La mañana del 5 de octubre de 2018 la sala de audiencias del subsuelo de los tribunales de Comodoro Py comenzó a llenarse de gente. Iban llegando con bolsos, se anotaban en una lista y pasaban al recinto que estaba custodiado por agentes de la Policía Federal. Eran los condenados por la tragedia ferroviaria de Once que se presentaban para comenzar a cumplir las penas que habían recibido por la muerte de 52 personas y las heridas de otras 789. Entre ellos estaban el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, el dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA), Sergio Cirigliano, y el resto de los directivos de la empresa. Se saludaban a medida que llegaban y charlaban a la espera que los trasladaran a la cárcel que les iba a ser designada. También estaba en los tribunales Marcos Antonio Córdoba, el maquinista del tren, pero pidió no estar con los otros condenados y fue ubicado en otra sala.
Ese día quedaron detenidas 20 personas, todas condenadas a penas de 3 a 8 años de prisión en el primer juicio oral que tuvo el caso. En el segundo fue condenado el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido a 5 años y 8 meses y su situación está pendiente hace un año en la Cámara Federal de Casación Penal.
De esos 21 condenados hoy en la cárcel hay solo 9, otros 7 en prisión domiciliaria y los restantes 5 en libertad, según información que Infobae recogió del expediente judicial. Las situaciones difieren principalmente por la cantidad de años que recibió cada uno y también por cuestiones de salud o familiares.
A las 8:30 del 22 de febrero de 2012, el tren chapa 16 de la línea Sarmiento chocó contra el andén 2 de la estación de Once. Ocurría otra tragedia, como la del boliche Cromañón, en la que en diciembre de 2004 murieron 194 personas. Pero luego se iba a determinar que era una tragedia evitable porque informes oficiales habían alertado sobre las malas condiciones de funcionamiento de los trenes pero que funcionarios y empresarios decidieron pasar por alto estas graves advertencias.
El primer juicio oral por el caso comenzó en marzo de 2014. Fueron juzgadas 28 personas entre ex funcionarios y directivo de TBA, la empresa que tenía la concesión de la línea Sarmiento. En diciembre de 2015 el Tribunal Oral Federal 2 condenó a 21 acusados por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo y otros 7 fueron absueltos.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Gimenez Uriburu y Jorge Tassara entendieron que el tren funcionaba en malas condiciones que habían sido advertidas, que los fondos públicos que TBA recibía eran gastados en otras cuestiones y que el maquinista tuvo una conducción negligente. Todo eso mató a 52 personas e hirió a 789.
En mayo de 2018, la Cámara Federal de Casación confirmó 20 condenas, rebajó la mayoría de las penas que había puesto el Tribunal Oral y absolvió a un acusado. Esas condenas quedaron en condiciones de ejecutarse el 4 de octubre de 2018 cuando Casación rechazó un planteo de las defensas. Al día siguiente quedaron detenidos.
Las penas más altas las recibieron Cirigiliano y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime: 7 años de prisión. Jaime tuvo una pena única de 8 años por otras dos condenas y ya estaba preso por otras causas. Los ex directivos de TBA Marcelo Calderón y Jorge Álvarez fueron condenados a 6 años de prisión, Schiavi a 5 años y medio y el resto a penas que fueron de los 5 a los 3 años de prisión de cumplimiento efectivo. El maquinista Córdoba fue condenado a 3 años y 3 meses.
De las 20 personas que quedaron detenidas en octubre de 2018 hoy solo hay 9 en prisión. Son Cirigliano, Jaime, Schiavi, Córdoba, Álvarez, y otros cuatro ex directivos de TBA Víctor Astrella, Jorge De los Reyes, Carlos Pont Verges y Sergio Tempone. Todos están bajo el “Sistema de intervención para la reducción de índices de corruptibilidad” (IRIC) que es para detenidos con alto poder económico, que formen parte de bandas de crimen organizado o que están condenados por corrupción. Están alojados en las cárceles I y 31 de Ezeiza, excepto Córdoba que se encuentra en Marcos Paz porque no quiere estar con el resto de los condenados.
