La desesperación de Liz: salió de prisión hace 11 años pero como es extranjera quieren expulsarla del país y separarla de sus hijos argentinos

Donde casi todos ven nada, vacío, oscuridad, Liz Moreta vio luz. Encerrada en la prisión de máxima seguridad de Ezeiza, a donde había llegado porque le encontraron un paquete de cocaína que iba a pasar a España para pagar lo que le debía a sus dealers, encontró una salida.

Nacida en República Dominicana, esta mujer transformó los cuatro años y medio infernales de la cárcel en tiempo y lugar para reflexionar, aprender y curarse. Liz lleva 11 años de vida en libertad: en poco más de una década se dedicó a criar a sus tres niños nacidos en Argentina, abrió (y tuvo que cerrar) una peluquería, terminó la primaria y empezó la secundaria. Y sin embargo, el Gobierno argentino quiere expulsarla, amparado en un decreto del presidente Mauricio Macri de 2017 que impide la permanencia en el territorio a extranjeros que hayan cometido ciertos delitos considerados graves como la comercialización de estupefacientes.

La pesadilla de Liz comenzó mucho antes que el momento en que agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) notaron que en el camino a la sala de embarque algo le pasaba. De adolescente se mudó junto a su familia a Madrid y allí padeció la enfermedad de la adicción a la cocaína, lo que la metió en una espiral demencial: contrajo tantas deudas que los narcos la extorsionaron y le dijeron que la única forma de cancelarlas era llevar cocaína desde Argentina. Ella aceptó y aterrizó en Buenos Aires el 26 de marzo de 2005.

Diez días después los agentes de la PSA en el aeropuerto de Ezeiza la vieron excesivamente nerviosa. La revisaron y descubrieron que era una mujer-correo, o lo que comúnmente se conoce como "mula": el 5 de abril de 2015 hallaron en sus botas los paquetes de cocaína que no se animó a comerlos y camuflarlos en su aparato digestivo, tal como le habían pedido los traficantes españoles.

El 17 de noviembre de 2006, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 de Capital Federal la condenó a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por el delito de contrabando agravado por comercio de estupefacientes.

Así Liz, a pesar de que no cometió ningún delito violento, se convirtió en una pieza más de un engranaje perverso. Casi la mitad de las mujeres presas (43,7%) están por delitos tipificados en la ley de drogas.

"Me metí en un préstamo, después de ese préstamo tenía problemas con mis adicciones. Quedé en quiebra y tomé una mala decisión. Tenía que llevarme un paquete a España y pagaba todas mis deudas, quedaba en cero. Entonces me dijeron 'hacé de correo'", cuenta a Infobae Liz (39 años) en su casa de José C. Paz, en el conurbano bonaerense, donde vive con su marido Fabián Rivero (50) y sus hijos de 13, 8 y 5 años, quienes, con los matices de su edad, ya saben que cualquiera de estos días la policía puede golpear la puerta de casa, llevarse a su mamá esposada y meterla en un avión con destino a la isla del Caribe donde nació.

"Hay algo que la gente no entiende. Una mula no es un enlace, tampoco es un eslabón", comenta Liz y hace un silencio instantáneo para buscar la comparación adecuada hasta que la encuentra: "Se puede comparar con una bolsa de supermercado. No te sirve más de dos veces. Así te ven ellos. Y el que pasa como mula sabe el riesgo que lleva. Una mula es una bolsa de correo, una caja, una cosa".

Así todo, Liz admite que lo vio sencillo, "como cuento mágico". El anteúltimo día debía retirar el paquete de cocaína en el barrio de Congreso, comerlo y subirse al avión con destino a Madrid. "Como yo no tenía experiencia no pude comerla, el miedo y la inexperiencia me mataron y las puse en las botas. Era mucho menos de un kilo. No recuerdo. Pero se me notaba a leguas. No necesitaban un perro, nada, yo estaba que explotaba de nervios, y me descubrieron enseguida. No llegué ni a registrar la maleta", relata.

