Claudio Espósito, director de la Agencia de Discapacidad: “Tenemos unas 2 millones de personas fuera del sistema en Argentina”

Con la asunción de las nuevas autoridades, el gobierno de Alberto Fernández revirtió varias de las medidas que se habían tomado en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En 2017, la gestión anterior había dado de baja miles de pensiones por invalidez ante la sospecha de manejos “corruptos” en su adjudicación, y modificó los requisitos para percibirlas. La quita, finalmente, se detuvo a partir de una medida cautelar presentada a los pocos meses, confirmada por la Cámara de la Seguridad Social. También se resolvió quitar la obligatoriedad del certificado medico digital. Según los nuevos funcionarios del área, ese documento constituyó una barrera que frenó el pago de unas 225.260 pensiones, entre las que unas 69.900 personas, de acuerdo a los cálculos oficiales, fallecieron a la espera de que avance el trámite.

Claudio Espósito es abogado especializado en derechos humanos y discapacidad y asumió el 10 de enero como nuevo director ejecutivo de la Andis. En diálogo con Infobae, dijo que sus predecesores consideraron “la discapacidad como un gasto” y cuestionó la subutilización de las partidas del área. Además, ratificó el giro en el enfoque del organismo: anunció la creación de la SUBE ANDIS, una tarjeta de transporte para quienes cobren pensiones, y fustigó que se haya creado un manto de sospecha sobre los beneficiarios. “Lo que vienen a pedir pensiones son porque las necesitan y son vulnerables, no lo hace cualquiera. Hay que quitar esa idea que la gente más vulnerable le gusta vivir donde vive y no quiere trabajar”, aseguró.

— ¿En qué situación encontraron a la Agencia Nacional de Discapacidad?

— Nos encontramos con mucha desidia y mucha falta de acción. Hubo una ausencia de política pública federal, la discapacidad era pensada como un gasto. Muchos trabajadores y trabajadoras sentían que no le estaban dando trabajo, estaban incómodos dando la cara frente a las personas con discapacidad que atendían. Este es un lugar que quedó cuatro años dormidos, la gente ahora está con muchas ganas de trabajar.

— ¿Quedaron recursos para afrontar la gestión que se avecina?

— A nosotros nos prorrogaron el Presupuesto. Los recursos estaban, lo que pasa es que no fueron utilizados. Encontramos 1.460 millones de pesos sin utilizar en concepto de la Ley de Cheques, que la utilizan todos los años las personas con discapacidad y las organizaciones especializadas. El dinero que no se utiliza vuelve al Tesoro Nacional, ni siquiera hubo publicidad de los programas.

— ¿Fue un ajuste?

— Pudo haber sido un tema de ajuste o de querer fondear este dinero para el circuito económico que consta en pedir créditos internacionales. O sea, utilizaron el dinero de las personas con discapacidad para fondear ese dinero y demostrar que estaba en determinadas cuentas. Con tanto dinero parado, tendría que decir que se invisibilizó la discapacidad.

— El gobierno anterior tuvo una mirada muy crítica sobre el otorgamiento de las pensiones de invalidez. Las revisaron con el argumento de que, durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, se habían multiplicado en formas siderales. ¿En qué quedó todo eso?

— Eso fue considerar a la gente como planillas Excel. Lo que hicieron fue dar de baja las pensiones y luego que demuestren la discapacidad. Eso llevó a que organizaciones como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) hicieran un recurso de amparo y la Justicia ordenara, en una sentencia que está firme, que todas las pensiones se restituyan. Es decir, estaban dadas de baja mal. Además, crearon el Certificado Medico Obligatorio (CMO) digital, donde cada médico y los directores de los hospitales tenían que digitalizar las firmas. En la Argentina Federal, la digitalización no está presente en todo el país, solo en los grandes centros urbanos, si es que la tienen. Con el CMO digital, lo que hicieron fue impedir el inicio del trámite de la pensión. Fue una política pública de Estado no darle el beneficio a aquellos que lo necesitan.

— Se decía que hubo un manejo “corrupto” en las pensiones.

— Tuvimos cuatro años en el que decían que todo lo que había hecho el kirchnerismo era malo y que venía el mejor equipo de los últimos 50 años. La verdad, la gente que tiene una pensión es porque le cuesta conseguir un trabajo, eso es lo que se necesita realmente. Con la pensión se cubre también la salud de las personas más vulnerables. Según el Censo 2010, estamos hablando de 5 millones de personas con discapacidad en Argentina. Y estaremos cerca de los 2 millones y medio con certificado único de discapacidad (CUD), por lo que seguro hay dos millones de personas fuera del sistema. Pensar que hay corrupción cuando se le da un beneficio a alguien, es parte del relato de estos cuatro años que se cayó apenas abrimos la puerta de la Agencia.

— ¿Por qué están afuera esas dos millones de personas del sistema?

— Porque el Estado no ha tenido políticas de salir a buscar a esas personas. Hoy la Andis es una secretaría de Estado transversalizada. Alberto Fernández tuvo la decisión política de colocar a la discapacidad como política pública. Estamos promoviendo una red federal de discapacidad con los gobernadores y las gobernadoras, que consiste en poner una sucursal de la Agencia para acompañar a los gobiernos provinciales y los municipios, así vamos a tener una mayor idea de lo que pasa en el territorio. Al centralizarse todo en la Capital Federal, lo único que se ha hecho es que las personas dejen de comer durante uno o dos días para venir a Buenos Aires a hacer unos trámites que, muchas veces, ni siquiera están hechos. Es perverso.

— ¿Cuánto esfuerzo económico va a representar? Seguramente sean muchas oficinas las que se tenga que reabrir.

— Va a ser un esfuerzo compartido con las provincias. No hay costo o un techo, es un pedido de Alberto de llegar, desde lo federal, a los que menos tienen. El costo decididamente no es algo que tenga que ver con lo que tenemos que hacer, el dinero que se necesite va a estar para llegar, con su diversidad geográfica, a cada una de las provincias.

— La legislación vigente establece que, para recibir una pensión, se tiene que acreditar un 76% de invalidez. ¿En qué consiste ese requisito y cómo se controla que la pensión llegue a quien la necesite, y no la cobre alguien que quiera hacer trampa?

— Tenemos un propio control dentro de la ANDIS, la directora nacional Paula Martínez trabaja muy fuerte en esto. Los parámetros del 76% vienen de un decreto de hace muchos años y esos parámetros lo hemos ‘deconstruido’, antes eran muy rígidos y estrictos. Nosotros tenemos un programa distinto de medir la vulnerabilidad de la gente. Lo que hay es un grave error entender el 76% de incapacidad y la discapacidad como si fuera lo mismo. La incapacidad es laboral, mientras que la discapacidad tiene que ver con derribar barreras e igualar condiciones con los demás. Por ejemplo, si me falta una pierna, pero no tengo el 76% de incapacidad, en esa situación no accedo a una pensión y tampoco a un trabajo. Por eso los parámetros se han cambiado muy fuertemente. Las trabajadoras y trabajadores sociales son los que controlan que no haya ningún exceso con las pensiones, pero quienes vienen a pedirlas son porque las necesitan y son vulnerables. Decirle al Estado ‘no tengo para comer y necesito salud’ no lo hace cualquiera. Lo está haciendo la gente que lo necesita, hay que quitar esa idea de que la gente más vulnerable le gusta vivir donde vive y no quiere trabajar. Ahora estamos trabajando en programas para que, cuando se consiga un empleo en blanco y se tiene un monotributo, no se pierdan uno o dos años para recuperar el beneficio. Además, tenemos un acuerdo con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para que se armen cooperativas de personas con discapacidad con recursos genuinos. Queremos que la persona con discapacidad tenga un trabajo digno. Esto es lo que estamos buscando junto al Presidente.

— ¿Qué grado de cumplimiento está teniendo la Ley 25.699, que obliga a los tres poderes del Estado a que las personas con discapacidad ocupen al menos un 4% de la planta del personal?

— El informe de Modernización de la administración anterior nos dio el 0,91 por ciento. Nosotros en la Agencia de Discapacidad estamos en el 8 por ciento. El vicedirector ejecutivo, Fernando Galarraga está trabajando con el área de Modernización para cumplimentar ese piso del 4% en toda la administración pública, la voluntad es que el cupo sea efectivo en estos cuatro años. Para eso, además, hay que capacitar a las personas con discapacidad. Muchas personas no han tenido educación y necesitamos acompañarlas en el proceso de formación para que puedan entrar y estén capacitados en los puestos de trabajo, eso lo vamos a trabajar con el Ministerio de Educación en forma conjunta. También se tiene que acompañar al entorno laboral, para que se entienda cómo es trabajar con las personas con discapacidad y sacar muchos de los estereotipos y prácticas nocivas que se tienen sobre ellos.

— ¿Cuántos años tiene esta ley de cupo? ¿Por qué se aplicaría ahora?

— En realidad, el cupo viene originalmente de una ley que redactó Videla. Si bien hubo modificaciones en el Congreso, esa ley hay que readecuarla a lo que es actualmente el modelo social. Desde lo ideológico tiene una concepción sobre la gente con discapacidad como alguien que no puede trabajar. La diferencia está en que ahora el presidente Alberto Fernández decidió que la discapacidad esté en la agenda pública y sea una política de Estado. En el gobierno de Cristina Kirchner se empezó un trabajo profundo y pudo ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero en discapacidad, al igual que en muchas políticas nacionales, necesitamos un acuerdo social para que con cada gobierno cambie todo.

— Da la impresión que el sector privado tampoco contrata personas con discapacidad, aún cuando existen beneficios impositivos para hacerlo.

— La responsabilidad social empresarial comenzó como una de las respuestas de las empresas privadas. Ahí la que lidera es YPF, como parte del grupo de empresas comprometidas con la discapacidad. A las empresas no solo tenemos que decirle que contratar a una persona con discapacidad es rentable en términos de exenciones impositivas, sino que ellas tienen ganas de trabajar también. Hay millones de trabajos dignos posibles. Tenemos que generar un proceso de concientización y hay grupos que lo vienen haciendo. Las empresas, obviamente, no cumplen con el 4% de cupo porque no hay obligación de hacerlo, pero sería importante avanzar en ese sentido.

— Muchas familias con niños con discapacidad necesitan de maestros integradores y acompañamiento pedagógico en las escuelas. ¿Se logra el objetivo de que este acompañamiento esté garantizado?

— La educación en términos de personas con discapacidad es un gran tema cultural que, al tener una diversidad federal, hay que consensuarlo con todas las provincias. Hay un cambio en las escuelas especiales y en educación común, si lo comparamos con el siglo pasado y con lo que eran las escuelas para personas “anormales”, que era como se las llamaba en los años cincuenta. Nos gustaría ir hacia una escuela única. Tenemos que trabajar muy fuertemente en el área de Educación, por un lado, y con el Consejo Federal, por el otro, donde nosotros somos un órgano asesor. Los docentes de escuela común tienen que trabajar con la idea de que tienen 25 pibes en el aula, no 24 y uno con discapacidad, muchos lo vienen haciendo. Los gremios y la formación docente necesitan acompañar este cambio. Lo que estamos buscando es el tema de la terminalidad, porque cuando se egresa de una escuela de educación especial hay una sensación, por ejemplo en el ingreso de universidades y terciarios, que el título no vale lo mismo al de la educación común.

— ¿Qué medidas destinadas a las personas con discapacidad están evaluando?

— Abrimos un proceso de 180 días para que las personas que tienen certificado de discapacidad obtengan la SUBE Andis. Esto va a permitir subirse a un colectivo sin que se los discrimine, va a equiparar oportunidades. La tarjeta no va tener nombre ni número, el acompañante del beneficiario va a poder pasar con ella y ya no se va a precisar sacar en público un certificado para mostrarle al conductor. Tampoco se va a requerir inscribirse a un municipio, en la provincia o en la Nación. Por otro lado, estamos trabajando en modificar el acceso en el certificado de discapacidad regular para que mute hacia una credencial, donde cada uno pueda tener todos los datos de seguridad y de las pensiones a través de un código de barras. Lo que queremos es eliminar barreras. Todo esto va a culminar con una presentación de los nuevos programas que alcanzan a la Ley de Cheques, por ejemplo, en los casos de los deportistas olímpicos o que estén federados. Los deportistas que van a ir a Tokio están desfinanciados y, lamentablemente, no llegamos a acompañarlos como quisiéramos en estas olimpíadas. Vamos a lanzar un programa para que tengan todos los elementos deportivos en las próximas olimpíadas. También queremos trabajar fuertemente desde los programas de autonomía de las personas con discapacidad.

— No es común que haya interés en las políticas para personas con discapacidad. Personalmente, ¿qué es lo que le llevó a tener esta preocupación?

— Soy padre de una hija con discapacidad, ella tiene síndrome de Down. Al nacer mi hija, obviamente, algo cambió en la familia. Aprendimos una historia de vida diferente y la resignificamos con el acompañamiento de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra). Estamos impulsando un programa en ese tipo de acompañamientos que se llama “Crecer con ternura”, que implica acompañar desde el Estado a los papás en un momento complejo. La consigna es “Felicidades, nació tu hijo, tenes derecho a vivir tu duelo”. Cuando esperás un hijo y te enterás que tiene una discapacidad, no hay respuesta. La primera respuesta que uno utiliza es Google, lleno de información innecesaria. Cuando hay un duelo a nivel familiar, hay que resignificar. Volviendo a mi caso, mi hija despertó una pasión por los derechos humanos desde el derecho, con una militancia hacia un grupo vulnerable. Arranqué en el Colegio de Abogados de San Martín como director del Instituto de Discapacidad y luego estuve en organizaciones civiles. Ahora tuve la posibilidad de ser elegido por el presidente Alberto Fernández, donde creamos un grupo de trabajo sostenido por la secretaria general de la Presidencia, con Julio Vitobello. Para mí, desarrollar política pública con este apoyo es algo soñado.

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