Contaminación en Pergamino: procesaron a tres productores rurales por el uso de agroquímicos

La lucha de Sabrina Ortiz, una vecina que en 2011 sufrió un aborto espontáneo horas después de que un avión fumigara con agroquímicos encima de su casa en Pergamino -y que para llevar adelante la denuncia contra los responsables decidió estudiar Derecho-, dio un paso trascendental los últimos días: tres de los cuatro productores acusados por ella fueron procesados por la Justicia federal.

El juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo procesó a los empresarios agropecuarios Fernando E. Cortese, Mario R. Roces y Víctor H. Tiribo por el delito de contaminación del ambiente de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos en forma continuada al menos desde 2011 en adelante.

De ser hallados culpables, los productores rurales podrían recibir una pena de entre tres y 10 años de prisión por envenenar, adulterar o contaminar “de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”, según dicta el Código Penal.

Además, el magistrado decretó un embargo de $ 3.000.000 para cada uno de ellos, que seguirán en libertad, si no ocurre un cambio brusco en la causa, al menos hasta el final del juicio.

En el fallo donde dictó el procesamiento, Villafuerte Ruzo hizo foco en la cuestión humana, en una zona donde abundan los casos de cáncer, tiroides, asma y enfermedades de la piel. “Los elementos utilizados por los imputados, además de estar contenidos en la legislación que establece el régimen para los desechos peligrosos, poseen entidad suficiente para provocar un daño a la salud de las personas”, remarcó.

El magistrado destacó que, lejos de no saber lo que hacían, los imputados conocían “las acciones desplegadas, con total y absoluto dominio de los hechos, así como también la voluntad de sostener cada uno de estos elementos en la continuidad de las acciones delictuales”. Es decir que, para el juez, los productores sabían que podían afectar a los vecinos de los barrios linderos y no les importó.

Ortiz estaba embarazada y todavía habitaba, allá por 2011, su casa familiar en el barrio Villa Alicia, en la periferia de Pergamino. La vivienda estaba separada del campo de Mario Roces por apenas una calle y todos allí se habían acostumbrado al malestar posterior a las fumigaciones que realizaban los aviones (literalmente) por el techo de sus casas: vómitos, diarrea o irritaciones en la piel. Una tarde de aquel año, tras una fumigación, sufrió un aborto espontáneo y activó la lucha contra la impunidad de sus vecinos poderosos.

Siete años después, cuando terminó la carrera de Derecho, Sabrina denunció a cuatro productores que rodeaban los barrios de Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida. La causa avanzó y en el camino de la búsqueda de Justicia ella supo que por su organismo, el de su esposo y los de sus dos hijos corrían agroquímicos tóxicos como el glifosato, a niveles 100 veces superiores que los de personas no expuestas. Además, se detectaron en sangre los herbicidas y plaguicidas atrazina (prohibido en Europa), metolaclor, acetoclor (prohibido en Europa), 2,4D, tebuconazole y clorpirifos.

La doctora en Ciencias Biológicas Delia Aiassa, confirmó que tanto Ortiz como su esposo Sergio Barbieri y sus hijos Ciro y Fiamma padecen un “daño genético” en sus células producto del contacto permanente con estos productos.

“Estas sustancias se encontraron en algunos tanques domiciliarios de agua muestreados de los barrios Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, debiéndose tener en cuenta que esas viviendas poseen pozos propios y algunos cuentan con tanques sin tapa entre otras características que muestra una comunidad vulnerable para enfrentar cualquier problemática ambiental”, escribió Villafuerte Ruzo.

El juez tomó diversas medidas en el último año. En abril pasado, un mes después de que el presidente Mauricio Macri considerara públicamente como “irresponsable” un fallo en Entre Ríos que limitó las fumigaciones a más de 100 metros de las escuelas, ordenó la suspensión urgente de las fumigaciones en esos barrios y puso como distancia de las zonas urbanas los 600 metros. Además, exhortó al Municipio a dejar de autorizar nuevas aplicaciones.

En septiembre, sin embargo, Villafuerte Ruzo definió una nueva y más poderosa restricción para la utilización de estos productos: prohibió pulverizar a menos de 1.095 metros de cualquier zona urbana de esta ciudad bonaerense ni a menos de 3.000 metros si la práctica es aérea. Fue luego de que Ortiz presentara los estudios que muestran el daño genético en su familia, en donde Aiassa sugiere una distancia superior a los 1.000 metros para fumigar y no afectar a la salud.

