En abril de 2019 el juez Roberto Gallardo ordenó al gobierno porteño que suspenda "de manera inmediata" la actividad de las firmas Rappi Arg. S.A.S., Kadabra S.A.S. (Glovo) y PedidosYa S.A., porque "transgreden la normativa vigente" comprendida en el capítulo 13 del Código. El 2 de agosto, en plena feria judicial, el magistrado les exigió a las empresas Visa Argentina S.A., Mastercard Cono Sur S.R.L., Tarjeta Naranja S.A. y American Express Argentina S.A. que instrumenten urgente la suspensión y el bloqueo de las operaciones que por su conducto efectúen las empresas sancionadas en virtud de no haber cumplido con lo prescripto en la Ley 5.526. Tres días después, Gallardo confirmó la medida y reiteró la orden de clausura de las plataformas virtuales de delivery de mercadería y alimentos por no estar amparadas por el cumplimiento de la ley vigente.
El sábado comenzó a regir la orden judicial de detención y confiscación de la mercadería. Agentes de tránsito y efectivos de la Policía de la Ciudad montaron operativos en seis puntos específicos de alta demanda gastronómica: las esquinas de Honduras y Malabia, Luis María Campos y Chenaut, Costa Rica y Armenia, Borges y Honduras, Báez y Ortega y Gasset, el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Santa Fe.
Exigen, de acuerdo a la normativa establecida por el titular del Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, una serie de documentación. En caso de motos, licencia de conducir, cédula verde, seguro y VTV, casco, ropa refractaria. Los últimos dos requerimientos también funcionan para aquellos que circulan en bicicleta. A ambos, les piden libreta sanitaria y que la caja en la que transportan la mercadería esté adosada al vehículo y no sobre la espalda del conductor a modo de mochila.
En caso de verificarse el incumplimiento de alguna de estas normas, "los agentes de la Policía de la Ciudad deberán proceder al decomiso de la caja portaobjetos y de su contenido dejando debida constancia". Las cajas quedan retenidas en las comisarías cercanas y los alimentos se derivan al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), al área de análisis bromatológico del Gobierno de la Ciudad o al laboratorio de análisis químicos de la Policía. Por su parte, ningún repartidor podrá ser demorado ni detenido.
Por Palermo, la dinámica cambió. Infobae recorrió la zona en horas del mediodía y encontró pocas referencias de Rappi, Glovo o PedidosYa. La Plaza Serrano, antes sitio de encuentro habitual de los repartidores, estaba desierta. En la esquina de Malabia y Honduras, a las dos de la tarde, había al menos diez empleados de delivery: ninguno llevaba la mínima referencia de estar trabajando para algunas de estas tres aplicaciones.
Lenin, venezolano de Caracas y en Argentina desde hace casi dos años, trabaja ocho horas por día seis días a la semana y gana cerca de veinte mil pesos por mes. Debajo de su campera, asoma el naranja estridente del buzo de Rappi. "No puedo trabajar con la mochila porque sería demasiado obvio y me pueden detener, sacar la mochila y el envío que llevamos", indicó. Su caso es igual al de muchos otros compañeros: "El fin de semana pude trabajar pero esquivando, evitando los controles, porque a muchos compañeros los han detenido. La mayoría ya estamos trabajando con mochilas comunes, de colegio, de viaje".
La aplicación está funcionando, por el momento, sin bloqueos efectivos a las operaciones en tarjetas de crédito. Lenin sigue trabajando con normalidad sin exponer alusión alguna hacia la marca. El único recaudo que tomó es la clasificación de pedidos: no suele aceptar pedidos de pizzerías o de supermercados porque en su mochila no puede garantizar el transporte adecuado para pizzas o paquetes grandes. "Estamos viviendo como si estuviésemos perseguidos, pero lo que estamos haciendo en verdad es trabajando", denunció.
A Julián le confiscaron la caja que había pagado 500 pesos por no contar con la libreta sanitaria. Fue detenido en un control en las avenidas Juan B. Justo y Santa Fe por llevar la campera de PedidosYa. "Me dijeron que es una nueva norma y me sacaron la caja porque transporto alimentos ahí". El oficial le recomendó realizar el trámite en la Provincia porque en Capital demora más tiempo. "Ahora me toca ir a provincia porque el trámite es más ágil. El trámite en capital me demora tres semanas. En ese tiempo yo hago entre 15 y 10 mil pesos. Eso me sirve para mis gastos de alquiler y comida".
Julián es colombiano y hace cinco años que vive en Argentina. Se mudó hace pocos días a una residencia en Palermo. "No sé dónde voy a sacar la plata para pagar el alquiler. La persona que me alquila no me va a decir 'ah, bueno', ¿me entendés?", explicó. De su análisis se desprende la necesidad de regular una actividad nueva, aplicada a la tecnología y que está cambiando los paradigmas laborales: "La discusión es un tema administrativo y de intereses económicos entre empresa y estado. Es urgente que se pongan de acuerdo los de arriba porque, abajo, los que terminamos afectados somos nosotros".
A Alejandro también lo pararon. Llevaba la caja de una de estas tres empresas en cuestión. Le pidieron la documentación de la moto, el chaleco, la libreta sanitaria. Tenía todo en regla y lo dejaron seguir. "Hace cinco días que no salgo a trabajar porque sé que están pidiendo todos los papeles. Decidí parar unos días, perder un poco de plata, para tener todo en regla", reconoció en diálogo con Infobae. "Laburo doce horas por día. Levanto por semana entre doce mil y trece mil pesos. Ni así alcanza. Entre los gastos de la moto, la ayuda para mi familia, llego con lo justo. Saco entre 30 y 40 mil pesos por mes y si me lo quitan, no sabría qué hacer", advirtió.
Vive en Pompeya con su esposa, sus padres y sus hermanos para no pagar alquiler. Era cocinero pero tuvo que dejar porque la paga era mala. En su casa, pagan más de seis mil pesos de luz porque tiene un hermano enfermo al que no pueden exponer a cambios de clima. "Entre los gastos mensuales, la comida, la obra social. Uno llega con lo justo. Ya ni siquiera podemos darnos un gustito de salir a comer afuera una vez por mes".
En el último comunicado de PedidosYa, Glovo y Rappi, el título fue "defender el derecho a trabajar". "Las plataformas cumplen con las normas y regulaciones locales y nacionales, y también han respondido en tiempo y forma a las resoluciones dictadas anteriormente por el juzgado en tal sentido. Por estos motivos informan que apelarán la sentencia y las medidas cautelares para lograr la suspensión de las mismas", anunciaron en el documento.
Esgrimen en su defensa, la transformación paradigmática que fundaron: "Las plataformas no sólo han creado un verdadero ecosistema que dinamiza las economías locales y democratizan la generación de ingresos, sino que también impulsan procesos de transformación de las organizaciones, sus cadenas de valor y el surgimiento de nuevos modelos de negocio, que contribuyen con más generación de empleo y consumo". Aseguran cumplir con todos los requisitos impositivos y cargas sociales previstas y, asimismo, con los seguros complementarios que establece la regulación local. Estiman, a su vez, que dan trabajo a 20 mil personas y que impactan en los ingresos de 12 mil comercios de la ciudad.
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