
Los seis detenidos por los incidentes ocurridos este lunes frente al Consulado chileno -en el que resultaron heridos tres trabajadores de prensa- serán indagados este martes por el fiscal Federico Tropea, quien quedó a cargo de la investigación.
Hasta el momento, los violentos están acusados de atentado, daño, resistencia a la autoridad y lesiones graves. Los detenidos fueron identificados como Leandro Cano (27); Adrián Pitton (34): Antonio Hardoy (29); Pilar Ramírez (19), de nacionalidad uruguaya; Violeta Larregli (51) y Myriam Selhi Ousset Garrone (40), canadiense, periodista e integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Todos quedaron alojados en la Alcaldía 8.
Durante los incidentes, fueron vandalizados un local de comidas rápidas, un puesto de información turística, señales de tránsito y decenas de tachos y contenedores de basura que fueron incendiados.

Por otro lado, el camarógrafo de La Nación+ Favio José Soria sufrió un traumatismo de cráneo y tuvo que recibir cuatro puntos de sutura. Ernesto Medina de Crónica también fue golpeado en la cabeza y su asistente Adrián Alessandrelli recibió golpes e insultos.
La movilización había comenzado pasadas las 16 del lunes cuando partidos de izquierda y residentes chilenos en la Argentina se concentraron frente al Consulado de Chile, a solo metros de la Plaza de Mayo, para protestar contra el toque de queda, el estado de emergencia y la represión policial y militar que se vive en el país vecino y que ya provocó al menos 11 muertos y cientos de heridos.

Si bien la movilización comenzó de manera pacífica, un grupo de violentos -que los partidos de izquierda denunciaron como “infiltrados”- comenzaron a lanzar bombas molotov a los policías y a agredir a varios equipos de periodistas que cubrían la manifestación.
Inmediatamente, la policía comenzó a avanzar y reprimir, y se vivieron corridas, golpes y momentos de mucha tensión.
El viernes, una ola de protestas contra el aumento del pasaje de subte explotó primero en Santiago y luego en otras ciudades y regiones de Chile. Pese a que el gobierno de Sebastián Piñera suspendió el aumento, las protestas crecieron y se radicalizaron.
El gobierno decidió entonces imponer un toque de queda y un estado de emergencia en varias ciudades y regiones, lo que desató aún más violencia y más muertes, y profundizó hoy las protestas y cacerolazos.
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