Documentos desclasificados aseguran que organismos de derechos humanos entregaron dinero a tres represores para que revelen el entramado de la "guerra sucia"

Las alarmas en el ambiente de las fuerzas armadas y de seguridad se encendieron el 19 de abril de 1983 cuando el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anunció la identificación de las ubicaciones de 47 centros clandestinos de detención, que habían funcionado durante la última dictadura militar.

En una conferencia de prensa brindada por su presidente Emilio Fermín Mignone, su vice Augusto Conte Mac Donell y su coordinadora Noemí Fiorito de Labrune, dieron a conocer la existencia de 13 centros en Capital Federal, 15 en el Gran Buenos Aires y 19 en el interior del país.

También presentaron una nómina con 50 testigos que pasaron por algunos de estos lugares y aclararon que habían confeccionado una lista con otros 800 nombres, de los cuales 100 estaban libres o detenidos legalmente y el resto se encontraba desaparecido.

Los diarios publicaron entonces la información detallada, enumerando los nombres de los centros, así como de las personas que habían estado como detenidos-desaparecidos en ellos.

En un cable secreto de la CIA, fechado el 28 de abril de 1983 –que integra el voluminoso archivo de documentos desclasificados que el gobierno norteamericano entregó recientemente a Argentina– informa que el anuncio del CELS generó "una gran preocupación" entre miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, ya que "estas revelaciones eran correctas en cuanto a la ubicación de los centros así como la identificación de las personas involucradas".

El que redactó el cable afirma que "esto llevó a sospechar que algunos miembros (de las fuerzas armadas o de seguridad) estén tratando de congraciarse con el gobierno civil al poner a disposición esta información".

En el mismo sentido, subraya a una fuente –que en el cable se encuentra tapada- que algunos de esos centros de detención y de tortura habían sido usados por la Policía.

Según la CIA, la preocupación se extendía al Batallón de Inteligencia 601, ya que se sabía que dos represores, a los que nombra como Bufano y otro con el apodo de "Japonés", aclarando entre paréntesis el apellido Martínez, estarían por brindar declaraciones públicas sobre su accionar durante la guerra sucia.

El documento señala que "ambos aportaron detalladas declaraciones con respecto a desapariciones específicas y ejecuciones cometidas por fuerzas de seguridad durante la guerra sucia, incluyendo los nombres del personal involucrado, nombres de las víctimas, fechas, acciones específicas, etc".

¿Ayuda humanitaria o sobornos?

El mismo cable señala que organizaciones de derechos humanos "no especificadas" reunieron la cifra de 250.000 dólares, que dividieron entre Bufano, Martínez y Rodolfo Peregrino (Fernández), quien había efectuado declaraciones sobre el rol de la policía en la represión.

Según esas mismas versiones, ese dinero se lo había hecho pasar como apoyo humanitario para sus familias, aunque el autor del cable advierte que se consideraron sobornos para que estas personas hablasen.

Infobae quiso conocer la opinión de agrupaciones de derechos humanos al respecto. Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, dijo que "los organismos de derechos humanos nacionales jamás intercambiaron dinero con represores a cambio de información".

Para José Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y quien fue detenido en octubre de 1976, "en ese entonces ningún organismo de derechos humanos tenía la menor posibilidad de recaudar. Resulta inverosímil esta versión, ya que para 1979 ya poseíamos una idea acabada de cómo funcionaba el aparato represivo y más en 1983, cuando teníamos en claro el nivel de responsabilidades y sus actores principales", aseguró.

Los represores que habrían recibido el dinero

Si seguimos el hilo del contenido de los cables, cabe preguntarse: ¿quiénes eran los destinatarios de ese dinero?

Uno, Rubén Osvaldo Bufano, alias "Polo". Ex miembro del Batallón de Inteligencia 601, donde se formó en seguridad e inteligencia. Se lo considera uno de los responsables del secuestro y la muerte de Haroldo Conti y de haber participado en la Masacre de Fátima, ocurrida en Pilar el 20 de agosto de 1976 cuando 20 hombres y 10 mujeres fueron asesinadas y dinamitadas. En 2013 había sido procesado por la justicia federal por haber integrado una asociación ilícita que se dedicaba a los secuestros extorsivos a empresarios y financistas durante la dictadura.

El otro es Luis Alberto "Japonés" Martínez, ex suboficial de la Policía Federal, destinado en Coordinación Federal y se había desempeñado como agente del Batallón de Inteligencia 601. Se lo asocia a la Masacre de Fátima y a las causas de Atlético, Banco y Olimpo. En 1981, desde Suiza, en una declaración ante la Federación Internacional de los Derechos del Hombre, había detallado los vuelos de la muerte. Extraditado en 1986 por el secuestro del empresario Fernando Combal, ocurrido el 8 de mayo de 1979, finalmente sería liberado por falta de mérito.

