"No me dejaron internar a mi hijo y se pegó un tiro": la tragedia que reavivó el debate sobre la Ley de Salud Mental

El 14 de julio pasado una mujer llamó al 911 para denunciar que durante la madrugada su pareja le había baleado el auto. Seis agujeros en los cristales  avalaban la versión. "Ahora te quedó ventilado", le escribió por WhatsApp esa mañana su novio.

Dos días después de esa denuncia, personal de la Comisaría Vecinal 5A ingresó a las 11:45 al edificio de Pringles y Humahuaca en el que vivía el hombre. Subieron hasta el octavo piso y antes de que pudieran entrar al departamento, escucharon el estruendo.

David Federico Maurig, de 31 años, papá de dos hijos, se pegó un tiro en la cabeza para escapar de algo que lo perseguía desde hacía más tiempo y lo tenía más acorralado que los efectivos de la Policía de la Ciudad esa mañana.

"Él quería dejar de hacer daño. 'Me voy a volver loco', 'quiero cambiar', me decía, pero no podía. Creo que la libertad a su padecimiento la encontró tirándose un tiro", confió su mamá, Stella Maurig, a Infobae, a menos de una semana de esa decisión definitiva, con la voz entrecortada.

David estaba enfermo. Era un paciente dual, es decir que desde los 14 consumía drogas, pero además sufría dos patologías mentales: bipolaridad y Trastorno Límite de la Personalidad (TLP). Tres veces había estado preso, todas por robo.

"Pasó por tratamientos, hospitales, la cárcel y por último el cementerio", resumió Stella, que hasta 2010 recurrió al artículo 482 del Código Civil de "protección de personas" para internarlo a través de la intervención de un juez. Pero la ley nacional de Salud Mental 26.657, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013, lo suprimió.

Desde 2010, la nueva Ley de Salud Mental, que entre otras cosas incluyó a los adictos dentro de su órbita a través de su Artículo 4°, plantea en el Capítulo VII sobre"Internaciones", más precisamente en su Artículo 16° , que estas medidas deberán contar con el "consentimiento informado de la persona".

En esa línea, su Artículo 18° agrega: "La persona internada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la internación".

El Artículo 20° contempla la internación involuntaria, aunque esta queda sujeta a una serie de condiciones que deben darse para hacerla posible. La norma se apoya en el supuesto de que internar a un paciente contra su voluntad, atenta directamente contra los Derechos Humanos del individuo.

"¿Tiene que ver con los Derechos Humanos que un paciente decida sobre su salud cuando el paciente no está en condiciones de decidir? No lo sé. Me lo pregunto y propongo que se discuta con sociólogos, psicólogos y quienes haga falta", expresó ante la consulta de este medio el Dr. Jorge Gilardi, titular de la Asociación de Médicos Municipales (AMM).

Gilardi está convencido de que la ley de 2010 debe ser discutida. Sin ir más lejos, este mes la Asociación que preside consiguió la firma de un acta acuerdo con el Ministerio de Salud del GCBA para que los neuropsiquiátricos de la Ciudad (como el Borda, el Moyano o el Ameghino) no sean cerrados en enero de 2020, como disponía la misma ley, sino que se apueste a su refuncionalización.

"Hace nueve años cuando sale la ley nosotros le vimos en ese momento un montón de puntos flojos, así como también de aciertos. Nosotros fuimos a senadores, a diputados a debatir esos puntos y la realidad es que no fuimos escuchados", contó Gilardi. Y agregó: "Yo entiendo que nadie puede encerrar a un paciente contra su voluntad, pero nadie debería no poder encerrar a un paciente simplemente ante su inconformidad".

De un lado de la discusión sobre las internaciones voluntarias e involuntarias quedan los defensores de la ley que anteponen la defensa de los Derechos Humanos y del otro quienes manifiestan que el Estado estaría incurriendo en un abandono de personas que deberían estar recibiendo asistencia.

Infobae se dirigió al Ministerio de Salud de la Nación para ahondar en los fundamentos de la ley en este aspecto, pero desde la cartera manifestaron que preferían "no hacer declaraciones" al respecto. Agregaron que el hecho había ocurrido en el ámbito de la Ciudad, instando a buscar allí una respuesta.

Desde el Ministerio de Salud porteño, sin nombres propios que se hagan cargo de la declaración, devolvieron la gentileza con un argumento que no se sale del texto de la norma: "En el tratamiento de adicciones, tanto la internación como el ingreso a una comunidad terapéutica, la decisión es voluntaria por parte del paciente, según la ley nacional de salud mental".

Por fuera de los artículos y los incisos, de los ministerios, en casas como la de Stella Maurig, los hechos no dan lugar a las interpretaciones. "Ni la Defensoría 16, ni el juzgado que le tocó, ni el patronato de liberados me escuchó cuando les pedí que me ayuden a internar a mi hijo. No me dejaron internarlo y se terminó pegando un tiro", afirmó Stella frente a Infobae.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), defiende la ley. Desde el equipo de Salud Mental de la organización, Víctor Rodríguez no titubeó ante la consulta: "El texto de la ley en su Artículo 20 establece dos tipos de internaciones, voluntarias e involuntarias, las que se hacen aún cuando la persona no esté de acuerdo y si existe un daño cierto o inminente para sí o para terceros".

