Documentos desclasificados sobre el Subcomité Fraser, que denunció en Estados Unidos las violaciones a los derechos humanos en Argentina

A finales de 1976 el Subcomité Fraser del Congreso de los Estados Unidos (que desde tres años antes y por dos años más hizo audiencias sobre la situación de los derechos humanos en distintos países) invitó a una serie de testigos a declarar sobre el caso de Argentina. Poco antes Chile y Uruguay habían perdido ayuda financiera por la evaluación negativa del grupo de legisladores que había impulsado Donald Fraser, representante demócrata por Minnesota. Pronto la Junta militar en la Casa Rosada la perdería también.

Cuando vio la lista de los invitados, el embajador estadounidense en Buenos Aires, Robert C. Hill puso el grito en el cielo, según dos documentos desclasificados recientemente:

"No ha ayudado a nuestros esfuerzos el hecho de que, entre los cinco testigos convocados por el Subcomité Fraser a los que se mencionó en los telegramas de referencia A y B (Rodolfo Puiggrós, Juan Gelman, Gustavo Roca, Lucio Garzón Macedo y Roberto Pizarro), los cuatro primeros son todos miembros o ex miembros del Partido Comunista argentino o del ERP [Ejército Revolucionario del Pueblo]. ¿Son estos testigos objetivos?".

Otro cable, también de octubre de 1976, continuó la conversación una vez que Roca y Garzón Maceda ya habían declarado. Volvió a mostrar que la cuestión ponía a prueba la paciencia del embajador Hill:

"Creemos que las consultas del Departamento [de Estado] con el Subcomité Fraser puede ayudar a crear una perspectiva objetiva de la situación de los derechos humanos en Argentina. Sin embargo, tener una segunda rueda de audiencias expresamente para testigos 'que apoyen la posición del gobierno de Argentina', pierde de vista lo principal del asunto. Los testigos deberían ser tan objetivos, meticulosos y bien informados como sea posible. Una sesión con ideólogos abiertamente anti-gubernamentales no pude ser 'equilibrada' por otra con apologistas del gobierno argentino".

Didáctico, el diplomático fue explícito, e incluso citó una fuente: "Hay muchas personas profundamente preocupadas por los derechos humanos en Argentina que no son abiertamente hostiles al gobierno. Y, como señaló el columnista James Neilson del conservador The Buenos Aires Herald, en la edición del domingo (10 de octubre), no todos los críticos de las acciones del gobierno pertenecen al ala izquierda".

En 1976 todavía el republicano Gerald Ford ocupaba la Casa Blanca, tras movimientos à la House of Cards: líder de la minoría en la Cámara de Representantes, había reemplazado a Spiro Agnew, vicepresidente de Richard Nixon, quien renunció por un escándalo de corrupción; cuando el caso Watergate forzó la salida de Nixon, asumió como primer mandatario de los Estados Unidos.

El secretario de Estado de Nixon, Henry Kissinger, continuó en funciones bajo Ford. Pero su política de hacer la vista gorda ante las violaciones a los derechos humanos en Chile fue desafiada por el Subcomité Fraser. Por su trabajo, el Congreso objetó la venta de una flota de aviones militares F-5E a Augusto Pinochet, por ejemplo.

Entre 1973 y 1978 el Subcomité sobre Organizaciones Internacionales —su nombre formal— escuchó a 500 testigos en 150 sesiones para analizar la situación de los derechos humanos en Chile, Uruguay, Cuba, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Argentina, entre otros países. Los primeros que sufrieron los recortes de asistencia financiera por violaciones a los derechos humanos fueron Chile y Uruguay, seguidos por Nicaragua y Argentina.

