Morir en el colegio: pistas, sospechas y misterio a 30 años del crimen de Jimena Hernández

La competencia de natación acaba de terminar. Ya sin nadadoras, el agua de la piscina del colegio Santa Unión comienza a aquietarse. Y entonces se ve: hay una nena en el fondo de la pileta.

Desesperados, dos profesores se zambullen y juntos logran sacarla de la piscina. Le hacen respiración boca a boca; la nena escupe comida, trozos de galletas. No reacciona. Es 12 de julio de 1988, en Buenos Aires es invierno, hace un frío de lana y gamulanes y adentro del Instituto de la Santa Unión de los Sagrados Corazones, del barrio porteño de Caballito, una nena acaba de morir en una pileta. Jimena Hernández tenía 11 años, estaba en sexto grado y era una notable nadadora.

La competencia terminaba a las cinco de la tarde. A esa hora, Norma Monfardini, la mamá de Jimena, fue al colegio a buscarla. Cuando llegó, todo fue confusión. "Nadie supo decirme dónde estaba, me mandaban hacia uno y otro lado. Pude averiguar que fue enviada a buscar sus útiles a su aula. Allí la vio la portera que la envió nuevamente al natatorio por no poder circular en esas condiciones –en malla y ojotas- por las instalaciones", dijo a la revista La Semana.

Norma se cansó de deambular por los pasillos  y pidió un teléfono para llamar a Jorge Hernández, su marido. Nerviosa, le dijo que por favor dejara la oficina y fuera de inmediato al colegio: Jimena estaba perdida. Cuando aún estaban hablando, un grito llegó desde la pileta; decían que había alguien en el fondo. Por teléfono, Jorge escuchó a su esposa: "¡La encontraron muerta!"

Luis Cevasco, el primer juez de la causa –llegarían a ser cuatro a los largo de casi 20 años- concluyó, con la autopsia, que la muerte había sido por "asfixia por sumersión". Es decir, Jimena se había ahogado. Pero para la madre de la víctima y su abogado, Carlos Wiater, era imposible: ¿cómo una experta nadadora podía morir en la pileta de su colegio? Y de haber sucedido, ¿cómo nadie había visto que se ahogaba? Entre las alumnas que competían, profesores y padres eran más de 60 personas en el natatorio. Se infería no sólo que no se había ahogado: a Jimena la habían matado y la habían arrojado al agua. Hernández, por su parte, -los padres estaban separados y a medida que fue avanzando la causa cada uno tuvo su abogado y línea de investigación- sostuvo desde el primer momento que su hija había visto "algo que no debía", que en el colegio traficaban droga.

El mismo día que Jimena aparece muerta, la Policía Federal ganaba las tapas de los diarios por haber secuestrado el mayor cargamento de droga de la historia: 587 kilos de cocaína. El Operativo Langostino (se escondía en cajas de langostinos congelados) fue el primer gran golpe al narcotráfico en la Argentina. La crisis que terminaría con el gobierno alfonsinista mostraba los primeros síntomas: con un aumento del 20% en el transporte comenzaba un paro nocturno de colectivos. Dos días después habría paro general de Aerolíneas.

Ante la negligencia del juez Cevasco, que dejó pasar más de 70 días desde la muerte hasta que le dio intervención a la policía y comenzaron a llamar a testigos, Norma Monfardini empezó a moverse. En su Fitito, cargaba a sus dos hijos menores –Lucía (de 6 años) y Lucas (5)- para ir desde la casa de Caballito a Tribunales y a los canales de televisión.

Treinta años después, un sábado de 2018, en un bar de Villa Ortúzar, Lucas Hernández, hoy abogado, la recuerda:

"Mi mamá no se podía bañar. Mi abuela, que se vino de Chaco para ayudar, la bañaba, como a un chico. El dolor es tan intenso, acá –se señala el pecho- que te caes, te desmayás. Mi abuela le decía: 'Norma, Jimena está golpeada, fijate'. Ahí es cuando mi vieja empieza a salir en la tele. Mi abuela la enjabonaba, la bañaba y vestía como a un chico. Y mi vieja salía a luchar."

Para Cevasco (hoy  Fiscal General de la Ciudad) y sus peritos, los golpes que tenía Jimena en su cuerpo eran consecuencia de las tareas de reanimación. En su informe también concluyó que "la posible violación anal detectada por los médicos forenses es un hecho anterior e independiente de la causa de muerte".

