En 1975 el gobierno de María Estela Martínez de Perón ordenó el uso de fuerzas militares para la represión y el exterminio en la provincia de Tucumán para enfrentar al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

En estos días de febrero se cumplen 45 años del comienzo del Operativo Independencia, un hecho que abrió las puertas al terrorismo de Estado. ¿Por qué decimos que allí se dio ese inicio? ¿Acaso la masacre clandestina no tiene su punto de partida con el golpe militar del 24 de marzo de 1976? Si no es así, ¿por dónde empezar a contar esta historia?

Los gobiernos peronistas de la década del setenta -el de Héctor José Cámpora (mayo de 1973-julio de 1973), Raúl Lastiri (julio de 1973-octubre de 1973), Juan Domingo Perón (octubre de 1973-julio de 1974) y el de María Estela Martínez de Perón (julio de 1974-marzo de 1976)- estuvieron atravesados por un incremento notable de los hechos de violencia política de las organizaciones político-militares, los grupos paraestatales y por la represión legal y clandestina, en medio de una creciente agudización de la conflictividad social. Durante esos años, y con fuerza desde principios de 1974, el gobierno nacional empezó a utilizar al Ejército cada vez más para tareas de seguridad en clave antisubversiva, es decir para la guerra interna.

El ingreso pleno de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) a la esfera interna comenzó a abrirse paso en 1975. Mientras duró el mandato de Perón, la Policía ejecutó el grueso de las acciones represivas, mientras que los militares solamente intervinieron en casos puntuales, sin estar sujetos a un plan orgánico. Junto con la creación de un Estado de amplia excepcionalidad jurídica por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, con el corolario de la declaración del Estado de sitio en noviembre de 1974, desde comienzos del año siguiente el arma terrestre tomó a su cargo la seguridad a través de la sanción de un conjunto de leyes y decretos.

El momento destacado fue el inicio del Operativo Independencia en la provincia de Tucumán. Mediante el decreto secreto 261 el Poder Ejecutivo convocó al Ejército para lograr la derrota y el exterminio del “foco guerrillero” que el ERP había instalado algunos meses antes en esa provincia.

En marzo de 1974, esta organización armada marxista había creado un “frente rural” en el sur de la provincia norteña: sería la primera etapa para avanzar hacia una “zona liberada”, es decir, una región en la que pudiera establecerse como autoridad política y militar con el apoyo de la población local. De esa forma comenzó a funcionar la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, realizando prácticas y entrenamientos para convertirse en un ejército regular, contando con una base de 50 combatientes. En los meses siguientes se tomaron comisarías, estaciones ferroviarias y se produjeron robos de mercadería para repartirla entre los habitantes del monte.

El eje de la acción estuvo marcado por la orden del gobierno de “aniquilar a la subversión”. El decreto 261 establecía que “el comando general del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMÁN”. Esta orden se extendió a todo el territorio nacional en octubre con el decreto 2.772. Las normativas mencionadas incorporaban el “aniquilamiento”, un concepto técnico proveniente del campo militar que se refería al exterminio físico del enemigo en el marco de una acción bélica.

Considerado por muchos especialistas como el “laboratorio” del terrorismo de Estado, en el Operativo se implementaron un conjunto de prácticas ilegales como secuestros, ejecuciones sumarias, torturas en espacios clandestinos de encierro y desaparición de cadáveres.

A cargo del general Acdel Vilas hasta diciembre de 1975 –cuando fue relevado por el general Antonio Bussi– esta acción represiva y de exterminio contó con la participación de 5 mil hombres, entre los que se contaban miembros del Ejército, la Policía Provincial, la Policía Federal y la Gendarmería.

La estrategia estuvo basada en la eliminación de las bases de apoyo de los guerrilleros en la ciudad, extendiendo el margen de acción mucho más allá de las operaciones en el monte. Además de ser el máximo jefe militar, Vilas pasó a ser la autoridad política de la provincia, sumando los apoyos de la dirigencia política y sindical de los sectores tradicionales del peronismo.

