La muerte de ocho niños wichís en Salta llevó a la primera plana la crisis humanitaria y de falta de agua que se prolonga desde tiempos inmemoriales en el norte argentino. Y si bien la emergencia hizo que se multiplicara la asistencia y la solidaridad en la zona, en las áreas urbanas los problemas de consumo de agua potable no mejora sustantivamente: en el conurbano bonaerense el déficit alcanza a tres de cada diez hogares y la mitad de los que consumen agua en canillas comunitarias es considerada “pobre estructural".
El dato sobre el conurbano se desprende de un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Defensoría del Pueblo Bonaerense. Según ese registro, el 75% de las viviendas tienen acceso al agua corriente de red, lo que la ubica 13,7 puntos por debajo del promedio nacional, que es del 88,4 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
“En Argentina tenemos problemas de acceso y calidad en el conusmo. Hay 7 millones de personas que no tienen acceso al agua potable", consideró en base a datos del Indec Manuel Saurí, director ejecutivo de “Agua Segura”, una empresa dedicada a brindar soluciones hídricas.
Además, siempre según el mismo relevamiento, la probabilidad para acceder al agua de pozo se ubica en el 24,8 por ciento, cuando a nivel país es del 11,6 por ciento. De igual manera, hay una mayor propensión de consumir el líquido con conexiones fuera de la vivienda, ya que el 7,4% de las familias tienen un consumo de esas características contra el 4% del resto del territorio.
Según el “Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento” elaborado por el gobierno de Mauricio Macri, el fuerte crecimiento de las ciudades de entre 100.000 y más habitantes de la región metropolitana “no solo agudizó el déficit de agua por red y cloacas en las áreas con baja cobertura de servicios, en particular en el conurbano bonaerense".
“El aumento de la población urbana se asocia con la consolidación y mayor número de asentamientos precarios y viviendas que exigen un tratamiento integral para la provisión de servicios domiciliarios”, señala el reporte de la Subsecretaría de Recursos Hídricos con fecha de junio de 2017.
Al igual que en los datos de nutrición y acceso, los menores de edad son los que más sufren el déficit de agua potable. El 39,9% de quienes no tienen garantizado el derecho a agua son niños y niñas de 5 a 11 años, el 72,5% es de los niveles socioeconómicos muy bajo y bajo. Pero también alcanza al 68,5% que reside en barrios con trazado urbano formal, lo que da cuenta de un fenómeno que se extiende en todo el territorio.
“Lo que no dice INDEC y seguramente tampoco el Informe UCA, es que no sabemos efectivamente la calidad de agua se consume. El INDEC releva forma en que se accede al agua, por ejemplo red o pozo, pero no sabemos la calidad”, consideró Paula Juárez, investigadora del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. “Hay diversas investigaciones que muestran en Provincia de Buenos Aires presencia de plomo, arsénico y ahora también glifosato en el agua de consumo humano”, agregó.
"En barrios suburbanos y villas a veces llega la conexión de agua potable con canillas comunitarias e informales, pero no a las viviendas”, puntualizó el ejecutivo Saurí. “En el uso interno del agua ya no es clara la calidad del consumo: cuando más vulnerables son, más riesgo hay, sobre todo en los parajes rurales, donde hay presencia de microorganismos”.
La información existente da cuenta de una relación entre pobreza estructural y la mala calidad en el suministro. Esa conclusión se puede constatar en el exhaustivo mapa diseñado en el sitio “Plataforma del Agua”, una iniciativa creada por la red Sedcero que nuclea investigadores el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Universidad Nacional de Quilmes junto a un grupo de ONG’s especializadas.
El trabajo geográfico permite relevar tres tipos de información, que cruza la infraestructura básica, las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y las urgencias de gestión. A primera vista, un semáforo que va desde color rojo a verde mide la gravedad de los problemas asociados al acceso del agua y saneamiento de un distrito. Las regiones que requieren una inmediata atención son las ya históricas situaciones del norte y del oeste del país, mientras que en la provincia de Buenos Aires las necesidades se concentran en el conurbano.
“La forma en que acceden al agua los hogares incide sobre la pobreza estructural. Por ejemplo, el 6% de los hogares que acceden a agua de red en la vivienda padece necesidades básicas insatisfechas, mientras que esa cifra sube al 52% de los hogares que acceden al agua vía canilla comunitaria”, sentenció Juárez.
Los datos sistematizados en la Plataforma del Agua registra pocas diferencias en términos de porcentajes con respecto a la UCA, pero cuenta con un mayor nivel de información desagregada. A nivel municipal quedan expuestas las desigualdades de la zona metropolitana. Mientras que la provincia en su conjunto se alcanza a un promedio de 71% de cobertura de agua de red, en los partidos bonaerenses del conurbano los valores son drásticamente inferiores, como los casos de Florencio Varela (65,5%), Presidente Perón (58,8%), Esteban Echeverría (44,5%) o General Rodríguez (34,1%).
Hay un abismo si se compara esa realidad con otras provincias. De acuerdo al indicador “Índice para la gestión”, el mayor distrito del país ocupa apenas el lugar 18 en la lista de prioridades para el desarrollo de obras de aguas y saneamiento urgentes. Los primeros son Santiago del Estero, seguidos por Formosa y Tierra del Fuego. En el distrito más austral del país, el 10% de su población consume a través de cisternas, o bien arroyos o acequias conectadas a las viviendas.
El contraste de las urgencias se puede observar si se toma, por ejemplo, el departamento salteño de Rivadavia, donde viven 33 mil habitantes. Allí, el mismo mapa expone que el acceso a la red pública desde la vivienda es apenas del 28% de los hogares, y la provisión a canilla comunitaria es del 10,05 por ciento.
