Cuando Arturo Illia anuló por decreto los contratos petroleros

La cuestión de los hidrocarburos atravesó la historia nacional desde el propio hallazgo de petróleo en la zona de Comodoro Rivadavia en el primer cuarto del siglo XX. Hipólito Yrigoyen, en ese entonces al frente del Ejecutivo nacional, entendió la importancia estratégica y económica del recurso, y lo puso bajo la tutela de una empresa creada para tal fin, Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

Durante el peronismo también ocupó un lugar preponderante, y así fue como en agosto de 1953 se sancionó la ley de inversiones extranjeras y en mayo de 1955 la Argentina firmó un convenio con la California Argentina de Petróleo SA, subsidiaria de la empresa norteamericana Standard Oil de California.

Este cambio en la política estatal respecto a los hidrocarburos no contó con el apoyo de toda la clase política. El caso de oposición más notorio es el Arturo Frondizi, quien en el año anterior publicó el libro Política y Petróleo en el que rechazaba los acuerdos por entender que eran “una ancha franja colonial cuya sola presencia sería como la marca física del vasallaje”. Sin embargo cuando le tocó ocupar la Presidencia de la República, apoyado por Perón, no tuvo empacho en dar un giro de 180° y concesionar el petróleo nacional. Tiempo después lo justificaría afirmando que, dado el cambio de la realidad económica nacional, había que tomar decisiones drásticas e ingratas. “En una palabra, o se salvaba el prestigio intelectual del autor de Petróleo y Política o se salvaba el país. No vacilé en poner al país por encima del amor propio del escritor”, explicó.

Pero no todos los argentinos compartían el pensar de Frondizi, y todo el arco político, incluido el peronismo, se opuso a las concesiones petroleras, que contaban con el visto bueno y el apoyo de los círculos de poder vernáculos y de Estados Unidos, que vieron en esta política la posibilidad de hacer negocios. Por ello, apenas caído el gobierno de Frondizi y de cara a las nuevas elecciones presidenciales se realizó a mediados de enero de 1963 una asamblea multipartidaria que condenó la política petrolera de Frondizi. El encuentro lo impulsaban el Centro Mosconi y el Movimiento de Defensa del Petróleo Argentino, y buscó erigir un nuevo paradigma en la política petrolera nacional. El documento lo firmaron, entre otros, el peronismo, continuaba proscripto, la UCRP, el Partido Socialista Argentino, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista.

Como es de suponer, el tema petróleo era candente en la Argentina de la década del ‘60 del siglo pasado, y el Radicalismo del Pueblo, que había perdido la elección presidencial contra Frondizi, se hizo eco de lo firmado e incluyó en su plataforma electoral un apartado especial relativo al petróleo. Allí se expresaba taxativamente en el primer acápite del tema “Revisión inmediata de la política petrolera. Nulidad de los contratos de petróleo”. En su discurso de asunción como presidente, Illia afirmo: “En materia de política de petróleo cumpliremos lo prometido reiteradamente. Los contratos que fueron suscritos a espaldas de la ley y de los intereses económicos del país serán anulados”. La decisión se hizo efectiva un mes después. En la noche del viernes 15 de noviembre de 1963, el mandatario y sus ministros firmaron los decretos 744 y 745 para anular los contratos de locación de obra que permitían la exploración y explotación de petróleo por parte de empresas extranjeras.

A tal punto había impactado esta temática en el nuevo Presidente, que sumado a la impronta que tuvo Frondizi en el golpe de Estado que lo derrocara años más tarde, significó un distanciamiento entre ambos líderes que dejaron de dirigirse la palabra, pese a haber sido grandes amigos en el pasado.

Pero veamos cómo fueron los momentos previos a la anulación de los contratos petroleros. Como era de suponerse, Estados Unidos estaba preocupado por lo que podía acontecer con sus empresas y sus inversiones económicas en caso de que el gobierno argentino cumpliera con lo que había prometido en la campaña electoral. En un Memorándum del FBI dirigido al Secretario de Estado, se identificaba al futuro canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz, al futuro ministro de Economía Eugenio Blanco y al futuro ministro de Educación Carlos Alconada Aramburú como quienes estaban detrás de la propuesta de la anulación de los contratos y que Illia buscaba ubicarse equidistante y por encima de la disputa.

Así entonces, el gobierno estadounidense envió los primeros días de noviembre de 1963 a Averell Harriman para intentar convencer al presidente Illia de la inconveniencia de avanzar con la anulación de los contratos, puesto que ello provocaría problemas en las ayudas económicas que la Argentina recibía de Estados Unidos. La respuesta del Presidente argentino, según un telegrama de la propia embajada, fue clara y precisa: “Las compañías cuyos contratos fueran anulados tendrían la oportunidad de reclamar por medios judiciales una estimación conjunta de una indemnización adecuada”. Pero tras la firma de los decretos de anulación Estados Unidos volvió a la carga.

