La madre del modelo asesinado en un asalto en 2010 denuncia denegación de justicia y apela a la Corte Suprema

Matilde Sarubbi es una heroína que colaboró con la Justicia, pero su trabajo fue en vano. Como mamá-detective, durante siete años buscó a quienes le gatillaron en la cabeza a su hijo para apoderarse de una camioneta.

Finalmente, el asesino fue capturado y entregado a la fiscal Patricia Quirno Costa. Pero poco después, estando la mamá de la víctima en el tribunal, ve pasar al asesino de su hijo. Intenta hablar con la fiscal, quien le dice que espere un momento y sale de la habitación. Cuando regresa, Matilde se entera de que la fiscal, sin consultarla y, por lo tanto, violando la Ley de Víctimas, había acordado un juicio abreviado. Como en un acto de magia (negra), la fiscal Quirno Costa pidió inicialmente doce años de prisión. Pero ella misma los baja a la mitad, o sea a seis años, para poder ajustarse al juicio abreviado, dado que dicho acuerdo sólo se puede llevar a cabo cuando la condena es de 6 años o menos.

Para poder acceder a un juicio abreviado, ella “acomodó” la causa a fin de que coincidiera con dicha pena menor. Con esa finalidad, bajó la calificación de homicidio criminis causae a coautor de robo agravado con uso de armas de guerra. Es decir, le imputó al asesino de Diego Rodríguez un delito menos grave.

Diego Rodríguez tenía 28 años cuando fue asesinado por unos delincuentes que intentaron robarle la camioneta en una calle de Liniers. Su madre buscó incansablemente al asesino, que en aquel momento era menor de edad. Cuando finalmente llegó a juicio, casi una década después, Edgar Romero Ruiz Díaz ya tenía 26.

Rodríguez trabajaba como modelo y era la cara de varias marcas de ropa, entre ellas Dufour.

Su asesino fue llevado a juicio gracias al trabajo hecho por la familia, ya que la justicia prácticamente no investigó el delito. La ironía es que ahora la misma fiscal que durante nueve años no se interesó en esclarecer el hecho, forzó el juicio abreviado, alegando que lo hacía para no prolongar el proceso.

Para más, arguyó que un testigo de identidad reservada no podía ser encontrado. Y, una vez más, tuvo que ser Matilde la que se encargara de averiguar su paradero, descubriendo que sigue estando en el mismo lugar adonde nunca lo fueron a buscar.

Finalmente, tras firmar el juicio abreviado, la fiscal traicionó a Matilde -a quien hasta ese momento la unía una relación basada en la confianza-, negándole que el acusado estaba en el mismo tribunal en ese momento pese que la misma Matilde lo había visto pasar.

El absurdo no termina acá: nuestro sistema de (in)justicia posibilita que un condenado que prestó su conformidada un juicio abreviado pueda recurrir la sentencia. Pero, en una clara asimetría recursiva, y violando el principio constitucional de la igualdad ante la ley, el tribunal de Casación, integrado por Sergio Real, Fernando Pisano y Gustavo González Ferrari, rechazó el recurso de la familia de Diego Rodríguez.

La resolución de la Cámara de Casación no admitió siquiera analizar el recurso, no se tomó ni un instante en estudiarlo y así garantizar el derecho que todos tenemos a que el fallo sea revisado por un Tribunal Superior. Por una segunda instancia. Y, a diferencia de la condescendencia que suele tener con los delincuentes, inventando muchas veces “excusas comprensivas” para el crimen, no tuvo la misma disposición para con una madre cuyo hijo fue fríamente asesinado.

Significativamente, el argumento con que se pretendió justificar el rechazo de la apelación por el tribunal de Casación fue que el abogado de la víctima -un amigo del joven asesinado, quien seguramente se prestó con la mejor de las voluntades pero sin el conocimiento o experiencia necesaria- había omitido la presentación en el momento en el que debió hacerlo. Pero, en rigor de verdad, jamás fue notificada la familia de la audiencia para opinar respecto de la propuesta del juicio abreviado.

Sus señorías desconocen que las víctimas no tienen la suerte de los delincuentes que pueden contar con abogados gratuitos y calificados, y que las más de las veces no tienen el dinero ni para pagar el sepelio del ser querido asesinado, menos aun para abogados. Si tienen “suerte”, consiguen algún abogado que se les ofrece de favor y esto a veces se paga caro, por ejemplo, con “presentaciones extemporáneas”. En el caso de Matilde, lo “extemporáneo” fue el escrito que, sin ser avisada del límite horario, presentó el día 19 de Julio a las 11.30 de la mañana cuando “los jueces ya habían firmado”, en lugar de presentarlo hasta las 9.30 horas. Y luego vino la feria judicial.

La ley 27372 dispuso que la víctima en persona sea oída, no el querellante. Nada de esto se comprendió ni se respetó en la Cámara de Casación, que se tomó de “lo extemporáneo” como una excusa para eludir expedirse, mientras que se les pasó un juicio abreviado violatorio de la ley. Una vez más, queda expuesta la necesidad de que las víctimas cuenten con un abogado de oficio -como lo vienen reclamando hace tiempo a través de las asociaciones que los representan, tal como se descuenta que lo tiene el victimario. Una vez más, salta a la vista que la norma sancionada es discriminatoria -pues sólo prevé ese servicio oficial para ciertas ocasiones-, viola el principio de igualdad ante la ley y obstaculiza el acceso a la Justicia.

A continuación, el texto del recurso extraordinario federal que interpone la madre de Diego Rodríguez, Matilde Sarubbi, por no habérsele admitido el recurso de Casación cuya pretensión era someter a revisión el juicio abreviado realizado al asesino de su hijo. Con este recurso, llega ahora a la última instancia judicial -la Corte Suprema de Justicia de la Nación- para lograr ser escuchada, para detener tanta arbitrariedad. Es la última oportunidad en nuestro sistema judicial. En caso de no ser atendido, el siguiente paso es accionar ante Tribunales Internacionales.

La autora es Presidente de la Asociación Civil Usina de Justicia

Seguí leyendo: