El asesinato del juez Quiroga: sabía que estaba condenado a muerte por el terrorismo y recibió 14 balazos en el cuerpo

El domingo 28 de abril de 1974 Jorge Vicente "Tito" Quiroga, el ex juez de la Sala III de la disuelta Cámara Federal Penal, intentaba sobrellevar sus cuarenta y ocho años de vida con grandes carencias, el trabajo le era esquivo por la simple razón de que había sido miembro del "Camarón", la Cámara Federal Penal de la Nación que había juzgado los delitos relacionados con las actividades subversivas entre 1971 y 1973.

El 25 de mayo de 1973, la misma noche de la entrega del poder al presidente Héctor Cámpora, se abrieron las cárceles y todos los miembros de las organizaciones terroristas salieron en libertad.

La clase política de la época—aquella que no era cómplice de los liberados— imaginó que en esas horas se volvería al estado de derecho y que la paz reinaría en la Argentina. Simplemente desconocía lo que era "la guerra popular prolongada" para las organizaciones armadas, y no fue así porque los liberados volvieron para manchar de sangre a la sociedad argentina.

"Tito" Quiroga sabía que estaba condenado a muerte por el terrorismo. No tenía trabajo, carecía de jubilación y estaba a la intemperie a pesar de las numerosas amenazas sobre su vida.

Era un fanático de Boca Juniors –en ese momento dirigido por Rogelio Domínguez-, tanto es así que se solía contar que junto con su amigo Horacio Rébori había salvado al club del escándalo de los "bonos patrimoniales" para financiar la Ciudad Deportiva que nunca fue terminada. Juntos con Rébori eran jueces de Instrucción y a los dos les ofrecieron integrar la Cámara Federal. Quiroga aceptó pero su amigo prefirió no pegar el salto.

Ese 28, tras almorzar con su familia, iba a buscar a su amigo para ir a la cancha, cuando a la altura de Viamonte 1506 se le acercó una moto con dos muchachos. El acompañante saltó con una ametralladora Halcón en la mano y descargó sobre su cuerpo una ráfaga de catorce balazos. Cayó en estado de agonía y murió más tarde en el hospital Rawson.

Como magistrado Quiroga había intervenido en la investigación de numerosos delitos de carácter subversivo entre 1971 y 1973. Le tocó llevar el primer caso del mal llamado "Camarón" –el copamiento del pueblo Santa Clara de Saguier, en Santa Fe—, pero el más resonante fue el intento de evasión de miembros de las organizaciones armadas del Penal de Rawson en agosto de 1972, que culmino en una masacre dentro de una base naval el 22 de agosto de 1972.

Un simple testigo pudo tomar la numeración de la chapa de la moto y así la policía llegó hasta la casa de la calle Fragata Sarmiento 1071, en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, donde fue hallado un rastrojero robado, documentación del ERP-22, una ametralladora, explosivos, municiones y unas anotaciones con datos sobre un funcionario judicial que estaba secuestrado desde el 26 de agosto de 1973. Era Carlos Alberto Bianco, prosecretario general de la Cámara Federal y de acuerdo a las investigaciones la inteligencia del ERP-22 había obtenido los datos sobre Quiroga que le fueron arrancados a Bianco.

En el marco de las investigaciones son detenidos Raúl Argemí y Marino Amador Fernández y quedan incursos y condenados por los delitos de asociación ilícita, tenencia de armas de guerra, acopio de munición y uso de documentación falsa en concurso real. Cuando se investiga el caso en profundidad, se llega a relacionar a los asesinos de Quiroga con los del contralmirante Hermes Quijada.

Al contralmirante Quijada le tocó relatar por cadena nacional lo que había sucedido en la Base Almirante Zar el 22 de agosto de 1972, porque era jefe del Estado Mayor Conjunto. Explicó lo que pudo. Gran parte no le creyó.

Tampoco se prestó atención a su advertencia: "Es necesario comprender que la amplitud y la integralidad de la acción subversiva debe ser enfrentada por toda la ciudadanía. Así y solamente así podremos desterrar la violencia y tendremos la oportunidad para vivir en paz y justicia".

Cuando terminó el jefe de su custodia le dijo: "Acaba de firmar su sentencia de muerte".

Quijada imaginaba que podía sufrir un atentado y estaba preparado: "Quédese tranquilo, adonde apunto pongo la bala", le dijo a un colega.

Cuarenta y ocho horas antes de morir comió con un amigo en el Centro Naval y le confesó su preocupación porque estaba enterado que podía sufrir un atentado contra su vida. El día 30 de abril de 1973, lo mataron, cuando la tapa de La Nación informaba entre otros dichos de Cámpora que la "ley de amnistía sería amplia, generosa y justa".