El día siguiente al anuncio de la anulación de los contratos petroleros, el embajador estadounidense McClintock pidió una reunión con el presidente Illia y allí le anunció que Estados Unidos suspendía toda ayuda económica al país por la medida adoptada. Sin embargo, Illia respondió que era una decisión irreversible del Estado argentino, y al igual que ocurriera con Harriman, le recalcó: “No tenemos nada más que conversar, hemos terminado la entrevista”. Pero como si fuera un guiño a quienes creen en la conspiración tras la muerte del presidente Kennedy, es curioso que mientras el representante diplomático tensaba la cuerda con el gobierno recién iniciado, el primer mandatario norteño afirmaba, según los diarios de la época, que “en cuanto a la cancelación de los contratos petroleros en Argentina Kennedy manifestó que está preocupado por el sistema de compensación a las empresas que resulten afectadas. Nosotros no podemos negar la soberanía de un país para adoptar determinaciones dentro de sus fronteras, pero podemos insistir en que haya normas equitativas para compensar a quienes se les va a arrebatar la propiedad. Estamos tratando de resolver esto con el gobierno argentino, pero la Argentina como otras Repúblicas latinoamericanas, están haciendo frente, a graves problemas. Ellos han salido de una junta militar, del peronismo y todo lo demás y han tenido elecciones democráticas y este fue uno de los compromisos, por lo tanto nosotros estamos tratando de ajustar nuestros intereses”.

Pero, ¿qué decían los decretos que firmó Arturo Illia?

Es interesante observar los considerandos, más de 25, porque dan entender el porqué de semejante decisión, y en ellos el Gobierno argentino expone que “para arribar a la suscripción de los acuerdos y compromisos indicados, se optó por un procedimiento observable, encomendándose por Decreto Nº 244, del 21 de mayo de 1958, a un delegado personal del Presidente de la Nación, la dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales con todas las facultades otorgadas a su directorio por el Estatuto Orgánico de la Empresa” y que para ello “la figura jurídica de la locación de obras ha sido utilizada para encubrir la concesión”, puesto que “todos los contratos de explotación celebrados no encuadran en la figura jurídica indicada, desde que no especifican concretamente las obras a realizar, el precio que debe abonar, como así tampoco la obligación de verificar y recibir las obras y el lugar y plazo para su ejecución” y “no sólo no existe obra que se entrega una vez terminado el contrato, sino que se concede la explotación por plazos sumamente extensos, recibiendo por el petróleo que entregan una compensación en especie o en base a un costo determinado”. Y teniendo en cuenta esto concluye que “la realización de los contratos petroleros se despojó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales de sus mejores reservas, fruto de cincuenta años de labor fecunda al servicio de la Nación” y que “los contratos petroleros resultan extremadamente onerosos e inconvenientes para la Nación”, por lo que decreta: “Decláranse nulos de nulidad absoluta, por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación, los contratos relativos a la exploración y explotación de petróleo suscriptos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales en el período 1º de mayo de 1958 al 12 de octubre de 1963”.

En línea con lo anunciado a los funcionarios estadounidenses, el decreto establecía además: “Déjanse a salvo los derechos que pudieran corresponder a las empresas contratantes. A los efectos de la mutua liquidación y restitución de lo que las partes han recibido o percibido en virtud o por consecuencia de la nulidad absoluta que se ha determinado en el artículo 1ª del presente Decreto, facúltase a tales fines al señor Procurador del Tesoro a iniciar las acciones correspondientes, haciendo valer como crédito a favor del Estado, entre otros, las pérdidas por una explotación irracional de los yacimientos a cargo de las contratistas; las mermas de petróleo por un almacenaje inadecuado; los perjuicios económicos debidos a la reducción forzosa de la producción por parte de YPF como consecuencia de la obligación de aceptar toda la producción de las compañías y los impuestos que éstas debieron abonar en virtud de la legislación fiscal vigente. Tendrá asimismo en cuenta las sumas realmente invertidas por las compañías en las instalaciones, obras y trabajos que necesaria y directamente se relacionen con los contratos referidos en el presente Decreto”.

Se creó además una Comisión Parlamentaria para investigar la posible existencia de irregularidades en la política implementada por el frondizismo, que seis meses después de su constitución probó la existencia de delitos referidos a la concertación con las petroleras al margen de los procedimientos legales.

Como era de esperar, esta política también concitó detractores en el ámbito doméstico, donde por ejemplo Roberto Noble desde las páginas de Clarín afirmaba que la política que ahora se dejaba atrás había logrado éxitos desconocidos en los años anteriores, o Julio Gottheil desde Primera Plana que sostenía que la política seguida adelante por la administración Illia generaría que no ingresaran nuevos capitales al país.

La política petrolera fue una de las causas del golpe a Illia, aunque no la única, en 1966, y esto quedó en claro cuando Álvaro Alsogaray en un viaje a Londres como representante del nuevo gobierno anunció que se terminaría el monopolio estatal del petróleo, política que se plasmó en la nueva Ley de Hidrocarburos sancionada en junio de 1967, un año después del golpe. Sin embargo, la impronta de independencia política y económica que significó esta decisión de hace ya 56 años atrás, deja en claro que cuando se quiere, se puede, que el decir y el hacer pueden ir de la mano, y que la fortaleza está dada por el actuar de manera honesta de cara a la ciudadanía.

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