La causa por la contaminación en Pergamino tiene diversos puntos de tensión. Uno importante es sobre la calidad del agua. Un estudio del INTA Balcarce determinó que la de Pergamino no es apta para el consumo humano, pero la Autoridad del Agua (ADA) del gobierno de la Provincia de Buenos Aires respondió lo contrario. Los análisis realizados en abril mostraron que en el agua del barrio Villa Alicia hay 18 agroquímicos con alto contenido tóxico.

Hombres, mujeres y niños beben y usan esa agua de pozo para cocinar o bañarse, infectada por herbicidas y plaguicidas que, al mezclarse, forman un cóctel aún más peligroso: su potencia se estudia actualmente y preocupa a los médicos. Las pruebas fueron hechas por la científica Virginia Aparicio, del INTA Balcarce, e indican que en el agua que se consume en las casas del barrio hay glifosato, atrazina, imidacloprid, acetoclor, clorpirifos y 2.4D, entre otros.

Esas sustancias están en los cuerpos de sus consumidores. En esos barrios, casi todos los adultos y los niños padecen diferentes patologías asociadas con este drama: asma, problemas en la piel, tiroides, cáncer, que incluso provocó muertes en adultos y en mayores.

“Estoy satisfecha con el fallo del juez”, comentó a Infobae Ortiz. Según su lectura de la causa, los más complicados son Roces y Cortese. “Roces fumigó en zona urbana, algo completamente prohibido, lo hizo a 10 metros de mi casa. El resto lo hizo en zona periurbana”, consderó.

La hija de Ortiz, que actualmente tiene 18 años, ya pasó por cuatro operaciones para sacarle quistes de los huesos, producto del contacto con los agroquímicos. Su hijo hace linfoproliferación, tiene los ganglios agrandados en los intestinos, en el cuello, y eso genera que sus sistema inmune esté activo y cuando se enferma lo debilita. Le hacen quimioterapia, tiene sangrado en orina, y hace síntomas de enfermedades sobre las que no tiene diagnóstico.

“Hasta hace unos años te pasaba la avioneta con los herbicidas y uno respiraba veneno. A 10 metros de mi casa ya empezaba el sembradío, con la calle Escudero de por medio. Eso hacía que la cercanía y el método que se usaba fuera muy nocivo. Además no había control de las aplicaciones”, explicó Sabrina.

Sus primeros síntomas los vivió a los 11 años. “Empecé con brotes en todo el cuerpo. No se me desprendía la piel como a mi mamá pero sí tenía la cara irritada, mi nariz parecía quemada, me ardía la garganta y había enrojecimiento en brazos y espalda”, relató.

Ortiz le echa la culpa del drama de su vida especialmente a Roces, de 81 años, quien niega que haya usado alguna vez en su vida estas sustancias, a pesar de que los análisis probatorios marcaron existencia de más de 10 productos.

“Siempre tomé agua de acá, nunca tuve ningún problema, no tengo ninguna clase de problema. Tengo 81 años, me hubiera muerto cuántas veces. Yo tenía un monte de duraznos hace 11 años pero me dijeron que no podía fumigar más y lo arranqué. Y siembro alfalfa para hacer rollos”, dijo tiempo atrás a Infobae.

El caso de Pergamino marca un paradigma en el uso y la regulación de herbicidas y plaguicidas, muchos de los cuales ya están prohibidos en gran parte del mundo. Una fuente que trabaja en el caso lo sintetizó: “En esta causa lo más trascendental es toda la discusión más macro que se viene. Qué está pasando, qué incidencia tienen pesticidas en el medio ambiente y la salud y qué políticas de Estado y legislación pueden surgir”.

El comentario no es inocente. Días atrás el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó que es válido un decreto provincial que establece distancias de 100 metros para las aplicaciones terrestres y de 500 metros para las aéreas en zonas con escuelas rurales. Fue una decisión que anuló las limitaciones de 1.000 metros para las terrestres y 3.000 para las aéreas que había ordenado la Justicia provincial tras un pedido de organizaciones ambientalistas y de médicos, que sostienen que los peligros para la salud son gravísimos si se fumiga a menos de un kilómetro.

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