Una misión comercial con 65 funcionarios de la Unión Soviética aterrizó en Buenos Aires a fines de octubre de 1976. El motivo del viaje era que se realizaría una muestra de la industria de ese país en el Centro Municipal de Exposiciones de Figueroa Alcorta y Pueyrredón.
El evento, planificado antes del golpe militar del 24 de marzo, llevaba el título de “Unión Soviética hoy” y había sido confirmado luego de que la Junta Militar tomara el poder, a pesar de la oposición de los sectores del Ejército más obsesivamente anticomunistas, encabezados por el jefe del I Cuerpo, Carlos Guillermo Suárez Mason.
Cuando llegó el momento de la inauguración, ya habían pasado siete meses desde el derrocamiento del gobierno constitucional y las violaciones a los derechos humanos en Argentina eran denunciadas por influyentes sectores políticos y periodísticos del mundo occidental. En Estados Unidos, por ejemplo, aunque el gobierno del republicano Gerald Ford apoyaba a la Junta Militar, la cuestión de los desaparecidos no sólo era noticia en los medios sino que había sido discutida en el Capitolio, a instancias de legisladores demócratas.
La posición de la Unión Soviética con respecto a la dictadura argentina no estaba entonces del todo clara, a diferencia de lo que pasaba con el régimen del vecino Chile. La superpotencia comunista era un fuerte adversario de la dictadura de Augusto Pinochet y había realizado un fuerte gesto político en uno de los ámbitos más visibles mundialmente: el fútbol. Los soviéticos se habían negado a presentar a su selección en Santiago en el repechaje de las eliminatorias para el Mundial 74, ya que se pretendía jugar el partido en el Estadio Nacional, “salpicado con sangre de patriotas chilenos”. Por el boicot habían perdido la oportunidad de jugar el Mundial de Alemania. Sin embargo, no había habido señales significativas con respecto a la visión soviética sobre el gobierno de Jorge Rafael Videla.
El contexto de la muestra en la Buenos Aires de 1976 era de tensión y el Centro Municipal de Exposiciones había sido rodeado de policías y carros de asalto, con la excusa de cuidar la seguridad de los asistentes. El primer discurso, en tono formal, fue del secretario argentino de Comercio Exterior, Roberto Fraguío. El segundo fue del jefe de la delegación visitante, el viceministro de Relaciones Exteriores, Alexsey Manzhulo.
El alto funcionario dijo entonces el mensaje político que la dictadura quería escuchar: El Kremlin, “fiel a la política de coexistencia pacífica en sus relaciones con otros estados, sigue rigurosamente los principios del respeto a la soberanía nacional, la no intervención en los asuntos internos, la igualdad de derechos y el beneficio mutuo”.
Esa declaración estableció la tónica de que lo que sería durante los años siguientes el trato de la Unión Soviética hacia la Argentina, marcada por el privilegio de las relaciones comerciales y el silencio del gigante comunista ante los crímenes que cometía la dictadura, justamente en nombre del combate contra el comunismo internacional.
La Unión Soviética incluso bloquearía más de un intento de condenar a la Argentina en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Pero sería el Partido Comunista Argentino el que iría todavía bastante más allá para incursionar muchas veces en la defensa entusiasta de la dictadura, cuando en el mundo se la señalaba por la cuestión de los derechos humanos.
Estados Unidos ataca y el PC defiende
El primer verano de la dictadura, en 1977, fue tenso en materia de relaciones internacionales. En Estados Unidos, gobierno republicano -extremadamente amigable con los militares argentinos- fue reemplazado por uno demócrata, encabezado por Jimmy Carter. El nuevo presidente prometía abandonar la tradicional política de la Casa Blanca de apoyo a cualquier dictador latinoamericano que combatiera el comunismo, para privilegiar el respeto a los derechos humanos.
Los peores temores de la Junta Militar se confirmaron el 24 de febrero, cuando el secretario de Estado Cyrus Vance anunció que Estados Unidos reduciría la ayuda militar a la Argentina de 48 a 15 millones de dólares anuales a partir de agosto, debido a las violaciones a los derechos humanos. En términos económicos no significaba gran cosa, pero era un gesto político mayúsculo, que generó desconcierto en la Junta Militar, convencida de que Estados Unidos sería un aliado permanenente en la represión a la izquierda.
En Buenos Aires fue el Partido Comunista Argentino el que salió a defender con énfasis al gobierno de facto. El PC señaló en un comunicado que el gobierno de Carter, “erigido en un tribunal supremo que se atribuye el derecho de juzgar a las demás naciones del mundo, ha interferido en asuntos internos de nuestro país esgrimiendo hipócritamente el argumento de la violación de los derechos humanos (…) Negamos sinceridad y autoridad moral al imperialismo yanqui para defender los derechos humanos más allá de su frontera”.
