Los secretos de la reunión entre Jorge Rafael Videla y Jimmy Carter: las mentiras del general y un revelador documento confidencial

Dos hechos negativos demandarían especial atención de las autoridades del Palacio San Martín en el primer semestre de 1977. El 14 de marzo, a un año de iniciado el Proceso de Reorganización Nacional, el Departamento de Estado norteamericano dio a conocer un severo informe sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina. La Cancillería argentina respondió entonces que rechazaba "de plano las infundadas acusaciones contenidas en el informe", y reafirmó su decisión de "no permitir injerencia externa alguna en asuntos de jurisdicción exclusiva de nuestro país".

Previamente, en febrero, el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, Cyrus Vance, anunció que seis países latinoamericanos habían quedado marginados de la ayuda militar estadounidense y la Argentina era uno de ellos. A través de la Enmienda Humphrey-Kennedy, se le redujo a la Argentina el crédito norteamericano de 32 millones de dólares a 15,7 millones del presupuesto del Programa de Asistencia para la Seguridad. El gobierno argentino, entonces, el 1° de marzo de 1977 rechazó toda ayuda, porque entendía que mantenerlo era convalidar las acusaciones de la Administración Carter. A los tres meses de haber llegado Jimmy Carter a la Casa Blanca (el 20 de enero de 1977), en abril hizo su primera visita a Buenos Aires la subsecretaria de Derechos Humanos Patricia Derian, quien luego de mantener entrevistas a nivel oficial, volvió a su país con una "sensación negativa".

El 8 de marzo, bajo el título Se aproximan horas difíciles, los dirigentes comunistas Rodolfo Ghioldi, Rubens Iscaro, Fernando Nadra, Irene Rodríguez y otros condenaron al gobierno de Carter "erigido en tribunal supremo que se atribuye el derecho de juzgar a las demás naciones del mundo, ha interferido en asuntos internos de nuestro país esgrimiendo hipócritamente el argumento de la violación de los derechos humanos. […] Negamos sinceridad y autoridad moral al imperialismo yanqui para defender los derechos humanos más allá de sus fronteras". En tanto, el sábado 30 de abril de 1977, las Madres de Plaza de Mayo encabezadas por su fundadora, Azucena Villaflor, realizaron su primera ronda alrededor de la Pirámide, cerca de las cuatro y media de la tarde. Fueron pocas, luego decidieron que realizarían sus marchas los jueves de cada semana, a las tres y media de la tarde.

El segundo traspié para la diplomacia nacional tuvo lugar el 2 de mayo de 1977, cuando se comunicó oficialmente el fallo arbitral sobre el litigio con Chile del canal de Beagle. El fallo de los cinco jueces de la Corte "ad hoc", representantes de los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suecia y Nigeria, resultó francamente favorable a las aspiraciones chilenas de extender su presencia al Océano Atlántico. Así nació un conflicto que llevaría al país en 1978 al borde de la guerra con Chile. La resolución de la Corte Arbitral causó indignación en el gobierno militar, y también entre la clase política: por ejemplo, el 4 de octubre, varios dirigentes solicitaron públicamente el rechazo del fallo del Beagle, entre otros Raúl Alfonsín y los peronistas Miguel Unamuno, Eloy Próspero Camus y Roberto Ares.

Al cumplirse un año del inicio de su gestión, Jorge Rafael Videla pronunció un largo discurso que fue televisado. El ex candidato a presidente Francisco Guillermo Paco Manrique opinó: "Nos obliga desde adentro (él se sentía en ese momento parte del proceso), la necesidad de decir que vimos en pantalla a un ciudadano descontento, quizá trabado en sus dichos por esta inexplicable e inadmisible confusión del poder en su cúspide". Tenía razón, al margen de la represión antisubversiva, en el seno del régimen militar se producían pujas de poder que generaron hechos irreversibles y paralizaban al gobierno.

