La elevación a la justicia de la causa por violación agravada y el pedido de captura a Juan Darthés marcan un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en América Latina. La causa avanza a pesar de los obstáculos de jurisdicción y recursos entre Nicaragua, Brasil y Argentina. Pero, más allá de lo que se pueda (o no) hacer con los límites de las fronteras (ya que Darthés está en Brasil donde no hay extradición a Nicaragua, donde debería realizarse el juicio) la decisión de la Fiscalía nicaragüense ya constituye una sentencia virtual.
Si bien sin juicio no hay pena, con la elevación a juicio sí hay respaldo jurídico al testimonio de Thelma Fardin. Ya que la fiscalía considera que su relato, su pericia psicológica, su pericia física, la inspección ocular (que confirma sus dichos) y los testimonios recogidos en Argentina por compañeras de elenco y otras actrices dan veracidad a la denuncia de violación para pedir la captura del actor.
“Hubo mucha prueba contundente que llevó a la fiscalía a presentar una acusación por violación agravada”, enmarcó ayer, en la Conferencia de Prensa de Actrices Argentinas, la abogada de Thelma en Argentina, Sabrina Cartabia. Las pruebas tomadas en cuenta son: la entrevista a Juan Darthés posterior a la denuncia (por parte de Mauro Viale) en donde se ubica en el lugar de los hechos; la entrevista al abogado Matías Morla en “Intrusos”, en donde cuenta que le pidió que lo represente por ser el abogado de Diego Maradona (y los supuestos contactos políticos con el Presidente de Nicaragua Daniel Ortega), el testimonio de Daniel Grinbak (productor de la gira de “Patito Feo” en América Latina) y las declaraciones de Calu Rivero y Anita Co.
Los testimonios tomados en la Ciudad de Buenos Aires por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) fueron fundamentales en la causa. En un comunicado oficial de la Procuración se puntualizó: “La UFEM ha recibido en este Ministerio Público Oficial, a través de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional, la comunicación oficial de la Fiscalía General de Nicaragua, por la cual se informa que la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género de Managua ha formulado acusación formal contra Juan Rafael Pacífico Dabul (conocido como Juan Darthés)”.
“La acusación fiscal tuvo por probado que el actor cometió el delito de violación agravada contra Thelma Fardin, agravado por la confianza y la superioridad del autor respecto de la víctima y por la afectación grave a la salud psíquica de la víctima”, informa el comunicado de la UFEM.
Y se resalta que se pidió la detención y prisión preventiva del acusado por la magnitud de los hechos y del daño causado. Si el Tribunal nicaragüense avala el pedido de la fiscalía debe solicitar la detención y extradición de Darthés. Pero si el actor se encuentra en Brasil podría refugiarse en su nacionalidad y en que Brasil no tiene convenio de extradición con otras jurisdicciones.
Por lo tanto, como Darthés tiene pasaporte brasileño (a pesar de estar domiciliado en Nordelta en el expediente) zafaría de ser llevado a Managua. Podría ir por su propia voluntad, aunque esa posibilidad parece remota en la práctica. O se podría intentar que el juicio continúe en Brasil si no es extraditado. En ese caso, se tendría que contar con nuevas abogadas en Brasil y recursos para llevar el expediente al país vecino y contar con la colaboración de los Ministerios Públicos de la región.
El proceso judicial no terminó, pero es largo, con obstáculos y con trabas fronterizas, misóginas y burocráticas para avanzar en los mismos tiempos que si el expediente fuese llevado en Argentina.
Por diversas razones, la vía judicial no es –ni debe ser- una obligación (sino una opción) de las víctimas. Entre ellas, el lugar de los hechos (en este caso habían sucedido en Nicaragua y no en Argentina); la prescripción del delito; la revictimización por parte de la policía y de la justicia; los costos para acceder a la justicia; la falta de abogadas con perspectiva de género y de un programa de patrocinio jurídico real (una obligación legal a partir de Ni Una Menos pero que, hasta ahora, solo tiene un programa piloto con menos de una profesional por provincia). También por los embates psicológicos, mediáticos y personales que implica una denuncia y el machismo de los tribunales.