A las 9.15 de la mañana, el Dodge GT blanco se paró en Junín casi esquina Cangallo. Desde atrás una moto frenó, se bajó Víctor José "El Gallego" Fernández Palmeiro y acercándose por la derecha vació un cargador de su ametralladora Halcón sobre el cuerpo de la víctima. Tras esto volvió a subir a la moto y comenzó la fuga.

Pero el chófer y custodia de Quijada alcanzó a tirar varios tiros y pegarle a Fernández Palmeiro que llegó herido a la Facultad de Derecho, donde lo esperaba un auto para trasladarlo a un escondite. Para unos fue alcanzado en el estómago, para otros tenía perforado un riñón. Le ofrecieron llevarlo a una clínica pero se negó.

La escena de su muerte, relatada por un amigo, es demencial: hizo venir a sus íntimos, pidió una botella de whisky y se rapó… quedó recostado en un sillón hasta que murió desangrado.

Horas más tarde la policía, enterada por un llamado anónimo, se apersonó en el 5º piso de Charcas 3678, encontrando el cadáver de Fernández Palmeiro. Abajo, en la entrada del edificio, había varias coronas de flores artificiales con algunas dedicatorias: "Tu último compañero de tareas", "Tus compañeros", "No te olvidaremos".

El ERP-22 denominó el atentado "Operativo Mercurio" (por Mercurio, dios romano, asociado al dios griego Hermes) e intervinieron 12 personas. El conductor de la moto fue el mismo que ayudó a asesinar al año siguiente al juez Jorge Quiroga.

En esos momentos, la tan ansiada reconciliación – y la paz – buscada por la Ley de Amnistía de 1973 nunca se concreto. El clima de violencia era tan descontrolado que el senador Leopoldo Bravo dijo durante el debate de la Ley 20.840 de represión a las actividades subversivas: "Creo que lo que estamos haciendo hoy no puede llevar a la convicción de los argentinos la idea de que se trata de un programa para detener esto que constituye ya realmente una guerra civil".

Entre la ola de asesinatos y atentados, por ejemplo, al día siguiente del asesinato de Quiroga, recuperaría su libertad Víctor Samuelson, gerente general de ESSO después de cuatro meses de cautiverio en manos del PRT-ERP. Su liberación fue a cambio de un pago de 12 millones de dólares.

Frente a la situación que se vivía, el 27 de abril de 1974, el presidente constitucional Juan Domingo Perón firmó el Decreto Secreto 1302 aprobando las directivas "para los conflictos graves", "Topo" y "Yacaré", destinadas a enfrentar "la subversión armada de grupos radicalizados que buscan la toma del poder para modificar el sistema de vida democrático pluripartidista".

Un informe del 15 de abril de 1973 de la Inteligencia Militar había puesto la lupa sobre el ERP-22 de Agosto. Era otra fracción PRT-ERP que había roto con su jefe Mario Roberto Santucho para acercarse al peronismo.

En realidad la comunidad informativa atendió con más interés al ERP-22 que a la otra Fracción Roja. A través de una carta interferida a Mademoiselle Metayer 22, Rue des Petit Thomas, París 3e, Francia, dos dirigentes del ERP que no se identifican, remiten dos cartas en idioma francés y alemán, e informan "la escisión existente en el seno del PRT y consecuentemente con el ERP". La carta en francés tiene una posdata: "'Carlos' (uno de los nombres de guerra de Santucho) desplaza las discusiones del terreno político al plan 'complot'. La música de fondo es cubana (PC aliado estratégico, etc; Checoslovaquia etc)… Ayer se supo que el CM (Comité Capital del PRT-ERP) había roto con el Partido llevándose todo el activo de 350 millones de pesos".

En otras palabras, habían nacido el ERP-FR trotzkista (luego LCR o Liga Comunista Revolucionaria) y el ERP-22 (luego EL-22 o Ejército de Liberación 22 de Agosto) y este último –entrista- se incorporó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que se fundirían con Montoneros el 12 de octubre de 1973, el mismo día que asumió Perón su tercer mandato constitucional.

Existe un "Documento Base", con el sello "Estrictamente Secreto y Confidencial", sobre las "Organizaciones Armadas Clandestinas" realizado por la Central Nacional de Inteligencia el 7 de octubre de 1974 (presidencia de Isabel Perón) que modifica y actualiza uno anterior.

En el capítulo que corresponde al ERP-22 aparecen los nombres de los asesinos de Quiroga.