“En el norte las comunidades son nómades y las distancias son difíciles. Hay que buscarlas y encontrarlas. Es cierto hay muchas problemáticas de agua en las zonas urbanas, pero hay más presencia del Estado. La mayoría de los argentinos ni se imaginan que todavía hay gente que vive en esta situación de vulnerabilidad extrema”, planteó a este medio Diego Tipping, el presidente de la Cruz Roja Argentina.
El daño a la salud y las acciones posibles
A la par de los problemas de suministro, se le agregan las dificultades en la salud. El daño más palpable se observó en estos meses con los pueblos originarios del norte del país, que finalizaron con muertes de niños. Según la Cruz Roja, el 84% de los menores relevados ha sufrido períodos de diarrea prolongada por 48 horas en el último mes.
“Para la Cruz Roja es muy grave lo que está pasando y es necesario visibilizarlo, llevar una solución duradera. A las familias nómades de las zonas afectadas los pozos de agua no sirven para beber agua segura, son útiles solo para la caza o la pesca", consideró Tipping.
La agrupación humanitaria anunció este viernes que instalará un campamento humanitario del que participarán más de 400 personas. Se trata de un plan de acción en el que se repartirán dos millones de litros de agua potable en las comunidades aborígenes dentro de los próximos dos meses.
Además, se incluirá la instalación de la planta potabilizadora y el sistema de distribución masiva, así como la entrega de filtros a más del 30% de la población y la capacitación en la instalación y mantenimiento de los mismos.
La acción parte un estudio en profundidad en 18 comunidades indígenas afectadas que suman un total de 924 familias. Ese informe, que se presentará en las próximas semanas a las autoridades provinciales y nacionales, exponen conclusiones nada alentadoras para la Cruz Roja.
“Los resultados de estos relevamientos nos han dejado muy preocupados. Hay que ponerse a trabajar inmediatamente. Está muy bien pensar en el largo plazo, pero hay que llevar a una solución para para el tema del agua que no está en condiciones de ser ingerida y no es segura ni potable”, agregó Tipping.
El impacto en la salud se manifiesta con distinto tipo de enfermedades. “La mayoría son enfermedades gastrointestinales y diarreas, que se derivan todas de la falta de agua segura por su alto grado de salinidad. El problema en el norte es que las guardan en recipientes y están contaminadas de antemano”, consideró Tipping.
La reeducación de los usuarios puede evitar un daño mayor al panorama de desnutrición y necesidades básicas insatisfechas del norte argentino. De acuerdo a la Cruz Roja, las comunidades asocian los cuadros de gastroenteritis al calor y no al consumo de agua no segura.
El informe expone que, de las personas consultadas, el 60% de los recipientes donde se almacena el agua están contaminados. Además, los líquidos se guardan a temperaturas superiores a los 28 grados, por lo que su salinidad es mayor a lo recomendada.
En las zonas urbanas, la densidad de la población incentiva a que los gobiernos estén más interesados en proveer soluciones de infraestructura. Pero pueden persistir las carencias en las redes hogareñas. Para Saurí, existen soluciones de baja escala y otro tipo de consumo doméstico posible.
“El problema del agua está en todo tipo de hogares y afecta a toda la población. Obviamente en los barrios populares impacta más cuando el acceso proviene de pozo o de conexiones informales. Son necesarios estudios de suelo y agua, que no tienen costos altos. Pero en muchos casos, cuando el acceso está garantizado, se pueden utilizar filtros o vertientes de aguas de lluvia para reutilizarlas para el consumo o el riego. Son formas fáciles que se pueden usar en cualquier vivienda”, opinó el director de la empresa.
Para Juárez, no hay una respuesta única que abarque las diferentes problemáticas que permitan garantizar el derecho al agua en todo el país. La investigadora desconfía de las soluciones “de plástico”: en las zonas rurales implican traslados de cuatro a seis horas para las familias desde las canillas comunitarias o aguas de pozo, de acuerdo a un trabajo de Sedcero (2014). Y plantea que hay compañías que suministran filtros que no sirven para remover arsénico, por lo que es preciso auditar las soluciones que se proveen en la gestión de las urgencias.
“Hay que volver este tema un eje clave la política de Desarrollo Inclusivo Sustentable. La gestión del agua y saneamiento determina que opciones de vida son posibles. Sin acceso a estos derechos humanos, el horizonte es de pobreza", advirtió.
Desde su punto de vista, la información hídrica disponible ayuda a pensar en el diseño e implementación de políticas públicas, pero hay una carencia de datos en lo que respecta a la calidad del consumo de agua en los niveles subnacionales y en las empresas prestadoras del servicio. La información más certera y exhaustiva es la que produce el censo nacional, que se realiza cada diez años y en 2020 tendrá una nueva edición.
"La mayoría de las provincias no disponen de sistemas estadísticos especializados en esta cuestión y desconocen qué hacen las proveedoras de agua y saneamiento en sus territorios”, puntualizó Juárez. "Como el Estado no les exige datos, las proveedoras tampoco lo generan. Se gestiona con bajos niveles de información, lo que genera problemas en la calidad de las soluciones”, agregó.
"Las soluciones de las ONG y las organizaciones de base son, en un escenario de ausencia estatal, un importante paliativo. Ese tipo de organizaciones pueden colaborar en la construcción de soluciones en algunos lugares. Pero nunca podrán generar soluciones estructurales y a escala, para eso se necesita un Estado presente en los territorios”, concluyó la investigadora Juárez.
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