Es viernes, el último viernes de 2019, y Graciela Zambrano se quita por unos instantes la vincha con la que atiende los llamados telefónicos. Graciela, que es licenciada en Criminalística y está terminando una especialización en “Género, políticas públicas y sociedad”, recuerda bien el llamado que más le impactó en el año y medio que lleva trabajando en el 144, la línea de atención a mujeres en situación de violencia.
“Era una mujer que se había escapado de su casa de madrugada con su beba de 4 meses”, cuenta a Infobae, a pocos metros de su box. “Su marido la violentaba y la había amenazado con sacarle a su hija. Ella había logrado correr pero no sabía dónde estaba”. La empatía entre ella y la voz de esa mujer del otro lado de la línea fue incluso mayor a la habitual, para lo que ella está entrenada. Graciela también tenía una beba de 4 meses cuando le tocó contenerla emocionalmente y asesorarla.
Sin embargo, no todos los llamados son así: a pesar de la especialización que tienen los 122 profesionales que trabajan en el 144 para atender a mujeres en situación de violencia, el 60% de los llamados que reciben son equivocados.
Por ejemplo, llaman personas que quieren saber cómo obtener programas sociales, subsidios, dónde hay que ir para hacer un trámite determinado, dónde llevar a alguien con problemas de adicciones, cómo solicitar el arreglo del alumbrado, pedir el corte de ramas, por emergencias o asistencia a personas en situación de calle.
Más conocimiento y en el interior del país
En solucionar ese problema estará puesto uno de los pilares del “cambio de rumbo”. “Hay que dar una política fuerte de conocimiento de la línea 144, sobre todo en el interior del país, donde los números muestran que el desconocimiento es absoluto”, explica a Infobae la abogada Josefina Kelly, parte del nuevo “Ministerio de las mujeres, géneros y diversidad” y a cargo de la Secretaría de políticas contra la violencia.
No sólo habla de que se conozca la línea más allá de las fronteras de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires sino que quede claro cómo funciona y cuáles son sus competencias, porque todavía hay muchas personas que creen que es un canal para hacer denuncias y se enojan (o desisten del otro lado del teléfono) cuando les explican cómo pueden ayudarlas. El 144, por cierto, no reemplaza la denuncia: es una línea para obtener asesoramiento de acuerdo a lo que la mujer en situación de violencia o su entorno necesite, quiera y pueda hacer (el acceso de la justicia es sólo una de las opciones).
“Hay que pensar que los operadores y operadoras de la línea 144 son profesionales con altos niveles de especialización que tienen una formación específica para hacer una primera intervención y detectar niveles de riesgo. Si el 60% de los llamados que atienden no están vinculados a violencias por razones de género, ahí tenemos recursos muy valiosos desaprovechados”, agrega Elizabeth Gómez Alcorta, la titular del flamante ministerio, de paso por las oficinas de una de las tres sedes de la línea, sobre Paseo Colón.
Del otro lado del 144 hay, mayormente, trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas y abogados. Federico Kornblit tiene 34 años, es abogado especializado en violencia de género y es parte del equipo desde que se creó la línea, en 2013.
También él termina un llamado y se quita la vincha por unos minutos para hablar con Infobae. El recuerdo de un caso que atendió y le provocó un gran impacto muestra el valor de su trabajo y la importancia de que no pierda el tiempo atendiendo llamados equivocados.
“Era una mujer que que estaba encerrada en una zona rural de La Plata. Su pareja la tenía privada de la libertad hacía meses”, cuenta. “Ese día el agresor se había olvidado el teléfono y ella aprovechó para llamarnos. Estaba a cuatro kilómetros de la ruta y tenía dos criaturas de menos de un año, no tenía chances de escaparse”.
Federico evaluó el riesgo y entendió que era una oportunidad única para actuar. Su rol fue mantener la conversación con ella y articular, a la vez, con el área Mujer de La Plata y la policía de la zona hasta encontrarla. Finalmente lograron liberarla y la llevaron junto a sus hijos a un refugio.
