Es extranjera, el Gobierno la expulsó junto a su bebé por haber estado presa, pero dos hijos quedaron en Argentina y ruega que la dejen volver

Aunque camina libremente por las calles de Lima, Perú, Vanessa Gómez Cueva está presa, atrapada en su país natal. Esta enfermera de 33 años, que fue expulsada hace dos meses por un delito cuya pena cumplió en las cárceles de Argentina, no ve a dos de sus tres hijos desde el día que la Policía Federal se la llevó de su casa en La Plata junto a su bebé "para firmar unos papeles", sin decirle que, en realidad, era para no volver nunca más, meterlos en un avión y sacarlos del país. Desde aquel día de febrero pasado, su niños, de 6 y 14, que se quedaron sin su mamá. "Me llevaron al aeropuerto de Ezeiza engañada, necesito volver, extraño mucho a mis hijos" le dice la mujer a Infobae, suplicante.

Vanessa añora la rutina de su vida cotidiana. "Yo tenía mi vida, nos levantábamos, los atendía, nos íbamos juntos a estudiar. Salíamos a las 7, mi nena se iba a la escuela, mis hermanas llevaban a mi hijo al jardín y a mi bebito lo dejaba con una prima. Regresaba a cocinar, volvían mis hijos, mi bebe, y me ponía a almorzar y luego me iba a trabajar, a cuidar a una abuelita en una casa particular. Tenía mi trabajo y los fines de semana hacía reemplazos, trabajaba de lunes a viernes por las tardes, no me pagaban mucho pero me alcanzaba para mantener a mis hijos", relata conmovida Vanessa, sentada en la habitación de la Zona Norte de la capital peruana, que alquila su hermano para vivir con su familia, y que ahora la incluye a ella: "Me dio la cama de su hijo para que durmiéramos nosotros, me da vergüenza porque él maneja un taxi y ahora nos tiene que mantener a nosotros".

Gómez Cueva nació en Perú y vino a vivir a Buenos Aires hace 15 años. Los ministerios del Interior y de Seguridad la obligaron a dejar su casa de La Plata y la vida con su madre, sus hermanas y sus hijos, que nacieron en Argentina. Ni siquiera le permitieron despedirse.

La orden de expulsarla del país se basó en una condena penal, por la cual Vanessa había cumplido una sentencia en 2014. "La Dirección Nacional de Migraciones debe revertir esta orden, que viola los derechos de los niños según el derecho nacional e internacional, y reunir a Vanessa con sus hijos", reclamó días atrás un comunicado de Amnistía Internacional.

La mujer fue detenida en el aeropuerto de Ezeiza en 2011 cuando intentaba ingresar cocaína. Había sido contratada como "mula" por un clan narco y fue descubierta por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Tiempo después, en un juicio abreviado, fue condenada a una pena de cuatro años de prisión.

Al año y medio de entrar a la cárcel de Ezeiza, Vanessa quedó embarazada de Michael, su hijo más pequeño, y recibió el beneficio de la prisión domiciliaria para poder estar con él. En 2014 recuperó la libertad. Gómez Cueva logró el objetivo teórico del sistema penal: se reinsertó en la sociedad rápidamente.

Inició los trámites para obtener la ciudadanía, se puso estudiar, terminó la carrera de Enfermería y consiguió trabajo cuidando ancianos. Es algo que siempre le gustó hacer desde que tenía 15 años y atendía a un familiar con problemas de salud en Lima.

A pesar de que la condena estaba cumplida, la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, activó a finales de 2015 el proceso de expulsión de la mujer por tener una condena.

Vanessa intentó defenderse, asesorada por la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación. Pero luego renunció a su defensa y se quedó sin abogado. Encima, el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Federal Nº5, cuya titular es María Alejandra Biotti, debería haberle asignado una defensa oficial y no lo hizo.