El 11 de mayo de 1977 el presidente Videla realizó una visita oficial a Caracas, Venezuela, donde fue recibido por Carlos Andrés Pérez. El canciller César Guzetti no lo acompañó porque sufrió un atentado por un comando de Montoneros que lo dejó seriamente herido.

En la ocasión, durante su conferencia de prensa ante el periodismo venezolano, el mandatario argentino negó que hubiera "malestar en las Fuerzas Armadas" y reconoció "un exceso de la represión en las fuerzas del orden". La visita fue calificada como "satisfactoria" por algunas fuentes oficiales. En general, el mérito le fue atribuido al embajador argentino en Caracas, el dirigente radical Héctor Hidalgo Solá. El 18 de julio de 1977, Hidalgo Solá, el embajador nombrado a instancias de la Secretaría General de la Presidencia (el núcleo más próximo a Videla), fue secuestrado por un comando paramilitar y nunca más apareció. Días previos a su desaparición, Solá había declarado que aspiraba a una pronta evolución hacia la democracia y había asegurado: "Voy a hacer lo posible para ser el Presidente de la Argentina". Sus declaraciones "cayeron como un balde de agua fría en las guarniciones militares", dijo el diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca. En un país controlado al máximo por los militares, el Presidente -y comandante en jefe del Ejército- no pudo lograr su aparición. No sería ni la primera ni la última provocación que podían causarle.

En agosto, Patricia Derian volvió nuevamente de visita a Buenos Aires y mantuvo una serie de reuniones sin ningún resultado. Apenas unos días más tarde, llegó a Buenos Aires Terence Todman, secretario adjunto de Asuntos Interamericanos. Se reunió con funcionarios del gobierno y los partidos políticos.

Se habló de derechos humanos y sobre lo que parecía un atisbo de diálogo político. Un diálogo que, decían, enriquecería el plan del ministro de Planeamiento, general Ramón Díaz Bessone. Como para que nadie se confundiera, desde El Palomar, el brigadier Orlando Ramón Agosti dijo: "La decisión será del gobierno, ante sí y la historia". Todman era visto como un moderado en el Departamento de Estado, sin embargo, tuvo que admitir, en un cable secreto, que "no hay moderados sobre la cuestión del uso de métodos duros contra los subversivos. Todos los líderes militares están de acuerdo en que deben usarlos a través de métodos para controlar los subversivos. Las referencias que habíamos escuchado sobre "frenar los excesos" solo significaban que el régimen no tolerará el uso de la campaña contra los subversivos como cobertura para resolver rencores personales".

LA TRASTIENDA DEL ENCUENTRO

En ese marco de violencia y creciente soledad internacional, el 6 de septiembre, Videla -a pesar de desaconsejarlo el embajador Jorge Aja Espil- viajó a Washington para estar presente en la firma del Tratado del Canal de Panamá, entre Jimmy Carter y el panameño Omar Torrijos. Durante su estadía en Washington, el mandatario argentino tendría una conversación a solas con el presidente norteamericano. Para que la cita se realizara, entre otros, mediaron Carlos Andrés Pérez y el secretario general de la OEA. En el momento que Videla comenzaba su visita a Washington, la Armada dejó trascender que no participaría de los ejercicios conjuntos UNITAS (por el bloqueo a los créditos para compra de armas) y es secuestrado el profesor Alfredo Bravo por un "comando operativo".

El 9 de septiembre de 1977, a las 9 de la mañana, Carter y Videla se encontraron personalmente, en el Salón Oval de la Casa Blanca acompañados por sus respectivos asesores. El borrador de la conversación fue escrito por un funcionario del Departamento de Estado.

Entrando en tema, Carter dijo que las relaciones entre ambos países "han tenido altibajos a lo largo de la historia, las circunstancias temporales que impidieron las relaciones cercanas siempre se han superado por la identidad básica de los intereses de las naciones", según destaca la minuta de la conversación. En un gesto de buena voluntad le observó a Videla que su español era el más claro y fácil de entender y agradeció la hospitalidad con que se lo había recibido a Terence Todman, subsecretario de Asuntos Latinoamericanos en su última visita. Luego afirmó que esperaba "una discusión franca sobre dos temas principales con el objetivo de optimizar las relaciones entre las dos naciones" y pasó a tratar dos cuestiones que le había aconsejado el Departamento de Estado: 1) la política nuclear de la Argentina y 2) la cuestión de los derechos humanos.

