Presentan un proyecto de ley para que la violencia de género se considere delito de instancia pública

Los delitos contemplados en una legislación común pueden ser de instancia pública o privada. Los últimos atañan de manera directa a las víctimas del crimen y carecen de repercusión a escala social: no alteran la paz o la convivencia de la comunidad. Los primeros, los de instancia pública, reciben penalidades más severas dado que su perjuicio comprende a la sociedad en su conjunto. No es necesario, en estos casos, el ejercicio de un derecho procesal iniciado por la víctima particular del crimen. En los delitos de instancia pública el Estado dispone de facultades para intervenir y proceder a una investigación sin la ratificación de una denuncia.

La injuria, la difamación o los daños a la propiedad son delitos de instancia privada. Los homicidios, las violaciones, los robos, las estafas o la falsificación de documentos son de instancia pública. La violencia de género -las lesiones leves, sin discriminar dolo o culpa, y las diferentes formas de los abusos sexuales- es un delito de instancia pública. El ministerio de Seguridad de la Nación quiere cambiar este paradigma.

"Imagínense la situación de una mamá que hace una denuncia porque ve desesperadamente que su hija mayor de edad está inmersa en un círculo de violencia. Pero si después la hija no ratifica la denuncia en la justicia, el caso se archiva. Con el cambio que buscamos, esa dinámica cambia. El Estado podrá tener así herramientas para que no se desestime cada denuncia por violencia de género", dijo la licenciada Carolina Barone, coordinadora de Ejecución de Políticas de Género. Su analogía da luz al espíritu del proyecto de ley que propone que la violencia de género se convierta en un delito de instancia pública.

"Todo delito de instancia pública, una vez denunciado por cualquier persona que sabe del hecho, se investiga aún sin la ratificación o el testimonio de alguno de los involucrados", corroboró la doctora Carolina Stanley, ministra de Salud y Desarrollo Social.

"Cuando se hacen denuncias de carácter penal, no se pueden sacar después. Es un Código de fondo. Si denunciás un delito de instancia pública, sea un caso de corrupción o un caso de homicidio, no podés mañana decir 'perdón, me equivoqué'. La denuncia queda y no se puede remover. Es una estrategia de política pública, de política criminal", aseveró la doctora Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación.

Las declaraciones de las ministras sirven de preludio para contextualizar la presentación de este proyecto. También las cifras: en 2018, ingresaron 500 mil denuncias en las comisarías del país por violencia de género; en 2017, sólo el 16% de las víctimas fatales habían radicado una denuncia en la policía o la justicia; el 89,5% de los casos de violencia de género se comenten dentro de las viviendas.

Bullrich señaló que la violencia de género se piensa desde una perspectiva ancestral, como un problema entre dos personas dentro de límites restringidos. Valoró el concepto de libertad e intimidad de las personas, citó el dictamen de la Corte Suprema sobre la habilitación de fumar marihuana en el ámbito del hogar y precisó que la instancia privada tiene suficiente peso en la estructura del derecho penal.

"¿Qué es lo que decimos nosotros? Que para la política pública no es más un delito de instancia privada; no son más dos personas que se relacionan, en la que una decide matar a otra", dijo.

"Lo que cambia es la relación del Estado con esta realidad. Al Estado no le da lo mismo. Por eso ha decidido que no sea más el tema de una pareja entre cuatro paredes, sino que se considera una situación de política pública. Pensamos que esta herramienta complementa las políticas de empoderamiento -expresó la ministra-. Si antes tu marido te pegaba, era un problema tuyo y de tu marido. Ahora no: es un problema de todos. Y nosotros como Estado lo asumimos. Esa es la filosofía".

El proyecto de ley tiene como propósito medular bajar la tasa de femicidios mediante la optimización de la intervención estatal en casos de violencia contra las mujeres. Desde el ministerio difundieron un fundamento basado en cuatro razones: la violencia contra las mujeres no debe inspirar un sentimiento indiferente al órgano estatal; cualquier delito cometido en el marco de violencia de género debe ser investigado sin excepción; toda violencia contra la mujer tiene que ser atendida desde su génesis; y con esta reforma se prevé la reformulación integral del procedimiento judicial en el cual el fiscal "deberá investigar todo el universo de delitos, desde el más leve al más grave, sin discriminar su relevancia".

Prevé la modificación del artículo 72 Código Penal en relación a los delitos dependientes de instancia privada y la reformulación del recientemente sancionado Código Procesal Penal Federal en el artículo 25 de la ley 27.063 al establecer la exclusión de los hechos cometidos en un contexto de violencia de género.

"Es sobre el principio de la disposición penal por parte del fiscal, lo que se llama el principio de insignificancia. Esto es la disponibilidad de archivo o no de las causas, lo que le daba al fiscal cierta arbitrariedad para decidir. Lo que estamos proponiendo es que el fiscal no pueda archivar casos de violencia de género", explicó el doctor Álvaro Aquino, director de proyectos, evaluación y redacción de leyes y decretos del ministerio de Seguridad.

Fabiana Tuñez, la directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, informó que en el contexto de violencia de género desaparece la calificación de lesiones leves: todas serán consideradas graves dada su implicancia. La dirigente señaló que es una medida complementaria para profundizar la lucha contra la violencia: "Para erradicar los femicidios, con una sola medida no alcanza. Es necesaria una multiplicidad de normas". Y agregó el proyecto connota un respaldo: "Si una mujer no denunció el hecho, hay que darle la posibilidad y la herramienta para que alguien lo haga por ella, ayudarla para que el Estado pueda entrar en su situación".

El proyecto se presentó ayer: lo conduce el ministerio de Seguridad, lo redactaron los órganos de políticas de género, lo cotejaron y chequearon el poder ejecutivo y el poder judicial. La iniciativa pretende incorporarse al tratamiento del nuevo Código Penal, pero si éste se demora podrá ser presentado antes para luego anexarse. "Estamos seguras que si el día de mañana vamos a presentarlo al Parlamento, sale en cinco días", aseguró Bullrich.

Para su implementación estudian un marco regulatorio similar al sistema de protección de testigos, a fin de cuidar a la víctima y disminuir su vulnerabilidad. Obedece a un paquete de medidas más efectivas que la restricción perimetral. Se contempla también una renovación cultural en las dependencias policiales donde se reciben las denuncias y, en muchos casos, donde los mismos efectivos minimizan las exposiciones de las mujeres afectadas.

"En las provincias más tradicionales se registra más violencia de género -analizó Bullrich-. Si la sociedad adopta una caracterización cultural respecto al rol de la mujer que hace que haya más femicidios, la policía tendrá una conducta similar. No se puede esperar una policía con otras ideas en una sociedad que tiene una tasa elevada de femicidios. Esto también implica un cambio muy fuerte en las policías".

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