Dejar una marca, una huella, un papel escrito que impidiera una segunda desaparición después de la física: la desaparición definitiva de los nombres, los hechos y las circunstancias del plan sistemático de desaparición de personas que estaba perpetrando el terrorismo de Estado. Devolverles la existencia – mantenerla presente – que la dictadura intentaba quitar definitivamente a sus víctimas.
Si se pretendiera dar una explicación simple a un hecho complejo como la creación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –de la que en estos días se cumplen 40 años– es la tarea de dejar por escrito lo que la dictadura pretendía borrar de manera definitiva para impedir cualquier posibilidad de Memoria, de Verdad y de Justicia.
Corría 1979 y las violaciones de los derechos humanos que cometía la dictadura se conocían más en el resto del mundo que en la Argentina de la desaparición de personas, de la represión abierta y solapada, del silencio impuesto.
En septiembre de ese año, la Junta Militar debió aceptar la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se entrevistaría tanto con funcionarios como con familiares de las víctimas, visitaría cárceles donde estaban detenidos los presos políticos e incluso lugares denunciados como centros clandestinos de detención, incluyendo la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Dos años antes, el gobierno estadounidense del demócrata Jimmy Carter había enviado a Patricia Derian -reconocida luchadora contra el racismo en el sur de su país– en un intento de frenar las atrocidades de los dictadores. El gobierno de Carter había jugado fuerte, reduciendo a la mitad el presupuesto de venta de armas a la Argentina y amenazando con duras sanciones económicas y comerciales.
“No tienen entidad”
La dictadura seguía negando todo, aún ante la acumulación de evidencias. A lo sumo hablaba de “excesos” en la represión, producto indeseado e inmanejable de una “guerra sucia” que no existía.
Por esos días, el dictador Jorge Rafael Videla iría aún más lejos y ante una pregunta audaz e incómoda sobre la suerte de los desaparecidos del periodista José Ignacio López en una conferencia de prensa en la Casa Rosada respondería:
-Son una incógnita, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos.
A la desaparición física se intentaba sumar otra simbólica que los borrara para siempre de la faz de la Tierra.
La creación del CELS
Desde hacia tres años, los familiares de las víctimas habían recorrido iglesias, juzgados y despachos oficiales en busca de respuestas que siempre se les negaban. Poco a poco habían empezado a organizarse para que su búsqueda individual adquiriera la fuerza de lo colectivo y así habían nacido las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, y los Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, que confluían en sus reclamos con organismos como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, El Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) conducido por Adolfo Pérez Esquivel, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otros.
En este último se destacaba un abogado de fuertes convicciones cristianas y accionar enérgico, que había trabajado en Washington como experto en Educación para la Organización de Estados Americanos (OEA) y luego fue funcionario del Ministerio de Educación en los años de Juan Carlos Onganía. También fue fundador y primer rector de la Universidad Nacional de Luján. Había nacido en 1922, se llamaba Emilio Fermín Mignone y murió en diciembre de 1998. Su hija Mónica había sido secuestrada en su propia casa el 14 de mayo de 1976.
Fueron Mignone –que sería su primer presidente– y su mujer, Chela (Madre de Plaza de Mayo), junto al también abogado Augusto Conte Mac Donell y su mujer, Laura; el doctor en Física José Federico Westerkamp, Carmen Aguiar de Lapacó, Alfredo y Élida Galletti, Boris Pasik y Noemí Labrune quienes en 1979 decidieron crear el CELS. Todos tenían familiares desaparecidos.
El secuestro de Mónica y sus compañeros
Mercedes Mignone nació un año después que Mónica. En diálogo con Infobae contó el derrotero de la familia y la militancia de su hermana. Emilio y Chela Mignone con sus cinco hijos habían regresado en 1967 a la Argentina tras residir unos años en Estados Unidos.
-Las tres hijas mujeres fuimos al Misericordia –cuenta Mercedes, en referencia al colegio religioso ubicado en el barrio porteño de Belgrano.