También señala que el ERP-22 tuvo como hechos más resonantes: los asesinatos de: contralmirante Hermes Quijada (30 de abril 73); secuestro al empresario televisivo Héctor Ricardo García ("Operación Poniatowski" (8 de marzo de 73), Miguel Ángel Titi Castrofini (8 marzo 74); ex juez Jorge Vicente Quiroga (28 Abril 74); profesor Jordán Bruno Genta (28 Octubre 74) y profesor Carlos Alberto Sacheri (22 Diciembre 74).

Raúl Argemi no era un desconocido para las fuerzas legales. Había participado el 29 de enero de 1972 en el robo de 450 millones de pesos del Banco Nacional de Desarrollo, hecho que lidero Osvaldo Sigfrido De Benedetti, (a) el "Tordo", liberado de la cárcel de Devoto el 25 de mayo de 1973, donde se encontraba condenado a 12 años de prisión por el secuestro y asesinato del empresario italiano de la FIAT Oberdam Sallustro. También su nombre va a aparecer en el contexto del asesinato del comandante del Cuerpo II, teniente general Juan Carlos Sánchez, el abril 10 de 1972, un operativo conjunto del PRT-ERP y las FAR.

No era la primera vez que se atentaba contra un integrante de la Cámara Federal. Ya en 1971 intentaron matar a Carlos Enrique Malbrán en la puerta de su casa y lo hirieron en sus piernas. Luego del asesinato de Jorge Quiroga, le llegó el turno al camarista Eduardo Munilla Lacasa, en Bellavista, y se salvó porque huyó en la bicicleta de un transeúnte.

Los atentados físicos fueron acompañados por otros hechos persecutorios contra todos los miembros de la Cámara Federal Penal. Al personal que tenía menos de tres años de antigüedad se lo cesanteó sin ninguna clase de indemnización. A otros se los degradó y fueron destinados a los lugares más inhóspitos para que abandonaran el Poder Judicial. Parecían leprosos.

El jefe de la Policía Federal designado por Juan Domingo Perón, Comisario General Alberto Villar le dijo a José Ignacio Garona, uno de los miembros de la Cámara Federal, en septiembre de 1974: "Ustedes están todos condenados a muerte y no les podemos garantizar la vida". El 1º de noviembre fue asesinado el propio jefe de la Policía Federal por un comando de Montoneros.

Ante tales evidencias varios de los miembros de la Cámara se refugiaron en el exterior. Jaime Smart en Venezuela; Carlos Enrique Malbrán partió a Perú y Ernesto Benito Ure, Juan Carlos Díaz Reynolds, Eduardo Munilla Lacasa, Nino García Moritán, Enrique Avendaño y José Ignacio Garona en Uruguay.

Tras el asesinato de Quiroga, el juez Rafael Sarmiento los sentenció a Argemi y Fernández a cumplir 25 años de prisión por tenencia de explosivos y armas de guerra, acopio de municiones, asociación ilícita calificada y portación de documentos falsos en concurso real. En la condena también se les sumó su participación en el "Operativo Mercurio", el asesinato del contralmirante Quijada. Tras 10 años de prisión, el 15 de agosto de 1984 fueron liberados gracias a reducciones de penas y otra amnistía.

Raúl Argemi se fue a vivir a España y se dedicó a escribir, según los críticos, novelas negras. Años más tarde fue indemnizado por el Estado Nacional y así figura en su expediente: Argemi, Raul, DNI 4.646.482, mediante Liquidación 2335, en Octubre de 1994, cobró $209.409 (pesos-dólar), beneficiado por la Ley Reparatoria 24.043, en reclamo iniciado en 1992, mediante Expte. 330.381.

Su cómplice no le fue a la zaga: Fernández Marino Amador, DNI 6.082.085, mediante Liquidación 12.651, en Septiembre de 1999, cobró $ 236.960 (pesos-dólar), beneficiado por la Ley Reparatoria 24.043, en reclamo iniciado en 1998, mediante Expte. 440.275.

El juez Quiroga sabía que sus sentencias iban a ser replicadas en algún momento pero no se detuvo.

A partir de su asesinato ningún funcionario de la Justicia se animó a dictar ninguna resolución sobre el accionar de las organizaciones armadas que asolaron la Argentina hasta 1976. Es decir, el Estado no tenía respuesta. En su homenaje los miembros de la Justicia pusieron una placa de bronce en su memoria en el Palacio de Tribunales. Con el kirchnerismo fue sacada.

Como un signo trágico de los tiempos que sobrevendrían, en 1985 cuando subía las escalinatas de tribunales para asistir al juicio a las juntas militares, Jorge Quiroga (h) se topó con los asesinos de su padre que caminaban lo mas campantes por las escaleras del Palacio de Justicia. Indignado escribió varias cartas de lectores a los más importantes matutinos. Nadie se la publicó.

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