De la condena al reconocimiento: las tensiones en el Ejército por la figura de Juan Domingo Perón

A las 13 horas del 26 de octubre de 1955, el tribunal superior que juzgó al general Juan Domingo Perón oficializó su sentencia a través de un decreto firmado por el presidente de facto Eduardo Lonardi y el ministro de Guerra León Justo Bengoa. Había sido un juicio rápido y severo, si se tiene en cuenta que el imputado –un presidente constitucional- había sido derrocado el mes anterior. Se tomaron menos de 30 días para repasar con el reglamento de los tribunales de honor (R.R.M. 70) en la mano, nueve años de gestión presidencial.

Integraron el tribunal los tenientes generales Carlos von der Becke, Juan Carlos Bassi, Víctor Jaime Majó, Juan Carlos Sanguinetti y Basilio Pertiné. La Revolución Libertadora en esos momentos no pasaba por su mejor momento. Como había sostenido la esposa del general Pedro Eugenio Aramburu, el derrocamiento de Perón fue el fruto de “una revolución sin jefe” y el 13 de noviembre Lonardi era derrocado y sustituido por el propio Aramburu sin ningún tipo de alteración castrense.

Tras una consideración de las imputaciones tenidas en cuenta por el tribunal, Lonardi condenó a Perón con tan solo un artículo. Previamente, la decisión estima que se aprueba “la resolución del tribunal superior de honor que declara al señor general de ejército don Juan Domingo Perón, en razón del alto cargo que ha desempeñado y de la gravitación que ha tenido en los destinos, trasciende el ámbito de la institución militar, lo que hace necesario, en un régimen republicano de gobierno, que sea conocida por toda la ciudadanía y, atento a lo propuesto por el ministro secretario de Estado de Ejército, el presidente provisional de la Nación decreta: Artículo 1º: Apruébase la resolución del tribunal superior de honor que declara al señor general de ejército don Juan Domingo Perón, encuadrado en el Nº58, apartado 4º, del reglamento de los tribunales de honor. Descalificación por falta gravísima, quedando por consiguiente prohibido al causante ostentar el título del grado y el uso del uniforme, por la indignidad con que su inconducta ha puesto de manifiesto. El Artículo 2º es de forma”.

Desde ese 26 de octubre, en los medios oficiales a Perón se lo trataba de “señor” aunque la gente lo seguía llamando “general”. Cuando alguien hablaba de “el general” los interlocutores sabían de quién se trataba.

Perón se enteró de la grave sanción mientras se encontraba viviendo refugiado en la casa de su amigo Ricardo Gayol en Asunción del Paraguay. Con el cambio de presidente de facto en la Argentina crecieron las presiones: si Perón no abandonaba Paraguay, el gobierno argentino no acreditaría un nuevo embajador ante Alfredo Stroessner. El 2 de noviembre de 1955, un avión piloteado por el oficial de confianza del mandatario guaraní lo trasladó a Panamá.

Tras el juicio del tribunal militar vino otro con un fallo de 260 páginas ante la Corte Suprema de la Nación, mientras en otras instancias se juzgaban a muchos de sus colaboradores más inmediatos. Las causas no se cerraron y Perón no comparecía ante los estrados argentinos. En 1963, el dirigente conservador Eduardo Augusto García solicitó su extradición y en un escrito ante la Corte Suprema habló del “injustificado estancamiento de los procesos”. En una oportunidad, el embajador argentino en España, general Julio A. Lagos, solicitó su extradición pero no obtuvo respuesta. Al mismo tiempo, la dirigente peronista Delia Parodi le envió una carta al generalísimo Francisco Franco para que “sepan ignorar el agravio al buen hombre argentino” y “es que ante las promesas reiteradas de levantamiento de proscripciones al partido Peronista, estos mismo elementos ensayan una vez más y en vano intento, el desprestigio de nuestro conductos y por implicancia al propio movimiento".

Hasta 1971 el peronismo estuvo proscripto y Perón intentó volver a la Argentina en diciembre de 1964, pero fue frenado en Río de Janeiro, Brasil, por expreso pedido del gobierno radical de Arturo Umberto Illia. Tras la caída de Illia llegaron los gobiernos del teniente general Juan Carlos Onganía (1966-1970); general Roberto Marcelo Levingston (1970-1971) y finalmente el teniente general Alejandro Agustín Lanusse.

Con Lanusse comenzaba a prepararse el final de lo que se denominó la Revolución Argentina y la posibilidad de un Gran Acuerdo Nacional, que imaginaba una salida electoral con una fórmula encabezada por el propio Lanusse y un aval peronista.

