“Corre, limpia y baila”: por qué el asesinato del soldado Omar Carrasco terminó con la brutal práctica

Omar Octavio Carrasco era un chico de Cutral Co, Neuquén, un pueblo de unos 30 mil habitantes que vivía del petróleo desde hacía décadas. En 1992, YPF fue privatizada y los efectos de los despidos y retiros voluntarios masivos explotarían cinco años después. Omar vivía con sus padres y sus hermanas. Hacía changas como albañil y repartidor de pollos sin salir prácticamente de su pequeña ciudad. Era de pocas palabras y asiduo concurrente a una iglesia evangélica.

Cuando en 1993 sortearon a la clase 1975 para el servicio militar obligatorio, le tocó presentarse en el Ejército. Medía menos de un metro setenta y pesaba apenas 57 kilos. Pese a ser bajo y esmirriado, le dio “apto” el índice de Pignet. A principios del siglo XX, el médico francés Charles Pignet había ideado una ecuación en la que confluían tres factores: circunferencia torácica, peso y talla. A Omar Carrasco “le dio el piné”. Por poco, pero lo suficiente como para cumplir con una obligación impuesta por una ley que llevaba 93 años de vigencia.

Todos los años, los 31 de mayo en la Lotería Nacional se hacía un sorteo en base a los tres últimos números del documento de identidad. A esos números, a su vez, se le asignaba el número que tenía validez para la conscripción. A quienes les tocaban números bajos (cada año el piso cambiaba) se salvaban. También eran exceptuados quienes nacían el 25 de mayo, o eran sostén de madre viuda o padecían alguna enfermedad que les impidiera la vida de milicia.

Carrasco, a Zapala

El jueves 3 de marzo de 1994 en la mañana, Omar Carrasco preparó su bolsito y Francisco, su padre, calentó el motor del Falcon. El chico se despidió de la madre y las hermanas, subió al auto y Francisco encaró hacia el oeste por la ruta nacional 22. En el camino, según contó tiempo después, el padre trataba de alentarlo porque “hacía un mes que estaba deprimido. No le gustaba para nada tener que hacer la colimba”.

Al llegar al Grupo de Artillería 161 de Zapala, padre e hijo se despidieron. Dos semanas después, Francisco volvió junto a su esposa y quedaron desconcertados cuando en el cuartel les dijeron:

-Su hijo se escapó, es un desertor.

La realidad era muy distinta. La vida militar de Omar Carrasco duró tres días. El domingo 6 de marzo a la tarde, ese pibe murió por una pateadura infernal propinada por dos soldados de la promoción anterior de la cual participó el subteniente Ignacio Canevaro.

La reconstrucción de sus 72 horas en el cuartel fue posible por los testimonios brindados a la Justicia por otros soldados, suboficiales y oficiales que desfilaron por los tribunales federales.

El mismo jueves 3 de marzo en que había llegado a la unidad, Omar fue puesto en un costado junto a otros recién llegados que declararon profesar la fe evangélica. Fue una primera discriminación, mucho menor que el destino que históricamente recibían los Testigos de Jehová, quienes directamente se negaban a empuñar armas. A los Testigos a veces los hacían cumplir tareas administrativas o de limpieza, pero en más de una oportunidad al negarse a tomar armas o hacer ejercicios militares terminaban en los calabozos. El abogado Ernesto Moreau de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos patrocinó a 530 Testigos de Jehová que hicieron la conscripción entre los años que van desde 1971 –dictadura de Alejandro Lanusse- hasta 1983, cuando terminó la última dictadura militar. La cifra de Testigos que sufrieron persecución y vejaciones en esos años, según los cálculos de Moreau, ascendió a 4.000.

El crimen y el ocultamiento

Carrasco no había desertado. Sus padres, no bien recibieron la absurda respuesta en el cuartel, empezaron a mover cielo y tierra. En primera instancia intervino el juzgado federal de Zapala.

En el expediente de la muerte de Carrasco, un testigo declaró que un superior le hizo una mueca de reproche por su condición de evangelista y que el flamante soldado tuvo como respuesta un gesto nervioso que podía parecerse a una sonrisa y no al pánico que le generaba.

Su desgano por la vida de cuartel lo puso en la categoría de “lento”. El sábado 5 le impusieron un castigo menor: al día siguiente, domingo de descanso, debía quedarse en el barracón del cuartel donde dormía junto a los otros soldados. Ese mismo domingo por la tarde, Carrasco fue al baño y el subteniente Canevaro junto a los soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar le propinaron una feroz paliza.

