Qué fue el Plan CONINTES, que anticipó el terrorismo de Estado de los ’70

En los primeros meses de 1960, Arturo Frondizi (1958-1962) puso en ejecución el Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado), un régimen de emergencia para la represión política ejecutado por las Fuerzas Armadas. En poco tiempo, el presidente reemplazó sus promesas de campaña por un plan de austeridad que produjo grandes tensiones con los trabajadores, sumado a que se mantuvo la exclusión electoral del peronismo. En estas condiciones, junto con el retorno de las huelgas y protestas masivas en distintos puntos del país, desde fines de 1958 se reactivaron las acciones de violencia clandestina protagonizadas por los “comandos” de la “resistencia peronista” –los grupos de militantes que buscaban el retorno de Juan Domingo Perón– que adquirieron un grado de organización y poder de destrucción muy superiores respecto de los años anteriores.

El año previo a la puesta en vigencia del Plan CONINTES nos brinda la clave para comprender el contexto en que se gestó la decisión gubernamental para la militarización de la seguridad interna.

Definido por el historiador británico Daniel James como un “crucial año de conflictos”, 1959 representó un momento de gran combatividad obrera, destacándose las huelgas realizadas por los trabajadores del frigorífico Lisandro de la Torre, los bancarios, los metalúrgicos, los textiles y tres huelgas generales.

En paralelo, un grupo de militantes peronistas dio vida a una organización que buscó constituirse en una guerrilla: los Uturuncos. Este agrupamiento asentado en el norte del país contó con un reducido número de integrantes (en promedio, de veinte a cuarenta personas), una mínima cantidad de armamento y pertrechos militares y un bajo nivel de entrenamiento. Su aparición también se conectaba con un contexto internacional en que las guerras de liberación nacional como las de Indochina (1946-1954), Argelia (1954-1962) y la Revolución Cubana (1959) parecían darle la razón a quienes afirmaban que una organización revolucionaria podía derrotar a las fuerzas regulares por medio de la lucha armada y las acciones clandestinas.

El año 1959 mostró el punto máximo de las actividades desarrolladas por los “comandos” de la “resistencia peronista”. Un minucioso informe estadístico confeccionado por la Secretaría de Inteligencia del Ejército (SIE) contabilizó un total de 941 “actos terroristas”: 370 en el primer semestre y 571 en la segunda mitad del año. El informe señalaba, a su vez, que los atentados con “bombas y petardos” llegaron a 648, los “incendios” a 57 y “otros tipos de actos” como sabotajes a industrias y a medios de transporte, ataques a individuos, atentados contra objetos, a 236. En cuanto a las personas, se indicaba que los hechos de violencia mencionados se cobraron 5 vidas y dejaron un saldo de 19 heridos.

Para comienzos de 1960 se percibía la misma tendencia que el año anterior, con dos actos directamente vinculados con la sanción de los decretos que pusieron en vigencia el Plan CONINTES. Uno fue el atentado con bombas que se produjo en Córdoba el 16 de febrero en la planta de almacenaje de combustibles de la compañía Shell-Mex en donde murieron 9 personas y resultaron heridas otras 30. El otro fue el atentado con explosivos que se perpetró el 12 de marzo en la calle Díaz Vélez 1850 en la localidad bonaerense de Olivos. Allí se encontraba el hogar del mayor David Cabrera y el atentado dejó como saldo la destrucción de la casa, varios heridos y la muerte de la pequeña hija del militar.

Luego de estos acontecimientos, el gobierno decidió otorgar a los militares la responsabilidad primaria en la represión mediante el Plan CONINTES, que estuvo vigente desde el 13 de marzo de 1960 hasta el 1° de agosto de 1961. Los allanamientos y las detenciones de un amplio espectro de potenciales activistas de la “resistencia” se realizaron junto a las de otros opositores políticos, trabajadores y sindicalistas. Durante su cautiverio, algunos presos denunciaron maltratos, golpizas y torturas, algo que fue investigado por una comisión creada especialmente por el Congreso.

Este régimen de excepción constituyó la primera adaptación legal y operativa al contexto nacional de una serie de nociones de guerra interna extraídas de la doctrina antisubversiva del Ejército francés, surgida de la experiencia de las guerras de Indochina y Argelia. Entre sus características principales se encontraban la concepción de la seguridad como un campo de batalla de la Guerra Fría y un conjunto de medidas de control de la población y el territorio, que en muchos casos incluyó el uso de métodos criminales como secuestros, torturas, centros clandestinos y hasta el exterminio secreto.

El Plan CONINTES se sostuvo en una serie de normas de emergencia que alertaban del riesgo que se cernía sobre el orden interno. En efecto, el decreto 2639 del 15 de marzo de 1960 señalaba que los “atentados terroristas” que venían ocurriendo en el país eran parte de un “vasto plan de perturbación” orientado a destruir al gobierno nacional, destacándose además el peligro que corrían la población y la propiedad privada. La noción de un enemigo interno se conectaba también con las ideas emanadas de la doctrina francesa, que estaban siendo incorporadas a la legislación sancionada por el gobierno.

