En el año 1982 me desempeñaba como Encargado de Negocios de la Embajada argentina en el Reino Unido. El 2 de abril fracasaron las tratativas diplomáticas en curso referentes a la Cuestión Malvinas cuando se inició el conflicto militar. Ante la ausencia del embajador Carlos Ortiz de Rosas, que estaba a cargo temporariamente del diferendo con Chile sobre el Canal de Beagle, y se encontraba en el Vaticano, el destino quiso que tuviera que asumir esa responsabilidad en un momento crucial de nuestra historia reciente.
Las gestiones diplomáticas entre argentinos y británicos ya habían tenido un último capítulo infructuoso semanas antes, en Nueva York, durante el mes de febrero de aquel año. Habiéndome desempeñado anteriormente en nuestra Misión ante la ONU en esa ciudad, así como en Ginebra, contaba yo con una razonable experiencia en el desarrollo de crisis internacionales, pero la situación era muy diferente al tratarse de mi país y estar en juego la vida de soldados argentinos que tendrían que combatir en un escenario inesperado. En ese caso, era primordial evitar una guerra, eligiendo apropiadamente los mejores recursos diplomáticos, si bien en un contexto en el que los centros de decisión son múltiples. Asimismo, resultaba necesario determinar el interés nacional y al mismo tiempo satisfacer los puntos de vista gubernamentales. Es una situación particularmente desafiante donde el equilibrio es difícil de alcanzar.
Cabe recordar que la disputa de soberanía entre nuestro país y el Reino Unido por las Islas Malvinas y dependencias se remonta a su ocupación ilegítima por un acto de fuerza en 1833. Nuestros derechos se basan en la historia y en los principios reflejados en la resolución 1514 (xv) sobre descolonización, de la Asamblea General de la ONU del 14-12-1960, así como en su resolución 2065 (xx), que constituyó un reconocimiento de la comunidad internacional de la legalidad de nuestro reclamo y un gran éxito diplomático.
A partir de 1965 se avanzó en la negociación, ante el interés británico de desprenderse de sus colonias, pero gradualmente Londres se enfrentó a dos alternativas contradictorias: la eventual transferencia de soberanía a Argentina y el reconocimiento de un supuesto derecho de los isleños a la libre determinación. A pesar de su interés minoritario, condicionaron a sucesivos Gobiernos británicos que, por razones electorales, les otorgaron un poder de veto. Por otra parte, no pudimos convencer a los miembros del Parlamento de la conveniencia de un acuerdo.
Las negociaciones tuvieron avances y retrocesos, pero el interés británico en el mejoramiento de las comunicaciones con las islas permitió concretar un acuerdo bilateral en 1971, y luego las opciones que se analizaron fueron el condominio y la transferencia-arrendamiento, que permitiera la continuación de la administración británica, hasta que ésta pasara definitivamente a nuestro país.
El Gobierno británico tuvo en cuenta la posibilidad una eventual acción militar argentina, pero optó por continuar dialogando debido a que la defensa de las islas hacía necesaria una gran operación militar y muchos recursos, sin que sus diplomáticos alertaran lo suficiente a la dirigencia política sobre los peligros de ganar tiempo, sin definir un arreglo adecuado para la solución de la controversia.
A su vez, la recesión que afectó a los países desarrollados en la segunda mitad de la década del setenta, a partir de la crisis petrolera derivada de la Guerra de Yom Kipur en 1973, tuvo una especial significación en la economía británica. En ese contexto, sus Gobiernos anteriores a la llegada al poder de la señora Thatcher en 1979 representaban a un “imperio en decadencia”. Esta situación contribuyó a crear en la Argentina una imagen distorsionada de la realidad británica. Además, bajo un nuevo liderazgo conservador, en los inicios de los años 80, Londres comenzó a desarrollar planes para su defensa, en un marco global donde priorizaban la modernización de su disuasivo nuclear y otros problemas geopolíticos de la Guerra Fría.
En diciembre de 1981, la Junta Militar presidida por el Teniente General Leopoldo Galtieri decidió intensificar los reclamos, como una alternativa a la profunda crisis política y económica que enfrentaba el Gobierno. El 27 de enero de 1982, el canciller Nicanor Costa Méndez presentó una nueva propuesta para crear una comisión negociadora permanente, que debía cumplir en un año la transferencia de la soberanía. La iniciativa fracasó en una reunión bilateral celebrada a fines de febrero de 1982, en Nueva York, por lo cual el Gobierno argentino decidió actuar por otros medios.