En 2007, mientras estaba detenida, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) declaró irregular su permanencia en el país, ordenó su expulsión del territorio nacional y prohibió su reingreso al país por el término de 8 años. La orden llegó a los ojos negros de Liz en su celda de la Unidad N°31, y ella, que podía recuperar la libertad si aceptaba irse de Argentina, manifestó su deseo de quedarse.

Liz dice que cuando habla de su experiencia en la cárcel la miran raro. "Porque yo lo vi como una oportunidad de escapar de todo lo que me estaba pasando. No veía la pared, lo vi como una oportunidad de sacar todo el tóxico que tenía adentro, de tomarme un tiempo para leer y darme cuenta de que me faltaban un montón de cosas. Salí y me puse a estudiar y tomé la patente de peluquera. Pero me faltaba más, y terminé la primaria en Argentina y este año termino el secundario. No son cosas que suelen pasar ahí adentro", aclara, para distinguir lo que era su mundo interior del universo concreto que la rodeaba.

"Estar ahí es tener una térmica inestable, no sabés cuándo se prende fuego o está llena de agua. Cada grito es como si el cuerpo te temblara, cada movimiento te causa terror. No todo el mundo sale de ahí con ganas de salir adelante porque no están las herramientas dadas. Yo no vuelvo ni loca a ese sitio, por más hambre y necesidad que tenga. Es como vivir en un infierno, donde yo encontré una salida, pero es muy difícil decir esa palabra porque la gente no entiende. Yo sé que ese sitio no le da oportunidades a nadie", agrega.

Liz se quedó y finalmente en 2008 volvió a la vida en libertad. En 2013 se casó con Fabián, obrero de una fábrica de cerámicos, a quien había conocido en aquellos diez días de espera para volver a España. Ya habían tenido dos hijos y ese año, el de la boda, llegó el tercero.

Con la representación de la Comisión del Migrante, Liz interpuso un recurso de reconsideración contra la orden de expulsión y se amparó en el derecho a la vida familiar y el interés superior del niño. El 12 de abril de 2016 la DNM rechazó el recurso.

Liz siguió su pelea judicial. Pero el 19 de abril de 2018, el secretario del Interior nacional, Sebastián García de Luca, desestimó el nuevo recurso de alzada mediante una resolución ministerial: valoró que, si bien ella es madre de tres hijos argentinos, no correspondía otorgar la dispensa solicitada en atención a la gravedad y naturaleza del delito por el que fue condenada.

Agotada ya la vía administrativa, Liz presentó un recurso ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. El 8 de marzo de este año, la jueza María Alejandra Biotti -que también entiende en el caso de Vanessa, una peruana expulsada y separada de sus hijos por las mismas razones que Liz– rechazó el recurso interpuesto y confirmó las disposiciones de la DNM y la Resolución Ministerial dictadas en el expediente administrativo. Básicamente, sostuvo que la dispensa solicitada por Liz era una facultad discrecional y privativa otorgada a la DNM.

"Si me tengo que ir no sé qué haremos. Mi marido tiene a cuidado a sus dos hermanos discapacitados y un trabajo que conserva hace 27 años. Esa fábrica es el sustento de mis hijos. No estamos viviendo de arriba o de un plan o le causamos un gasto a la sociedad. Mi esposo trabaja y le paga la obra social a mis niños", se lamenta Liz, que además de los tres hijos con su pareja tiene otro, más grande, de 23 años, que nació en Dominicana y actualmente vive en Argentina y estudia Ingeniería en la Universidad General Sarmiento.

"Migraciones no pidió opinión de psicólogo, de asistente social, no fue a la escuela de los niños, no habló con sus entrenadores, no saben nada de la vida de ellos. Y nos dijeron que no están obligados a eso porque el problema es mi expediente", reclama la mujer.

Por eso porque antes de separarse de sus hijos tiene pensado hacer todo lo que pueda, en abril pasado Moreta interpuso un nuevo recurso de apelación y el 30 de abril -tan solo 1 mes y 22 días después del fallo Biotti, en un hecho inédito para el ritmo usualmente cansino de la Justicia argentina- los jueces de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Jorge Esteban Argento, Carlos Manuel Grecco y Sergio Gustavo Fernandez, desestimaron las apelaciones y confirmaron la sentencia de primera instancia.