“Es un trabajo muy duro. No hay forma de que no te atraviese”, dice, y ofrece un mate amargo. “Hay días en los que te vas con mucha angustia pero, a la vez, puede ser muy gratificante”. Y habla de los casos en los que las mujeres no terminan de detectar la gravedad (“¿si mi marido me obliga a tener relaciones sexuales es violación?" pero si es mi marido…), y él logra abrirles los ojos (“seguramente ahora te va a pedir perdón y te va a jurar que va a cambiar”).
“Ser el Estado del otro lado, que les cree, que no revictimiza, que entiende cómo funciona el círculo de la violencia y no las culpabiliza, ayuda mucho en el proceso de empoderamiento para poder salir de la violencia”, cuenta. El trabajo de las y los operadores tiene tanta carga emocional que el nuevo ministerio también tiene entre sus objetivos fortalecer las estrategias de auto cuidado y prevención del burn out (descanso entre llamado y llamado, cuatro días de trabajo semanal en vez de cinco, técnicas de relajación, respiración, yoga).
Del “aquí y ahora” a un abordaje integral
Otro de los pilares del “cambio de rumbo” que planean desde el nuevo ministerio “es pasar de la atención de la urgencia y del cese inmediato de la violencia a un abordaje más integral”. Lo explica Laurana Malacalza, docente, reconocida investigadora y nueva "subsecretaria de abordaje integral de las violencias por razones de género”.
“La línea 144 funciona centralmente para asesoramiento; después, hay un equipo que se ocupa del seguimiento de casos. Nuestro interés es que ese equipo forme parte de un abordaje integral de las violencias. O sea, que no sea solamente la resolución del caso individual hasta que termine el hecho de violencia sino hacer un abordaje más integral de su trayecto de vida: el acceso al empleo, a la vivienda o la ayuda económica, por ejemplo”. Que el abordaje de las violencias sea integral y no un “toco y me voy” está previsto en la ley 26.485 y es un reclamo histórico del movimiento de mujeres.
Con ese objetivo en mente, el plan es el “fortalecimiento territorial” primero para unir los puntos después. Es decir, que ese primer llamado permita una intervención del Estado más articulada entre los municipios, las provincias y Nación. Gómez Alcorta lo explica con un ejemplo:
“Nosotras entendemos que siempre los abordajes tienen que estar desde la propia comunidad. Si vos le vas a pedir a esa mujer que está en situación de violencia que se tome un colectivo y se traslade cuando sabemos que muchas veces no tienen un peso, no pueden faltar al trabajo o no tiene con quién dejar a los hijos, todo se lo dificultamos”, introduce.
“Esas redes comunitarias son, en general, las que sostienen y acompañan. Puede ser desde la iglesia, la sociedad de fomento, los movimientos sociales o recursos de los municipios, que en algunos casos son muy buenos y en otros, escuálidos. Desde Nación tenemos la obligación de crear esas redes o fortalecerlas y articular todos esos recursos”. El desafío, además, es comprometer a los municipios para que sean parte de esos nodos que hacen posible una red y "trabajar fuertemente” con todas las provincias.
Es que muchas mujeres no logran salir de la violencia por ejemplo, porque viven con sus hijos en las casas de los agresores. Si no tienen redes familiares, salir del círculo implica, muchas veces, terminar en la calle. Entonces, los dispositivos que cada municipio tenga -en un caso así, podría ser un plan de vivienda- son los que pueden permitir que el abordaje de la violencia no implique únicamente salir ilesas de episodios concretos sino algo mucho más permanente y a largo plazo.
Un diagnóstico como base
Un buen diagnóstico para delinear políticas públicas es otro de los pilares del cambio. Hoy la plataforma que las y los operadores usan para cargar datos categoriza de la misma manera si la persona que llama es una mujer que está sufriendo violencia o es de su entorno familiar, colega de trabajo o una amiga. “No es lo mismo pensar una política pública que esté destinada a la persona que sufre violencia que ver cómo fortalecer las redes o los círculos de confianza”, explica Kelly.
Tendrán que resolver, también, algo que le valió fuertes críticas a la gestión anterior: la falta de estadísticas coherentes y centralizadas. “Es una de las deudas que tiene la Argentina y algo que se exige internacionalmente. Sin esa información no tenés forma de pensar políticas públicas de prevención”, entiende Gómez Alcorta.
Lo que quieren es tener un registro, no solamente cuantitativo, sino también cualitativo de las violencias en el país. Es decir, no solo saber cuántas mujeres son asesinadas por día -las estadísticas que hoy se difunden, no oficiales, dicen que en Argentina una mujer es asesinada cada 26 horas- sino dónde suceden las violencias, cuándo, cómo cambia de una zona a otra, de un estrato social a otro, qué días hay picos, por qué. Hoy existen registros nacionales, provinciales, en la Ciudad de Buenos Aires, registros hechos por el ministerio de Seguridad, por la Secretaría de Derechos Humanos, por la Corte Suprema de Justicia.
Todos miden más o menos lo mismo pero cada uno lo hace de una forma distinta, por lo cual a veces no logran ni siquiera saber si los femicidios disminuyeron o no. Pasó este año cuando el ministerio de Seguridad anunció que los femicidios habían bajado un 12%, comparado con sus propios registros. Sin embargo, ningún otro registro mostró que habían disminuido (por el contrario, las cifras no oficiales dicen que hubo un récord en diciembre, 1 cada 22 horas). La idea es centralizar cuando se pueda o, al menos, usar los mismos indicadores para que no sean incoherentes.
Las otras violencias
Otra de las historias que movilizaron mucho a Federico fue la de una mujer cuyos padres habían sido desaparecidos en la última dictadura. “Su pareja la estaba sometiendo a torturas y ella había conectado eso con las torturas que creía que habían sufrido sus padres en los centros clandestinos”. Es que el 82% de los llamados son por violencia doméstica -parejas y exparejas- y ahí se esconde otro dato.
“Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante: ampliar el uso de la línea a otras modalidades de violencia”, cuenta Fernanda Cáceres, una de las coordinadoras del 144. Habla de que las mujeres sepan que pueden llamar por otras formas de violencia: violencia obstétrica, laboral o institucional, por ejemplo.
Salvo que sea muy evidente, no es fácil detectar violencias como la institucional, y ahí es clave la escucha de las y los operadores que saben que, cuando en la comisaría no le toman la denuncia o le piden testigos, hay revictimización y, por eso, violencia institucional. Ese es el primer paso : “Detectar de qué modalidad de violencia se trata y luego determinar la ‘ruta crítica’, es decir, cuál es el procedimiento que tiene que seguir para salir de ese entorno de violencia”, suma Romina Celli, otra de las coordinadoras.
No las interrogan sino que van tomando información de sus relatos para armar una estrategia. Es que las vulnerabilidades son diferentes. Por lo general, en las mujeres de estratos sociales más altos la violencia es más económica, patrimonial, ligada a instancias de divorcio (alimentos, bienes). La estrategia no puede ser la misma cuando una mujer dice “no me puedo separar porque me quedo sin obra social” que cuando dice “no me puedo separar porque no tengo dónde ir”.
Después, lo que va sucediendo en estas oficinas es un reflejo de lo que va sucediendo en la sociedad. Aumentaron un 83% los llamados en la semana posterior a la denuncia de Thelma Fardin, en muchos casos, de mujeres mayores que empezaron a ponerle nombre a las cosas: querían saber si eso que les había pasado hace décadas, cuando eran chicas, llevaba el nombre de abuso sexual. También hubo más llamados tras la denuncia por violación dentro de una relación consentida contra el periodista Lucas Carrasco. Querían saber si eso que las había incomodado tanto con una pareja o en una relación ocasional llevaba el nombre de violencia sexual.
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