Fue entonces que los medios de comunicación –y el colegio, eso informó su abogado en la reunión de padres- comenzaron a hablar sobre la vida sexual de una nena de 11 años. Hasta el periodista Bernardo Neustadt fue uno de los que le preguntó sobre el tema a la mamá de la víctima en su programa Tiempo Nuevo, en horario central.

A la teoría del paro cardíaco y muerte súbita que sostenían el juez y el abogado del colegio, Gustavo Díaz Cantón, Wiater (querellante) respondía con la flotabilidad: "Cuando un cuerpo cae al agua, se hunde inmediatamente. Cuando muere en el agua queda por un tiempo flotando y luego lentamente comienza a sumergirse. ¿Cómo es posible que las 60 personas que estaban en la competencia no vieran un cuerpo flotando?". Díaz Cantón respondía, también, en los medios. Para él eso era "un absurdo".

"Cualquiera que se muere va al fondo. Un cuerpo sólo flota cuando entra en putrefacción y eso se debe a las partículas de gas. Estas conclusiones no tienen ninguna sustentación científica. La existencia de una falla en el corazón es indudable. Sigo sosteniendo que Jimena falleció por muerte súbita", aseguraba el abogado.

En noviembre de 1988, a cinco meses de la muerte de la niña, el expediente pasó a la justicia Correccional. El nuevo juez a cargo, Omar Facciuto, tenía dudas sobre el ahogamiento: en el cadáver había escasos restos de plancton (vida microscópica que habita en el agua). En muertes por inmersión la víctima intenta respirar varias veces bajo el agua. En esos agónicos intentos, ingiere agua y, claro, plancton, que se aloja en los pulmones y en el estómago. Jimena tenía poquísimo.

La nueva autopsia reveló que fue asfixiada o ahogada en la superficie. Ya muerta, fue arrojada a la pileta. Pero no podían determinar con exactitud la hora de la muerte porque el agua climatizada modifica los tiempos de la rigidez cadavérica.

Lo que sí sabía Norberto Quantín, el fiscal de la Cámara del Crimen, era que Jimena había estado en el vestuario, se había cambiado, puesto la malla, había pedido una campera y dado el presente. Varios testigos declararon haberla visto en la pileta.

Lo que también sabía Quantín era que en la malla de Jimena había semen. Así lo había determinado el cuerpo de peritos forenses de la Policía Federal. El hombre que la atacó había eyaculado en la malla. No hubo penetración. Para el fiscal hubo un hombre que la abusó y la mató porque Jimena se resistió. El médico legista convocado por Quantín, Andrés Barriocanal, derribó la primera autopsia: "La aparición del esfínter totalmente dilatado significa que esta chica sufrió de miedo o terror frente a determinadas circunstancias inmediatamente anteriores a la muerte, y no una violación. Algún hecho o imagen quedó fijado en Jimena antes de su muerte y provocó la dilatación total de su esfínter. Está dentro de las posibilidades de que haya observado algo que no debió ver, como dice su padre". También dijo que sí presentaba signos de violencia y que figuraba en la primera autopsia. "Lo que ocurre es que no le dieron la importancia debida. Presentaba lesiones en el cuero cabelludo, en la región mentoneana, en la mejilla y la nariz", agregó.

Al tiempo que recorría los canales de televisión, Norma Monfardini seguía trabajando como nutricionista en el hospital Braulio Moyano. Su hijo, Lucas Hernández, recuerda que se tomaba hasta cinco colectivos para ir a cinco lugares diferentes en un día.

"Mi vieja tenía que hacer los escritos a mano porque transcribirlos en ese momento costaba plata. Y no la teníamos. Era una lucha muy desigual: mi mamá con un sueldo contra una corporación eclesiástica", afirma. Era noviembre de 1988 y, para entonces, había seis sospechosos en la causa y una testigo: María de los Angeles Casas, la abuela de una alumna declaró que había visto a un hombre cerca de la pileta cuando ya no quedaba nadie en el natatorio.

La relación de los padres de Jimena con el colegio estaba rota. Aunque peleaban la causa por separado, con dos hipótesis y dos abogados, Norma y Jorge en esto estaban de acuerdo: ambos denunciaban que las autoridades encubrían a los sospechosos. La hermana María Clara, superiora provincial de la Congregación de la Santa Unión de los Sagrados Corazones, escribió un comunicado dirigido a la opinión pública aclarando que no era así.

