La increíble captura de "Sérpico", el represor de la ESMA que vivía como exitoso empresario en México

Agosto de 2000 fue un mes agitado en la vida del periodista argentino José Vales, corresponsal del diario mexicano Reforma en Buenos Aires. Vales pasó las últimas horas del domingo 10 de agosto con una noticia que no era de Buenos Aires, salvo por sus raíces: la detención en el aeropuerto Fiumicino de Roma del mayor retirado del Ejército Argentino Jorge Olivera.

Antes de mandar el artículo, Vales quiso hablar con uno de los editores de Internacionales, para decirle que era el segundo represor argentino detenido fuera del país. El primero había sido el represor de la ESMA Adolfo Scilingo, preso en Madrid.

Pasados unos días, Vales recibió un pedido desde México que lo alejó del caso Olivera. El tema: sospechas de corrupción en la privatización del Registro Nacional de Vehículos (Renave) mexicano. Le pidieron que metiera la nariz porque una de las empresas adjudicatarias era argentina, Talsud, y el apellido del director, Cavallo, no decía mucho. Lo sospechoso era que obtuviera el monopolio para empadronar nada menos que 14 millones de autos, unos 400 millones de dólares anuales de facturación.

El tal Cavallo había formado Talsud en 1998 y hasta hacía poco era la empresa que entregaba los carnés de conducir en Buenos Aires (a través de una asociada, Seal Lock) y en las provincias de La Rioja y Mendoza.

La página web de Talsud presentaba a la empresa como los "líderes mundiales en la prestación del servicio integral de emisión utilizando la tarjeta inteligente", para lo cual ostentaba vínculos en El Salvador, Bolivia, Paraguay y Uruguay, lugares donde los militares argentinos habían participado de la represión. Los otros países eran Israel o Zaire, donde además de carnés de conducir, Talsud se encargaba de registro de armas y emisión de moneda.

Buscado

Lo que todavía no sabían en la redacción de Reforma era que Cavallo había sido parte de los grupos de tareas de la ESMA y que era buscado por el juez Baltazar Garzón desde España.

El nombre de Cavallo había aparecido en el juicio de Garzón hacia junio de 1998, junto a otros oficiales de la ESMA, a partir del testimonio del periodista argentino Juan Gasparini, que había pasado más de un año cautivo allí.  Cavallo no sólo había participado de su secuestro, sino que ese mismo día había formado parte del secuestro de su esposa, que nunca más apareció.

Enrique Fuckman, otro ex prisionero, había conocido a Cavallo en otras funciones: en una época torturaba prisioneros en Capuchita y en otra era responsable de la Pecera, donde estaban los detenidos "en proceso de recuperación".

Otro ex detenido, Víctor Basterra, había aportado al juez Garzón una copia de la foto que él mismo le había tomado en la ESMA. Esa foto sirvió para hacer el documento a nombre de Miguel Ángel Cavallo y que los detenidos daban como su nombre auténtico: no sabían que su verdadero nombre era Ricardo Miguel.

El domingo 20 de agosto, cuando en México recién estaban cerrando la edición para el lunes. La llamada desde la redacción que recibió Vales encendió sus sospechas sobre el nombre en cuestión:

-Pepe, a uno del equipo de prensa del Renave se le escapó que Cavallo fue militar… – le dijeron.

Todo se fue aclarando rápido: al día siguiente recibió desde México lo que había pedido.

El primer fax que le mandó su jefe fue el currículum de Ricardo Cavallo, de 49 años, cuyas actividades profesionales arrancaban recién en 1990, según había consignado ante las autoridades mexicanas.

El segundo fax que le llegó de Reforma era el certificado de Migraciones usado por Cavallo para ingresar a México en agosto de 1998: había entrado como un simple turista y, sin embargo, al mes ya le habían dado el permiso de residencia y de trabajo; un trámite que para la mayoría de los inmigrantes, demanda muchos meses.

Una acusación en España

El nombre de Cavallo había aparecido por primera vez en el juzgado de Garzón hacia julio de 1998, en el folio 17.985, como acusado por los detenidos en la ESMA.

