En principio era sólo una carta escrita a máquina y un pedido de 8 millones de dólares para saldar una deuda que Juan Domingo Perón había contraído con ellos desde 1973, y que ni él ni sus herederos jamás habían saldado.
La firmaba el "Dr. Hermes Iai". Era un texto delirante para tirar a la basura.
Pero a la carta se adjuntaba una prueba que agregaba cierto misterio. La mitad de un poema que Isabel Perón había escrito a su esposo -firmado como "María Estela"- y había depositado en su tumba.
La carta y el poema tuvo tres destinatarios. Eran referentes ineludibles del peronismo de la década del '80.
Carlos Grosso, uno de los jefes del peronismo renovador y titular del PJ porteño. Vicente Leónidas Saadi, titular del Partido Justicialista, y el dirigente cervecero Saúl Ubaldini, jefe de la CGT. Cada uno de ellos recibió el pedido de rescate.
Saadi recibió la parte superior del poema y Ubaldini la de abajo. Los profanadores exigían que para que los destinatarios dieran muestras de su voluntad negociadora, izaran dos banderas argentinas en la sede del PJ el día 15 de julio.
Para entonces sólo se había informado que se había robado su sable y el poema de Isabel de la tumba de Perón. Pero los trascendidos que circulaban eran macabros: indicaban que la tumba había sido profanada el 10 de junio y las manos de Perón habían sido cortadas.
El féretro de Perón estaba depositado en el subsuelo de la bóveda familiar, junto a su madre y su hermano, en el cementerio de la Chacarita. Estaba protegido por un vidrio blindado de siete centímetros de espesor. Tenía cuatro cerraduras para las que se necesitaban doce llaves para abrirlo. La tapa de madera del féretro estaba cubierta por una plancha de metal.
La carta fue recibida por Grosso, Saadi y Ubaldini el día 26 de junio de 1987. Un sobrino de Perón entró a la bóveda tres días más tarde y comprobó la profanación. Hizo la denuncia en la comisaría 29ª.
El 1 de Julio el juez Jaime Far Suau inspeccionó la bóveda junto a uno de los investigadores del caso, el jefe de la comisaría 29ª Carlos Zunino. También participó del procedimiento el jefe de la Policía Federal, Juan Angel Pirker.
No faltaría mucho para que el propio juez Far Suau muriera en un extraño accidente de ruta -su auto volcó en una curva y se incendió, aunque el tanque de nafta apareció intacto-, en noviembre de 1988; Pirker falleciera tres meses después en un ataque de asma en su despacho y el comisario Zunino sobreviviera de un balazo en la cabeza en un asalto en su casa.
El hecho y las hipótesis.
El vidrio blindado había sido perforado y la plancha de metal fue doblada hacia afuera. Sin embargo, la perforación fue innecesaria. Las cerraduras del blindaje no habían sido alteradas: los profanadores tenían copias de las llaves de la bóveda y del blindex.
Entonces abrieron la caja blindada, sacaron el féretro, movieron parcialmente el cuerpo de Perón, separaron sus manos del cuerpo, las cortaron con una sierra eléctrica. Y se las llevaron.
El cadáver de Perón había sido depositado en el cementerio de Chacarita en el verano de 1977 por una decisión del dictador Jorge Rafael Videla, que había ordenado el retiro de los cuerpos de Evita y de Perón de la residencia de Olivos. Las llaves para acceder al féretro habían quedado en custodia de la Casa Militar y luego en posesión del Escribano Mayor del Gobierno.
La pista italiana
Una de las primeras pistas de la justicia para investigar el corte de manos fue el mensaje mafioso, básicamente, de Licio Gelli, jefe de la logia Propaganda Due (P2).
Según esta hipótesis, la profanación, más que al interés de un rescate económico, respondía a un supuesto pacto no cumplido entre Perón y la logia.
Gelli, secretario organizativo de la Grande Logia asentada en Piazza Spagna, en Roma, había colaborado con Héctor Cámpora y Perón para el retorno del peronismo al poder: había persuadido a Estados Unidos y al Vaticano para que entendieran de que el retorno del General proscrito durante 17 años implicaría un freno a la propagación del comunismo en América Latina.
Desde fines de los años '60, en Italia, Gelli fue cooptando funcionarios de gobierno, de las Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, industriales, ejecutivos, medios de comunicación que juraban fidelidad a la P2. La logia obraba como una férrea cadena de favores, mediada por negocios, complots y protección mutua, que les permitiría a sus miembros mantener sus privilegios o acceder a ellos.
Los vínculos de la P2 se expandieron con velocidad en la Argentina a partir de la posibilidad del regreso de Perón, por obra de Gelli, que fue incorporado a la masonería argentina.
Es más: la escalera del mármol de la sede de la masonería local de la entonces calle Cangallo 1242, es un presente de Gelli en agradecimiento a esa incorporación.
A partir de los encuentros con Cámpora y Perón en el hotel Excelsior de Roma del 25 de marzo de 1973, Gelli comenzaría a infiltrar a sus miembros de la logia en el gabinete y las secretarías de Estado del gobierno de Cámpora, con mucha más eficacia y sigilo incluso que Montoneros.
Una semana después del encuentro en Roma, Gelli escribe a Gran Maestre argentino César de la Vega que Cámpora y Perón "no solamente confirmaban lo que habían prometido sino que también pedían una colaboración para el futuro y toda la duración de su gobierno (…) Las cosas se desarrollan como habían previsto, pero debemos operar con diplomacia y política, no solamente para que se cumpla con lo prometido, sino también para consolidar lo que concederán. Sería conveniente que prepararas listas de nombres perteneces a magistrados, militares y médicos, inscriptos o no en nuestra Familia. Vislumbro en esta oportunidad la posibilidad de ubicarnos más en el seno del gobiernos con un número mayor de puestos".
La lista de funcionarios miembros de la P2 en el tercer gobierno peronista era larga, pero el vínculo no era nuevo. Se habría iniciado unos años antes, para otro retorno y otro cadáver: el de Evita.
Según el libro Yo, Perón, elaborado a partir del testimonio de Perón a su biógrafo Enrique Pavón Pereyra se indica, en palabras de Perón, que en 1971 Licio Gelli y Giulio Andreotti, (entonces jefe del bloque democristiano de los parlamentarios italianos), lo visitaron en Madrid y le ofrecieron sus gestiones para entregarle el cadáver de Evita. Le preguntaron en cuánto tiempo lo quería, y dada la incredulidad de Perón, que llevaba 16 años de espera, se lo prometieron en tres días. Y a los tres días el cadáver llegó.
Perón dice que, cuando ya estaba en ejercicio del poder, Gelli le pidió la representación comercial de la Argentina en Europa, en contraprestación por el favor realizado. Y Perón le respondió que nunca pagaría con los intereses de la Nación un favor personal, y que se cortaría las manos antes de hacerlo.
El dato curioso es que una vez muerto Perón el 1 de julio de 1974, Gelli obtuvo su cargo de agregado comercial de la Argentina en la Embajada en Roma y que a Perón, finalmente, le cortaron las manos.
Pese a que el libro recoge el testimonio de Perón, en el texto aparecen algunas contradicciones que lo vuelven poco fiables -a veces no se distingue si el que habla es Perón o Pavón Pereyra- la pista de la P2 fue seguida en forma minuciosa por el juez Far Suau.
Incluso en libro La Segunda Muerte, de los periodistas David Cox y Damian Nabot le dan relieve al testimonio judicial del ex agente de inteligencia del Batallón 601 Leandro Sánchez Reisse, que señaló a Gelli como ideólogo de la profanación.
Según esta hipótesis, el corte de manos unió a la necesidad de un ritual masónico en respuesta al supuesto pacto no cumplido, unida al interés de ex agentes de inteligencia de la dictadura para crear un clima de conmoción en el país, y como señal de repudio a los juicios a los militares represores. Dos meses antes se había producido el alzamiento "carapintada" de Semana Santa.
En esa época, los grupos de ultraderecha realizaban atentados, participaban en bandas de secuestradores y colocaban bombas para provocar la inestabilidad del sistema democrático.
En resumen, la venganza masónica sumado al complot político de una facción de la inteligencia militar fue la hipótesis que se sostuvo a lo largo de los años, pero no fue la única.
La posibilidad de que Perón tuviera en número de cuenta grabado en su anillo fue otra, aunque el propio gobierno suizo la descartó en la respuesta a un exhorto judicial.
Atentados y muertes en torno a la causa
Las decenas de pistas que persiguió el juez Far Suau y las circunstancias de su propia muerte, además de otros muertes relacionadas con el caso, produjeron más misterio sobre los autores y las motivaciones de la profanación, y también por la absoluta impunidad con la que accedieron a la tumba de Perón.
El primer juez de la causa murió en un accidente en una ruta cercana a Bahía Blanca. Su cuerpo y el de su pareja fueron despedidos y el auto explotó. Sólo sobrevivió el hijo de su pareja, que permanecía en el asiento de atrás. Tras 30 años de silencio, en un reportaje al diario Perfil, dio cuenta de la absoluta presión que sufría el juez: tiroteos contra su casaquinta, amenazas de muerte, autos que los perseguían. Según su testimonio, el auto explotó en la ruta, pero el tanque de nafta fue encontrado intacto.
Paulino Lavagno, portero del cementerio, también muerto en una golpiza que le provocó un paro cardiorespiratorio. Y María del Carmen Melo, una mujer que solía llevar flores a la tumba a Perón, fue golpeada hasta morir cuando se supo que buscaba un investigador policial para aportar la descripción de un sospechoso en el cementerio de La Chacarita.
Además de las muertes, los robos y la intimidación psicológica en torno a la causa continuó. Cuando en 1994 apareció un juego de llaves de la bóveda de Perón, el juez Alberto Baños, que sucedió a Far Suau a cargo de la causa, activó las investigaciones. Se temió una nueva profanación. Aunque el féretro estaba como en 1987. Sin embargo, poco después, en un robo en la casa del juez en Adrogué se llevaron un portafolio que contenía los cuerpos de la causa. Los intrusos desactivaron los sensores de seguridad para ingresar a su escritorio. También le habían robado de su domicilio al juez Far Suau una carpeta que contenía el diálogo que mantuvo con Isabel Martínez de Perón, pocos días después de la profanación.
Una de sus últimas medidas de Baños fue solicitarle a la Agencia Central de Inteligencia un informe sobre el caso, pero no hubo respuesta.
Aunque el propio Senado de la Nación, en un pedido de informes elevado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, considera que en el hecho participaron agentes de inteligencia militar, en la actualidad la causa no tiene una pista firme ni tampoco imputados. Los últimos fueron sobreseídos en 1990.
Lo única certeza es la desaparición de las manos y aquella única carta que reclamaba dinero para su rescate.
*Marcelo Larraquy es periodista e historiador (UBA). Su último libro es "Los Días Salvajes. Historias olvidadas de una década crucial (1971-1982)". Ed. Sudamericana.
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