Según sentenció el Tribunal Oral Federal de Neuquén, Canevaro dio los primeros golpes a Carrasco y ordenó a los dos soldados a que continuaran. Suárez y Salazar –textual como figura en la sentencia- “cumplieron la orden sin cuestionamiento alguno de tipo ético y con sentido práctico, ya que acatando los deseos del superior ellos lo pasaban bien y no tenían problemas”.

Seis días después –según consta en el folio 451 del juzgado federal de Zapala- un comunicado firmado por un oficial y dirigido al jefe del Grupo de Artillería 161, teniente coronel Guillermo With, indica que “el conscripto Carrrasco Omar Octavio, clase 1975, perteneciente a la Batería de Instrucción” había faltado desde el lunes 7. Ese comunicado pedía que se labraran “las actuaciones correspondientes de la Justicia Militar”.

En buen romance, Carrasco era un desertor. Era culpable. Además, hacía caso omiso que el paradero de persona se debía comunicar a los tribunales ordinarios.

Los cuerpos hablan

Exactamente un mes después de la muerte, el 6 de abril, las autoridades del cuartel citaron a los padres de Carrasco para entregarles un ataúd con el cuerpo de su hijo. El revuelo judicial, mediático y político llevó a que fueran rastrilladas las instalaciones y las tierras del cuartel.

El cuerpo estaba dentro del perímetro de la unidad militar y había sido escondido por quienes dejaron agonizar a Carrasco hasta la muerte. Tenía el torso desnudo y llevaba un pantalón. A su lado había un par de borceguíes, una camisa y un reloj roto.

Según los peritos que examinaron el cuerpo, Omar había recibido una feroz andanada de golpes. Una vez caído al suelo, le propinaron una patada que le partió una costilla y le perforó el pulmón. La saña no había terminado ahí: tenía un ojo destruido y la causa debía ser que le habían clavado algo punzante.

El domingo 10 de abril, el general Martín Balza -jefe del Ejército- decidió el relevo de la plana mayor del Grupo de Artillería 161 y, en su lugar, envió a oficiales que no tuvieran ninguna vinculación con esa unidad militar para facilitar así la tarea de la Justicia. Al día siguiente, Balza fue a Zapala y se reunió con jefes comunales. Luego, durante varias horas, dialogó con los padres de los soldados. En primera fila estaban sentados los de Carrasco.

Condenas

Antes de que pasaran dos años del crimen, el 31 de enero de 1996, el Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó a los soldados “viejos” Cristian Suárez y Víctor Salazar a 10 años de prisión. El subteniente Ignacio Canevaro recibió 15 años de prisión. Estos tres como responsables directos del homicidio. El sargento Carlos Sánchez fue condenado a tres años por el delito de encubrimiento. La causa pasó por la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia que ratificó las condenas. El expediente estaba cerrado. Los intentos de judicializar un supuesto encubrimiento no prosperaron.

El esclarecimiento de este crimen fue posible porque con la llegada de Raúl Alfonsín al gobierno hubo drásticas reformas en la vida castrense. Una de ellas fue que los militares no se juzgaron más a sí mismos.

Cabe una salvedad: cuando Alfonsín dispuso que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas juzgara en primera instancia a los miembros de las cuatro juntas militares, ese consejo se abstuvo de hacerlo con el argumento de que no había nada para juzgar, que los máximos responsables de la dictadura no habían cometido delitos. Sin esa instancia previa, el pleno de la Cámara Federal de la Capital, presidida por León Arslanian, fue la que juzgó y condenó a las juntas militares.

A partir de esa reforma, los militares –o soldados bajo bandera- que cometieran delitos contemplados en el Código Penal empezaron a ser juzgados por los tribunales ordinarios.

Omar Carrasco, muerto a golpes a los 19 años, fue una bisagra en la vida de los jóvenes argentinos. La liviandad de llamar colimba (corre, limpia y baila) al trato autoritario y muchas veces degradante llegaba a su fin.

La advertencia de Balza

Nueve meses antes de la muerte de Carrasco, el 29 de mayo de 1993 -día del Ejército-, en Santa Rosa, La Pampa, Martín Balza dio un discurso en el que estaban presentes el presidente Carlos Menem, miembros de la Corte Suprema, el gabinete nacional y los jefes navales y de la Aeronáutica.

-En esa oportunidad –dice Balza- yo planteé la necesidad del Servicio Militar Voluntario. Estaba, como invitado, el jefe del Ejército francés. Fue, quizá, el único que reparó en ese planteo que yo hice.