El borrador también destaca que Carter dijo que la cuestión nuclear "es el mayor problema que enfrenta el hemisferio y, debido a que la Argentina lidera a las naciones latinoamericanas en tecnología nuclear, esperaba que también pudiera liderar el establecimiento de una zona libre nuclear y la prevención e introducción de explosivos nucleares". El mandatario pidió entonces que la Argentina aceptara y ratificara el Tratado de Tlatelolco (Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina).

Al respecto, Videla contestó que su país tenía un uso pacífico de la energía nuclear, señalando que en aquel momento se estaba utilizando un reactor nuclear, un segundo en construcción y un tercero en etapa de planificación (en la actualidad están en uso Atucha I y II y Embalse de Río Tercero mientras que Estados Unidos tiene 97 usinas). Tras decir esto, el argentino hizo una exposición sobre la materia y sus relaciones con Canadá y la posición de Australia. No rechazó firmar el Tratado pero dijo que su gobierno apenas llevaba 18 meses luego de "su crisis nacional más grave por lo que el gobierno debe tener especial cuidado de no perturbar el progreso hacia la normalidad", de acuerdo al escrito. Dijo también que tan pronto las condiciones lo permitiesen, quizás antes de fin de año, daría una prueba de buena voluntad de su gobierno ratificando la no proliferación nuclear, ratificando el Tratado de Tlatelolco, algo que no hizo y recién se ratificaría en la década del noventa.

Seguidamente, Carter sacó la cuestión de los derechos humanos y tras un ligero tratamiento del tema en el que expresó que esperaba que la seguridad y la fortaleza del gobierno argentino condujeran "al alivio de las preocupaciones expresadas por muchos sobre la observación de los derechos humanos en la Argentina", destacó la preocupación y el interés particularmente alto sobre la cuestión, en la prensa de los Estados Unidos. Dijo que un grupo de Washington (era el COHA, "Consejo de Asuntos Hemisféricos" dirigido por Larry Birns) había proporcionado una lista de 3 mil personas detenidas sin aviso previo de su arresto o cargos en su contra. Citó dos casos que llamaron mucho la atención en la prensa: el del editor Jacobo Timerman y la familia Deutsch.

Videla respondió con una introducción sobre el estado en que encontró el país el 24 de marzo de 1976 que llevó a que "las Fuerzas Armadas de mala gana tomaran el control para llenar el vacío de poder" y dijo que "todas las guerras tienen consecuencias indeseables y la Argentina ha sufrido todas estas desgracias de la guerra… el pueblo argentino se opuso al terrorismo". Luego de señalar sus esfuerzos para controlar los abusos de poder, dijo que no podía aceptar la imagen de una Argentina brutal e incivilizada y el intento de aislar a su país de aquellas naciones que compartían sus valores básicos y necesitaba la comprensión de países los amigos como los Estados Unidos. "Estuvo de acuerdo en aceptar la lista de nombres", dice el borrador, y, siempre de acuerdo a ese documento, dio cifras de detenidos, investigados y liberados.

"El presidente Videla fue reacio a dar una fecha –dice el borrador—pero esperaba y deseaba que los problemas de los detenidos pudieran resolverse para la Navidad de 1977. Haría un gran esfuerzo para lograr esto y mientras tanto esperaba el entendimiento de Estados Unidos". A una pregunta de Carter, Videla respondió que los tribunales argentinos "son instituciones independientes y operaban más allá del control del Poder Ejecutivo" y Carter expresó su deseo de "ayudar a restaurar una apreciación de Argentina y lo que su gobierno representa". Luego preguntó "si en algún futuro próximo, después de Navidad, podía ser posible que representantes de la OEA o Naciones Unidas visiten la Argentina, no en el sentido de investigar eventos, para confirmar el progreso realizado por el gobierno" y Videla agradeció por enviar delegados de esos organismos y proporcionar la lista.