Cuando, en diciembre de 1999, Garzón dictó un auto de procesamiento contra 98 militares argentinos, Cavallo no apareció sólo por error: la lista original -presentada por la Acusación Popular- era de 104 y cuando el abogado argentino Carlos Slepoy leyó la resolución, se fue a la Audiencia Nacional:

-Señor juez, faltan seis – le avisó al magistrado.

-Tiene razón. Ya enmendaré el error – le respondió Garzón.

Pero en ese agosto de 2000, el cuadro era complicado. Garzón estaba de vacaciones hasta el 28 de agosto y retomaba sus causas al día siguiente. El juez que tenía a cargo el juzgado número cinco era el titular del juzgado número uno, Guillermo Ruiz Polanco.

Hasta entonces, Slepoy estaba convencido de que Cavallo era Miguel Ángel y que estaría usando un documento falso. Pero la realidad era que Cavallo estaba usando su verdadero nombre: Ricardo Miguel. Había pocas cosas a favor.

El miércoles 23, los directivos de Reforma se habían reunido con Cavallo. Habían ido a verlo y Cavallo se había mostrado muy tranquilo: les dijo que se iría a la Argentina y que desde allá traería la documentación que probaba que la información sobre él era falsa. Dicen que estaba muy sereno.

En México

Varias personas estaban tramitando ante el procurador general una "orden de detención por averiguación de antecedentes". Eso serviría, al menos, para evitar que Cavallo saliera de México y demorarlo un día o dos. Sin una orden de detención que lo acusara de los delitos que realmente había cometido, "Sérpico" (como se lo conocía también en los grupos de tareas) se burlaría de la Justicia. Llegaría a la Argentina, donde se sentiría refugiado.

Todo coincidía: el argentino que dirigía el Renave en México era el ex capitán de corbeta Ricardo Ángel Cavallo,"Sérpico", "Marcelo" o "Miguel Ángel", tal como lo llamaban en la ESMA, el mayor de los 340 centros de detención clandestina, verdaderos campos de exterminio que funcionaron en la Argentina entre 1976 y 1983 y donde fueron torturadas 5.000 personas, de las que sólo se salvaron 200.

La valiosa nota de Vales

Desde la redacción de Reforma, en México, su jefe advirtió a Vales que el director del diario se había reunido con Cavallo y que éste le dijo que iría a la Argentina de inmediato a traer la documentación necesaria para aclarar todo.

Vales no perdió el tiempo y su nota salió publicada al día siguiente, jueves 24 de agosto: "Ricardo Miguel Cavallo, actual director del Registro Nacional de Vehículos en México, fue reconocido ayer en una foto por cinco ex presos argentinos, como su torturador", encabezó el artículo y añadía: "Una serie de evidencias también señala al empresario Ricardo Miguel Cavallo como el supuesto ex militar y torturador argentino entonces conocido como Miguel Angel Cavallo y hoy acusado en España por el juez Baltasar Garzón de robo de autos, falsificación de documentos, terrorismo y tortura".

Mientras estaba en el grupo de tareas de la ESMA, Cavallo le pidió al detenido Mario Villani que le hiciera un documento falso con su apellido pero con nombre "Miguel Ángel" en vez de Ricardo.

Vales, aclaró que la cédula de identidad 6.275.013 estaba con ambos nombres. Luego consignaba que "cinco ex detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar reconocieron en una foto de 1971 a quien presuntamente los torturó".

Subir al avión

Cavallo, de inmediato, apuró el viaje. Pero no pudo escapar al asedio periodístico aquel jueves 24 de agosto. En el aeropuerto de la capital mexicana, dos cronistas de Radio Monitor y Radio Red lo encararon con sus grabadores poco antes de ir a la sala de embarque para preguntarle si había tenido relación con la "guerra sucia". Para eludirlos, contestó:

-Bueno, hace muchos años yo estaba en la Marina de mi país…

-El periódico Reforma de hoy dice que es donde usted operaba y que ahí era donde torturaban y mataban – le retrucaron.

-Desconozco – contestó.

Respiró tranquilo: el vuelo de Mexicana lo conduciría de regreso a la Argentina, donde lo resguardaban las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Estaba a salvo, sólo faltaba una escala en Cancún. Sin embargo, a pocos minutos de llegar a ese lugar de arenas blancas y mar cálido, un agente de Interpol le dijo:

-Señor, nos tiene usted que acompañar.

