El drama de los hijos “rehenes”: cuando uno de los padres huye con un menor del país en el que viven

Hasta la década del 60, lo usual era que las parejas compartieran la misma cultura, el mismo idioma, la misma nacionalidad. Si tenían hijos y se separaban, los niños quedaban en esa misma órbita, y en ella se resolvían las cuestiones relativas, por ejemplo, a la custodia. Después de esa época, sin embargo, nació un nuevo modelo: las familias interculturales. Con ellas, se abrió la puerta a un conflicto de escala mundial.

¿Qué son las familias multiculturales? Por ejemplo: una mujer argentina que viaja a Estados Unidos, allá conoce a un estadounidense, forman una pareja, tienen uno o varios hijos y eligen vivir con ellos en ese país. O un argentino que forma pareja con una extranjera, se instalan en nuestro país, tienen hijos y acá deciden criarlos.

¿Qué empezó a suceder, entonces, ante una separación conflictiva? Que uno de los padres decidiera llevarse al o los hijos a su país de origen sin permiso del otro. En inglés, se lo llama "international parental child abduction", lo que significa "secuestro o sustracción internacional de un chico por parte de uno de sus padres".

Los casos de "sustracción internacional de menores" (un padre o una madre que huye con sus hijos del país en el que viven) o de "retención indebida" (salen con un permiso provisorio para visitar a un familiar y luego se niegan a regresar) empezaron a ser muy frecuentes. Tanto, que en 1980 varios países suscribieron a la que se conoce como "Convención Internacional de la Haya" (hoy hay más de 100 países firmantes).

El espíritu de la Convención es claro: la restitución al lugar de residencia habitual de estos niños debe ser inmediata. Cuando pasan años, los chicos que fueron arrancados de sus vidas habituales, se arraigan a una nueva cultura en un nuevo país y luego, cuando la Justicia ordena el regreso, vuelven a ser arrancados.

Buscar estrategias para acortar los tiempos de las restituciones fue el objetivo de la visita a la Argentina de Suzanne Lawrence, Asesora Especial para Asuntos del Niño del Departamento de Estado de EE. UU. En una entrevista con Infobae, la experta explicó:

La Convención "está basada en el retorno inmediato, es decir, en la intención de llevar al niño de regreso a su país de residencia habitual lo más rápido posible. La meta para que el caso se resuelva es de 6 semanas. Es una meta muy interesante pero difícil de cumplir para muchos países. La intención, sin embargo, es que se entienda que cuanto más rápido se resuelva el caso, mejor es para el o los niños".

La Convención dice que el país al que fue llevado el niño tiene que enviarlo rápidamente de regreso para que en el país en el que ese niño tenía su residencia habitual -que sí tiene jurisdicción- se diriman las cuestiones relativas a la custodia, incluso cuando hay denuncias de violencia familiar.

Pese a que la recomendación es que se debe restituir en un plazo no mayor a seis semanas, Argentina demora "en promedio, 3 años", explica Lawrence. Son años en los que los chicos tienen nuevo colegio, idioma, nuevos amigos y familiares, casa, mascotas, a veces nuevos hermanos: una nueva vida que luego deben volver a abandonar.

"Cualquiera que trabaje en esta área sabe que estos chicos son víctimas porque ellos no toman la decisión de irse sino que uno de sus padres la toma por ellos. Las demoras tienen efectos a largo plazo y, cuanto más se dilate el tiempo, más serios pueden ser". Según los reportes internacionales, las demoras no son sólo un problema de Argentina sino el principal obstáculo que tiene la mayoría de los países para cumplir con el tratado.

"Me fui porque era violento"

Los casos que se instalan en los medios de comunicación suelen tener un factor común. Mujeres que denuncian que huyeron con sus hijos porque el padre era violento y pelean para que no los obliguen a regresar. Sin embargo, tarde o temprano la Justicia termina ordenando la restitución al lugar de residencia habitual.

Así fue el caso de Ana Alianelli, la argentina que salió de Estados Unidos con sus dos hijas y, una vez en Argentina, decidió no volver. La mujer denunció a su ex, entre otras cosas, por haberle pegado y por haber perdido la casa familiar por su adicción al juego. Pasaron cinco años en Buenos Aires hasta que la Justicia ordenó que regresaran.

La Convención de la Haya tiene un artículo que habla de "excepciones" ( no se debe mandar a un niño de regreso cuando existe un "grave riesgo de que la restitución exponga al niño a un peligro físico o psíquico o a una situación intolerable").

Sin embargo, en la práctica no basta con llegar y denunciar que en el país del que escaparon sufrían violencia: se debe "probar de un modo claro y convincente" que el reintegro del niño al país de su residencia habitual lo expondría a un grave peligro físico o psíquico. Conseguir pruebas, se sabe, de abuso sexual por parte de un progenitor o de violencia familiar no es tarea sencilla.

"La convención es muy clara: las alegaciones de violencia no deben ser una razón para dilatar significativamente el caso. Si el niño es devuelto desde Argentina a otro país y si hay denuncias de abuso o riesgo, el juez que tomará el caso en el país de residencia habitual tendrá, necesariamente, que tomar estos factores en consideración cuando decida las cuestiones vinculadas a la seguridad y la custodia", explica Lawrence.

Es un tema de jurisdicciones: la autoridad competente es la del país en la que el niño tenía su residencia habitual. Sin embargo, resulta tan difícil determinar cuándo aplican las excepciones (una excepción clara es retornar a un chico a una país en guerra) que el Bureau permanente de la Haya está trabajando en una guía específica para que los jueces sepan cuándo aplicarlas.

Desde 2017 existe en Argentina un protocolo de actuación para guiar a jueces y funcionarios involucrados: Lawrence dice que "ha habido un progreso", aunque el protocolo es demasiado reciente como para saber mucho más.

"Otra manera en la que el gobierno local está buscando acortar los tiempos es a través de una ley que ya está en discusión. Creemos que eso podría ayudar muchísimo", continúa. Además, como la causa principal de las demoras está en en los tiempos del sistema judicial, "educar a jueces y a los tribunales en general" es una estrategia central.

"Les mostramos que son casos que están cubiertos por una convención internacional, es una obligación a la que el país se ha comprometido y entonces necesitan ser decididos y actuar en un modo diferente al que uno trabaja con un caso doméstico", amplía.

Lawrence cree que el desafío es "educar a la gente, en general". Por un lado, a los jueces que deben intervenir; por otro, a los padres y a las madres para que sepan que huir con un hijo o retenerlo en otro país convierte a los chicos en víctimas, en rehenes, y que nunca es la solución a un problema sino un modo de agravarlo.

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