El martes 2 de abril se despertaron temprano. Estaban en sus domicilios del pueblo Sebastián Elcano cuando policías de la Departamental de Río Seco hacían efectivo el cumplimiento de la detención ordenada por la fiscal Fabiana Pochettino. A las siete de la mañana se concretaron los arrestos en un operativo coordinado en simultáneo. Fueron notificados de los cargos por los que se los acusa y no ofrecieron resistencia al procedimiento policial, aunque sí se registraron manifestaciones reprobatorias de algunos familiares.
Los enviaron, en primera instancia, a la comisaría del pueblo. Las disposiciones del encierro estaban condicionadas: la única celda no proporciona espacio suficiente para abastecer a los siete detenidos. Tampoco era prudente el contexto: Elcano amaneció un feriado en conmoción. Podía germinar un clima de discordia entre familiares, amigos y conocidos de la víctima y de los imputados. Las inmediaciones de la comisaría eran el caldo de cultivo de un conflicto social. Decidieron obedecer el procedimiento que contemplaba esta reacción popular, según informó el Comisario Mayor Ricardo De Giorgi, director de la Departamental Río Seco.
Fueron trasladados por seguridad y por habitabilidad a la dependencia de Villa de María, municipio y localidad cabecera del departamento Río Seco, ubicado a treinta kilómetros del pueblo. Desde allí hoy emprendieron viaje hacia la calle Santa Fe al 200, hacia las oficinas de la Fiscalía de Instrucción y Familia de Dean Funes, un despacho del Ministerio Público Fiscal, dependiente del poder judicial de la provincia de Córdoba.
Los esperaba la fiscal Fabiana Pochettino, a efectos de la imputación por abuso sexual con acceso carnal, agravado por el número de participantes, según apunta el artículo 119 del Código Penal, tercer párrafo, en función del cuarto párrafo del inciso D.
La causa también anexa una denuncia por robo y lesiones graves por una deformación permanente sobre la ceja derecha producto de una cicatriz. Los acusados, dice la familia de la víctima, intentaron disimular el golpe en una caída accidental con la bicicleta cuando lo obligaron a retirarse a su casa borracho y vejado, después de haber perpetrado la violación grupal el sábado 16 de febrero en el galpón de una gomería.
Recorrieron unos 110 kilómetros desde Villa de María a Dean Funes. Desde la querella están convencidos que muchos de los siete permanecerán detenidos y por tiempo prolongado. Los denunciados por el abuso "en manada" cumplieron diferentes roles: algunos fueron solo presenciales en complicidad con los actores de la violación, que no serían más de tres. Los letrados del estudio del doctor Carlos Nayi, defensores de la víctima, estiman una pena que va desde ocho a veinte años de prisión. El caso es agravado por la cantidad de involucrados, porque eran amigos de la víctima, porque lo obligaron a consumir alcohol, porque sabían de su minusvalía, porque filmaron la secuencia y con posterioridad se dedicaron a difundirla para hacer viral el acto cometido.
Sebastián Elcano, un pueblo de cinco mil habitantes, está en shock, inmóvil, estupefacto. Los pedidos de justicia ocurren por lo bajo y en una reserva que obedece a la valoración de los siete acusados: supuesta gente de bien, trabajadora, de familia. Por eso, los más benévolos hablan de "una broma que se les fue de las manos".
Desde cerca de las 11 de la mañana, comenzó el proceso de declaraciones de cada uno de los integrantes de "la manada" ante la fiscal, que deberá caratular el hecho y evaluar la responsabilidad de los imputados sobre lo ocurrido en la gomería. Luego, se procederá a asentar la designación de los abogados de cada uno de los imputados y que, según lo resuelva la fiscal luego de las indagatorias, podrán ser trasladados de nuevo a la dependencia policial o al sistema carcelario, que por jurisprudencia en la zona corresponde la cárcel de Cruz del Eje.
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