Videla había pedido a Ford casi USD 37 millones en créditos para armas y entrenamiento militar. La interferencia del Subcomité Fraser hizo que pasaran los meses y cambiara el presidente: el demócrata James Carter reemplazó a Kissinger por Cyrus Vance, quien anunció que Argentina podría recibir, a lo sumo, USD 15 millones en créditos para armas. Junto con Brasil, El Salvador y Guatemala, Argentina rechazó entonces los créditos en su conjunto, argumentando que la crítica a la situación de los derechos humanos era una injerencia en los asuntos internos.

La indignación dictatorial tuvo escaso efecto. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948, ponía la cuestión más allá de la jurisdicción de un gobierno, de facto o de derecho. Y aunque en la Guerra Fría contra la Unión Soviética los Estados Unidos habían quitado prioridad al asunto, un fuerte movimiento civil por los derechos humanos (en la década del 70, más de 100 organizaciones surgieron en ese país, incluida Human Rights Watch) lo mantuvo en la agenda pública. Durante Nixon y Ford, la oposición en el Congreso pasó leyes que condicionaron la asistencia financiera a otras naciones a la situación de derechos humanos en ellas.

"El subcomité produjo en 1974 un extenso documento titulado significativamente Derechos humanos en la comunidad internacional: convocatoria al liderazgo de los Estados Unidos", citó Daniel Gutman en el libro Somos derechos y humanos. El documento, que tuvo efectos prácticos, advertía contra "la actitud predominante [que] ha conducido a los Estados Unidos a abrazar gobiernos que practican la tortura y violan de manera flagrante casi todos los derechos humanos consagrados por la comunidad internacional".

A Kissinger pocas cosas le importaban menos que Fraser y su subcomité. Pero en Buenos Aires, Hill perdía velozmente la admiración por el que llamó "probablemente el golpe mejor ejecutado y más civilizado de la historia argentina". A menos de dos meses, "el embajador ya empezaba a ver las cosas de otra manera —recordó Gutman—: estaba perplejo frente a la brutalidad de la represión, aun cuando creía que las violaciones a los derechos humanos ocurrían a espaldas de Videla".

Una semana antes de que se anunciara que Argentina sería la estrella oscura del Subcomité Fraser, Hill se había reunido con Videla y le había transmitido la preocupación que el tema de las violaciones a los derechos humanos en el país causaba en Washington DC. Y una semana antes de ese encuentro, "el Congreso había resuelto por 216 votos contra 155 la suspensión de la ayuda militar al Uruguay por un monto de más de USD 5 millones".

Por eso cuando vio la lista de invitados a dar testimonio, Hill protestó en una comunicación secreta al Departamento de Estado, con copia a las embajadas en Montevideo y Santiago de Chile.

"Durante muchos meses esta embajada ha presionado al gobierno de la Argentina por el tema de los derechos humanos. Uno de los obstáculos principales que hemos enfrentado es la mentalidad cerrada de parte de los militares argentinos (es decir, la convicción de que están trabados en una lucha incondicional con el comunismo internacional) y la creencia concomitante en que la crítica exterior sobre el tema de los derechos humanos refleja o está impulsada por los comunistas", explicó como introducción.

"Hemos trabajado afanosamente para desengañar al gobierno local sobre una perspectiva tan simplista. Hemos insistido en que hay personas serias, responsables, en los Estados Unidos, que nada tienen que ver con la extrema izquierda y que están preocupadas por el tema de los derechos humanos", siguió. Y entonces nombró a los elegidos por el Subcomité Fraser: Puiggrós, Gelman, Roca, Garzón Macedo y Pizarro. Argumentó Hill:

"Al menos uno de estas personas representa a un grupo que ha sido responsable de cientos de homicidios y secuestros durante los años recientes. ¿Cómo vamos a argumentar ante el gobierno de Argentina, ahora, que la crítica estadounidense no refleja de ningún modo la manipulación de la extrema izquierda? Esta clase de actitud no ayuda, sino que, al contrario, hace daño, a la causa de los derechos humanos en Argentina".

Y antes de firmar solicitó al Departamento de Estado cualquier clarificación que pudiera brindarle sobre "los criterios que empleó el subcomité para convocar a los testigos".