El presidente acordaba con este abordaje, vinculando al movimiento peronista con el “comunismo”. Asimismo, en el mensaje al Congreso de 1961 Frondizi afirmó que “el papel previsto para las fuerzas armadas ya no se limita a la defensa de la Nación de los ataques armados exteriores, sino que se extiende a la defensa del frente interno, que es donde fundamentalmente se desarrolla la guerra ideológica mediante la infiltración de individuos de ideas disolventes”. Una nueva misión para las Fuerzas Armadas comenzaba a ganar terreno en el contexto local posterior a 1955.

Los orígenes del CONINTES se remontan a unos años antes. La normativa se aprobó el 14 de noviembre de 1958, mediante el decreto secreto 9880, cuando ya se encontraba en plena vigencia el estado de sitio y en un contexto dominado por los conflictos sindicales que comenzaban a resurgir en diferentes puntos del país.

En ese caso, la amenaza interna estaba asociada principalmente con los trabajadores sindicalizados, haciéndose mención al “grave estado de necesidad” existente producto de las “perturbaciones advertidas en distintos aspectos de la vida nacional”, poniendo en peligro sus instituciones y el orden público. Se expresaba que “las Fuerzas Armadas deben proceder con toda rapidez y absoluta energía a efectos de asegurar el pronto restablecimiento del orden público”.

Las Fuerzas Armadas, con predominio del Ejército, pasaron a tener el mando de las Fuerzas de Seguridad, estableciendo además un sistema de jurisdicciones especiales. El decreto secreto 9880 señalaba en su artículo 2 lo siguiente: “quedan subordinadas a las autoridades militares las respectivas policías provinciales”.

Sobre la base de esta normativa, el 13 de marzo de 1960 el Plan CONINTES se puso en estado activo a través del decreto 2628. En su artículo 2 se establecía que “los secretarios de Estado de las Fuerzas Armadas dispondrán que las autoridades de ejecución del Plan Conintes (Comandante en jefe del Ejército ‘Conintes’ y Comandos equivalentes en Marina y Aeronáutica), hagan efectiva la subordinación de las policías provinciales, previstas en el dec. ‘S’ 9880”.

Junto con estas medidas, se creó un sistema de zonas, subzonas y áreas de defensa comandadas por una autoridad militar. Las jurisdicciones creadas fueron la “Zona de Defensa I” –Capital Federal, la provincias de Buenos Aires y La Pampa–, la “Zona de Defensa II” –Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa–, la “Zona de Defensa III” – La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba–, la “Zona de Defensa V” –Tucumán, Salta y Jujuy–, la “Zona de Defensa V a” –Río Negro, Neuquén, el sur de la provincia de Buenos Aires– y la “Zona de Defensa V b” –Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.

El segundo decreto asociado con el CONINTES, el 2639 del 15 de marzo de 1960, otorgó a las Fuerzas Armadas la capacidad de juzgar a los civiles en “tribunales especiales” bajo la legislación castrense. En su artículo 2 el decreto prescribía que “los comandantes de zonas de defensa en jurisdicción del Ejército y los comandantes de áreas en jurisdicción de la Marina y Aeronáutica, ordenarán en cada caso la constitución de los Consejos de Guerra establecidos en el art. 483 del Cód. de Justicia Militar”. Mediante este recurso se detuvo a un número cercano a los dos mil activistas, procesándose y recibiendo condenas de prisión alrededor de cien.

El Plan CONINTES tuvo un efecto devastador sobre los “comandos” de la “resistencia” y el movimiento obrero, eliminando sus acciones en poco más de un año. En efecto, si 1959 y los primeros meses del año siguiente marcaron el punto máximo de la cantidad de atentados y operaciones clandestinas, a partir de marzo de 1960 se mostró una cara inversa.

Además, ese año indica el punto crítico en el que las operaciones de los “comandos” comenzaron a separarse de las bases obreras, que se encontraban debilitadas por la marcada reducción de las huelgas, la desmoralización, la represión y la detención de miles de militantes peronistas.

Mientras tanto, en el norte los Uturuncos fueron rápidamente desarticulados por la Policía y el Ejército, llegando a realizar solamente un ataque a fines de 1959 en la comisaría de Frías, una localidad situada en la provincia de Santiago del Estero.

El Plan CONINTES ocupa un lugar destacado en la historia de la represión estatal en la Argentina del siglo XX. Lejos de interpretaciones simplistas y lineales, debemos destacar, no obstante, que el Plan CONINTES constituye un antecedente del terrorismo de Estado en nuestro país. Las Fuerzas de Seguridad quedaron bajo el mando castrense, disponiéndose además una división territorial especial basada en jurisdicciones militares, algo que se retomaría durante la dictadura del general Alejandro Lanusse (1971-1973) y en el gobierno de María Estela Martínez de Perón (1974-1976), extendiéndose hacia la última dictadura militar (1976-1983).

Sumado a esto, la creación de Consejos de Guerra para juzgar civiles constituyó otra novedad, así como la de ser un operativo represivo ejecutado bajo las ideas contrainsurgentes francesas. Así, en el marco de la Guerra Fría, los militares argentinos hicieron su ingreso en la arena de la represión política durante un gobierno constitucional, sentando un precedente para futuras intervenciones en seguridad interna. En los años siguientes, el accionar militar avanzaría y alcanzaría un grado de criminalidad y violencia extremas durante los años setenta, produciendo una masacre sin precedentes y sobre la que todavía resta mucho por saber.

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