La oficina de una fiscalía especializada fue desalojada este martes al mediodía cuando una empleada que regresó la semana pasada del exterior informó que había estado con síntomas que podrían ser compatibles con el coronavirus.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que la mujer fue atendida por el SAME y sometida a estudios para determinar si dan positivos. En tanto, el resto de los empleados de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI) –donde trabajan unas 60 personas– fueron enviados a su casa a la espera del resultado del test de su compañera.
El hecho ocurrió este mediodía. La mujer volvió la semana pasada de la India, que no es uno de los países comprometidos por el coronavirus, pero en su viaje pasó por cinco aeropuertos, sí considerados zonas de riesgo. La empleada relató que el jueves y el viernes pasado había estado con síntomas pero que volvió a trabajar porque el fin de semana se sintió mejor. Hoy lo contó y desde la Procuración General de la Nación activaron el protocolo.
Médicos del SAME fueron a la fiscalía –que está ubicada en el edificio de la calle Tucumán 966, en el centro de la ciudad de Buenos Aires– y le hicieron tests para confirmar o descartar un posible caso de COVID-19. La fiscalía, que está a cargo de José María Campagnoli y donde trabajan unas 60 personas, tiene dos sedes. En la planta baja del edificio de la calle Tucumán funciona el área de archivo y análisis de las causas penales con autores desconocidos.
“Es una oficina a la que concurre mucha gente porque allí personal de las fiscalías de instrucción llevan causas todo el tiempo”, le explicó un fiscal a Infobae. El edificio tiene 12 pisos y allí hay 24 fiscales que se encargaban de investigar los delitos penales.
La fiscalía fue cerrada y el resto de los empleados de la UFICRE fueron enviados a sus casas y se los registró a la espera de conocer el resultado de su compañera. “Estamos a la espera del resultado para ver qué medidas tomamos”, le dijo a este medio una fuente de la Procuración General de la Nación, el órgano que tiene a su cargo a los fiscales nacionales y federales.
El procurador general interino, Eduardo Casal, firmó ayer la Resolución 17/20 por la que el organismo adhirió a la licencia laboral de 14 días que dispuso el Ministerio de Trabajo de la Nación para todas las personas que regresen de países de “transmisión sostenida” de coronavirus y que son Italia, España, Francia, Alemania, China, Japón, Corea del Sur e Irán. La medida es para todas las personas que vengan del exterior aunque no tengan síntomas.
Casal también dispuso que una vez que finalice la licencia la persona deberá presentar una constancia de aptitud sobre su situación epidemiológica de un hospital público o de un prestador de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) para poder reintegrarse a trabajar.
La misma resolución tomó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Defensoría General de la Nación. El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Juan Carlos Gemignani tomó ayer esa licencia luego de volver el domingo a la madrugada de viaje de Italia y España.
“No tengo ningún síntoma de ninguna clase de enfermedad. Llegué de Italia y activé el protocolo del Ministerio de Salud que dice que los que llegan de lugares de riesgo, con o sin síntomas, deben tomar licencia laboral preventiva”, había explicado el juez que hizo la consulta con el Departamento de Medicina Preventiva del Poder Judicial y le dijeron que debía tomar la licencia de 14 días, evitar lugares públicos recreativos y, voluntariamemte, no salir de su domicilio.