La respuesta no debe haber ayudado mucho a Hill, quien para cortar la distancia entre Kissinger en Washington DC y la realidad que él veía en Buenos Aires pasó directamente a proponer nombres de testigos. El primero fue el de Jacobo Timerman, editor de La Opinión, a quien un año más tarde la dictadura iba a detener —primero clandestinamente, con el trato habitual de torturas; luego ilegalmente en su domicilio, hasta que a finales de 1979 expulsaría del país— pero por entonces se consideraba un negociador hábil con el poder.

"Jacobo Timerman, por caso, judío y valiente editor crítico, se ha ofrecido personalmente a dar testimonio", presentó Hill. Timerman había publicado en La Opinión una carta abierta a Fraser —que Gutman citó— para pedir que lo invitaran a hablar ante los legisladores, convencido de que su perspectiva serviría "para entender los derechos humanos de toda la población argentina, sin exclusiones, y a impedir un deterioro innecesario de las relaciones entre nuestros dos países".

Sugirió otros nombres: "Emilio Mignone, un importante educador y ex funcionario de la OEA [Organización de Estados Americano] en Washington DC entre 1962 y 1967. La hija de Mignone fue secuestrada en mayo. Él está muy vinculado con la jerarquía católica en Argentina y es un miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y no se lo puede considerar un apólogo ni de la izquierda ni de la derecha. También se podría considerar al reconocido columnista Mariano Grondona".

En cuanto a Garzón Maceda y Gustavo Roca, "el gobierno, la prensa, los partidos de la oposición y el público en general en Argentina han denunciado detalladamente sus antecedentes y actividades", escribió el diplomático, y pasó a sintetizar sus perfiles a partir de "los puntos salientes de nuestra propia evaluación".

Un largo párrafo siguió a Gustavo Roca (hijo de Deodoro Roca, impulsor de la reforma universitaria de 1918) desde su militancia de izquierda, a los 20 años (fue un comunista antiperonista detenido por el golpe de estado que derrocó a Juan Perón en 1955), hasta su vinculación con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, pasando por su papel en la fuga de los líderes guerrilleros que escaparon de la cárcel de Rawson en 1972.

Hill omitió que Roca fue un protagonista del Cordobazo y reconocido abogado defensor de presos políticos. No consignó —porque no podía saberlo: todavía no había sucedido— que la dictadura lo acusaría de traición a la patria por su testimonio ante el Subcomité Fraser y que en 1985, de regreso de su exilio, en Argentina la justicia, ya en democracia, lo detendría por esa causa.

Un retrato similar ("como Roca, Garzón Maceda ha sido denunciado por ser miembro del PRT") delineó al socio de Roca en el estudio jurídico que mantuvieron antes de salir, en septiembre de 1976, "clandestinamente hacia Europa". Desde el golpe de Estado —destacó Hill, sin más detalle— ambos tenían "pedido de captura" emitidos "por el gobierno militar".

La prensa local, agregó, "ha criticado particularmente la selección de testigos del subcomité como irresponsable y tendenciosa". Citó otra vez al Herald, en esta ocasión al director, Robert Cox (quien sería detenido brevemente en 1977, y luego amenazado, junto a su familia, hasta que dejó el país en 1979), "un valiente exponente de los derechos humanos en Argentina", quien había descripto a Roca como "el editor de 'una revista injuriosa que describía asesinatos jubilosamente' y a Garzón Maceda como 'otro apóstol de la violencia'".

Cerró el cable con el pedido de que el Departamento de Estado alentara al Subcomité Fraser a convocar a "un puñado de argentinos que, aunque profundamente comprometidos con la defensa de los derechos humanos, no estén tan identificados con la izquierda radical como para perder toda credibilidad como testigos". Una sutileza que, dada la naturaleza y la escala del terrorismo de Estado, pronto se probaría vana.

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