Por 1976, el Oficial Inspector Rodolfo Peregrino Fernández era ayudante y custodio del ministro del interior, Albano Harguindeguy. Integró la Triple A y, una vez fugado del país, fue uno de los que rompió el pacto de silencio cuando en Madrid, el 8 de marzo de 1983, declaró ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos. Hasta publicó el libro de 80 páginas "Cuadernos para la democracia: Autocrítica Policial", editado por El Cid Editor en 1983.

Una cuestión de tiempo

"Pesimismo y abatimiento", dicen los archivos desclasificados que era el sentimiento general en el Batallón de Inteligencia 601, porque Bufano y Martínez ya habían hablado y era solo cuestión de tiempo para que esas declaraciones se hiciesen públicas en nuestro país.

Siempre según el informe de inteligencia norteamericano, se creía que lo mejor que el 601 podía esperar era que las declaraciones de Bufano y Martínez fueran lo más "inespecíficas" y que "discutiesen los excesos de la guerra sucia con pocos detalles y evidencias". Y que esta preocupación descripta también la compartían la Policía Federal y la Triple A.

Actos de servicio

Cuando se generó el siguiente cable el 3 de mayo, los ánimos estaban aún más caldeados. El 29 de abril el gobierno había dado a conocer el "Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo" donde las Fuerzas Armadas asumían "la cuota de responsabilidad histórica del planeamiento y ejecución de las acciones".

En sus consideraciones, asegura que "las Fuerzas Armadas fueron impelidas para defender el sistema de vida nacional, únicamente el juicio histórico podrá determinar con exactitud a quién corresponde la responsabilidad directa de métodos injustos o muertos inocentes. El accionar de los integrantes de las Fuerzas Armadas constituyó actos de servicio. Las Fuerzas Armadas actuaron y lo harán toda vez que sea necesario en cumplimiento de un mandato emergente del Gobierno Nacional".

Esa misma noche, la Junta Militar aprobaba un acta de un solo artículo en la que declaraba que "todas las operaciones de lucha contra la subversión fueron ejecutadas conforme a planes aprobados y supervisados por los mandos superiores orgánicos de las Fuerzas Armadas".

Cuatro días antes, los obispos habían exhortado a la reconciliación, entendida por ellos como "el reconocimiento de los propios yerros en toda su gravedad, la detestación de los mismos, el propósito firme de no cometerlos más, la reparación del mal causado y la adopción de una conducta totalmente nueva".

Generar acciones violentas

De acuerdo al cable secreto fechado el 3 de mayo, y que contenía información producida en los últimos días de abril, miembros del Batallón de Inteligencia 601, de la SIDE y de la Policía Federal se reunieron para discutir formas de prevenir más revelaciones sobre los excesos cometidos durante la guerra sucia. El informante aclaraba que estas personas "habían participado de las acciones de los servicios de inteligencia".

Y aventura que "la Policía Federal se mostró dispuesta a realizar acciones violentas, si fuese necesario, para impresionar al gobierno" y en un intento por no quedar sin protección por lo hecho durante la guerra sucia.

En esa reunión, los representantes del 601 estuvieron de acuerdo en que "debería restablecer los grupos que operaron durante la guerra sucia". También acordaron en que deberían emplear su "propia campaña de violencia si algún miembro de algún servicio de policía o seguridad fuese llevado a atestiguar ante un juez por sus acciones durante la guerra sucia". Los participantes acordaron mantenerse en contacto para ver cómo se desarrollaban los hechos.

Contra los periodistas

Los archivos secretos también consignan que durante la última semana de abril, miembros de los servicios de inteligencia naval y de la fuerza aérea contactaron a algunas revistas argentinas que habían publicado historias sobre actividades de la guerra sucia.

El despacho relata que "las oficinas de prensa de ambas armas habían sugerido que dejen de publicarlas para evitar convertirse en víctimas de algún 'accidente'" (el entrecomillado está en el original). Lo que el autor de este despacho ignoraba era si estos contactos con los periodistas habían sido realizados por orden o con conocimiento de oficiales superiores.

Finalmente, el despacho informa que la reacción de los argentinos sobre el documento de la Junta Militar había sido "casi totalmente negativa" y que su publicación probablemente no mermaría el nivel de preocupación entre los miembros de las fuerzas de seguridad que tuvieron un rol personal en la guerra sucia.

Peregrino Fernández fue el que rompería ese hermetismo que entonces parecía blindado entre los represores; también lo haría Martínez. ¿Qué los llevó a delatar a sus propios compañeros? Tal vez aparezcan más pruebas que echen luz sobre un pasado oscuro de muerte y violencia.

SEGUÍ LEYENDO: