Denunció a un juez por acoso sexual y maltrato laboral y lo destituyeron en un histórico fallo

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses destituyó al doctor Claudio García, quien se desempeñaba como titular del Juzgado 1 de Olavarría y se encontraba suspendido desde febrero de 2019, por acoso sexual y violencia laboral contra una empleada judicial.

Es la primera vez que el jury emite este tipo de fallo, el cual fue aprobado por unanimidad y con perspectiva de género a raíz de una denuncia presentada el 22 de agosto de 2017 por la doctora M. H., secretaria del Juzgado de Familia de Olavarría.

La mujer relató durante el juicio que desde hacía dos años el ahora ex magistrado había comenzado a instar conversaciones de “contenido ambiguo”, enviándole mensajes de texto inapropiados.

Ella declaró que cuando Claudio García fue designado para ocupar ese alto cargo en el juzgado, le dijo que “...le gustaba mucho, que necesitaba ser transparente y frontal, pero que no haría nada que ella no quisiera”.

Si bien la damnificada en ningún momento se mostró complaciente e incluso llegó a aclararle que sólo lo consideraba un compañero de trabajo, García siguió acosándola con mensajes como “necesito mimos”, “estás muy linda”, “ese pantalón me mata”, “mañana ponete el vestido rayado” mientras ambos compartían el mismo espacio y horario laboral.

El 29 de diciembre de 2017, a la denuncia de M.H se sumó una nueva en su contra por “irregularidades en la gestión de su juzgado” proveniente del Procurador de la Corte Suprema de Justicia de Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand.

El Procurador había señalado que el magistrado no desempeñó su rol de director de los procesos de su juzgado ni asumió su obligación en el control de las causas a su cargo. Puntualizó que el juez dejó transcurrir en exceso los plazos legales, colocando a la dependencia en una situación de atraso generalizado y apremiante. Y resaltó los “escasos 10 meses” que el magistrado llevaba en su cargo al momento de presentarse las denuncias, donde sus empleados estaban “abatidos por la falta de rumbo y el exceso de trabajo”.

A raíz de lo acontecido, García fue apartado preventivamente de su cargo durante 90 días, el 27 de febrero de 2018, por su falta de idoneidad y gestión. Y un año después suspendido por el mismo motivo y embargado en un 40% de su sueldo.

Los informes elaborados por el equipo interdisciplinario de la Secretaría de Violencia de la Asociación Judicial bonaerense constataron que la doctora M.H. padecía “un trastorno de angustia con agorafobia y que los síntomas expuestos se encuadran en situaciones de acoso sexual y laboral”.

Durante el proceso se comprobó que M.H. era sometida por García a exigencias laborales indebidas, como colaborar en una guardia que no le correspondía o actitudes de enojo y rechazo en el ámbito laboral que no tenían explicación. También se hizo referencia a la intensificación del envío de mensajes de texto fuera del horario de trabajo, con alusiones a su apariencia física o a que cambiara una foto de perfil en la que aparecía con su marido.

Como consecuencia de estos actos, la mujer tuvo complicaciones en su salud como malestares digestivos, cuadros de angustia y temor permanente en su ámbito laboral. Incluso, hasta el marido de la damnificada llegó a hablar con el magistrado para tratar de aplacar la situación y que cesara el acoso.

Todo esto quedó acreditado y se determinó que “fueron cometidos en un marco de violencia de género agravados por su ser su autor un magistrado responsable de proteger a las mujeres de estos hechos”.

M.H. no solo tuvo que pedir el cambio de su horario laboral para no seguir estando bajo su mando sino que tuvo que solicitar un nuevo número de celular para que cesara el acoso. Y si bien, dijo la damnificada, en ningún momento pensaba en renunciar decidió demandarlo con apoyo del gremio de los judiciales y de todos sus compañeros.

“Mis compañeros me animaron para que lo enfrentara por última vez. Fui a su oficina y le dejé en claro que estaba evaluando la posibilidad de denunciarlo. Le mentí, le dije que tenía todos los mensajes guardados. Lo cual no era cierto, pero se lo dije. El me dijo irónicamente, porque siempre tuvo esa ironía ese cinismo, ‘yo no creo que sea verdad por lo que me estás diciendo’ como minimizando mis dichos. Esas fueron sus palabras. Siempre minimizándome”, declaró M.H. en el juicio.

Alertado por la situación, García le terminó admitiendo a un delegado sindical su culpabilidad:“Mordí el pasto, estuve mal con Marcela y va a hacer la denuncia”. Esto consta en el expediente judicial al que tuvo acceso Infobae.

Por más que García manifestó durante el proceso que nunca quiso hacerle daño a M.H. y su abogado defensor pidió la absolución, el jury entendió que el acoso se produjo durante varios meses y que García, pese a tener inmumerables posibilidades de rectificar su conducta, no lo hizo y siguió exponiendo a M.H. frente a sus compañeros de manera incómoda.

La defensa, por su parte, se esforzó en cuestionar los testimonios argumentando que los testigos no vieron por su propios sentidos los actos de acoso o los mensajes. Sin embargo, el jury señaló que sí vieron "las consecuencias dañosas del actuar sistemático del doctor García sobre su compañera M.H. sobre lo que estaba vivenciando. Además, muchos de ellos referenciaron escuchar al propio juez cuando pretendió justificar su accionar diciendo que “había tenido una conducta reprochable pero no punible” y que no había tenía intenciones de dañar.

El jurado que encontró culpable al juez de familia Claudio García estuvo integrado por el Presidente de la Suprema Corte, Eduardo De Lázzari; los Conjueces titulares, los letrados Carlos Fernando Valdez (La Plata), Adrián Murcho (San Isidro), Fulvio Germán Santarelli (San Isidro), Héctor Benito Mendoza Peña (La Plata) y Juan Pablo Cafiero (San Isidro). En representación de la Legislatura estuvieron el senador de la Unión Cívica Radical, Leandro Blanco; y la diputada de Cambio Federal, María Elena Torresi.

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