De esos 9 detenidos, 3 tienen pedido sus arrestos domiciliarios por distintos motivos. Son Schiavi, Córdoba y De los Reyes. Lo tiene que resolver el tribunal oral.
Pero ya hay otros 7 condenados bajo arresto domiciliario que les fue otorgado en distintos momentos del año pasado por motivos de salud o cuestiones humanitarias para cuidar a familiares enfermos. Quienes están cumpliendo la condena en su casa son Laura Ballesteros, Calderón, Roque Cirigliano –no es pariente del dueño de TBA–, Guillermo D´Abenigno, Carlo Michelle Ferrari, Francisco Pafumi y Antonio Suárez, todos de la empresa que manejaba el tren Sarmiento. Y en todos los casos con una pulsera electrónica que monitorea su ubicación. No todos lograron ese beneficio. Esta semana el Tribunal Oral rechazó un pedido de Jaime para continuar la detención en su casa.
En el año y 5 meses que pasaron desde que fueron detenidos, 4 condenados ya están libres. Son los que recibieron la pena más baja –de 3 años de prisión de cumplimiento en una cárcel– y que por ley a los 8 meses pueden salir bajo libertad condicional. Estos fueron los casos de José Doce Portas, Oscar Gariboglio, Alejandro Lopardo y Pedro Raineri, los tres también del directorio de TBA.
Según los cómputos de las penas que hay en el expediente, durante este año otros acusados podrán recibir las salidas transitorias. Eso significa que pueden salir de la cárcel durante el día y volver a la noche. Es el caso del maquinista Córdoba, que tiene una pena baja, podría hacerlo a partir de mayo y los directivos de TBA, que están en prisión domiciliaria, desde octubre.
En tanto, las libertades condicionales –que es salir definitivamente pero cumpliendo ciertas reglas en libertad– están previstas para noviembre próximo. El primero será Córdoba. Las siguientes en enero y febrero del 2021 hasta llegar a febrero de 2024. Los últimos en salir serán Cirigliano, en septiembre de 2023, y Jaime en febrero del año siguiente. Los dos tienen la condena más alta.
Por otra parte, en un año comenzarán a vencer las penas y así a estar cumplidas. Las primeras serán en octubre del año que viene. Son las de Doce Portas, Gariboglio, Lopardo y Raineri, quienes recibieron la pena más baja. En diciembre del 2021 llegará el vencimiento de la condena de Córdoba y el calendario se extenderá hasta octubre de 2026.
Las 20 condenas están en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las defensas apelaron al máximo tribunal para que sean revocadas. La Corte tiene la causa hace un año y medio y todavía no resolvió si rechaza las apelaciones o las acepta. Si hace lo primero, las condenas quedarán firmes y ya no habrá ninguna otra posibilidad de revisión.
La situación de De Vido
El condenado 21 de la tragedia de once es Julio De Vido. El ex ministro de Planificación Federal –de quien dependía el área de transporte– recibió el 10 de octubre de 2018 una pena de 5 años y 8 meses de prisión que le impuso el Tribunal Oral Federal 4 en el segundo juicio oral del caso. De Vido fue condenado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y no por el estrago. Eso significa que los jueces entendieron que como funcionario era responsable de los fondos que el estado le dio a TBA para los trenes pero no por las muertes y los heridos.
De Vido nunca estuvo preso por la tragedia de Once. Llegó en libertad al juicio y así continúa, ya que el ex funcionario fue detenido en octubre de 2017 y desde diciembre pasado está en prisión domiciliaria por otras causas.
La defensa de De Vido apeló la condena que se encuentra en la Cámara de Casación. La Sala II de Casación tiene el expediente desde hace un año y todavía no lo resolvió. Tampoco citó a la audiencia oral con las partes que la ley establece como previa a expedirse sobre el caso. Si confirma la condena y rechaza la apelación de la defensa para ir a la Corte, De Vido quedará detenido para cumplir la pena por la tragedia de Once.
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