Balza, que era veterano de Malvinas y había terminado con los levantamientos carapintadas el 3 de diciembre de 1990, conocía a fondo la situación que atravesaban las Fuerzas Armadas, en particular, el Ejército, la fuerza más numerosa.

Después de la feroz represión ilegal de la última dictadura y de la derrota de Malvinas, las Fuerzas Armadas estaban en la mira de la sociedad. El presupuesto destinado a Defensa disminuyó drásticamente y los recursos presupuestarios para “la colimba” distaban mucho de otras épocas. Los conscriptos se incorporaban en febrero o marzo, hacían instrucción un mes y medio casi sin recursos porque no había dinero para maniobras y, a partir de noviembre, eran licenciados. Cada año había más exceptuados.

En 1983, el año posterior a Malvinas y último de la dictadura, se incorporaron como conscriptos alrededor de 65 mil jóvenes. Pasada una década, en la camada de Carrasco, los soldados conscriptos fueron 16 mil.

En los años de dictadura, el presupuesto de Defensa había llegado al 6% del PBI. Con la llegada de la vida democrática, las partidas para el área disminuyeron drásticamente: en tiempos de Menem era del 2%.

Con todos esos elementos, era hora de terminar con la conscripción.

Balza había señalado en varias oportunidades la necesidad de contar con soldados profesionales:

-La guerra moderna es muy compleja, requiere preparación en nuevas tecnologías, manejo de computadoras, radares y otros equipos sofisticados. Con un año de preparación básica no alcanza. Mi propuesta ya estaba preparada. Por eso, cuando Carlos Menem firma el decreto del servicio voluntario, el 31 de agosto de ese 1994, ya estábamos en condiciones de ponerlo en marcha –dice Balza.

El fin de la conscripción

La resolución de Menem fue tomada a menos de seis meses de la muerte de Carrasco. La puesta en marcha de un sistema voluntario rentado terminó con un largo ciclo que había comenzado en diciembre de 1901, 93 años antes, cuando el Congreso había aprobado la ley 4031 de servicio militar obligatorio.

-El aspirante firma un contrato inicial de un año. Al término de ese año muchos quieren renovarlo por dos años más, aunque la decisión al respecto la tienen las fuerzas militares. Así, al cabo de dos o tres años, se puede contar con un soldado altamente adiestrado. La predisposición anímica del soldado favorece su formación militar, ya que no es una imposición sino su propia decisión. También es importante señalar que durante ese período están autorizados a cursar estudios secundarios y universitarios –dice Balza quien trató el tema de la muerte de Carrasco en el libro “Dejo Constancia – Memorias de un general argentino” (Planeta, 2001).

La Patria, las hipótesis de conflicto

Cuando el entonces coronel Pablo Ricchieri, ministro de Defensa de la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, llevó al Congreso un proyecto de ley que incluía el servicio militar obligatorio, la mayoría estaban en contra. Sin embargo, después de largas jornadas, la ley tuvo media sanción de Diputados en julio de 1901 y el Senado la aprobó cinco meses después.

Si bien el prestigio de Ricchieri y la autoridad de Roca jugaban un papel muy importante, a fines de 1901 el clima entre Santiago de Chile y Buenos Aires era caliente. La disputa de límites en la cordillera y el mito nunca preciso acerca de las pretensiones chilenas en la Patagonia acrecentaban la idea de un eventual conflicto armado.

La ley era integral, no solo para incorporar conscriptos. Dividía el país en una veintena de regiones militares con especial énfasis en la defensa de las fronteras. Además, creaba institutos para formación de suboficiales y, entre otras cosas, disponía la compra de campos por doquier para instalar cuarteles y requería presupuesto para semejantes cambios.

La colimba y la Argentina profunda

Hay quienes consignan que la Ley Ricchieri (4031) fue complementaria de la ley de Educación Laica, Obligatoria y Gratuita (1420) –de 1884, durante el primer gobierno de Roca- porque a través del servicio militar obligatorio se integraba a los hijos de los inmigrantes bajo la misma bandera y el mismo himno. Se impartía educación primaria en las escuelas de los cuarteles y “creaba hábitos de salud, higiene, así como de orden y disciplina”, según está expuesto en sus fundamentos.

Es indudable que el sanitarista Ramón Carrillo en los años del peronismo pudo contar con cientos de miles de fichas acumuladas por años como para tener diagnóstico de las enfermedades y orientar la salud pública. Sin embargo, la otra cara, la más patente, es la que puso a soldados conscriptos con fusiles y bayoneta en los golpes de Estado y aún en las reyertas internas de facciones militares.

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