El policía le mostró una orden firmada por el jefe de Interpol-México, Juan Miguel Ponce Edmonson. Además de gozar de prestigio, Edmonson era un buen policía y estaba casado con una mujer argentina y había conocido a muchos exiliados argentinos, entre ellos a Juan Manuel Abal Medina, antiguo delegado personal de Juan Perón que ahora tenía actividades como asesor en el Estado mexicano.

En Madrid

La situación se presentaba complicada para el marino, pero si no había un pedido del juez Baltazar Garzón desde Madrid en las próximas horas, Cavallo podría pedir su libertad. Era agosto y Garzón estaba de vacaciones.

El abogado argentino Carlos Slepoy, puntal en la lucha para que España pudiera juzgar a los militares argentinos por los tratados internacionales que admitían "la jurisdicción internacional en delitos de lesa humanidad", se movió de inmediato. Habló con el juez Guillermo Ruiz Polanco, quien tenía la causa mientras Garzón descansaba y debía lograr un pronto pedido de extradición. A favor, estaba la cantidad de artículos de prensa que salían en España y otros lugares, dando cuenta de que Cavallo tenía como uno de sus socios a Jorge Rádice, también represor de la ESMA y buscado por Garzón.

Mientras los medios seguían hablando de Cavallo, el represor estaba incomunicado en el calabozo de Ciudad de México, donde lo habían trasladado en avión desde Cancún. Slepoy sabía que el tiempo estaba a favor de Cavallo. Fue a ver a Ruiz Polanco el día antes de que expirara el plazo de extradición. El juez le dijo que consultaría por teléfono con Garzón y al rato le dio la respuesta:

-Pasen a las dos de la tarde.

A esa hora volvió Slepoy, a quien el tiempo se la hacía infinito. Como a las cinco de la tarde, Ruiz Polanco lo hizo pasar para decirle:

-Estoy haciendo el auto de prisión.

Eso significaba que Cavallo no podría eludir la extradición.

En pocos días llegaron a Madrid varios ex detenidos de la ESMA, entre ellos el periodista Juan Gasparini, residente en Suiza, quien confirmó en el juzgado que Cavallo formó parte del grupo que lo llevó esposado hasta su domicilio donde se encontraba su mujer, Mónica Jáuregui, y otra militante de Montoneros, Elba Adaya. Ambas fueron asesinadas en el momento.

También se reavivó el caso de Thelma Jara de Cabezas, que en mayo de 1976, a los 46 años, era madre de Plaza de Mayo desde el secuestro y desaparición de su hijo Gustavo, de 17 años.

En enero de 1979, viajó a Puebla, México, para interesar a los obispos reunidos en la Conferencia Episcopal Latinoamericana sobre lo que sucedía en Argentina.

Tres meses después, el 30 de abril, la secuestró un grupo de tareas y la llevaron a la ESMA donde fue torturada por el propio Cavallo. En agosto, acompañada por el propio Cavallo, fue llevada a Montevideo para montar una patraña: ser entrevistada por una supuesta periodista y dar testimonio de que se quedaba en ese país porque los montoneros la buscaban para matarla. La nota salió en Para Ti.

De España a la Argentina y la condena

Finalmente, el 1 de septiembre de 2000, el juez Garzón firmó el procesamiento de Cavallo. Lo acusó de participar en 264 desapariciones de personas y de 159 secuestros y aplicación de tormentos. Cada caso, en el escrito del juez, tenía la información sumaria de la fecha de detención, y la aclaración de si había sido liberado o no: en el 90 por ciento de los casos, decía "desaparecido".

Diez días después, se hicieron los trámites de extradición. El 12 de enero de 2001 al mediodía, el acusado fue notificado por la Justicia mexicana de que sería llevado a Madrid para ser juzgado.

Mientras esperaba en la prisión española, en 2003 se anularon en la Argentina las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Cuando se retomaron las acusaciones judiciales para quienes gozaban de impunidad, la Audiencia Nacional de España decidió que correspondía que Cavallo fuera juzgado en su propio país. Trasladado a Buenos Aires, debió comparecer en los tribunales federales, que lo condenaron a cadena perpetua.

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