Con costos crecientes debido a la crisis del coronavirus, obligados a frenar su actividad, con un lucro cesante nada desdeñable, pero gastos fijos ineludibles, es una profesión que se siente particularmente vulnerada en estos momentos.
“Si trabajamos estamos entre los más expuestos por hacerlo en la boca de los pacientes, pero si no trabajamos estamos a la buena de Dios”. Diego Huberman es odontólogo y ejerce tanto en Capital como provincia de Buenos Aires (m.n. 26065, m.p. 32546) y ejerce la profesión desde hace más de veinte años. Quiere llamar la atención sobre las condiciones de ejercicio de una profesión que, debido a la difusión del coronavirus está particularmente afectada, especialmente por la fuerte demanda de los insumos que hacen a la bioseguridad y que ellos utilizan en permanencia.
“Lo que dejamos de ganar con este parate no deja por eso de salir, porque aunque no trabajamos, los consultorios siguen estando; y, además de los gastos que son comunes a todos, como los servicios, el ABL, los sueldos, si los hay, según donde se ejerza, para poder trabajar, aportamos por ejemplo en provincia de Buenos Aires a la Caja de Seguridad Social de odontólogos un monto muy elevado”, explica.
Y, aunque una circular los autoriza a demorar ese pago, tarde o temprano lo tendrán que abonar. Es un aporte que en un 90, 95 por ciento va a la jubilación y a pagar una obra social obligatoria cuyos aportes no pueden ser derivados a una prepaga.
“Yo trabajo tanto en Capital como en provincia -dice Huberman-. Y en provincia lo que pago a la Caja son unos 13 mil pesos por mes. Lo que anunció el gobierno para paliar esta coyuntura que son los 10.000 pesos por mes para los monotributistas de las categorías A y B, aun para los colegas que entran en eso, no cubre el aporte completo a la Caja”.
Insumos por las nubes
“Otro agravante -y en este caso en todo el país- es que nuestros insumos, indispensables para poder ejercer en seguridad, tanto en este momento como en cualquier otro, los guantes, los barbijos, todo, hoy están explotados de consumo y si se consiguen se pagan precios siderales -advierte-. Entonces, estamos en una disyuntiva que nos ahorca. Casi el cien por cien de los elementos que usamos son importados”.
Por otra parte, es una profesión que se ejerce en la primera línea de riesgo. “Estamos expuestos al virus de un modo terrible, si atendemos, además tenemos costos que se han ido a las nubes en lo que hace a materiales, que tienen fecha de vencimiento, si no los usamos los perdemos”, dice.
En cuanto a la modalidad actual de trabajo, explica que “los colegas que ejercen su profesión en el ámbito público pueden ser convocados, en este momento, para hacer tareas de triage, atención al 107, etcétera”.
“En los consultorios privados, en este momento atendemos las urgencias, eso sí está contemplado como excepción. Y en ese caso, hay que tener en cuenta todas las medidas e insumos de seguridad que, como decía, hoy son difíciles de conseguir o carísimos. Por eso muchos colegas optan por derivar a una guardia pública porque no tienen todas las condiciones para tender”, agrega.
“El riesgo es mayúsculo por estar trabajando dentro de la boca de los pacientes y a menos de 50 centímetros -insiste-. En odontología es imposible hacer trabajo a distancia, como es obvio.”
Ahora bien, el odontólogo, subraya Huberman, es “el único profesional que mantiene estrictas normas de bioseguridad, pero no ahora, por la pandemia, lo hace siempre, también en tiempos normales, sin epidemia”.
“Si uno va a atenderse con un dermatólogo -ejemplifica- no usa guantes en tiempos normales; tampoco un otorrinolaringólogo y otros. En cambio el odontólogo, siempre atiende con todas las precauciones. Es la profesión que más cuida la bioseguridad. Sin embargo ahora estamos en esta circunstancia en la que somos los más perjudicados y los menos protegidos”.
El otro inconveniente, y no menor, es que gran parte de los odontólogos trabaja gracias a las derivaciones que les hacen las obras sociales y las prepagas, dice Huberman. “Hoy los pacientes no llegan pero las obras sociales siguen cobrando. Y si normalmente demoran entre 40 y 90 días en pagarnos, ahora, como se ha detenido toda la administración, esos plazos se van a correr más todavía. Y ni lo que trabajamos en enero lo vamos a cobrar ahora”.
“Somos la profesión que más cuida la bioseguridad; necesitamos que nos tiren un salvavidas”, es su pedido final.
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