Dos hoteles que fueron incautados a la organización narcocriminal conocida como “Clan Loza” serán utilizados por la provincia de Salta para el aislamiento de ciudadanos extranjeros que provengan de zonas afectadas por el COVID-19. Esa banda, que fue condenada a fines del año pasado por el transporte de 1.160 kilogramos de cocaína, fue la que compró, con dinero sospechoso del narcotráfico, la famosa Ferrari de Diego Maradona.
Se trata de los hospedajes Gandía y La Casona de la India, ubicados en Corrientes N° 155 y Córdoba N° 534 de la capital provincial. Esos hoteles forman parte de un proceso de extinción de dominio instado por el Ministerio Público Fiscal luego de que el procurador general interino Eduardo Casal designó a un equipo de fiscales conformado por Miguel Ángel Gilligan, Pablo Turano y Diego Iglesias -titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR)- y dispuso la colaboración de la Secretaría de Coordinación Institucional mediante la resolución MP 167/2019 para que lleven adelante dicha acción civil.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) resolvió el viernes entregar en forma temporal los inmuebles a la provincia de Salta tras la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Fue tras un pedido a la AABE formulado por el fiscal federal titular de la PROCUNAR Iglesias, luego de que su colega de Salta Eduardo Villalba y el gobernador de esa provincia, Gustavo Sáenz, lo requirieran en el marco de la emergencia sanitaria nacional y provincial y los decretos 260/20 y 250/20 de los poderes ejecutivos Nacional y Provincial, respectivamente.
“Teniendo en consideración que esta Agencia tiene a su cargo la administración de los bienes objeto de procesos de extinción de dominio, y que en la actualidad existe un destino que podría dársele temporalmente a la Provincia de Salta para cumplir la función social propia del instituto, es que se considera pertinente entregar en custodia los inmuebles en trato a los efectos que sean destinados en el marco de la emergencia pública nacional en materia sanitaria; como así también facultar a dicha Provincia para que en representación de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, intervenga en defensa de los intereses del ESTADO NACIONAL, a fin de repeler usurpaciones futuras y/o usos indebidos en los inmuebles bajo custodia”, se sostuvo en la resolución.
Los inmuebles habían sido embargados y en julio de 2019 el Ministerio Público Fiscal demandó la extinción de dominio de esos hospedajes, dinero y otros millonarios bienes de la banda narcocriminal. Entre los bienes incautados había 45 propiedades en ciudad Ciudad, la zona norte de la provincia de Buenos Aires, la costa Atlántica y la provincia de Salta; una treintena de automóviles suntuosos—entre ellos tres Ferrari—, y depósitos en entidades bancarias a nombre de los miembros de la organización y de sociedades creadas para lavar el dinero. La medida solicitada fue la primera de esta naturaleza desde la entrada en vigencia del Régimen Procesal de la Acción Civil de extinción de Dominio.
La organización criminal fue desbaratada en diciembre de 2018 en el marco de 73 allanamientos realizados en forma simultánea en nuestro país y el Reino de España, donde se detuvo a 35 personas. El 23 de diciembre de 2019, el Tribunal Oral Federal N 2 de Salta, integrado por los jueces Abel Fleming, Marcelo Juárez Almaraz y Domingo Batule condenó a la organización a penas de entre 15 y 7 años de prisión por los delitos de transporte y almacenamiento de estupefacientes.
Los cuatro acusados estaban detenidos desde el 17 de diciembre de 2017, en el marco de un operativo en el que se secuestraron 861 kilos de cocaína en un galpón de la calle Talcahuano en la ciudad de Buenos Aires. En la casa de Loza, en la calle Junín del barrio Tapiales, secuestraron otros 305 kilos más.
José y Erwin Loza eran investigados desde 2014 por otros hechos de narcotráfico y de lavado de activo. Ambos están detenidos. José está en España, donde fue apresado cuando llevaba 1.200 kilos de cocaína a Granada. El Clan Loza operó de manera estable desde el 2008 hasta 2018. La investigación determinó que la droga era traída de Bolivia y Perú, pasaba por Salta y era enviada desde Argentina al continente europeo, principalmente a España, desde donde a veces se la distrubuía a organizaciones de Italia, Irlanda e Inglaterra.
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