Sin abogados que la asesoren, Gómez Cueva nunca apeló la expulsión y la deportación quedó firme. Pero la decisión se basó en un error. La mujer figuraba en los expedientes como si hubiera cometido un delito de prostitución, proxenetismo o trata de personas, y su pedido de quedarse en el país estaba consignado no por la presencia de sus tres hijos argentinos sino por un supuesto "cónyuge nacional" que no existía.

En 2016 la Justicia notificó a Vanessa sobre la expulsión en un domicilio donde ella no vivía más. Lógicamente no hubo respuesta de la mujer, que nunca se enteró, pero para el Juzgado eso no fue considerado una anomalía: nunca intentaron confirmar que ella supiera ni la contactaron, a pesar de que tenían su teléfono y su mail.

Juan Carli, director de Permanencia de Migraciones, consideró a Vanessa notificada y activó su expulsión, que se concretó de manera como mínimo dudosa el 1° de febrero pasado, cuando dos agentes de la Policía Federal golpearon la puerta de su casa en el barrio Altos de San Lorenzo de La Plata.

"Salí de mi casa y no volví más", solloza Gómez Cueva. No puede evitar recordar la imagen de su hijo del medio, que en ese entonces tenía 5 años, mirándola desde la vereda cuando ella se iba de su casa para no volver.

Pero eso no lo supo nadie hasta unas horas después. Hasta ese momento, los agentes federales le dijeron a la mujer que se quedara tranquila, que era un trámite, que no hacía falta que llevara al nene porque en unas horas volverían. Ella les pidió llevar al bebé, porque necesitaba amamantarlo, y le dijeron que sí.

Pero la camioneta de la Federal no fue nunca a Migraciones, sino a una comisaría en Villa Lugano, donde anunciaron que traían a una "prófuga" y a una oficina donde un médico revisó a ella y a su hijo, y a las pocas horas la mamá y el nene estaban encerrados en un calabozo de Ezeiza, donde estuvieron tres días hasta que el 4 de febrero los subieron al avión con destino a Lima.

De su casa de La Plata, creyendo que volvería, Vanessa salió con una mochila donde tenía dos pañales, una mamadera y un medicamento que su bebé tomaba en esos días. Así llegó a Perú, donde fue recibida por su hermano, gracias a que la mamá de ambos le avisó.

En el camino desde su casa a Lugano, Gómez Cueva avisó a Juan Villanueva, su abogado, a quien había contactado en diciembre para regularizar su situación, porque quería obtener el DNI para terminar un curso de perfeccionamiento de enfermería.

"Los policías que me llevaban me insistían en que no hablara con un abogado, que eran unos chantas, que me iban a sacar plata, que yo firmaba los papeles y volvían. Me querían engañar, ellos sabían que me iban a deportar", protesta Vanessa.

Villanueva presentó recursos de amparo para evitar que viajara a Perú, pero no lo consiguió. "¿Cómo puede entonces explicarse que se imponga tal brutal condena a una madre y sus 3 hijos menores de edad, en razón de una condena previa, ya cumplida y agotada y una resocialización que debiera ser entendida como paradigma del efecto de las penas privativas de la libertad?", se pregunta el defensor de Vanessa.

"Jamás imaginé que me iban a expulsar, tengo a mis hermanas, mi mamá, mis sobrinos, tengo mi vida allá en Argentina. En la Defensoría me dijeron que no me podían expulsar por tener a mis hijos y me quedé tranquila", confiesa a Infobae Gómez Cueva desde Perú.

"Yo tengo allá casa propia, tengo todas mis cosas, mis hijos tienen su escuela, sus amigos, en un momento pasó por mi cabeza traer a mis hijos, porque me desespera no estar con ellos, pero decidimos intentar solucionarlo, mi hija no quiere dejar el colegio, tiene su vida, es un cambio total, cómo voy a hacer si allá están mis cosas, mi casa, tengo todo allá", se pregunta Vanessa entre lágrimas.

