En los últimos días del 2018, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación resolvió convertir los calabozos unipersonales en compartidos para aumentar la capacidad de las cárceles. Además se tomó la decisión de trasladar internos de la Provincia de Buenos Aires al Servicio Penitenciario Federal.
Ante esta situación, desde el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles expresaron su preocupación ante el ministro de Justicia Germán Garavano. Asistencia médica, alimentación, y riesgo de que aumente la violencia en las cárceles fueron los temas que le acercó la comitiva del organismo presidido por el juez federal Gustavo Hornos.
En la reunión que tuvo lugar en la ex ESMA, quedó expresada la preocupación por "los niveles de sobrepoblación en las cárceles federales de todo el país y el aumento de la tasa de población penal producido en forma exponencial en los últimos años".
La postura del Sistema Interinstitucional quedó ratificada al alertar sobre la aplicación del "Protocolo para la Evaluación del riesgo de alojamiento en celdas compartidas" y en el "Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires".
En la reunión los miembros del organismo manifestaron el malestar en torno a esta decisión porque se opone a los estándares mínimos establecidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. La tendencia de Naciones Unidas es "un preso, una celda".
El juez Gustavo Hornos se refirió al impacto que producirá la conversión de los calabozos individuales en celdas compartidas para las personas privadas de su libertad sobre los derechos de los internos, "por los que el Sistema ha venido luchando estos años, como la prevención de la violencia, los servicios de salud, de alimentación, el acceso a agua potable y sanitarios, educación, trabajo, y visitas, entre otros", explicó el presidente del organismo.
Junto a Hornos, participaron del encuentro: las juezas Cristina Deluca Giacobini y Alicia Vence; el procurador penitenciario Francisco Mugnolo y el director de legales de la Procuración Penitenciaria de la Nación Carlos Acosta; el coordinador general de Programas y Comisiones de la Defensoría General de la Nación Gustavo Iglesias y el cotitular de la Comisión de Cárceles de la DGN Alejandro Fillia. Por el Centro de Estudios Legales y Sociales concurrieron Eva Asprella y Macarena Fernández Hoffman y por la Asociación Pensamiento Penal, Mirta López González y Rosario Gauna Alsina. También asistió el doctor Martín Vázquez Acuña y la secretaria del Sistema Lucía Gallagher.
Asistieron también el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia Juan Bautista Mahiques, el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal Emiliano Blanco y el secretario de Cooperación con los Poderes Constitucionales del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti.
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