“Con referencia a los especuladores, ellos son elementos coadyuvantes y cooperantes de esta acción. El gobierno está decidido a hacer cumplir los precios aunque tenga que colgarlos a todos. Y ustedes ven que tan pronto se ha comenzado, y el pueblo ha comenzado a cooperar, los precios han bajado un 25 por ciento. Eso quiere decir que, por lo menos, estaban robando un 25 por ciento. Han de bajar al precio oficial calculado, porque eso les da los beneficios que ellos merecen por su trabajo. No queremos ser injustos con nadie. Ellos tienen derecho a ganar, pero no tienen derecho a robar”, arengó Juan Domingo Perón y la Plaza de Mayo colmada estalló en aplausos.

Corría la tarde del 15 de abril de 1953 y la inflación era uno de los tantos desafíos que enfrentaba en segundo gobierno peronista. La Confederación General del Trabajo (CGT) había convocado a una multitudinaria concentración frente a la Casa Rosada para defender al gobierno y su política económica.

Los primeros años de bonanza habían quedado atrás y la economía se recalentaba. Las vicisitudes de la lucha del gobierno peronista contra la inflación habían tenido sus idas y venidas, pero para ese momento la situación se había vuelto crítica.

Según datos del INDEC, entre 1945 y 1948 había rondado entre el 13 y el 17 por ciento anual, pero en 1949 había saltado al 31 por ciento. En 1950 y 1951 había vuelto a los valores anteriores, pero en 1952 había vuelto a rebotar, llegando al 28.8 por ciento, como resultado de una nueva crisis económica había comenzado a fines del ’51.

En medio de estos vaivenes, 1952 había sido un año de ajustes, donde el gobierno se había planteado la reducción del gasto público –menos viviendas, menos obras– y un aumento de la tasa de interés para evitar la expansión monetaria.

A esto se había sumado la sequía con una consecuente crisis en el abastecimiento de trigo. Por eso 1952 pasaría a la historia como el año que en la Argentina se comió “pan negro”. Había sido idea de el ministro de Comercio Exterior, Antonio Cafiero: mezclar parte de la molienda de trigo con molienda de mijo para llevar pan a la mesa de todos los habitantes del país.

Desabastecimiento e inflación

En ese contexto, a principios de 1953, Juan Domingo Perón lanzó el Segundo Plan Quinquenal de su gobierno, donde el control de precios ocupaba un lugar central en la lucha contra la inflación.

En una conferencia de prensa realizada el 1° de abril en la Casa de Gobierno, el Presidente había apuntado al asunto, poniendo el eje en los aumentos de precios y el desabastecimiento de carne, que por entonces impactaba en la dieta diaria de los argentinos:

“Podríamos decir que, en este momento, en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, en término medio, el productor recibe más o menos dos pesos por kilogramo vivo y el carnicero minorista llega a vender el kilogramo de carne hasta a veinte pesos. (…) Ahí está el cáncer en esta intermediación, que no tiene límite. Señores: nosotros tenemos que extirpar el cáncer o el cáncer nos va a extirpar a nosotros. Para solucionar este problema, vamos a declararnos, tanto el gobierno como la Comisión Consultiva Económica y la Comisión de Precios y Salarios, en sesión permanente hasta que solucionemos el problema. Vamos a declarar que cada comprador debe ser un inspector del gobierno para mandar preso al comerciante que no cumpla con los precios que ha comprometido con nosotros. Y de los sectores que incidan en el no abastecimiento, de esos me encargo yo, porque ya he dicho que aunque sea voy a carnear en la Avenida General Paz y voy a repartir carne gratis, si es necesario. La pagarán los que no han sabido cumplir con su deber de abastecedores”, dijo.

Fuertes medidas

Las medidas de control no demoraron en llegar. El 4 de abril el gobierno decretó la racionalización de la venta de una serie de productos, la obligación de los almaceneros de vender harina de trigo (que muchos guardaban en sus depósitos para especular con el precio), el aumento de vagones para el transporte de ganado hacia la capital federal para garantizar el abastecimiento de carne, y la fijación de precios máximos para la carne y otros productos de primera necesidad.

Por esos días, en una campaña de inspecciones, se había descubierto la existencia de mataderos clandestinos y también la existencia de depósitos con mercadería oculta.

Paralelamente, el gobierno tomó medidas tendientes a garantizar el valor de los salarios. Hasta entonces se habían pactado en la mesa de negociaciones entre sindicatos y entidades patronales. Pero las paritarias, en medio de la crisis no funcionaron. Con el plan de emergencia, el gobierno dispuso aumentos salariales por decreto y los congeló por dos años.

Esas medidas, anticíclicas o de ajuste, como prefiera llamarse, buscaron atenuar la inflación. El efecto, sin duda, fue logrado. Los efectos se verían meses después. EN 1953 la inflación fue 4 por ciento y en 1954 bajó al 2,8 por ciento.

El discurso del 15 de abril

Pero para principios de abril de 1953 los resultados de la lucha contra la inflación eran inciertos y además el frente político del gobierno –con la muerte de Juan Duarte el 9 de abril, en medio de acusaciones de corrupción que lo señalaban– debía capear más de una tormenta.

El apoyo de la CGT era imprescindible para enfrentar la situación, lo que llevó a la convocatoria a la concentración del día 15. Allí, desde el balcón y frente a una plaza colmada, Perón volvió a lucir su fuerte oratoria.

Sus frases finales apuntaron advertir a quienes para el gobierno eran los causantes de la situación y convocó al pueblo a apoyarlo en esa batalla.

“No he de tener inconveniente en entregarlos (a los especuladores y a los funcionarios corruptos) a la justicia en el mismo momento que se lo compruebe (su delito); pero, compañeros, quiero decirles que las organizaciones, nuestros partidos políticos y cada ciudadano de la República tienen en estos momentos la responsabilidad de enfrentar con hombría y con decisión todo ataque llevado subrepticiamente a la República”, dijo.

Y cerró, en un tono aún mas fuerte:

“El Gobierno, el Estado y el Pueblo unidos son invencibles, sólo falta que nos decidamos a realizar. Yo puedo asegurar, compañeros, que la situación económica del país no ha sido nunca mejor que ahora; puedo asegurar que el dominio político que el Gobierno tiene en estos momentos asegura poder proceder de la manera que se le ocurra, pero no estamos nosotros para amparar la injusticia de nadie, sino para asegurar la justicia de todos los argentinos. Por esa razón el Gobierno ha de proceder con justicia, con serena justicia, pero con indestructible decisión y rigor contra los que infrinjan la ley”.

De ayer a hoy

Más de 65 años después de aquel discurso, hoy el presidente Alberto Fernández firmará un decreto de necesidad y urgencia en el que le otorgará a los intendentes la autoridad para la aplicación de la ley de defensa de la competencia y poder controlar así el incremento de los precios en los comercios de cercanía.

La medida, en el marco de la situación generada por la pandemia de la COVID-19 en la Argentina, se debe a que en las últimas dos semanas, según las fiscalizaciones realizadas por la AFIP y Defensa al Consumidor, después de que el Gobierno fijara precios máximos en productos esenciales, se registró un enorme incumplimiento en las tarifas por parte de muchos comercios de barrio.

La resolución 100 de la secretaría de Comercio había dispuesto retrotraer los precios de 2.300 productos a los valores del 6 de marzo. Sin embargo, el relevamiento estatal del cumplimiento de esa medida registró casos aumentos del hasta 30% en algunos productos en los comercios de cercanía de diferentes barrios.

SEGUÍ LEYENDO: