El reclamo por el aborto legal vuelve al centro del protagonismo político

El domingo 1 de marzo el Presidente Alberto Fernández va a iniciar las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Va a anunciar, entre otros temas, la decisión de avanzar en legalización del aborto que, por primera vez en Argentina, va a tener respaldo del Poder Ejecutivo.

El proyecto no se va a presentar el 1 de marzo, sino en los próximos días (sin fecha cierta), ni se van a conocer detalles de la iniciativa.

La decisión del presidente de avanzar en la despenalización y legalización del aborto fue creciendo en el transcurso de la campaña electoral y ya anunció, en su gira oficial por Europa, que va a firmar un proyecto oficial. Por eso se espera que el tema tome la agenda del debate político, mediático, estudiantil y que el pañuelo verde crezca como símbolo de la autonomía y la ciudadanía plena de las mujeres.

El Poder Ejecutivo está redactando un proyecto, muy cuidado en su letra, entre equipos técnicos del Ministerio de Salud, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. La iniciativa va a contemplar la despenalización y la legalización del aborto.

En el discurso frente al Congreso se prevé que Alberto Fernández no entre en detalles con respecto al proyecto de legalización del aborto (ni de otras iniciativas sobre las que también hay expectativa en la opinión pública como la reforma judicial), pero que sí quede clara la intención oficial -y el mensaje político a los gobernadores y senadores/as- del respaldo político a la legalización del aborto.

La iniciativa no tiene fecha fija de ingreso en el Congreso de la Nación y se especula con que pueda ingresar en la agenda legislativa a comienzos o mediados de marzo. No se conoce todavía el contenido del proyecto de legalización del aborto.

El Presidente va a anunciar, simultáneamente, un proyecto de atención integral para mujeres embarazadas para preservar la salud, el desarrollo y el cuidado de todas las mujeres y cuerpos gestantes. Se va a reforzar la atención para la primera infancia en los dos primeros años de vida. El objetivo es hacer más eficaces las políticas públicas que ya existen para el cuidado de embarazadas y con mayor coordinación, alcances y la implementación efectiva en todo el país.

También se van a implementar algunos nuevos beneficios para quienes busquen ser madres o deseen continuar con su embarazo. La idea es que todas las maternidades deseadas sean acompañadas desde el Estado y que la situación económica o social, no vulnere el derecho sexual y reproductivo a tener hijos/as en cualquier contexto.

“Es muy importante que va a ser la primera vez que el proyecto de legalización del aborto va a estar impulsado desde el Poder Ejecutivo. Esperemos que lo anuncie el 1 de marzo porque es importante que lo anuncie en la apertura de las sesiones ordinarias, así como fue importante el apoyo al debate del ex presidente Mauricio Macri, en 2018. Ahora, que Fernández envíe el anuncio del proyecto es un gran apoyo para avanzar con el tratamiento de la ley”, delinea Daniel Lipovetzky, diputado de la Provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio.

Lipovetzky fue uno de los principales artífices del grupo “las sororas” (con una conformación multipartidaria que anticipó un escenario político más flexible, negociador y transversal) que llevó adelante un debate institucional memorable con voces de todos los sectores en el Congreso de la Nación. El grupo ahora no solo lo integran diputados/as sino también ex legisladores/as como Victoria Donda (ahora al frente del Inadi), Araceli Ferreyra (diputada con mandato cumplido), Malena Galmarini (Presidenta de Aysa) y Mayra Mendoza (Intendenta de Quilmes).

En diálogo con Infobae, el actual legislador bonaerense proyecta, con la experiencia del debate legislativo de hace dos años: “Es importante el respaldo del presidente y de una vicepresidenta (Cristina Kirchner), que ahora tiene una posición favorable y eso va a ayudar en el Senado. Nada va a ser fácil. Pero el Senado es el lugar más difícil y que la presidenta del Senado tenga una posición favorable va a ser importante para lograr la aprobación de la ley. El apoyo del Poder Ejecutivo es la principal diferencia con el 2018”, analiza Daniel Lipovetzky.

La propuesta oficial se viene gestando a partir de un trabajo en equipo de diferentes aéreas y de expertas en la redacción de otras leyes en ampliación de derechos –como la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, etc- que espera la aprobación -y firma- final del Presidente de la Nación.

La iniciativa se basa en una perspectiva sanitaria y de derechos humanos y va a contemplar tanto que las mujeres y cuerpos gestantes no puedan ir presas por recurrir a una interrupción voluntaria del embarazo como que puedan ser atendidas en el sistema público para evitar la clandestinidad.

Las consejerías en salud sexual se van a reforzar desde el Programa de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación con el fin de brindar más y mejor atención de métodos anticonceptivos; prevención de vih y enfermedades de transmisión sexual y atención respetuosa y aggiornada a las personas trans. Pero las consejerías no van a tener el objetivo de disuadir, obstaculizar o alargar la espera si una persona llega a un centro de salud con un pedido de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Por otra parte, se van a presentar distintos programas de apoyo a mujeres que quieran continuar con su embarazo y que tienen el derecho a ser madres sin verse privadas de sus derechos sexuales y reproductivos por falta de trabajo o sustento económico. En este sentido se van a reforzar planes alimentarios para los primeros mil días desde el nacimiento del bebé. Y otras formas de respaldo a las madres por elección.

Mientras que otros cambios en las normas de adopción no están previstos ni en el proyecto presentado, ni en otros que acompañen la iniciativa. Por otra parte, tanto la producción de misoprostol o el ingreso de otros fármacos -como mifepristona- al país tampoco van a estar contemplados en la legislación y su regulación y producción va a depender de los organismos correspondientes, tanto a nivel provincial como nacional.

Por otro lado, uno de los temas más controvertidos es la objeción de conciencia y la posibilidad de qué médicos/as, anestesistas, enfermeras o instituciones se nieguen a realizar la práctica. Todavía no está definido como va a quedar este punto y puede ser uno de los principales ejes de debate.

El ahora presidente Alberto Fernández anunció que iba a avanzar en el derecho al aborto seguro en Argentina durante su campaña electoral. En un primer momento habló de despenalizar y después profundizó su postura. El contacto con víctimas de la clandestinidad, el fervor de las jóvenes (la revolución de les hijes) y de expertas con muchos años de trayectoria lo acercaron a tomar una decisión política.

El mayor hito fue, el 14 de noviembre pasado, durante la presentación del libro de la periodista Ana Correa “Somos Belén” en la Facultad de Derecho en el que se relata el caso de Belén (un nombre que la resguarda de su verdadera identidad) que estuvo presa en Tucumán después de ir al hospital y perder un embarazo que no conocía.

“Uno de los argumentos de los anti derechos es una gran mentira que dice que en Argentina no había mujeres presas por aborto. Fue una gran señal política que, por primera vez, un presidente (en ese momento electo) se reuniera con una víctima de la criminalización. Ese día dijo que asumía el compromiso de terminar con ese sufrimiento”, dijo Ana Correa a Infobae.

En el panel también estaban las abogada Soledad Deza y Nelly Minyersky, la actriz Dolores Fonzi, el actor y escritor Gonzalo Heredia que se hizo cargo de la lectura de párrafos del prólogo escrito por Margaret Atwood, autora de “El cuento de la criada” y la periodista Ingrid Beck. Además se reconoció el trabajo pionero de la periodista Mariana Carbajal en la cobertura del caso Belén.

Ana Correa proyecta en relación al discurso del 1 de marzo: “Confiamos mucho en que haga un anuncio en este sentido porque señaló que es una prioridad saldar esta deuda de la democracia con las mujeres ya que la clandestinidad del aborto solo penaliza a las mujeres solo por ser mujeres y, a causa de la no legalidad, niñas, mujeres y personas gestantes son sometidas a torturas”.

“Esperamos con mucha expectativa que forme parte del discurso del Presidente y que los legisladores y senadores estén a la altura y demos por terminada esta hipocresía y se apruebe”, remarca Ana Correa.

Mientras que, por su parte, la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito tiene un proyecto presentado en mayo del 2019 con estado parlamentario que puede ser tratado. “Para nosotras es el mejor proyecto porque lo elaboramos de forma federal y garantiza la vida, la salud, los derechos de las mujeres, personas con capacidad de gestar, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. Garantiza la gratuidad en el sistema de salud público y en las obras sociales y pre pagas”, subraya la docente Celeste Mac Dougall, integrante de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Ella remarca la importancia de la concentración del 18 de febrero en el que cantaron Las Tesis. Pero la movilización no fue solo urbana en la Ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba sino que se nutrió de más de cien actividades en todo el país.

“En el 2018 ya logramos la despenalización social del aborto. Y ahora queremos discutir qué tipo de proyecto se va a aprobar y que sea una ley que se aplique en todo el país. Salimos a la calle porque el Estado debería hacerse cargo en las salitas zonales y los hospitales de todo el país”, remarca la docente.

En la Ciudad de Buenos Aires se avanza

En la Ciudad de Buenos Aires, mientras tanto, también se avanza. En la Legislatura porteña se presentó, el martes 18 de febrero, un proyecto de adhesión al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo.

En los fundamentos de la iniciativa, la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito remarca: “El acceso a la interrupción legal del embarazo en las causales previstas en el Código Penal de la Nación de 1921 queda comprendido en el marco jurídico argentino por la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos que se incorporaron en su reforma de 1994”.

La decisión legislativa, tanto a nivel local, como del Congreso de la Nación, tuvo una decisión política fundamental en el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de la Nación, en el 2012, que sentó las bases para que se avance en una nueva redacción sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La fundamentación del proyecto porteño lo remarca en sus fundamentos: “Así como también, el Fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012 que orienta claramente el accionar de los equipos de salud y establece estándares para el acceso a la interrupción del embarazo”.

A partir del fallo F.A.L. en la Ciudad de Buenos Aires se puede acceder a la Interrupción Legal del Embarazo. Pero en el 2014 solo daban esa posibilidad 9 establecimientos y en el primer semestre del 2019 ya son 55 los centros de salud (Cesac) y hospitales en los que se cumple con el acceso a abortos legales en los casos contemplados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hace seis años, en la Ciudad de Buenos Aires, se había brindado asistencia en apenas 91 demandas y en el 2019 se realizaron 3.577 Interrupciones Legales del Embarazo (ILE). El aumento en la atención de abortos legales es de un 3.830 por ciento desde el 2014 hasta el segundo semestre del 2019 y de 766,1 por ciento de crecimiento por año.

En los primeros seis meses del año pasado el 88 por ciento de los casos que llegaron a hospitales y centros de salud porteños fueron por la causal salud. Esto implica que, según la concepción de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mujer tiene derecho a la ILE porque corre riesgo su salud en un sentido integral (físico o psicológico).

La legisladora porteña Lucía Cámpora, por el Frente de Todos, destaca la necesidad de acompañar desde la Ciudad de Buenos Aires el debate sobre el aborto legal a nivel nacional. “Para nosotras fue muy importante haber podido presentar con el conjunto de todos los bloques y en cabeza de la Campaña, el proyecto para que la Ciudad adhiera al Protocolo nacional para la interrupción legal del embarazo. Estamos discutiendo el aborto legal, seguro y gratuito a nivel nacional, y en la Ciudad todavía estamos pidiendo que se adihera al Protocolo ILE”, destaca.

Y enmarca: “Recordemos que acá hubo un protocolo que (Mauricio) Macri vetó cuando era Jefe de Gobierno, luego un protocolo muy restrictivo, que hoy está judicializado, pero con la resolución del Ministerio de Salud de la Nación del año pasado sería muy sencillo para la Ciudad adherir y resolver esta situación. Por eso presentamos este proyecto, que lleva más de 41 firmas, incluidas las de legisladores del oficialismo, y esperamos que se apruebe en las primeras sesiones de marzo”.

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