Sin embargo, muchos sectores sociales suelen reclamar una sentencia judicial para poder dirimir si denuncias públicas, mediáticas o en redes sociales son reales o no. En el caso de Juan Darthés, la actriz Calu Rivero es la impulsora –con una valentía que debe reconocerse, ya que marca un hito en el freno al machismo en la televisión argentina- de los relatos sobre la incomodidad que sufrió trabajando con él.
Pero el discurso sobre la judicialización de la situación fue manipulado para confundir, amedrentar a las mujeres que hablaban y distorsionar la información. Darthés le inició un proceso judicial, en donde no se iba a dirimir si él no había respetado cada uno de los “no” expresados por la actriz ante acercamientos fuera de guión durante la grabación de la novela “Dulce amor” sino si ella lo había perjudicado.
También querelló a Anita Co y, aun cuando ella fue sobreseída, la semana pasada, sus representantes legales apelaron la medida. La justicia, en los casos de Calu Rivero y Anita Co no iba a decir si existió incomodidad, acoso o violencia de género sino si ellas lo habían difamado. Y las que pagaban los costos de ser judicializadas –económicos, profesionales y anímicos- son ellas. La intención es clara: un bozal legal para que otras no hablaran.
En ese sentido, la decisión de la justicia nicaragüense muestra que la tortilla estaba invertida: es difícil investigar a quien está acusado de violación y era fácil acorralar jurídicamente a quienes eran víctimas.
El caso de Thelma Fardin y el pedido de captura del 16 de octubre del 2019 marcan un hecho histórico. No es no y la justicia –sin ser perfecta, ni dar garantías en otros casos y para siempre- dice que cree en la palabra de quien estaba sola en una habitación y dijo “no”.
La medida judicial –más allá de la pena o de los obstáculos– es una verificación de la credibilidad de su palabra y un respaldo jurídico a un testimonio que es un caso testigo contra la violencia sexual.
El aumento de las denuncias en un 2.275 por ciento a partir de la denuncia de Thelma, solo en 72 horas en la Línea Nacional contra el Abuso Sexual Infantil (0800-222-1717), muestra el impacto social del quiebre del bozal a las víctimas de violencia sexual que produjo la voz de Thelma con el lema “Mirá como nos ponemos”.
En la Línea Nacional contra el Abuso Sexual se recibían 20 llamadas por día desde el 1 de enero hasta el 10 de diciembre del año pasado. Pero del 11 -el día de la denuncia pública de Thelma- al 14 de diciembre el teléfono sonó 249 veces para pedir ayuda, asesoramiento o herramientas para poder denunciar y superar violaciones, acosos e intimidaciones. El pico fue el 14 de diciembre cuando las llamadas aumentaron un 224 por ciento con respecto al 10 de diciembre, según el Programa Las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El programa Las victimas contra las Violencias fue creado por Eva Giberti en el 2006 y puede contactarse llamando al 137. En la Ciudad de Buenos Aires las profesionales que trabajan en la calle acompañan (las 24 horas y los 365 días del año) a las víctimas en el momento de la emergencia y las deja a resguardo.
“No me preocupan quienes dicen ‘no le creo a Thelma’ sino que no les crean a las mujeres de su entorno”, remarcó ayer Thelma Fardin en la conferencia de prensa, en donde remarcó el poder del Encuentro de Mujeres, realizado en La Plata, el 12, 13 y 14 de octubre y agradeció a “las pibas que están en la calle”.
Teléfonos útiles:
137 (Acompañamiento a víctimas de violencia familiar y sexual)
0800-222-1717 (Línea Nacional contra el Abuso Sexual Infantil)
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