En Francia el acoso callejero cuesta caro: la policía pone multas de más de 20 mil pesos

Carolina camina en la calle y le gritan que con ese short “está para violarla”. Violeta se sube a un colectivo para llegar al colegio y le tocan la cola en medio del amontonamiento por la hora pico. Susana sale de su casa todos los días una hora antes de que abra el bar de la esquina porque sino tiene que escuchar un rosario de barbaridades sobre su vestimenta o llevar una mochila para ir de jogging y cambiarse en la oficina. Camila vuelve llorando cada vez que emprende el regreso de hockey porque los autos la paran para ofrecerle ir a un hotel, pagarle para que se suba o describirle escenas sexuales que le dan nauseas.

¿Qué pueden hacer Carolina, Violeta, Susana y Camila? Ellas, igual que la mayoría de las mujeres, sufrieron acoso sexual. Pero es difícil pedir ayuda, denunciar, encontrar testigos o frenar las agresiones que las hacen frenar su propia vida.

En la Ciudad de Buenos Aires cuatro de cada diez víctimas de violencia sexual son menores de edad, según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Las agresiones a niñas y adolescentes son las más altas y cuando empiezan a viajar y a moverse solas sufren la mayor cantidad de intimidaciones sobre su cuerpo y su libertad.

Para ellas volver del colegio, el club o de juntarse con amigas no es igual que para sus amigos, sus hermanos o compañeros. Y ni siquiera igual que para sus madres o tías. Las más chicas son quienes más se ven amedrentadas. Pero el 87 por ciento no hace la denuncia: por desconfianza en las instituciones, falta de tiempo, dificultades para señalar al agresor o miedo.

En Francia encontraron la forma para que la propia víctima no sea la que tenga que tomar coraje, buscar a un policía, pedirle a alguien que la acompañe a la comisaría y pasarse largas horas repitiendo las palabras, miradas o manoseos que las hicieron sufrir. Los policías pueden multar el acoso callejero directamente sin que tenga que ser un pedido de las víctimas, igual que hacen si ven a un conductor pasar un semáforo en rojo.

“Hemos avanzado en Francia y los policías de tránsito pueden hacer la multa directamente. No tiene que hacer la denuncia la mujer”, explica a Infobae la diputada Alexandra Louis (de La Repúblique en Marche), autora de la ley (703) contra la violencia sexual y de género y el acoso cibernético que fue aprobada el 3 de agosto de 2018.

“Las leyes formidables, si no se aplican, no sirven de nada”, ajusta Louis. La norma se aplica en Francia en donde ya hay 700 multas por acoso callejero. El monto mínimo es de 300 euros (por lo menos veinte mil pesos en los valores del cambio oficial argentino por debajo del blue o el monto real con el impuesto al turismo). Si el caso es grave –si se trata de abuso, ultraje o hay otras circunstancias agravantes- la penalidad económica aumenta y el agresor puede ser obligado a tomar un curso con perspectiva de género.

Esto implica que, desde el 2018, en Francia el acoso tuvo un costo de, por lo menos, 210.000 euros para el bolsillo de los agresores (una suma equivalente a más de 1.400.000 pesos). El gobierno del presidente francés Emmanuel Macron asegura que destina más de mil millones de euros a programas de igualdad de oportunidades aunque las organizaciones feministas piden más presupuesto, refugios para las víctimas de violencia machista (hasta ahora las únicas casas para dormir son mixtas y eso expone a las mujeres a riesgos y revictimizaciones) y afinar el lápiz sobre el destino específico de los fondos.

Una de las objeciones a la ley era que no es operativo que haya un policía en cada esquina para controlar que no haya varones que incomoden a las mujeres, inhiban la presencia en las calles o dejen traumas por las agresiones orales o físicas. Sin embargo, la diputada Louis sostiene que darle ese poder a la policía (y sacar la responsabilidad a las víctimas de ser quienes tienen que lidiar con la decisión de denunciar) produjo un cambio cultural similar a la asimilación en el uso del cinturón de seguridad que, más allá de los controles, se logró incorporar a la vida cotidiana de los pasajeros de autos y taxis.

“El acoso es un acto de violencia que impide que las mujeres puedan circular en el espacio público, que dejen de ir a ciertos lugares o que cambien su forma de vestir”, señala Louis. “La idea es que las mujeres se puedan reapropiar de los espacios públicos”, reivindica la legisladora.

