Ragnar Hagelin llegó a El Palomar preocupado. Su hija Dagmar, quien tenía 17 años y era alumna del Liceo de Señoritas de Callao y Corrientes, había ido a visitar a una amiga y compañera militante de Montoneros, pero no había vuelto a casa. La información que obtuvo de vecinos de la calle Sargento Cabral 317 era para desesperar a cualquiera: un grupo de hombres había baleado por la espalda a una chica rubia, como ella. Luego se la habían llevado, herida pero con vida, dentro del baúl de un auto. Era el 27 de enero de 1977 y la represión criminal de la dictadura arreciaba.
A Ragnar Hagelin la angustia no lo paralizó. Enseguida llamó a su cuñado, que era militar, y le pidió que lo acompañara a la Comisaría Regional de Morón, de la Policía Bonaerense. Allí consiguieron que el oficial de turno les mostrara el libro de actas, que indicaba que la noche anterior se realizaría un operativo antisubversivo, en la misma dirección de El Palomar que visitaría Dagmar, a cargo de marinos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Se agregaba que los autos que participarían serían tres Ford Falcon y un Chevy, los mismos que habían visto los vecinos, y que la Bonaerense debía liberar la zona.
Era una información decisiva, que no admitía evasivas oficiales; los datos precisos que no tenían los familiares de quienes cada noche eran secuestrados por personas no identificadas y empujadas al agujero negro de la represión en la Argentina de Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera.
Había otra cuestión, sin embargo, con la que tampoco contaba la dictadura: Ragnar Hagelin -nacido en Chile y radicado desde hacía años en la Argentina, donde había nacido su hija- era hijo de suecos y tenía pasaporte de esa nacionalidad. Ello le permitió acceder al auxilio del embajador de Suecia en Buenos Aires, Per-Bertil Kollberg, quien informó rápidamente a Estocolmo.
Allá, la consternación quedó reflejada en el telegrama que la ministra de Relaciones Exteriores sueca, Karen Soder, envió poco días después a su colega argentino, el vicealmirante César Guzzetti. Tenía un tono completamente inusual para las comunicaciones entre funcionarios de alto nivel.
“Quiero transmitirle el sentimiento de mi gobierno, que considera que ninguna nación que se considere civilizada puede concebir siquiera llevar a una animal herido en el baúl de un auto, y muchísimo menos a un ser humano, que además está baleado por la espalda. Que éste es un acto de barbarie y de crueldad que no puede ser aceptado por los países que se consideran civilizados”, escribió Soder, quien era la primera mujer ministra de Relaciones Exteriores de Suecia y una de las primeras en todo el mundo.
Sin embargo, Guzzetti, delegado del almirante Massera en la Cancillería, nunca entendió la atención generada en Suecia, donde el caso enseguida ocupó páginas enteras de los diarios. “Mire –le dijo al embajador Kollberg al recibirlo en el Palacio San Martín-, si consideramos que Dagmar Hagelin es sueca, entonces el 80 por ciento de los argentinos seríamos españoles o italianos. Esa chica es argentina, nació acá. Míreme si no a mí: Guzzetti. Entonces yo soy italiano”.
La presión internacional a la dictadura
El caso Dagmar Hagelin dejó desnuda ante el mundo a la dictadura argentina, que, luego de 10 meses en el poder, todavía gozaba de cierta legitimidad internacional.
Aunque las denuncias de violaciones a los derechos humanos habían empezado a circular en el exterior casi inmediatamente después del golpe del 24 de marzo de 1976, a la Junta Militar se la trataba todavía con alguna tolerancia. Es que, a diferencia del régimen de Augusto Pinochet en Chile, había derrocado a un gobierno como el de Isabel Perón, constitucional pero deslegitimado dentro y fuera del país, en el que la violencia armada con impulso estatal ya se había convertido en una práctica cotidiana.
En ese contexto, en aquel verano de 1977, la desaparición de Dagmar Hagelin resultó una bomba imposible de desarticular en un frente externo en el que ya habían comenzado a insinuarse complicaciones para la Junta Militar.
Exactamente una semana antes del tiroteo y secuestro en El Palomar, había asumido la presidencia de Estados Unidos Jimmy Carter. El nuevo inquilino de la Casa Blanca prometía terminar con el histórico apoyo de Washington a cualquier dictador latinoamericano que combatiera al comunismo, para privilegiar, en cambio, la cuestión de los derechos humanos.