Posteriormente tuvo lugar el incidente en las islas Georgias del Sur que contribuyó a desencadenar el conflicto armado. Se originó al llevarse adelante un contrato privado de desguace de instalaciones balleneras en dichas islas, donde el personal argentino desembarcó el 19 de marzo de 1982. El Gobierno británico lo consideró ilegal y al día siguiente su buque “Endurance” recibió instrucciones de expulsarlos, acción que no se concretó, por la presencia de buques argentinos en el área.
Durante esos días fui citado al Foreign Office para tratar el incidente. Reiteradamente expresé que estábamos en un curso de colisión y que la falta de respuesta al mecanismo de negociación, favorecía un desenlace militar. Esas gestiones se llevaron a cabo sin instrucciones, pero guiadas por mi interpretación de la situación existente. El 29 de marzo, el Canciller británico Lord Carrington informó a su Gobierno que la disputa podría dar origen a una confrontación militar. Simultáneamente se me hizo llegar una propuesta confidencial sugiriendo una reunión inmediata entre los vicecancilleres de ambos países, la cual no fue aceptado por Buenos Aires. Tres días antes se había optado por la alternativa militar.
Fue un grave error intentar recuperarlas para después negociarlas. Incluso se buscó que la ocupación fuera incruenta y la permanencia de una reducida guarnición. No se analizó la situación internacional de la Guerra Fría, por la cual Estados Unidos no aceptaría que un miembro de la OTAN y su aliado permanente fuera obligado a un arreglo por la fuerza de las armas. No se evaluó que era un país poseedor de armas nucleares que, en la práctica, fueron llevadas al Atlántico Sur. A su vez, la historia británica permitía suponer una reacción militar efectiva. La determinación de Galtieri en lograr su objetivo fue tal, que el 1° de abril no aceptó una gestión del presidente norteamericano Ronald Reagan que le ofreció su mediación para evitar una acción bélica, subrayando que el Reino Unido la consideraría un casus belli.
Al producirse el desembarco argentino el 2 de abril, fui citado por el Secretario Permanente de la Cancillería, quien demostrando que el orgullo imperial estaba profundamente herido, me notificó con hostilidad la ruptura de las relaciones diplomáticas, y me advirtió que en tres días debía abandonar Londres junto al personal de la Embajada. Respondí que nuestro país actuaría de igual manera. Luego me solicitó una explicación de nuestra acción en Malvinas, y contesté que Argentina había vuelto a lo que histórica y legalmente le pertenecía. Entonces me aseveró que ello sería discutido en Naciones Unidas y en otros lugares. Mi interpretación de sus palabras fue que muy pronto se desencadenaría un conflicto armado en el Atlántico Sur, evaluación que luego transmití al Canciller, cuando todavía nuestro Gobierno creía que era posible una solución negociada.
Un suceso destacable de ese mismo día, demostrativo de que la intención original de la Junta era negociar, es que no se había decidido el destino de los fondos argentinos en Londres, por lo cual ordené que aquellos disponibles fueran transferidos a otros centros financieros (700 millones de dólares depositados en el Banco de Inglaterra). Medida afortunada, pues al día siguiente, el Parlamento dispuso su embargo.
El día 3 de abril, el Gobierno obtuvo la conformidad del Parlamento para el envío de una fuerza de tareas al Atlántico Sur. Con esta decisión, la primera ministra Thatcher, superó las críticas de quienes buscaron su renuncia por el manejo de la crisis, cuando sólo contaba con el 23 % de aceptación popular. Su futuro político pasó a depender de una acción militar decisiva, mientras la Armada británica que enfrentaba un programa de reducción de unidades, estuvo interesada en demostrar su capacidad tradicional. Además, con la resolución 502 del Consejo de Seguridad de la ONU, el Reino Unido logró legitimar internacionalmente su acción militar, respondiendo al interés de la Primera Ministra favorable a una solución militar de la crisis.
Estos desarrollos coincidieron con la formidable reacción que significó la presencia popular en la Plaza de Mayo, que se reflejó en toda la Argentina, que se manifestó en favor de la ocupación de las islas y provocó un gran triunfalismo. Esta realidad condicionó a la Junta Militar en el proceso de negociar una solución diplomática, pues luego prefirieron la derrota militar antes que enfrentar a su pueblo, dejando de lado el propósito inicial de la “Operación Rosario”. Los hechos posteriores demostraron que, tristemente, desconocían una máxima: aquella que explica que es fácil comprender cómo se inicia una crisis militar, al tiempo que es extremadamente complejo determinar cuáles serán sus consecuencias.
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