dos expedientes: uno penal, por el artículo 205 de violación de la cuarentena, y otro por la falta de tránsito porteña. Según indicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, la inconducta se registra en una base de datos y se intima al chofer a que no vuelva a circular sin el certificado habilitante.
En el Gobierno de la Ciudad aseguran que los expedientes por incumplir el aislamiento y que están bajo la órbita del Tribunal de Faltas porteño “son muy pocos” y que, en su mayoría, están alcanzados por la Justicia federal.
“Hay una instrucción general que sacó el procurador general para los fiscales sobre investigación patrimonial. Pero por ahora se está abordando la urgencia de lograr el aislamiento. Después van a pedirse las restituciones y veremos según los casos”, indicó a este medio uno de los fiscales a cargo de las instrucciones.
El pasado 3 de abril, el Ministerio Público Fiscal relevó las actuaciones de más de veinte dependencias en todo el país en relación a los expedientes penales por violación de la cuarentena obligatoria.
En la provincia de Buenos Aires, la fiscalía de Hurlingham a cargo de Santiago Marquevich labró 540 actas de infracción por violación de la cuarentena e incautó 90 vehículos en Merlo, Ituzaingó y Hurlingham. El mismo magistrado, que interviene en la Fiscalía Federal Nº 1 de Morón, impulsó 1.260 actas y dispuso del secuestro de 210 autos en Morón, La Matanza, Moreno y Marcos Paz. Lo propio hizo la fiscal N° 2 de Morón Mariela Labozzetta, que llevó adelante 160 actas de infracción y el secuestro de 23 automotores y dos motocicletas.
Si bien las sanciones económicas y penales dependen de cada magistrado, lo cierto es que en algunos distritos los automotores incautados pueden estar semanas o meses sin volver a la calle. Además, los conductores tendrán retenidos los documentos habilitantes para la circulación, las llaves y todo otro elemento mecánico o electrónico necesario para la puesta en marcha del vehículo que se utilizó durante el incumplimiento de la cuarentena.
“Es posible que los vehículos queden un largo rato retenidos. Pero los juzgados podrían devolverlos antes”, indicaron fuentes gubernamentales a este medio.
Menos infractores
Más allá de los alcances de las sanciones, en el gobierno nacional observan con beneplácito el cumplimiento de la cuarentena en el tránsito urbano. Aseguran que en la primera etapa fue clave la campaña de concientización sobre los alcances del DNU 297/20 de aislamiento obligatorio.
En los últimos días, el control de vehículos mostró su eficacia a partir de la instalación de nuevos puntos de registro y el refuerzo de los puntos estratégicos de ingreso y egreso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los operativos “sorpresa” y la experiencia recolectada colaboraron en apuntalar este tipo de dispositivos preventivos.
El cambio de tendencia se refleja en los resultados obtenidos desde el 20 de marzo al 3 de abril, cuando se incautaron un total de 1.772 vehículos. En un mismo período, la cantidad de unidades secuestradas bajó de 1.193 unidades a 579, hacia la segunda semana de la cuarentena. Es decir, el 67,32% de los infractores se concentraron en un primer momento de las medidas excepcionales, comentaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Con la disminución del tránsito y el aprendizaje de la población, los controles se trasladaron a la circulación de peatones en las calle. Gran parte de los presuntos delitos en violación son cometidos por automovilistas, lo que agrava los riesgos de propagación de la COVID-19. Sin embargo, la posible relajación de la cuarentena a partir del próximo lunes exigirá de nuevo una mayor atención de las autoridades.
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