Los demás padres se dividían entre los que querían cambiar a sus hijos de colegio y los que apoyaban a los directivos y religiosos. Un sumario en marcha en la Superintendencia de Enseñanza Privada (SNEP) que pedía que el Santa Unión suspendiera la entrega de títulos marcó el camino: nueve años después se rebautizó como Instituto Monseñor Dillon, y bajo ese nombre sigue funcionando hasta hoy.

Hacia noviembre de 1988, a cuatro meses del crimen, "El caso Jimena Hernández" salta a las tapas de los diarios. En su edición del 25 de ese mes, el diario Crónica titula "Chacal sigue suelto". Al lado, Carlos Basurto firma un chiste. Un hombre, en el diván, le dice a su psicólogo: "Doctor, no hago más que devaluar, ya es un vicio", "¿Se lo ordena el FMI?", pregunta el psicólogo. "No, faltaba más, sólo me lo sugiere", responde.

Dos meses antes, en septiembre, el Banco Mundial había concedido a la Argentina 1250 millones de dólares. En julio, el ministro de Economía Juan Sourrouille, había confirmado el plan de desindexación. En el medio de todo eso, Raúl Alfonsín anunció las elecciones para el 14 de mayo de 1989.

En diciembre de 1988 Quantín encara la reconstrucción del crimen. La pileta en la que murió Jimena estaba recubierta por una especie de globo, desde fuera se veía como un gran iglú. Lo que quería probar el fiscal era si resultaba posible levantar una de las paredes de lona para pasar por allí un cuerpo. El primer juez de la causa, Cevasco, sostenía que sólo se podía entrar por la puerta giratoria que conectaba el natatorio con el colegio. De haber levantado la lona desde un costado, la carpa se hubiese caído.

Con una chica de contextura física similar a la de Jimena, Quantín demostró que se podía levantar la lona en el extremo opuesto a la puerta de entrada y pasar el cuerpo sin que la carpa se desmoronara. Era probable que mientras todos se despedían y marchaban hacia la puerta, a sus espaldas, alguien tirara el cuerpo de Jimena.

En las pesquisas tardías, que se hicieron un poco antes de la reconstrucción, la policía encontró en la sala de calderas del colegio una toalla con manchas de sangre junto a un palo con cabellos adheridos. Pero no pertenecían a Jimena, sino a otra alumna que se habría cortado con un vidrio. Tampoco se pudo determinar si la mancha encontrada en el bretel de la malla era sangre. Aún así, la malla era la pista a seguir.

Junto con la muestra de sangre de ocho sospechosos, en enero de 1989 se envió al Life Code Institute, en Estados Unidos, el traje de baño para analizar el patrón genético del semen. La tecnología era muy reciente: ese mismo año el FBI había incorporado la pericia de ADN. Y aquí, según explica el biólogo Daniel Corach, que creó el Servicio de Huellas Digitales Genéticas, se comenzó a trabajar a escala en 1991. "El primer caso en el que se aplicó el estudio de ADN fue en la AMIA (1994). En 1988 aún no existían criterios de preservación", aseguró.

El Life Code Institute no pudo extraer ADN debido a las pésimas condiciones en la que estaba el material. La malla, mojada, había estado guardada dentro de una bolsa. Norma, la mamá de Jimena, dijo que estuvo en un cajón del escritorio del juez Cevasco.

"A mi vieja todos le recomendaban que no saliera en los medios porque tenía dos hijos. Salió igual y un par de veces nos quisieron secuestrar. A nuestro país lo cambiaron las mujeres. Lo ves con el caso Cabezas, ¿quiénes salieron a luchar fuerte? La madre y la hermana. En el caso María Soledad, la mamá, si bien el papá acompañaba. En este país los hombres son más cobardes que las mujeres", dice Lucas Hernández.

A un año del crimen, en 1989, Jorge y Norma señalaron con nombre y apellido a un sospechoso: Oscar Bianchi, profesor de gimnasia. Hernández sostenía que Bianchi "había tenido problemas" en otros lugares y, Norma, que el docente conocía a Jimena de otra pileta. Además de trabajar en el colegio Santa Unión, Bianchi había sido profesor en la colonia de Atlanta en el verano del 87/88, a la que había ido su hija.

En una entrevista que dio a la revista Gente en 1989, Bianchi, además de negar conocerla –según afirmó, Jimena "no figuraba en ninguna lista de competidores en Atlanta"-, dijo: "Siempre es más fácil que un alumno se acuerde de un profesor que el profesor de sus alumnos. Además, en una pileta puedo reconocer a una persona, pero en la calle y vestida, no sé".