Lo firmaban Rodolfo Ghioldi, Rubens Iscaro y Fernando Nadra.
Puede resultar paradójico hoy, pero a partir de ese momento la defensa de del PC Argentino fue constante frente a las presiones del gobierno de Carter a la dictadura argentina debido a la represión ilegal.
A principios de 1978 dos de los principales dirigentes del PCA, Athos Fava y Fernando Nadra, consiguieron visas para viajar a Estados Unidos, que por muchos años no había permitido el ingreso a su territorio de personas vinculadas al marxismo.
Así, Fava y Nadra recorrieron el país del Norte durante un par de meses y se entrevistaron con dirigentes políticos, sindicales y sociales, pero prefirieron no hablar de la criminal persecución que tenía lugar en la Argentina no sólo contra la guerrilla sino también contra militantes de izquierda que no tenían vínculos con la lucha armada.
Según ellos mismos contaron en un libro que publicaron al regresar a Buenos Aires con el título Estados Unidos: grandezas y miserias, Fava y Nadra intentaron explicarles a sus interlocutores locales que la dictadura de Videla no se sometía a las imposiciones de las corporaciones norteamericanas y que por eso Carter utilizaba hipócritamente el argumento de los derechos humanos para castigar a la Argentina.
Durante ese viaje Fava y Nadra visitaron en el Capitolio al representante demócrata por el estado de Iowa, Tom Harkin, autor en 1975 de la llamada enmienda Harkin, que prohibía al gobierno de Estados Unidos dar asistencia financiera a gobiernos represivos y que había sido utilizada contra la dictadura de Videla. Fava y Nadra le advirtieron a Harkin que los argentinos no toleraban que desde el exterior pretendieran imponérseles normas de conducta.
En Estados Unidos los comunistas argentinos también insistieron en que había que preservar al gobierno de Videla para evitar que en el país se instalara “el pinochetismo”.
Pinochet había sido aislado por buena parte de la comunidad internacional debido a su abierta persecución a la izquierda y a decisiones de alto impacto, como la utilización del Estado Nacional para alojar presos políticos. Y en ese sentido, “el pinochetismo” era para el PC el sector de las Fuerzas Armadas de Argentina que favorecía una represión sangrienta, por oposición a la línea encabezada por Videla y el jefe del Estado Mayor, Roberto Viola, que supuestamente era moderada y se inclinaba por la legalidad.
Ya en agosto de 1977, el PC respaldó el rumbo elegido por Videla como “el camino adecuado para ganar la paz, aventar el peligro del pinochetismo y de las amenazas exteriores y encontrar soluciones económicas, políticas, sociales y culturales que el país necesita”. El comunicado, en una época en que a los partidos políticos les costaba llegar a los medios de comunicación, fue reproducido por el diario La Opinión, en manos de los militares desde el secuestro de su director, Jacobo Timerman, en marzo.
En noviembre de 1977 Athos Fava publicó un artículo en la Nouvelle Revue Internationale, periódico del PC francés, en el que llamaba a apoyar “a la corriente dirigida por el general Videla y sus acciones positivas, particularmente aquellas tendientes a aislar a los pinochetistas y a lograr la victoria en la batalla por la democracia”.
Fava pidió a los comunistas franceses “que ayuden a aislar a los pinochetistas de nuestro país y a evitar así un baño de sangre que podría tener una amplitud sin precedentes”.
Las relaciones económicas florecientes entre la Unión Soviética y la Argentina, seguramente, explican mucho de este apoyo.
En octubre de 1977 la dictadura ratificó convenios con Moscú que habían sido firmados en 1974 por el entonces ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard. Gracias a ello el comercio bilateral, que había alcanzado 406 millones de dólares en 1975 y había caído hasta poco más de 300 millones en 1976 y 1977, llegó en 1978 a 486 millones, “para seguir trepando hasta convertirse, los soviéticos, en los clientes más importantes de la Argentina”, según escribió Isidoro Gilbert en su libro El oro de Moscú.
En 1981 las exportaciones a la Unión Soviética se acercarían a los 3000 millones de dólares anuales, casi un tercio del total que Argentina vendía en el mundo.
Efectivamente, el historiador y economista Mario Rapoport señaló que la Unión Soviética, que era el país número 33 en el ranking de compradores de carne argentina en 1978, pasó al segundo lugar en 1979 y al primero entre 1980 y 1982. También en granos la Unión Soviética se convirtió en destino principal de las exportaciones argentinas.
Las compras y el silencio soviético ante las violaciones a los derechos humanos serían pagados en 1980, cuando la Junta Militar se negó a sumar a Argentina al embargo de cereales dispuesto por Estados Unidos contra Moscú, en castigo por la invasión a Afganistán del año anterior.
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