El 22 de abril de 1971 entró en la residencia de Perón, en el barrio de Puerta de Hierro, Madrid, el coronel Francisco Cornicelli, un enviado del presidente de facto con un listado de diez puntos para negociar. La lista, que llevaba el título de “Tratativas”, preveía la devolución de los restos mortales de Eva Duarte de Perón; la entrega de un pasaporte argentino (Perón usaba pasaporte paraguayo); “le será concedida la pensión correspondiente a ex Presidente”; “oportunamente le serán devueltos o reconocidos en su valor actual los bienes que tenía al asumir el 1º de Mayo de 1946 la Presidencia de la Nación”. Los puntos 5º y 6º comenzaban a abrir la seria posibilidad de su rehabilitación personal, o dicho de otra manera, le permitirían a Perón concretar uno de sus más grandes deseos: volver a vestir el uniforme del Ejército. Estos puntos decían que “los procesos penales incoados (tenía uno por estupro) quedarán cerrados con la resolución judicial que recaiga sobre los mismos” y que “la rehabilitación cívica del ex Presidente de la Nación importará el reconocimiento de su carácter de tal.” El punto 10º era para Lanusse la frutilla de la torta: "Conjuntamente con el Movimiento Nacional Justicialista seguirá alentando los propósitos de conciliación nacional y de afirmación de una política de recuperación que armonice con los fines del llamado Gran Acuerdo Nacional”.

Como se conoce, varios de los puntos ofrecidos en las “Tratativas” fueron cumplidos y eran coincidentes y ampliados con los que la Junta de Comandantes en Jefe instruyó al embajador argentino, brigadier Jorge Rojas Silveyra a tratar con Perón, en agosto de 1971. Pero el morador de Navalmanzano 6, de Puerta de Hierro, no se prestó al juego del Gran Acuerdo. Tras las elecciones del 11 de marzo de 1973, y con el triunfo de la fórmula de Héctor J. Cámpora y Vicente Solano Lima, Juan Perón volvió definitivamente a la Argentina.

Entre las primeras decisiones que tomó Cámpora al asumir la Presidencia de la Nación, el 25 de mayo de 1973, estuvo la rehabilitación cívica y militar del ex mandatario constitucional. Tras llegar Perón a Buenos Aires, el 20 de junio de 1973 y luego de dramáticos y agitados días, el comandante en Jefe del Ejército fue a visitarlo, el 10 de julio, a su residencia de la calle Gaspar Campos, en Vicente López. En esa ocasión, el teniente general Jorge Raúl Carcagno llevó en su portafolio los documentos del caso que, entre otros temas, fue tratado. Durante la conversación Perón lo sorprendió cuando le dijo que iba a volver al poder y quería que el Ejército fuera el primero en enterarse. En realidad ya conocían el “golpe de Palacio” que terminaría con Cámpora, entre muy pocos, su círculo íntimo, el ministro de Economía Gelbard, el diputado Raúl Lastiri y Ricardo Balbín.

Horas más tarde, el 11 de julio, se conocía el texto del Decreto 504 del Presidente de la Nación que declaraba “extinguida de pleno derecho la resolución del Tribunal Superior de Honor del 27 de octubre de 1955, aprobada por el Decreto Nro. 2034 del día 31 de igual mes y año, que encuadró al entonces General de Ejército D. Juan Domingo Perón, en lo dispuesto por el número 58 apartado 4º del ex Reglamento de los Tribunales de Honor (RRM 70)”. El texto fue firmado por Cámpora, Ángel Federico Robledo, como Ministro de Defensa, y el teniente general Carcagno.

Como se ha observado muchas veces en la Argentina, nada es definitivo. Jorge Carcagno pasó a retiro en diciembre de 1973 pero tras el golpe contra Isabel Martínez de Perón, las autoridades del Ejército revisaron el proceso que llevó a rehabilitar militarmente a Perón, fallecido desde hacía un lustro, y Jorge Raúl Carcagno se vio obligado a explicarlo por escrito para que saliera en los medios periodísticos (que manejaban las FF.AA.). Así, el 13 de julio de 1979, le dirigió una nota al general Roberto Eduardo Viola “a fin de aclarar las dudas que puedan haber creado recientes noticias periodísticas con respecto a la devolución del grado y uso del uniforme al Teniente General Juan Domingo Perón”.