Allí conocieron a una religiosa –la hermana Graciela, cuyo nombre era Mónica Quinteiro- que les mostró la cara social del Evangelio. En 1970 Mónica, Mercedes y otros jóvenes viajaron a Cushamen, una pequeña comuna del norte de Chubut. Iban en el marco de las “Misiones Rurales” y se distribuían en los colegios (“internados”) del lugar. Al año siguiente, Mónica Mignone volvió al sur y tras esos contactos, junto a otros jóvenes se suman a dar clases en la Escuelita Belén de la Villa del Bajo Flores (la 1-11-14).
-A partir de esas experiencias, Mónica se suma a la Juventud Peronista y luego al Movimiento Villero Peronista –cuenta Mercedes.
El grupo de la Escuelita Belén se mantuvo vinculado a las tareas sociales y, poco después del golpe de Estado de marzo de 1976, siete de sus integrantes fueron víctimas de un secuestro simultáneo. Fue en la madrugada del viernes 14 de mayo.
-Vivíamos en Santa Fe y Austria. Estábamos mis padres, Mónica, mi hermano Javier, dos primas que vivían con nosotros y yo. Tocaron el timbre. Yo estaba despierta –cuenta Mercedes Mignone a Infobae-. “¿Quiénes son?”, preguntó mi padre tras ver unos hombres por la mirilla. “Ejército Argentino”, contestaron. “Identifíquense”, contestó Emilio Mignone.
En cambio de credenciales le mostraron ametralladoras. Sin otra posibilidad, abrió la puerta.
-Preguntaron por Mónica –que a esa altura era psicopedagoga y daba clases de Inglés- , la despiertan, revisan sus cosas y dicen que la llevan por dos horas, que no dejara de llevar dinero para el colectivo de regreso.
No eran del Ejército sino del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA. Mercedes, con los años, reconoció -por fotos- a Antonio Pernías como quien comandaba el grupo y a Ricardo Cavallo como uno de sus integrantes.
Emilio Mignone, no bien se fueron, salió con la idea de perseguirlos en su propio auto, pero habían tenido la precaución de desinflarle las gomas.
En simultáneo fueron secuestrados y llevados a la ESMA, María Esther Lorusso Lammle, Beatriz Carbonell de Pérez Weiss, Horacio Pérez Weiss, César Lugones, María Marta Vásquez, Mónica Mignone y Marta Mónica Quinteiro. Nunca más aparecieron.
Por entonces, Mercedes estudiaba Bioquímica y trabajaba en el Hospital Británico. Pasados muchos años, Mercedes declaró en ante los tribunales. Fue el lunes 5 de agosto de 2013.
-Ir al juicio –recuerda a estos cronistas- fue gracias a que ellos hicieron el CELS, que era para la investigación y la documentación de los hechos. Mis padres habían podido estar en el Juicio a las Juntas (1985). Esta vez, yo sostenía la foto de Mónica, cerré los ojos… me costó un montón. Me ayudó mucho el apoyo de Rosa Matilde, la psicóloga del CELS.
Un método de trabajo
Para que todo quedara escrito. Para que no pudiera borrarse. Mignone confiaba en ese método de trabajo y de lucha. En la APDH había participado en a recopilación de alrededor de cuatro mil denuncias de familiares, que acudían a ese organismo como uno de sus primeros pasos en la búsqueda de sus hijos, esposos y esposas secuestrados por la dictadura.
Y recordaba el impacto causado por la solicitada publicada por familiares y personalidades de distintos ámbitos en el diario La Nación en diciembre de 1977.
“Fue por causa de esa lista que el gobierno ni pudo decir que no había desaparecidos -recordaría el propio Mignone muchos años después-. Todos los días se presentaban cientos de hábeas corpus, yo he presentado 15 o 20 por mi hija. Calculo que se llegaron a presentar 80 mil, porque además se repetían. La consigna que dábamos a la familia era: ‘Presente el hábeas corpus, preséntelo en la semana siguiente, en la otra y en la otra’. Eran montañas de papel inútil que circulaban por los juzgados”.
En la historia del CELS contada en su propia página oficial se describe lo que Mignone y sus compañeros empezaron a hacer: “Esas nóminas fueron el primer paso de un método: dejar escrito lo que ocurría en papeles capaces de comenzar el áspero camino que podía llevar a la justicia, acopiar los nombres propios y las circunstancias, hacerlos atravesar pasillos, mostradores, ventanillas, indiferencias, dejarlos tallados en la burocracia estatal, también en la más hostil, insistir hasta que algún funcionario judicial moviera el expediente de un cajón a otro, volver a empezar”, se explica.