En Europa, la presión era encarnada por la Internacional Socialista (IS), que le pedía a las Naciones Unidas que la Comisión de Derechos Humanos se ocupara del caso argentino. El peso de la IS no podía ser desdeñado: la integraban, además de dos jefes de gobierno en ejercicio –el holandés Joop den Uyl y el austríaco Bruno Kreisky- figuras políticas de relevancia, como el ex canciller alemán Willy Brandt y el futuro líder español Felipe González.
Sin embargo, la Cancillería argentina respondió el reclamo de Suecia con el mismo cinismo con el que se contestaba a los familiares de los desaparecidos. “Las autoridades responsables llevan un registro oficial de aquellos detenidos por vinculaciones con la guerrilla y la subversión, así como también de aquellos casos de denuncias de desapariciones (…). En cuanto al caso de la señorita Hagelin, no existen constancias oficiales de que hubiera sido detenida por fuerzas de seguridad, como tampoco se ha podido precisar su paradero”.
En un extremo cruel de provocación, en la misma nota se indicó que se podría haber hecho algo más si Ragnar Hagelin, en lugar de recurrir a la embajada sueca, hubiera denunciado el caso inmediatamente a la Policía Federal.
La dictadura militar nunca se movió de allí. En septiembre de 1977, cuando el general Edmundo Ojeda, jefe de la Policía Federal, asistió a un encuentro de Interpol en Estocolmo, fue preguntado por el caso Hagelin por la prensa sueca. Ojeda dijo que la joven integraba el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y que había tres hipótesis sobre su desaparición: un ocultamiento voluntario, un asesinato por parte de sus propios compañeros o un secuestro a cargo de otra organización guerrillera. Era el mismo discurso que había esgrimido ante la prensa Videla cuatro meses antes, durante una visita a Venezuela, invitado por Carlos Andrés Pérez, uno de los escasos presidentes no militares que tenía entonces Sudamérica.
La revista sueca Aret Runt puso en contexto a sus lectores sobre quién era Ojeda. “Debe tenerse en claro que es uno de los máximos líderes del terror político, ya que sus policías asesinan a cuatro o cinco personas diariamente”.
El tema no desapareció de la prensa sueca, parte de la cual pidió que la selección de fútbol boicoteara el Mundial 78 o, al menos, que planteara públicamente el tema en Argentina. El principal diario del país, Atfonbladet, publicó en tapa un dibujo de los futbolistas suecos de espaldas: en la camiseta, en lugar de sus números, todos llevaban el nombre de Dagmar Hagelin.
“Podrían haber hecho más de lo que hicieron”
La presión del gobierno sueco, sin embargo, no consiguió nada. “Yo no tengo dudas de que podrían haber hecho más de lo que hicieron”, dijo a Infobae Luis Zamora, quien fue el abogado de Ragnar Hagelin desde 1979, cuando el padre de Dagmar ya se había ido exiliado en Suecia, como se lo había recomendado la embajada por cuestiones de seguridad.
Zamora aseguró que una funcionaria de la embajada le dijo en aquellos años: “Debemos tener cuidado, porque las políticas económicas de Martínez de Hoz son muy favorables a las multinacionales suecas”.
El gobierno sueco, de todas maneras, obtuvo datos definitivos sobre el caso en diciembre de 1979, cuando declaró ante la Cancillería, en Estocolmo, Norma Susana Burgos, secuestrada sobreviviente de la ESMA. Era la militante montonera que Dagmar Hagelin había ido a visitar a El Palomar.
Burgos había sido secuestrada el día anterior y contó que vio con vida a Dagmar Hagelin en la ESMA y que luego le revelaron que había sido “trasladada”. Contó, además, que Alfredo Astiz, le confió que él había disparado el tiro que hirió a Dagmar y que había comentado que él y Hagelin eran iguales, por el pelo rubio y el estilo nórdico.
Con esa declaración, al año siguiente la Cancillería sueca presentó un informe ante el Parlamento en el que dijo que la dictadura argentina había mentido y que Suecia seguiría buscando a Dagmar. Astiz sólo sería condenado a prisión perpetua por la desaparición de Hagelin en 2017.
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