El juicio oral contra dos curas y un ex empleado por los abusos sexuales cometidos a menores en el Instituto Antonio Próvolo, en Mendoza, llega a su fin. El próximo lunes el Tribunal Penal Colegiado 2, integrado por los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli, dictará la sentencia. El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 45 años para los sacerdotes Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (61), y 22 años y medio para el jardinero Armando Gómez (51).
Expectante de la resolución, el procurador de la Corte mendocina, Alejandro Gullé, dijo este sábado en declaraciones radiales que está satisfecho con la tarea realizada por el Ministerio Público y que espera un resultado condenatorio a los acusados, al sostener que en la institución para niños hipoacúsicos se vivía “claramente un silencio que aturdía”.
“Fuimos los primeros, aquí en Mendoza, que hemos sometido a juicio a sacerdotes de esta orden, que se sabía que venía de la ciudad de Verona (Italia) y que venia escondiéndose de un lado para otro. Se ha logrado desentramar algo que estaba cerrado, era claramente un silencio que aturdía”, afirmó el jefe de los fiscales provinciales a radio Nihuil.
Corradi, Corbacho y Gómez están imputados por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores contra menores de edad hipoacúsicos”. Las acusaciones incluyen 28 hechos y más de 11 víctimas.
Corbacho llegó al juicio con 16 imputaciones por abusos sexuales (simples y agravados), mientras que Corradi y Gómez contabilizaban 6 cada uno. El fiscal Alejandro Iturbide solicitó 45 años para los sacerdotes; considerando que -en el caso de Corbacho- contaba con la mayor cantidad de imputaciones. Respecto a Corradi, aunque tiene menos imputaciones en su contra, 6 en total, Iturbide recordó era el regente del instituto y quien comandaba todo lo que acontecía en el instituto religioso.
Para Gómez, quien es sordo, el pedido de pena fue menor, de 22 años. El fiscal, según argumentó, tuvo en cuenta entre los atenuantes que se trata de una persona analfabeta, de poca instrucción e influenciable.
En las etapas de los alegatos, los abogados Oscar Barrera y Leandro Lanci, que actúan en representación de cuatro víctimas del Próvolo, solicitaron la pena máxima para este tipo de delitos contra la integridad sexual, es decir 50 años de cárcel de cumplimiento efectivo, contra Corradi y Corbacho, mientras que para el jardinero Gómez, pidieron 30 años de reclusión.
A su turno, Alicia Arlotta, defensora oficial de los curas, planteó en su alegato la nulidad de todo lo actuado basándose en que “se violó el derecho a la legítima defensa" y argumentó que como “no hubo fechas certeras de cuándo se dieron los hechos, no pudo defender correctamente a los imputados".
En su alegato solicitó además que, en caso que el tribunal no haga lugar a la nulidad, se absuelva a sus tres defendidos y en caso de haber condena que esta sea la pena mínima de diez años.
El 25 de noviembre se cumple tres años desde que salieron a la luz las primeras denuncias por abusos sexuales contra chicos y chicas sordos y sordas en el instituto. Esas denuncias terminaron por constituir uno de los escándalos de abuso eclesiástico más importantes de la historia argentina. Es casi un hecho de que el tercer aniversario del Caso Próvolo llegará con sentencia en el primero de los juicios.
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