La batalla quedó perdida finalmente el pasado 22 de agosto, cuando la Justicia rechazó un último recurso contra contra esta decisión, emitido por la Comisión del Migrante, acompañado por la Procuración Penitenciaria de la Nación en calidad de Amigo del Tribunal.

"La negativa de permanencia y consecuente expulsión del territorio nacional refleja una absoluta falta de consideración por parte de la Dirección Nacional de Migraciones del entorno familiar y desarrollo personal alcanzado por la Sra. Moreta Santana durante todos estos años en el país. El desmembramiento de su familia resultante del alejamiento forzado por una eventual expulsión del país; y por el otro, de no quebrantarse la familia implicaría la expulsión indirecta o la vulneración del derecho de residencia y libre circulación de sus tres hijos, ciudadanos argentinos quienes seguirían el camino de la madre hacia el país de origen de ella", sostiene Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario nacional adjunto.

Si es expulsada, la única forma de seguir viendo a sus hijos es que se vayan con ella. Pero los pondría en la situación de abandonar a la fuerza el país donde nacieron, dejar sus escuelas, sus amigos, sus prácticas del deporte. "Y además es muy caro, no tenemos dinero para pagar tres pasajes. Por más que ahorremos, con la devaluación es imposible", comenta Liz.

"El caso de Liz se enmarca en un contexto regresivo en materia de derechos de los migrantes en la Argentina que venimos alertando", remarcan desde Amnistía Internacional Argentina.

Según informó la DNM a un pedido de acceso a la información de la Universidad Nacional de Lanús, en 2015 se dictaron 1.908 órdenes de expulsión mientras que a septiembre de 2018 estas sumaron 4.026, es decir, que en tres años se duplicaron. A la vez, las expulsiones efectivas en 2014 y 2015 sumaban un total de 26 expulsiones. Pero a octubre de 2018 este número ya había llegado a un total de 258 desde 2016.

"En ninguno de los casos analizados por nosotros se escuchó a las niñas y los niños que serían separados de sus madres o padres. Tanto en sede administrativa como en sede judicial, la mera existencia de antecedentes penales pareció ser suficiente para proceder a la expulsión. No se tienen en cuenta ni los largos años de residencia en el país ni la situación familiar, incluso cuando las hijas y los hijos son argentinos, como es en este caso", agregaron voceros de Amnistía a Infobae.

Más allá de la expulsión, Liz siente que el Gobierno argentino la tiene marcada por el error que cometió y cuyo castigo ya cumplió. "Mi DNI provisorio lleva una marca de lo que hice, nadie me da trabajo así", se lamenta.

Por eso, abrió una peluquería en su casa, que debió cerrar porque no ya puede pagar la tarifa de la luz. "La estamos remando como se puede. Es complicada la situación", solloza.

A pesar de todo, Moreta respeta la legislación argentina. "No puedo decir que la ley está mal, pero humanamente no pueden separarme de mis hijos. Entiendo el problema, entiendo que cometí un delito y también que ya lo pagué y no debo nada. Como madre no puedo abandonar a tres niños y dejarlos a la buena de Dios. Lo mío pasó hace 15 años, la causa está prescrita, ya puedo sacar el antecedente penal y sale limpio. Pero en cambio mi expediente queda siempre en Migraciones", se queja.

Liz cuenta que ya le avisó a sus hijos que la Policía podría llegar a su casa y llevársela en cualquier momento. Lo dice con un dolor que se nota en las notas debilitadas de su voz.

"Es una sensación que la piensas y te llegan lágrimas a los ojos. Y después te controlas, porque los hijos te están mirando. Una segunda condena de separación familiar es demasiado", remarca Liz, emocionada, y recuerda lo que cada mañana le dicen sus hijos, una pregunta cuya respuesta no puede ni siquiera imaginar: "Mis hijos me dicen 'Ma, qué vamos a hacer nosotros sin ti'. Y no sé qué decirles".

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