La ciudad de Buenos Aires tiene unos 500 sitios contaminados que deberán ser remediados, según su peligrosidad y el potencial daño que pueden causar a la población más cercana. Así quedó establecido en una ley que sancionó la Legislatura porteña la semana pasada, que regula el manejo de los pasivos ambientales.
El lenguaje de la norma es más bien técnico y jurídico, pero queda claro que los dueños o responsables de esos sitios son los que deberán descontaminar esos lugares con penas que pueden llegar a los 10 millones de pesos si no cumple con las presentaciones, estudios y recomposición del área contaminada.
Pero, ¿qué es un sitio contaminado para la ley? Se trata de un inmueble o conjunto de inmuebles, cuyo suelo, subsuelo y/o agua subterránea han sido alterados negativamente en sus características químicas por la presencia de sustancias contaminantes de origen antrópico. Los pasivos ambientales también le caben a los cuerpos de agua.
"Hay unos 500 sitios presuntamente contaminados. Por ejemplo, donde estuvo una estación de servicio o un lugar con actividad ferroviaria, pero hasta que no se hacen las evaluaciones no se sabe si está contaminado y si está, cuál es ese nivel", explicó a Infobae Juan Filgueira, presidente de la Agencia de Protección Ambiental porteña (APRA) que será la autoridad de aplicación de la normativa.
Hay unos 500 sitios presuntamente contaminados. Por ejemplo, donde estuvo una estación de servicio o un lugar con actividad ferroviaria, pero hasta que no se hacen las evaluaciones no se sabe si está contaminado y si está, cuál es ese nivel
Según el funcionario, el proceso será progresivo: "Primero se arranca con la intimación, tendrán prioridad aquellos sitios donde se intimó a remediar y están en ubicaciones estratégicas. Lo importante es que quede claro que ya no sale más gratis tener pasivos ambientales en la ciudad de Buenos Aires".
Para Andrés Nápoli, experto jurídico y director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), se trata de "una buena herramienta, aunque por un lado limitada, dado que solamente comprende a los sitios contaminados que son en definitiva una especie del género pasivo ambiental, que es el conjunto de daños ambientales (contaminación de agua, suelo, aire, impacto en los recursos naturales, ecosistemas) producidos por la actividad pública o privada y que puedan constituir un riesgo permanente o potencial para la salud el ambiente. Mientras que, por otro lado, deja muchos temas importantes para su futura reglamentación, pero esta es una técnica legislativa habitual en este gobierno, por lo menos en lo que hace a los temas ambientales".
Algunas de las cuestiones que señala Nápoli tienen que ver con la falta de creación de un Fondo de Compensación, por ejemplo, conformado por las posibles futuras multas en el caso que el Estado deba hacerse cargo de la remediación.
"Este es un punto importantísimo, ya que desde APRA informan que a veces la remediación es más cara que el inmueble en sí mismo. Entonces, pienso que para una empresa, es negocio contaminar y omitir obligaciones, ya que luego el Estado te expropia el lugar (lo compra) y además repara el daño causado. Tengamos en cuenta que un lugar contaminado no te lo compra nadie. Un predio no se contamina del día a la noche, sino a lo largo del tiempo, por lo cual el Estado cuenta con facultades para prever los males mayores. Si eso no ocurre, les cabría a los funcionarios responsabilidad penal, cuestión que podría colocarse en el proyecto", agregó el experto de Farn.
Aunque no se detallaron las ubicaciones de los predios identificados por el gobierno local, se indicó a Infobae que están repartidos en toda la ciudad y que hay en todas las comunas.
Algunos casos emblemáticos que la Ciudad tuvo que afrontar por la contaminación de suelos en los últimos años son: la contaminación del suelo en la villa Rodrigo Bueno por un "cementerio" de automóviles, el plomo detectado en los terrenos que ocupó la villa "Papa Francisco" y las filtraciones en el subsuelo que emanaba una estación de servicio ubicada en Lima e Independencia.
A fines de febrero de 2014, alrededor de 200 familias de bajos recursos ocuparon un predio en el barrio de Villa Lugano, al cual se lo bautizó con el nombre de "Asentamiento Papa Francisco" y comenzaron a edificar precarias viviendas.
Ese predio ubicado en Fernández de la Cruz y Pola está contaminado con plomo, tal como lo evidencian estudios pertinentes realizados al suelo en septiembre de 2013 por la ONG Green Cross. Allí detectaron 0,155 mg/L de plomo en el suelo, cuando lo máximo permitido es de 0,05. También encontraron una concentración de manganeso de 3,70 mg/L cuando el valor límite es 0,1 mg/L, según un informe de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires.
La villa Rodrigo Bueno, que creció notablemente en la última década, con el hacinamiento y a la falta de cloacas, sufrió las consecuencias que dejaron los vehículos del cementerio de automóviles de la Manzana 3 y 4 (que llegó a tener 587 vehículos) que fueron retirados y en el lugar que quedó vacante los vecinos han limpiado superficialmente el terreno y lo destinaron a una plaza de juegos. El terreno no ha tenido remediación, por lo que el plomo sigue allí a pesar del retiro de los autos.
En 1979, una explosión hirió a un trabajador del subterráneo en la estación Independencia de la línea E. Las pericias realizadas en el lugar revelaron la existencia de una considerable filtración de hidrocarburos que impregnaba los suelos que rodean el nodo combinatorio Independencia entre los 14 y 20 metros de profundidad.
Los combustibles llegaron allí gracias a una rotura en los tanques de la estación de servicio ubicada en la esquina de Lima e Independencia. Para evitar una catástrofe de grandes proporciones, las autoridades de aquel entonces instalaron una bomba extractora para retirar las naftas y los peligrosos vapores que emanan a la superficie. La justicia civil condenó a la empresa Shell a remediar esos terrenos 30 años después.
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