Su hijo de seis años está pasando una profunda depresión. Empezó a portarse mal en la escuela, dejó de ir a jugar al fútbol al club del barrio y cree que su mamá la abandonó. "El me dice que me fui con su hermanito menor, no entiende todavía porque es chiquito, y a mí me parte el corazón, necesito verlo y abrazarlo", comenta.

En una de sus presentaciones ante la Justicia, Villanueva remarcó en este caso "se discuten cuestiones atinentes a la afectación de los derechos humanos, la dignidad de personas, la efectiva tutela de los Derechos de la Mujer, Derechos de los Trabajadores Migrantes, Derecho a la Protección Integral de la Familia y, principalmente, el Interés Superior del Niño, así como la interpretación y vigencia de normas constitucionales y Tratados Internacionales que obligan al Estado Argentino".

La Constitución Nacional, la ley de Migraciones, y la Convención sobre los Derechos del Niño respaldan que la familia esté unida y en el país de nacimiento de los chicos.

"Si bien se consideró la situación personal y familiar de la ciudadana peruana, se debió continuar el proceso de expulsión dado que la normativa establece que el delito de narcotráfico no puede ser dispensado por el Ministerio del Interior ni por Migraciones. Incluso la persona presentó un habeas corpus ante la Justicia Penal, solicitud que fue rechazada en doble instancia, ratificando de tal modo su salida del país", explican a Infobae fuentes de Migraciones.

Vanessa se siente atrapada del lado de afuera de Argentina. "Para mí es una injusticia, ni siquiera me dejaron dejar a mi hijo con sus tías. Este bebe no se merecía pasar por todo esto. Fue muy injusto, muy cruel. El es argentino y se supone que cuidan los derechos de los niños, que lo encierren a mi hijo así, primero en un calabozo de Lugano, que lo desvistan con el médico legista, fue muy violento. Y como ellos eran policías yo tenía que obedecer", protesta.

"Como madre, como adulta, uno puede pasar por esto, lo puedo afrontar, a pesar de que yo cometí un error y pagué la pena, y me puse a estudiar y hasta recibí una medalla de honor al esfuerzo, pero los niños no se merecen esto", se enoja la mujer, que cuenta que una de sus hermanas la había reemplazado en el trabajo y fue despedida cuando los patrones se enteraron del problema de Vanessa.

"Cuando me sacan del país le digo a una de mis hermanas que me reemplace, había confianza con ella, nunca faltamos, nunca tocamos nada, el señor se iba de viaje y nos dejaba las llaves, cuando me vieron en la tele por mi caso, lo primero que hicieron fue decirle a ella que no entraba más. De última, el problema era conmigo, pero la dejaron sin trabajo. Por suerte llegaron a pagarle el mes, y tienen esa plata para mis hijos", comenta.

Gómez Cueva no siente rencor, a pesar de que admite que por dentro su cuerpo se corroe con una sensación fea. "Con todo lo que veo siento que hay una bronca especial con los extranjeros y sé que no soy el único caso, hay otras personas casadas con argentinos, con trabajo en blanco y los engañan y los sacan del país igual", advierte.

"En los últimos años Argentina viene implementando una política migratoria que restringe los derechos de las personas migrantes y fomenta la discriminación. El punto máximo de gravedad es la separación de una mamá de sus hijos. Vanessa debe estar en Argentina con sus hijos", reclama Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

"A pesar de estar fuera de término la interposición de recursos tanto administrativos como judiciales, Migraciones recibió una presentación de sus apoderados y la está considerando a los efectos de tomar una resolución e informarla", adelantaron las fuentes de esa dirección del Gobierno.

Pero el tiempo pasa. Y Vanessa no par de recrear la imagen de su hijo en la puerta de su casa de La Plata, que la mira mientras ella se va en un patrullero. Es un infierno interior permanente. Una pesadilla que sólo desaparecerá el día que lo vuelva a abrazar. "Le dije 'más tarde vengo' y todavía me está esperando. No lo puedo creer, lo extraño tanto", confiesa, y sus palabras se licúan en lágrimas.