Desde el mismo momento en que Raúl Alfonsín asumió como presidente constitucional de la Argentina, las fuerzas armadas comenzaron con las presiones desestabilizadoras a las que más de medio siglo de golpes militares las habían acostumbrado. En un informe de diciembre de 1983, desclasificado el mes pasado, el Directorio de la Agencia Centra de Inteligencia (CIA) le dio apenas seis meses de paz a la democracia recobrada tras la dictadura 1976-1983.
"Señales de inestabilidad política en países claves" ubicó al país entre aquellos "donde han habido procesos de interés" y sintetizó: "La asombrosa victoria electoral del presidente Alfonsín sobre los peronistas —en combinación con su voluntad de negociar y el desbarajuste entre los militares— debería darle al menos seis meses de gracia para introducir reformas. Después de ese momento, las crecientes presiones políticas y económicas probablemente reduzcan cada vez más sus políticas a elegir".
Además, Alfonsín había firmado el decreto 158/83 por el cual ordenó el juicio a los integrantes de las juntas (el 157/83 disponía lo mismo para los líderes de las guerrillas) y ordenado la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Nada de eso agradaba a los militares, que habían promulgado su propia amnistía por las violaciones a los derechos humanos antes de dejar el poder.
Varios de los documentos desclasificados que los Estados Unidos entregaron a la Argentina dan cuenta de las presiones militares. En ellos se detallan distintas metodologías: presiones sobre los funcionarios, amenaza de golpe, campaña psicológica, amenazas de ataques directos y —lo cual comprueba la misma existencia de estos documentos— quejas ante la representación estadounidense.
"Se ve que había militares que visitaban a funcionarios de la embajada de Estados Unidos y les planteaban que cómo era eso: si ellos habían combatido al comunismo, habían colaborado con los Contras muy pocos años antes para apoyar la política de Ronald Reagan en América Central, ¿ahora los iban a juzgar?", dijo Oscar Muiño, quien fue parte del equipo de gobierno de Alfonsín en medios y es autor de la biografía del ex mandatario.
Muiño se refiere a un cable de la CIA del 7 de diciembre de 1984 que describe un episodio inquietante, aparentemente narrado por el militar que lo protagonizó.
"El coronel Enrique del Pino, del personal de Inteligencia del III Cuerpo de Ejército, que tiene sus cuarteles generales en la ciudad de Córdoba en el interior del país, se reunió a finales de la tercera semana de noviembre de 1984 con el ministro de Defensa, Raúl Borrás, para hablar sobre la campaña legal contra los excesos de las fuerzas armadas durante la campaña antisubversiva de los setenta. Del Pino participó en el encuentro como representante del general de brigada Héctor Ríos Ereñú, comandante del III Cuerpo, y como líder de los ultraderechistas de Córdoba responsables por los actos de violencia allí".
"En su encuentro con el ministro de Defensa, Del Pino reafirmó un acuerdo anteriormente negociado entre Borrás y él por el cual, en tanto Borrás siga deteniendo el proceso legal y en tanto mantenga exceptuados de procedimientos legales a determinados individuos —nombrados por el III Cuerpo— Del Pino no permitiría más actos de violencia de extrema derecha en Córdoba".
Según las condiciones de ese presunto acuerdo, Del Pino había presentado "los nombres de 32 miembros del ejército y civiles a quienes quiere que Borrás proteja".
Raúl Borrás murió en el ejercicio del ministerio, el 25 de mayo de 1985. Pero su hijo mayor, que lleva su mismo nombre y se sumó al equipo de Horacio Jauranera, recordó esos años. Y analizó algunas inexactitudes del cable que hablan del clima de época: "No se le podía creer a nadie. Era caminar por un campo minado con los ojos vendados".
Además, agregó Muiño —quien acaba de presentar en la Feria del Libro la investigación histórica El modelo—, "Borrás fue sujeto a una serie de campañas de desprestigio de los militares. Una vez le llevé un panfleto en el que decían que había sido condecorado en secreto como coronel del Ejército Rojo en Moscú". Veían en el ministro al "artífice de cómo impedir un golpe militar".
En otro cable, del 9 de noviembre de ese año, la CIA evaluó que las fuerzas armadas argentinas llevaban adelante "una serie de acciones contra el gobierno del presidente Alfonsín en un esfuerzo por mitigar la —como lo ve el personal de las fuerzas armadas— campaña del gobierno contra las fuerzas armadas. La idea final era "que estas acciones acosen al gobierno y lo persuadan de que, en su campaña por los derechos humanos, no debería implicar a las fuerzas armadas en delitos".
El documento desclasificado habla de los "fuertes sentimientos" que existían entre los militares "porque, desde su asunción, el gobierno ha usado el tema de los derechos humanos para alejar los pensamientos del pueblo de los graves problemas económicos de Argentina, una perspectiva que no es correcta". No obstante lo erróneo del punto de vista, "muchos miembros de las fuerzas armadas y muchos derechistas creen que el gobierno de Alfonsín sigue esta especie de estrategia", describió el documento. Los militares, agregó, hablaban de "llevar la peor parte de un ataque gubernamental".
Muiño recordó que desde el momento de la transición "nunca paró la campaña de acción psicológica de estos grupos que estaban muy engarzados en la inteligencia: todos seguían y manejaban sus propios organismos".