"Lo que establece la ley es una regulación específica sobre este tema que antes solo estaba en el Código Civil. Esto además lo que hizo fue generar un mecanismo de monitoreo judicial de estas privaciones de la libertad, un seguimiento hasta que cesen estas internaciones involuntarias. Hay miles de internaciones  involuntarias en el país amparadas por la ley", sostuvo.

El espíritu de esta visión se basa en que los psiquiátricos, así como también los centros de rehabilitación para las adicciones, fueron en ocasiones lugares donde se encerró a las personas contra su voluntad y se avanzó por sobre sus derechos. Muchos de estos casos, expuso el miembro del equipo de Salud Mental del CELS, terminaron en maltratos dentro de este tipo instituciones y hasta en suicidios.

En cuanto al caso específico de Maurig, que terminó con su muerte, Rodríguez tomó distancia de consideraciones que pudieran herir susceptibilidades o incurrir en errores particulares sobre el hecho, pero analizó: "Habría que conocer minuciosamente los detalles de cada caso. Enunciado así, desde el dolor, es una cosa. En principio materialmente no es que la ley no permite la internación involuntaria, habría que ver qué profesional dijo que no, qué abogado, ver qué responsabilidades profesionales actuaron".

También en diálogo con Infobae pero desde la vereda de enfrente, el presidente de la Asociación Argentina de Especialistas en Adicciones (AEA), Jorge Ruiz, expuso que en la práctica "los profesionales no quieren firmar, porque tienen miedo de quedar tipificados de estar actuando coercitivamente, de estar internando a alguien contra su voluntad". Este pensamiento llevaría a que fuera casi imposible lograr una internación involuntaria. "A quienes los tratamos nos tratan poco menos como personas que los quieren llevar a campos de concentración, nos tratan de internadores compulsivos", sumó Ruiz.

"Tienen que estar muy deteriorados y haber llegado a instancias muy críticas, estar por ir presos o quedarse sin hogar para que accedan a pedir ayuda. Y esos son casos de tipos de 30 o 40 años con 20 de consumo. A un pibe de 19 años no se le puede pedir que se interne por propia voluntad porque cree que lo controla", planteó el especialista en adicciones, que pelea por una ley exclusiva para una problemática por demás compleja.

"Armamos la Asociación Argentina de Especialistas en Adicciones a partir de esta ley y hemos conformado una mesa nacional, donde hemos confluido prácticamente todas las organizaciones que están trabajando en el tema de adicciones", agregó, sobre la iniciativa que nuclea a agrupaciones como "Madres del Paco", "Pastoral Nacional sobre Adicciones y Drogadependencia", de la Conferencia Episcopal Argentina, o "Madres Territoriales", entre otras.

El 15 de junio pasado Micael Funes, un joven de 19 años, con antecedentes de estupefacientes y alcohol, asesinó a sus dos abuelos en Cosquín, Córdoba, tras pedirles plata para comprar droga. Al día siguiente, al tomar conciencia de lo que había hecho, se entregó a la policía. Poco antes habría decidido -amparado por la ley- abandonar el tratamiento que realizaba en el Centro de Rehabilitación Virgen de Luján, de Río Tercero.

En 2018 en una nota de opinión en Infobae, el analista, investigador y consultor en asuntos de políticas sobre drogas Esteban Wood recordaba con relación a este debate sobre la ley una declaración que hace diez años hacía en una entrevista con revista Noticias la mamá de Cristian "Pity" Álvarez, Cristina: "A mi hijo lo veo en un peligro inminente". El ex líder de Viejas Locas desde hace un año está internado en el Programa Prisma en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza, por el asesinato de Cristian Díaz en Villa Lugano.

"La política pública es muy deficiente en la implementación de la ley. Es el contexto en que se da esto también. Las situaciones se agravan porque no han podido contar con servicios de calidad, accesibles y pareciera que el verdadero problema es el punto de las internaciones, cuando no es así", enmarcó Rodríguez desde el CELS la problemática, sumando que las correcciones a la ley recién podrán evaluarse cuando haya podido ser implementada en su plenitud. Algo que desde hace ya casi 10 años no se logra.

"Ha habido a nuestro parecer un abandono del Estado en términos de recursos financieros y políticas para que lo que dice la ley se materialice. En ese sentido hay una situación crítica en el sistema de salud mental, que nos hace discutir el tema de la internación, que debería ser un último recurso, y termina posicionándose como el primero", remarcó.

"Todas las personas que trabajamos en este tema estamos convencidos de que hay muchos chicos consumiendo droga que están abandonados por el Estado", expuso por su parte Stella, que desde 2007, año en que David comenzó a consumir drogas, se internó en el mundo de las adicciones. Consiguió un título de alcance nacional validado por Salud Pública, realizó más de 20 capacitaciones. Hoy trabaja en la rehabilitación con jóvenes y sus familias.

"Cuando la droga entra a tu casa es un cachetazo, un huracán", definió Stella frente a Infobae, a menos de dos semanas de perder la que fue su primera batalla contra las drogas, una que libró en su propio comedor diario, la que más le importaba. Hace pocos días volvió a trabajar, procesa el duelo mientras atiende los casos de otros, con nuevas dudas, con preguntas para adentro, pero segura de algo: "Si yo me quedo y no activo para ayudar a la gente, la muerte de mi hijo fue en vano".

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