El encuentro con la CIDH
Cuando el equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la Argentina en septiembre de 1979, el CELS ya estaba trabajando a pleno y utilizaba la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Dieron un informe preciso, con toda la información que habían reunido. De esa visita, Emilio Mignone recordaría siempre el impacto que le produjo la conversación que mantuvo con uno de los enviados.
En una entrevista con el periodista Ernesto Semán, publicada el 24 de marzo de 1996 –a 20 años del golpe–, lo contó así: “Cuando vino la CIDH, yo era muy amigo de (Edmundo) Vargas Carreño, que era el secretario ejecutivo, me acerqué a él con Augusto Conte y le dije: ‘Mirá, decinos qué impresión te llevás de acá’. ‘Yo me llevo la impresión de que están todos muertos’. No sé si hubo un momento, una fecha en que yo empecé a pensar eso. Vivía en el microclima de los familiares de desaparecidos, que creían que estaban vivos por una cuestión psicológica y por una cuestión lógica, porque nadie se imaginaba esa brutalidad. Los militares lanzaban siempre rumores, como que había campos de concentración en la Patagonia. Cuando me di cuenta, por el trabajo en la Asamblea, que teníamos una lista de 6 mil desaparecidos registrados, me dije: ‘Si tenemos 6 mil, quiere decir que hay 10 mil, o 15 mil. Y si en la Argentina hay 15 mil personas en campos de concentración, esto no se puede ocultar, porque éste es un país donde la gente habla. Porque con 15 mil detenidos tiene que haber 30 mil o 35 mil personas de guardia, gente que habla en sus casas, con sus familias’. Ahí pensé que los habían matado. Aun así, uno siempre tiene la esperanza de encontrarla, yo soñaba que la encontraba. Sí, lo soñé varias veces, ahora ya no”, relató.
Secuestrados y liberados
La lucha del CELS puso en la mira de la dictadura a sus autoridades y fundadores. El 27 de febrero de 1981 un grupo de tareas allanó la sede, requisó toda la documentación que había allí y detuvo a Carmen Lapacó y a José Federico Westerkamp. Otros comandos secuestraron en sus casas a Boris Pasik, a Augusto Conte y a Emilio Mignone.
Fue una clara represalia por el accionar del CELS. A principios de ese mes, en un coloquio realizado en Paris, Augusto Conte había denunciado a la dictadura argentina y presentado pruebas de su plan sistemático de desaparición de personas. Unos días más tarde, Mignone había pedido la excarcelación de 329 presos políticos
Acusados de “espionaje” y “por razones de seguridad nacional” se los llevó a Coordinación Federal y se los mantuvo incomunicados durante días, con la creciente angustia de sus familias. La noticia del secuestro se difundió pronto y tuvo gran repercusión internacional, lo que obligó a la dictadura a liberarlos a todos una semana después.
La lucha en democracia
El CELS tuvo un rol fundamental después de recuperada la democracia en 1983, y l intensificó luego de las llamadas leyes de Obediencia Debida y Punto Final que permitieron la impunidad de la mayoría de los acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Fue entonces cuando impulsó los “Juicios por la Verdad”, en los que se defendía el derecho a conocer la verdad a los familiares y a la sociedad argentina.
Los tribunales argentinos fueron presionados a investigar los casos más emblemáticos, y los juicios fueron una innovación en la justicia argentina y en el resto de Latinoamérica. Los primeros casos presentados fueron los de Mónica Candelaria Mignone, hija de Emilio Mignone, y el de Alejandra Lapacó, hija Carmen Aguiar de Lapacó.
También empezó a trabajar intensamente sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en democracia, sus causas y su relación con la desigualdad social. Se ha ocupado de casos emblemáticos como el de Mariano Ferreyra, Darío Riquelme y Mariano Wittis.
Emilio Fermín Mignone, su principal impulsor, murió el 21 de diciembre de 1998, a los 76 años. Desde 2000, la presidencia del CELS está a cargo del periodista Horacio Verbitsky
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