Daniel Ruiz, uno de los militantes de izquierda que usaron pirotecnia como un arma tumbera contra la policía en el debate legislativo por la reforma previsional de 2017, tiene fecha de juicio para el próximo 18 de octubre. La decisión, que se fijó en los últimos días, alcanza a los otros manifestantes procesados por las violentas protestas frente al Congreso de la Nación, a dos meses de las elecciones legislativas.
Ruiz es uno de los manifestantes que ilustraron la “batalla” por la reforma previsional junto a Sebastián Romero, también conocido popularmente como “el gordo mortero”, que aún continúa prófugo de la justicia. Ese día, ambos militantes fueron retratados en vivo y en directo por los reporteros gráficos y las cámaras de televisión mientras disparaban bombas de estruendo atadas a un palo improvisado, con el que atacaron a las fuerzas de seguridad en la Plaza de los Dos Congresos.
Mientras se cree que Romero se fugó al exterior, Ruiz está detenido desde el 12 de septiembre del año pasado. Su suerte fue distinta. Antes de ser identificado y apresado nueve meses después de los incidentes, Ruiz integró activamente una campaña contra la “persecución política" de su compañero de militancia. Es que tanto él como Romero son dirigentes del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), que integran el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).
Por estas horas, Ruiz espera una buena noticia en su derrotero judicial. Hoy, la Cámara de Casación Penal tratará un recurso extraordinario de excarcelación presentado en mayo, que fue rechazada por el Tribunal Oral Federal 3. También le había sido vetada la prisión domiciliaria. Está prevista este mediodía una movilización con organismos de derechos humanos y agrupaciones de izquierda hacia la sede judicial.
De resultar favorable el pedido, el activista y delegado del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut podrá afrontar su juicio en libertad.
Los manifestantes comenzarán a serán juzgados el 18 de octubre por los delitos de “intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas, en concurso ideal entre sí".
En un fallo dividido, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi corroboraron esa tipificación, en base a las filmaciones registradas ese día. Según los magistrados, el comportamiento de Ruiz y de los otros procesados consistió en un accionar “intimidante” y “coordinado como grupo”, con el objetivo de infundir un “temor público y suscitar tumultos”. Ese agresivo comportamiento provocó heridas al personal policial y daños en el espacio público.
Antes de llegar a este punto del proceso judicial, el juez Sergio Torres cuestionó parcialmente el operativo policial en el Congreso, al sobreseer a 58 de las 69 personas que habían sido detenidas ese día.
Desde que fue encarcelado en el penal de Marcos Paz, Ruiz mantuvo a pleno su accionar militante. Apoyó reclamos de sus compañeros de pabellón y llevó adelante una campaña por su liberación que obtuvo el apoyos de un amplio espectro político, que incluye a dirigentes del Frente de Todos como el diputado Agustín Rossi y el metrodelegado Roberto Pianelli, entre otros.
Con 40 años y una hija de 15, el militante fue uno de los candidatos del Frente de Izquierda-Unidad que se presentaron en las PASO desde las cárceles.
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