Preocupación y dudas por los resultados del primer censo sobre salud mental: hay una persona internada hace 90 años

Durante la semana se dieron a conocer los resultados del primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, relevamiento dispuesto por la ley 26.657, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013. El censo fue realizado por la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación -ex Ministerio de Salud- y la Organización Panamericana de la Salud entre los años 2018 y 2019.

El mes pasado Infobae publicó la historia de Stella Maurig, una mamá que apuntó a la ley. "No me dejaron internar a mi hijo y se terminó pegando un tiro", expresó la mamá de David, enfermo dual, adicto y que sufría además dos padecimientos mentales. Su caso -por fuera del hecho particular- volvió a traer el debate sobre la Ley de Salud Mental de 2010, de la que acaban de conocerse los primeros números.

En medio de estas posiciones encontradas, entre las asociaciones, especialistas, organizaciones de derechos humanos, médicos psiquiatras, psicólogos y otros trabajadores de la salud que se muestran en igual medida a favor y en contra de la ley, fueron publicados los primeros números oficiales. Para muchos, las cifras evidenciarían un grave problema y para otros no reflejarían la realidad de la situación.

Entre las que más impacto generaron está por ejemplo el elevado tiempo de permanencia de los pacientes internados.

Según los datos volcados en el documento, las 162 instituciones monovalentes que hay en Argentina cuentan con 12.035 personas internadas por motivos de salud mental. El 52% reside en establecimientos públicos y el 48% en privados. El tiempo promedio de permanencia en estos centros es 8,2 años, número que aumenta a 12,5 en el sector público. Del total de personas, 1 de cada 4 lleva entre 11 y 90 años internada.

Este último dato corresponde a una persona internada en el país por problemas de salud mental, que fue ingresada cuando tenía sólo 6 años y que hoy tiene 96. Su identidad como así también el lugar del país donde se encuentra, al igual que ocurre en el resto de las categorías, no fueron dados a conocer para preservar a los pacientes.

"El promedio de internación es elevadísimo, es muchísimo teniendo en cuenta que según la ley las internaciones proceden cuando hay un riesgo de peligro cierto o inminente", le explicó a Infobae, Celeste Fernández, Coordinadora del Área de Discapacidad y Derechos Humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entidad que se pronunció públicamente sobre el tema.

En paralelo desde la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), criticaron el relevamiento y fueron enérgicos a la hora de manifestarse en relación por ejemplo al elevado promedio de tiempo de internaciones: "Rechazamos esta afirmación por falsa y por amañada. El promedio de internación en la mayoría de los hospitales de especialidad del país no supera los treinta días. Cualquier persona que se encuentre internada en un hospital monovalente por años es una persona abandonada por el Estado: no está allí por motivos médicos ni psicológicos sino por motivos sociales, económicos y políticos".

Desde el gobierno mientras tanto celebraron el censo y en diálogo con la agencia estatal Télam , director nacional de Salud Mental y Adicciones, Luciano Grasso, destacó la labor de las 751 personas que participaron del relevamiento en las 21 jurisdicciones de Argentina en las que existen instituciones especializadas en salud mental.

"Con esta información se pueden cambiar las cosas. El objetivo central es pasar de los hospitales monovalentes a un sistema de instituciones polivalentes", expresó por su parte a la agencia el secretario de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos de la Nación, Mario Kaler.

Vale recordar que el texto de 2010 preveía el censo cada dos años, es decir que este 2019, cuando deberían haberse conocido por cuarta vez las estadísticas oficiales, en base a las que deberían haberse basado políticas de salud mental acordes, acaban de publicarse los primeros números.

En esta línea Fernández remarcó que si bien desde ACIJ promueven el pleno cumplimiento de la ley, esta estaría teniendo una gran cuenta pendiente en cuanto a su implementación.

"Es cierto que no se aplica como corresponde, la gente está internada hace mucho tiempo, se siguen usando mecanismos considerados crueles por los organismos de derechos humanos, entre otras cosas. Es cierto que la ley no se aplica, pero los que la critican lo hacen poniendo en debate si está bien o si está mal. Eso debe dejar de hacerse, lo que se necesita es cumplir la ley", enmarcó.

Entre otros puntos que llamaron la atención es que al menos el 37,2% de las personas se encuentran alojadas en estos centros por razones sociales o de vivienda. "Hay de todo, hay personas que necesitan poco apoyo y no tienen una vivienda y otras que necesitan de ayuda pero no lo encuentran en sus casas", contó Fernández, que es abogada, sobre una de las problemáticas que inclusive llegó a los tribunales. Desde ACIJ manifiestan que estos números son el reflejo de la falta de dispositivos comunitarios, que debieron ser implementados en los últimos 10 años.

La situación fue constatada por la justicia en la causa "SAF c. Estado Nacional y otros s/amparo" (2015), en la que se condenó al entonces Ministerio de Salud de la Nación y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a crear una red de dispositivos con base en la comunidad para todas las personas que se encuentren internadas en condición de alta. A tres años y medio, la sentencia  todavía no fue cumplida, lo que determinó la imposición de multas al Estado Nacional y de la Ciudad.

Para la Coordinadora del Área de Discapacidad y Derechos Humanos de ACIJ sin embargo el censo es un buen síntoma en vistas de mejorar la situación en el país: "Nosotros realmente valoramos mucho que se haya hecho el censo, obviamente vamos a seguir empujando para que no quede en datos y nada más. Se necesita una política pública, un plan que permita cambiar esto de manera estructural".

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