El director médico del sanatorio La Trinidad, Roberto Martingano, declaró este jueves como imputado en la causa por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin. Si bien está acusado de obstaculizar la investigación penal sobre el hecho, ocurrido el 6 de febrero del 2018, negó los cargos en su contra.
El hombre, que presuntamente encubrió la actuación de los profesionales de la salud tras la endoscopía que se le efectuó a la ex legisladora porteña en el establecimiento que estaba a su cargo, se presentó ante la jueza en lo criminal y correccional Maria Fabiana Galleti y se retiró del segundo piso del edificio de Tribunales recién después de más de cinco horas de indagatoria.
Acompañado por su abogado Carlos Froment, Martingano afirmó que no tiene intereses personales en el sanatorio, que no es dueño del mismo y que sólo es su director médico. Además, aseguró que el endoscopio funcionaba bien y que se siguió usando luego de la muerte de Pérez Volpin.
Fuentes judiciales detallaron a la agencia de noticias Télam que el director médico de la Trinidad indicó que faltaban más de 30 hojas en blanco del registro cardiológico de la paciente, un instrumento clave para determinar si la periodista estuvo conectada al inicio del estudio o se la conectó en el momento de la crisis que derivó en su fallecimiento.
Además, este elemento también es fundamental para saber la responsabilidad que pudo haber tenido la anestesista, ya que si notó que no estaba conectada debió haberlo hecho antes de empezar su trabajo. En el juicio en el que se condenó al endoscopista Diego Bialolenkier a tres años de prisión condicional por el homicidio culposo de la legisladora porteña, la anestesista Nélida Puente fue absuelta.
En su declaración, Martingano responsabilizó de manera indirecta a un empleado de una empresa tercerizada, de apellido Chávez, encargado del mantenimiento de los equipos del sanatorio, por haber retirado esta documentación que podría ser relevante para la causa.
Por otra parte, el director médico de la Trinidad explicó que el equipo de endoscopía que se utilizó para hacerle la intervención a Pérez Volpin, cuyo número de serie estaba limado al momento de entregarlo cuando se hizo el allanamiento en la clínica, funcionaba mal desde el 2016, por lo que las autoridades del lugar ya habían llamado a la empresa Bio Trast para repararlo.
Este detalle no lo había mencionado en las audiencias del juicio en el que se condenó al endoscopista. Tras el mismo, la querella y la fiscalía solicitaron abrir una investigación por supuesto encubrimiento y obstrucción de la justicia, ya que consideraron que varios involucrados en la causa incurrieron en falso testimonio durante el proceso.
De acuerdo a las normas procesales, a partir de esta declaración la magistrada deberá resolver la situación procesal del imputado dentro del plazo de 10 días. Los otros acusados son la instrumentista quirúrgica Miriam Irene Frías, quien debe presentarse a indagatoria este viernes, y la jefe del área al momento de la muerte de Pérez Volpin, Claudia Balceda, que hará lo propio el próximo lunes.
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