Las sospechas de la familia se basaban en que Bianchi también había trabajado en el polideportivo de Parque Patricios donde murió una nena de 11 años, Sandra Carmona, en 1987. Sandra también apareció en la pileta.

Para julio de 1989 la lista de sospechosos era de diez. La testigo clave, la abuela María de los Angeles Casas, esperaba que la llamaran a declarar.

Otro de los apuntados por la familia de Jimena fue Pablo Ignacio López, hijo del vocero de Raúl Alfonsín, Ignacio López. Un testigo de identidad reservada declaró que Pablo, seminarista en el colegio Santa Unión, después de la muerte de Jimena se había refugiado en el Obispado de Añatuya, en Santiago del Estero.

En año de elecciones, la política y el caso Jimena Hernández comenzaron a cruzarse: amigos y familiares de la familia López publicaron una solicitada en La Nación, donde aseguraban: "Las infames manifestaciones que en forma gigantesca ola pretendieron hacer blanco en la familia de José Ignacio López sólo pueden provenir de personas que confunden la crítica natural a la que están expuestos los funcionarios públicos con actitudes de una bajeza y ruindad que las califican por sí, sin reparar en el daño que se infiere a inocentes".

El fiscal Quantín descartó que López estuviera involucrado. Lo declaraba así a los medios: "La cuestión tomó un absurdo matiz político relacionado íntimamente con las elecciones presidenciales, es algo totalmente falto de asidero".

Hasta el represor Miguel Etchecolatz fue de la partida. En una carta de lectores que publicó en el diario La Nación el 7 de junio de 1989, el entonces comisario retirado de la policía bonaerense se preguntaba si existían "oscuras intenciones dirigidas desde el gobierno a fin de encubrir familiares de encumbrados funcionarios vinculados quizá con la violación y muerte en una pileta escolar de una menor llamada Jimena". Fue citado y, ante el juez, declaró que se lo había dicho un taxista.

Por falta de pruebas y sin haber vuelto a llamar a declarar a la abuela Casas, la única testigo ocular de los últimos minutos en la pileta, en septiembre de 1990 se dictó el sobreseimiento de todos los imputados. La causa volvería a abrirse y cerrarse en dos oportunidades. La más esperanzadora fue en 1996, cuando Jorge Hernández presentó el testimonio de compañeras de Jimena.

Las chicas decían haber sido las últimas en irse de la pileta y haber visto a dos de los profesores imputados ingresar con un bolso sospechoso cuando terminó la competencia. Sin embargo esa nueva investigación no prosperó y la causa se cerró en 1997. Eran seis los imputados: el profesor Oscar Bianchi –señalado como el autor material-, los guardavidas Hernán Fusco, Gerardo Paradela, Mario Alvarez, Miriam Squaglia y el ex rector del colegio, Jorge Sobrino. Todos fueron declarados inocentes.

Pero en mayo de 1998 el abogado de Jorge Hernández decía tener nuevas pruebas. Con la reapertura de la causa finalmente se citó a la abuela Casas el 17 de junio de ese año. Jamás pudieron escucharla: al pedido de citación se respondió con una notificación de fallecimiento. Habían pasado diez años del crimen de Jimena y Casas había muerto. La mujer había declarado por única vez en julio de 1988, apenas murió Jimena. Aseguró que aquel día, cuando ya el natatorio estaba vacío, vio a una persona. La descripción, según los Hernández, coincidía con la fisonomía de Bianchi.

El único preso del caso Jimena Hernández fue su papá. El abogado de su mujer, Carlos Wiater, lo denunció por calumnias y Hernández fue arrestado cuando salía del programa de Mirtha Legrand, en 2002.

La familia pidió que se considerara crimen de lesa humanidad el asesinato de Jimena. Buscaban, así, que se lo declarara imprescriptible. La Corte Suprema dijo que no en 2007 y se cerró definitivamente.

— El cuerpo de Jimena sigue en Chacarita. Lo quieren sacar porque pasaron 30 años. Pero presenté una medida cautelar.

—¿Por qué querés mantener el cuerpo de tu hermana ahí?
— Por las pruebas, por el material genético. Hay cadáveres que cuando se cierran, cuando se consume ese aire por las bacterias, quedan en perfecto estado. Puede que abras una sala al vacío y te des cuenta de que están perfectos. Tal vez no sea el caso, o sí.

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