Igual que en Argentina muchos se quejan de que cualquier reglamentación contra el acoso es un ataque a las costumbres que hacían del piropo una idealización de un cortejo que ahora lamentan enterrar (pero que en realidad era una agresión solapada o defendida por alguna galantería excepcional). En Francia un grupo de actrices se quejaron de que la medida implicaba una guillotina a la seducción.

La diputada replica: “No es lo mismo dar una flor que chiflar y tener una mirada lasciva hacia las mujeres. Pero muchas actrices tal vez no se suben al metro y no se dan cuenta”.

En un comunicado con mucho eco en los medios de todo el mundo un grupo de artistas francesas se enfrentó al Me Too norteamericano el 8 de enero del 2018. Entre otras cosas, ellas dijeron: “La violación es un crimen. Pero el coqueteo insistente o torpe no es un crimen, ni la galantería es una agresión machista”.

La actriz Catherine Deneuve, la escritora Catherine Millet, la cantante Ingrid Caven, la cineasta Brigitte Sy, la artista Gloria Friedmann y la ilustradora Stéphanie Blake firmaron la carta que también ridiculizaba la ola de denuncias contra los abusos sexuales que tuvieron como epicentro América Latina, con Ni Una Menos y Mi Primer Acoso, y después con el movimiento Me Too en Estados Unidos.

“En cualquier momento dos adultos que quieran dormir juntos consultarán primero en una aplicación de su teléfono un documento en el que estarán debidamente enumeradas las prácticas que aceptan y las que rechazan”, ironizaba la carta.

Deneuve era el rostro más conocido del manifiesto que criticaba el supuesto “puritanismo sexual” de lo que en Francia denominan la “liberación de la palabra” a partir de la ola de denuncias de abuso sexual. Y, una semana después de la publicación de la carta, el 15 de enero del 2018, ella aclaraba: “Evidentemente, nada en el texto pretende presentar el acoso como algo bueno. Si así fuera, no lo habría firmado".

De todas maneras a muchas francesas les incomoda que su perfil nacional haya quedado relacionado en una postura anti Me Too: “Esa carta no resume el pensamiento francés. La ley fue votada por unanimidad porque existe la cultura de la igualdad y la gente quiere criar a sus hijos en una sociedad igualitaria”, subraya la diputada.

El efecto de las multas como una herramienta para generar igualdad de género no se queda en los gritones de la calle, sino que también puede llegar a los empresarios machistas. En Francia las mujeres cobran un 9 por ciento menos por el mismo trabajo en puestos equivalentes y un 24 por ciento menos por no poder acceder a los mismos lugares que los varones y otras formas de impedir la igualdad salarial.

Hasta ahora las grandes empresas deben elaborar un índice público para transparentar cuánto cobran sus trabajadores y trabajadoras. A partir de marzo del 2020 también las Pymes (o pequeñas compañías con 50 empleados/as) también deben blanquear si otorgan mayores sueldos a los varones que a las mujeres y trans.

La elaboración del índice de igualdad salarial para las empresas no es una opción sino una obligación y no permite atajos para favorecer a los muchachos (porque se va de copas de noche o a jugar un partido de fútbol un sábado o encubre una infidelidad o no se embaraza ni tiene hijos enfermos que cuidar) ya que también incluye los premios y bonos.

Las empresas privadas también deben hacer público cuántas mujeres ocupan puestos de dirección en sus entidades. “Abrir los ojos va a alentar a las empresas en la igualdad. Pero si no les alcanza la zanahoria va a venir el bastón”, advierte el diputado Mustapha Laabid que integra la Delegación para la Igualdad de Mujeres y Varones en la Asamblea Nacional.

Las multas por darle contratos más altos a los varones podrían llegar al 1 por ciento de la masa salarial de las empresas si, a partir de los tres años de publicados los índices salariales, las compañías no ponen en un pie de igualdad los ingresos de sus empleadas con los de sus empleados.

Por lo tanto el machismo no solo está mal. Además, sale caro.

Con las multas como herramientas para erradicar el acoso y la desigualdad salarial la billetera no mata galán, mata la discriminación.

SEGUIR LEYENDO