Abusos, silencio, protección. Este entramado se repite en muchos de los casos de abuso sexual denunciados dentro de la Iglesia desde 2002, luego de que estallara el escándalo del padre Julio César Grassi, que fue condenado a 15 años de prisión. En estos últimos años, hubo fallos ejemplares; como el ocurrido la semana pasada con los curas del Instituto Próvolo, en Mendoza. Y ahora, todas las miradas están puestas en la Justicia de Santa Fe.
Este jueves, quien deberá rendir cuentas ante el Tribunal es el cura Carlos Monzón, que está acusado del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por su condición de pertenecer a un culto religioso” en perjuicio de dos menores de 3 años.
Las víctimas son primos: una nene y una nena, a quien el cura la contagió VPH, una enfermedad de transmisión sexual.
“Me acuerdo que era jueves, a fines de noviembre. Ella estaba en su rincón de juegos en el living, dejó todo y se acercó a contarme mientras yo estaba cocinando”, relató Andrea al diario La Capital sobre las primeras palabras que encontró su hija para narrar lo acontecido.
El sacerdote fue denunciado el 23 de diciembre de 2015 y tres meses después, Andrea descubrió “unos granitos en la cola” a su hija: “Consulté con una médica amiga y me dijo que fuera urgente al pediatra. La tuvimos que anestesiar e internar para que le hicieran una biopsia. Ahí confirmaron en 2016 que era positivo el VPH (virus del papiloma humano)”, recordó la mujer.
En tanto, en abril de 2016 se agregó a la misma denuncia al primo de la nena ya que también fue víctima del cura abusador. Aunque Monzón estuvo 60 días en prisión preventiva, el religioso fue puesto en libertad con restricciones (no acercarse a las víctimas, no cometer delitos, no consumir alcohol ni drogas y otras más previstas en la ley) y en esas condiciones llegará a juicio.
Los pequeños fueron vistos por psicólogas y a la nena le hicieron cámara Gesell en la que los familiares apuntaron: “Nunca nombró a otra persona que no sea el padre Néstor”. Y en todas las instancias donde tuvieron que declarar desde la primera vez que se lo dijo a su mamá, “siempre dijo lo mismo, nunca cambió su relato”.
El fiscal Alejandro Rodríguez anticipó que pedirá 12 años de prisión, mientras que la querella pedirá 16. “Estamos convencidos de que las pruebas que tenemos son suficientes para obtener la condena del imputado”, dijo. Y en esa misma línea expresó que "se consideró que los hechos fueron cometidos por un hombre mayor de edad; ministro de un culto religioso; practicado en contra de niños en condiciones de alta vulnerabilidad, quienes debieron soportar el abuso en circunstancias gravemente ultrajantes para su presente y futuro.
Los abusos sexuales en los niños constituyeron "una invasión, un avasallamiento al psiquismo de ambos, quienes por su corta edad y por la evolución de sus psiquis, no están en condiciones de simbolizar lo que pasa", indicó Rodríguez. "De más está decir que este despertar temprano de la sexualidad deja secuelas para siempre", agregó.
El cura, por su parte, negó las acusaciones y pidió a la comunidad de Reconquista que le manifestara su apoyo en las calles con rezos colectivos en diferentes espacios públicos, cosa que sucedió en varias ocasiones. Esto provocó hostigamiento hacia la familia denunciante, que fue expulsada de muchos círculos sociales de la ciudad.
"Salieron a decir barbaridades sobre nuestra familia, que queríamos plata. Y lo que queremos es que esté preso, que pague por lo que hizo. Mi mamá se murió a causa de esto en julio de 2017. Estaba muy depresiva y de un día para el otro se nos fue. Están todas la pruebas, la cámara Gesell, los testimonios. Dijeron tantas cosas los vecinos, que están bardeándote todo el tiempo, diciéndote adelante de la nena que es mentira lo que dice, que yo inventé todo. Es muy doloroso. Cuando te tocan un hijo es horrible", dijo la mamá de la nena meses atrás.
El juicio a Monzó comenzará el 5 y se extenderá hasta el 17 de diciembre. Y a pesar que un sector de la sociedad santafesina se mostró a favor del cura, la familia no está sola. Los padres recibieron muestras de apoyo de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos conformada por más de 70 personas en todo el país.
Además se vinculan con organizaciones que defienden los derechos humanos, los derechos de los niños y adolescentes y agrupaciones feministas de toda la provincia. Una de ellas es la agrupación feminista Colectiva Savia, quien pidió que “no vuelva a imponerse la turbia influencia eclesiástica que concluye, históricamente, con la impunidad de los curas abusadores" y destacó “la importancia y el valor de la denuncia realizada por los familiares de los niños”.
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