De inteligencia era Pino, por ejemplo, que según el primer informe de la CIA se había reunido con el ministro de Defensa en nombre del comandante del III Cuerpo de Ejército. Borrás hijo lo recuerda. "Pero no era coronel, era un capitán", destacó la primera irregularidad del texto. "No creo que sea otro, dedicándose a estos menesteres".
Ese capitán pertenecía al Batallón 601. Había iniciado su carrera como teniente en el Operativo Independencia. Con el alias de Miguel, fue jefe de los represores en los centros clandestinos de detención (CCD) El Banco y El Olimpo. Se lo juzgó en varias causas por homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad, apremios, vejaciones y tortura en más de 120 cargos. En el último juicio, cuando el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca lo condenó a prisión perpetua, en 2017, fue descripto como argentino, divorciado, teniente coronel retirado con domicilio en Alta Gracia, Córdoba.
Su reivindicación de hablar y hacer acuerdos en nombre de un comandante de cuerpo no es verosímil, observó Borrás. "Por el grado de capitán, ni Ríos Ereñú lo hubiera mandado, ni un ministro hubiese aceptado recibir. Eso minaba cualquier principio de autoridad, un tema que estaba muy caliente e ese momento".
La reunión en sí suena poco verosímil para los testigos de la época. Sin embargo, "cualquier informe de estos, aun siendo parte de una operación, en algún rincón tiene que tener algo que le dé mínima verosimilitud ante los analistas de la CIA", analizó Borrás. Y Muiño coincidió: "Creo que, como toda información de inteligencia, mezcla".
La mezcla que ofrece el militar que informó a la CIA parece consistir en tomar la práctica del ministro de Defensa de intentar reuniones con oficiales de menor rango para sentir el pulso directo (Borrás recordó una con miembros de la fuerza aérea), y transfigurarla en un tête-à-tête. Como los asistentes eran elegidos por el estado mayor de cada fuerza, se acostumbraba incluir un oficial de inteligencia.
El cable agregó:
"Por su parte, Borrás habló sobre un plan gubernamental para reducir la presión de los grupos de derechos humanos sobre las fuerzas armadas en 1985. Dijo que el gobierno planea detener a la mayor cantidad de izquierdistas contra los cuales se puede actual legalmente; señaló que la idea detrás de esto consiste en tratar de desplazar la atención de los grupos de derechos humanos de los militares a los izquierdistas. El ministro de Defensa continuó diciendo que el gobierno perdonaría tanto al personal de las fuerzas armadas acusado de excesos como a los detenidos izquierdistas".
Se estimó que en casi un año, "septiembre de 1985", se podrían extender los perdones, "una vez que se condene a las figuras principales de las juntas y los más notorios autores de violaciones a los derechos humanos".
En efecto, recordó Muiño, Alfonsín nunca pensó en juzgar a todos los militares: "El plan de la campaña electoral era centrarse en los que dieron las órdenes, y separar a lo que se llamaba la obediencia debida. Además, el circuito se iniciaba entre lo militares, pero si en un lapso determinado la justicia militar se pronunciaba, el tema pasaba a la Cámara Federal". Esa política no se correspondía con el presunto espectáculo de detenciones numerosas seguidas de perdones dejando sólo a las juntas presas.
A Borrás, además de llamarle la atención la palabra "izquierdista", que no se empleaba en el momento, le parece que el informante de la CIA —mucho indica que podría ser el propio Pino— da un tratamiento ficticio a hechos reales: "Con que en esa reunión se haya hablado de los términos de los dos decretos [157/83 y 158/83] y que el gobierno avanzaba en la persecución penal tanto de las juntas militares como de Firmenich, Gorriarán y compañía, bastaría con darla una pequeña vuelta para hacer esta interpretación", dijo.
Por último, el telegrama "Comentarios sobre las relaciones entre el gobierno y las fuerzas armadas y perspectivas de las fuerzas armadas sobre el gobierno" detalló algunos de los "pasos" de la "campaña" de "acciones psicológicas de las fuerzas armadas contra el gobierno":
"A. Aumentar los contactos de las fuerzas armadas en ministerios como Defensa, Relaciones Exteriores y Culto, e Interior; B. Animar al general Ricardo Pianta, titular del Ejército, y el teniente coronel Julio Alfredo Fernández Torres, jefe del Estado Mayor Conjunto, a que expliquen a los funcionarios del gobierno la preocupación de las fuerzas armadas por el tono y el impacto de los sentimientos contra las fuerzas armadas desde varios ámbitos; C. Procurar entrevistas en los medios a oficiales superiores de las fuerzas armadas para comunicar al público las perspectivas de las fuerzas armadas."
A fin de que esos pasos ejercieran "presión indirecta sobre el gobierno", las fuerzas armadas estimaba que "la campaña " debía ser "coherente y constante". En caso de fallar, los militares "podrían considerar 'acción directa'", según el documento con fecha del 9 de noviembre de 1984.
El contexto, detalló el documento, era que "mucho personal de las fuerzas armadas" estaba "enfurecido" porque El Periodista había publicado "los nombres de más de 1.300 personas que, según la revista, estaban acusados de delitos en el informe de la ya desarmada Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)". El documento de la CIA dijo que esos militares "vieron la publicación de los nombres en El Periodista como —sus palabras— 'la gota que rebalsó el vaso'". Les irritaba, en particular, la "exactitud" de la lista.
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