Carcagno le informó a Viola que “se procedió a dejar sin efecto la Baja” de Perón “por cuanto la misma no estaba encuadrada” en la legislación vigente en 1973. “En tal sentido…no se preveía la baja del militar fundada exclusivamente en la sanción de un Tribunal de Honor, por extrema que ella fuere”. Luego explicó que el Decreto Nro. 504 de 1973 “se encontraba comprendida en los términos de la Ley de Amnistía” que “consideró extinguida la resolución del Tribunal de Honor de pleno derecho”.

Después de Viola asumió la comandancia del Ejército Leopoldo Fortunato Galtieri, con quien Carcagno supo tener una relación más cálida que con sus antecesores Jorge Videla y Viola. Así se observa en una carta que Galtieri le envió el 29 de diciembre de 1979 en la que le dice que se pone “a su disposición, manifestándole que las puertas de mi despacho se encuentran abiertas para recibirlo”.

El 22 de agosto de 1980, Carcagno se dirige a Galtieri solicitando “se ponga en conocimiento del personal de la Institución el Informe que se agrega en el Anexo adjunto”. Queda claro que el ex jefe militar todavía era blanco de críticas por su participación en la rehabilitación de la figura de Perón. En esta oportunidad, comienza relatando que ya el año anterior le informó a Viola sobre su participación en la cuestión, pero “ante nuevas y reiteradas declaraciones de conocidos políticos, las que señalan a la Institución como responsable de la decisión a la que hice referencia, solicito al Sr Comandante en Jefe dé a conocer a todo el personal de la misma el Informe que elevo".

En esta oportunidad, Carcagno trata de ser más didáctico pero aclara que en 1973 “por tratarse de un Gobierno Constitucional y atento a lo que prescribe nuestra doctrina de conducción, el Comandante en Jefe no compartía ni delegaba responsabilidades tanto en el campo institucional cuanto en lo político. En consecuencia, suya era la responsabilidad de las resoluciones que adoptaba, sin exclusiones de ninguna naturaleza”.

Luego, en una carilla, vuelve a repetir lo que ya había explicado el año anterior y termina confiando que con lo que acaba de manifestar “queden satisfechas las justas expectativas de los miembros de la Institución y aclarada convenientemente la responsabilidad del suscripto, dejando a salvo la de los restantes integrantes del Ejército”.

El 27 de octubre de 1980, Galtieri le respondió a su nota del 22 de agosto, informándole que su nota “fue motivo de tratamiento en la reunión de todos los generales en actividad de la Fuerza, ocurrida en la primera quincena del corriente mes. En dicha reunión, copia de la nota de referencia fue agregada a la documentación entregada a cada participante”.

Luego de siete años, Jorge Raúl Carcagno debió volver a explicar su participación en el levantamiento de la Baja y la autorización del uso del uniforme a Juan Domingo Perón. Todo manifestaba una gran pérdida de tiempo. Y mientras la discusión inútil se llevaba a cabo, el período de la dictadura militar de la Argentina marchaba por otros caminos y los que gobernaban parecían no darse cuenta.

El 9 de octubre de 1980, bajo el título “¿Tiene la Argentina el gobierno que se merece?”, el periodista Manfred Schonfeld, del matutino conservador La Prensa, opinó que “el presidente Videla no parece haberse planteado adecuadamente la ‘profunda gravedad’ del problema de los desaparecidos y que ‘cabría desear que al menos lo hiciera el flamante presidente designado’” (Roberto Viola). Y añadió: “El resultado es un creciente descreimiento, una falta de fe por parte de los estratos más amplios de la población. [...] Hay en estos momentos un escepticismo, un cinismo, particularmente entre la gente joven, como hace tiempo no lo había”. La desazón, especialmente de los jóvenes, aumentó el drenaje de lo que denominó “la fuga de cerebros”. El Washington Post del 29 de octubre informó que diariamente cientos de argentinos se acercan a las oficinas consulares en Buenos Aires interesados en emigrar, en la búsqueda de un país más libre y confortable. “Unos dos millones de argentinos emigraron en las últimas dos décadas. ‘No puedo encontrar trabajo acá’, declaró Juan Fernández, un ingeniero de 30 años, ‘hay muchos ingenieros y la economía es un desquicio. Tengo que vivir con mi madre y llevo más de un año sin trabajar’”.

“El nivel de desempleo”, escribió Kenneth Fredd, “se ubica en un 10 por ciento, en un país donde cualquiera que trabaje una hora semanal es considerado ocupado. Fuentes gremiales estiman que unos dos millones y medio de personas tienen trabajo ocasional u ocupan posiciones donde no trabajan. La inflación se ubica entre las más altas del mundo —150 por ciento— y ha sido de tres dígitos en los últimos seis años”.

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