Con la mira puesta en erradicar al “marxismo”, la represión se extendió a los colegios, la Universidad Nacional de Tucumán, diferentes iglesias y sindicatos combativos. Al tiempo que se avanzaba en las tareas de inteligencia sobre la población, el Ejército buscó el apoyo de los habitantes del monte mediante una campaña de “acción cívica”, o sea, de obras de bien público vinculadas a la educación, la salud, el deporte y la ayuda social. En un trabajo en conjunto realizado con el Ministerio de Bienestar Social a cargo de José López Rega, se inauguraron centros asistenciales, se llevaron adelante campañas sanitarias, se repararon escuelas, se repartieron alimentos, útiles y se dieron subsidios.

A pesar de librar algunos combates en el monte, el Ejército optó por ocupar la ciudad y las regiones rurales aledañas, evitando internarse en la selva. De esa forma, se cortaron los suministros y se apresó una gran cantidad de militantes cuando descendían al llano. Esta estrategia puso en serias complicaciones a la Compañía guerrillera debido a la imposibilidad de establecer contactos políticos y logísticos con la ciudad y el monte.

Con el paso de los meses, que se convirtieron en años, la combinación de métodos represivos legales e ilegales sumados a la saturación de fuerzas militares y de seguridad en la región llevarían a la destrucción del “foco”: en el último trimestre de 1975 quedaban tres pelotones aislados cuyos miembros continuaban siendo diezmados cuando descendían a la ciudad así como en las emboscadas en el monte.

Esta dinámica se intensificaría luego del golpe militar de marzo de 1976 y no se detendría hasta el aniquilamiento completo. En septiembre de 1977, el general Jorge Rafael Videla, a cargo del gobierno de facto (1976-1981), presentó los hechos mediante la escenificación de la “victoria en la guerra contra la subversión” que había tenido lugar en Tucumán.

A fines de 1975, la estrategia represiva y de exterminio del Operativo se trasladaría a todo el territorio nacional luego de un ataque guerrillero a una unidad militar del norte del país. El 5 de octubre un grupo de 70 combatientes de Montoneros, la mayor organización político-militar peronista del momento, atacaron el Regimiento de Infantería de Monte N° 29 situado en Formosa. Los enfrentamientos en la unidad militar fueron cruentos, obligando a los atacantes a iniciar la retirada desordenada con un magro botín de 18 fusiles y una pistola. Media hora después del asalto, el Ejército había recobrado el control.

El saldo de víctimas entre los defensores incluyó a 12 soldados, 2 policías y 2 civiles, mientras que Montoneros tuvo 17 muertos.

La respuesta del gobierno fue inmediata: el accionar represivo del Ejército adquirió un carácter nacional mediante el decreto 2.772/75, firmado por el presidente del Senado Ítalo Luder mientras la máxima mandataria se encontraba de licencia. Producido el golpe militar de 1976, las FF.AA. potenciaron esa estructura y la metodología represiva y de exterminio a partir de contar con el control pleno del Estado, dando un salto exponencial en los niveles de violencia masiva.

El terrorismo de Estado se inició durante un gobierno democrático y luego se expandió bajo una dictadura militar.

La complejidad de este proceso no puede ser plenamente comprendida si nos atamos a los cortes institucionales convencionales. La creación por parte del gobierno constitucional de Martínez de Perón de un marco legal que incluía medidas de emergencia junto con un abordaje militar de la represión entendida como una acción de guerra cumplieron un rol clave en el inicio de la represión clandestina y su fase más brutal: el exterminio secreto.

El actor castrense no fue el único protagonista de esta historia: por ello, también debemos incorporar a destacados dirigentes políticos, quienes reforzaron por medio de leyes y decretos la militarización del orden interno.

Esteban Damián Pontoriero es Doctor en Historia, becario Postdoctoral de IDAES-UNSAM-CONICET

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