Según el borrador, Videla "admitió que hubo desapariciones en la Argentina por cuatro razones: 1º cuando el subversivo pasa a la clandestinidad; 2º cuando el terrorista es asesinado por sus cómplices por una sospecha de traición; 3º terroristas que cayeron en combate y 4º las personas que fueron asesinadas por los excesos cometidos por las fuerzas de represión". Finalmente el representante argentino lamentó que fuera necesario dedicar el poco tiempo disponible para la discusión de estas dos cuestiones y no un sinnúmero de cuestiones bilaterales restantes que deberían ser tratadas y Carter dijo que lamentaba pero que el presidente del Uruguay estaba llegando con puntualidad.

De acuerdo con las notas tomadas durante el encuentro presidencial, el presidente Carter agradeció la presencia del mandatario argentino por su presencia en la ceremonia de la firma del Tratado del Canal de Panamá. También le complació que brindara una oportunidad para mantener conversaciones sobre temas de interés común. A las primeras palabras, Videla expresó su satisfacción por la oportunidad de presenciar la firma del Tratado "así como la oportunidad de tener una discusión cara a cara" con el jefe de la Casa Blanca.

Tras la entrevista presidencial, en una conferencia de prensa, en la capital de los Estados Unidos, Videla prometió una Navidad sin presos políticos. También mantuvo entrevistas con políticos norteamericanos, columnistas (James Reston) y editores de diarios. No le fue mal al presidente argentino: pudo afianzar la imagen de un presidente "moderado" rodeado por un "grupo de caníbales", como dejó traslucir un comentario periodístico estadounidense.

"¿Hacia dónde vamos?" preguntaba el periodista Victorio Sánchez Junoy desde la tapa de La Opinión (intervenido por el régimen militar). No se sabía. Existían muchas voces con tonos muy diferentes. "La Argentina perdió el siglo XX", decía el titular de Planeamiento. "Esta no es hora de comité sino de hacer obras", respondía Albano Harguindeguy desde Santa Rosa, La Pampa. El peronismo "debe pasar una cuarentena moral y cívica", clamó el almirante (R) Isaac Francisco Rojas, en un acto en el Luna Park.

El 21 de noviembre, como cerrando el año, llegó al país el secretario de Estado, Cyrus Vance, al frente de una importante delegación. La entrevista más tempestuosa del funcionario fue con el almirante Emilio Massera, quien luego de las presentaciones de estilo entró en tema señalando que la restricción al programa de ayuda militar representaba un agravio para la Marina de Guerra. Vance atinó a responder que obedecía a los nuevos lineamientos de la política exterior de su país, sustentada en el respeto a los derechos humanos. Y aprovechó para dejar constancia que durante el secuestro de Oscar Serrat, periodista de Associated Press, según su información, había pasado por la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), "lugar donde suceden cosas muy raras".

En tanto, con Videla, el secretario de Estado trató la cuestión de la firma del Tratado de Tlatelolco. El presidente de facto prometió ratificarlo, pero nunca lo hizo. La visita al comandante de la Fuerza Aérea, Orlando Ramón Agosti, fue corta, inocua y aburrida, pero estaba obligado a hacerla: hablaron de Washington, ciudad en la que el jefe aeronáutico había vivido en años anteriores. Según afirmó un embajador argentino en off the record, Vance no estaba de acuerdo en visitar personalmente a cada uno de los miembros de la Junta Militar. Según la embajada, Vance debía ser recibido por la Junta y luego retirarse a conversar directamente con el presidente Videla.

Poco antes de partir de Buenos Aires, también en off the record, un alto miembro de la delegación norteamericana le dijo a un periodista argentino, que se iba "abrumado por la mediocridad del elenco gobernante en su país".

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