Los nuevos audios que hoy publica Infobae exponen aún más crudamente la maniobra que este medio reveló el fin de semana, por la que médicos de IOMA cobran coimas de las empresas proveedoras de la obra social de la Provincia de Buenos Aires, para elegir sus prótesis.
El sistema se implementó en las últimas administraciones de IOMA y sigue vigente con la actual gestión. La empresa que no acepta pagar retornos es rechazada por el médico o, en la práctica, excluida del listado de proveedores. La responsabilidad excede a los profesionales de la salud y las empresas que participan de la maniobra, y alcanzaría a los auditores de IOMA que no indagan sobre los motivos de esos rechazos de los médicos. También a los funcionarios que avalan que IOMA pague prótesis un 500% por encima de los valores de mercado, sobreprecios que incluyen el porcentaje del 20% establecido para los retornos.
Así lo confirmaron empresarios, sindicalistas y especialistas entrevistados para la investigación global The Implant Files, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y de la que participan por Argentina Infobae, junto a La Nación y Perfil.
En los primeros audios difundidos el sábado, dos médicos les pedían a las ortopedias entre $18.000 y $25.000 para elegir una prótesis de cadera y otra de fémur de sus marcas, en pacientes a los que tenían que operar.
En este nuevo audio, un médico traumatólogo habla por teléfono con el proveedor de la prótesis que ganó la licitación para una paciente de IOMA que debe operarse la rodilla, en el Hospital de Monte Grande.
En la conversación, el médico -del que se reserva su nombre por haber una investigación judicial en curso- pregunta cuáles son sus "honorarios" por colocar la prótesis del proveedor con el que habla. Es un eufemismo para referirse a la coima por "aceptar" la prótesis de la ortopedia que ganó la licitación.
Ante la resistencia del interlocutor a pagar el retorno, quien asegura haber ganado la licitación del hospital con un precio más bajo y poco margen de ganancia, el médico insiste en que "el precio tiene que tener la parte para el cirujano también". Admite así que el precio ofertado en las licitaciones públicas, tienen que incluir el monto que debe cobrar -ilegalmente- el profesional para concretar la operación con esa prótesis. Y asegura que, sin ese pago, "nadie le va a operar la rodilla", dejando en evidencia una práctica generalizada entre los traumatólogos que prestan servicio para IOMA.
El profesional justifica el reclamo de la coima por los "bajos honorarios" que la obra social de la Provincia le paga a los médicos. "Normalmente nos manejamos todos los traumatólogos con parte de los honorarios que nos dan las ortopedias", explica con naturalidad. Y pronostica: "No va conseguir un cirujano que lo opere gratis".
El secretario general de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMPA), Antonio Di Nanno, admite que "las principales quejas de los cirujanos son honorarios bajísimos y, en muchos lugares, las condiciones de trabajo". Sin embargo, es enérgico en la condena al tipo de prácticas expuestas en los audios: "Nosotros creemos que cuando los médicos trabajan en una institución, tienen que estar registrados, en blanco, y aparte cobrar por cirugía. Pero eso no justifica que uno vaya a pedir una coima. Un médico que hace eso, tiene que ir preso".
En la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) declinaron hacer comentarios, en tanto que desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), sostuvieron que su postura "es firmemente contraria a este tipo de prácticas".
"Yo no puedo operar gratis"
En este otro audio al que tuvo acceso el equipo argentino de ICIJ referido a una conversación que tuvo lugar la semana pasada, el mismo médico vuelve a consultar al interlocutor de la ortopedia sobre el tema de los "honorarios" para colocar la prótesis de rodilla que necesita una paciente.
Ante la negativa de la ortopedia a acceder al pago del "incentivo", el traumatólogo se queja y sostiene que "no se puede laburar así". "No pueden hacer una cosa así dejando de lado al médico", se lo escucha ofuscado. A continuación, afirma que en ese caso, la cirugía no se va a poder concretar. "Yo no puedo operar gratis", argumenta. Pasa por alto la respuesta del proveedor de que eso debería hablarlo con IOMA y ratifica: "Yo no voy a operar así".
Estas nuevos audios fueron judicializados por Graciela Ocaña, en una ampliación de la denuncia que realizó en agosto pasado ante la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI) de la Provincia de Buenos Aires.
En su nueva presentación, la diputada nacional de Cambiemos destaca que "el profesional que realiza la intervención, como prestador de IOMA, cobra de la entidad el monto correspondiente por la realización de la operación, circunstancia que fue aceptada al momento de suscribir el convenio respectivo para constituirse como prestador, no resultando procedente el planteo respecto a la necesidad del pago de dicho incentivo".
También señala que la negativa del médico a operar con la prótesis provista por la ortopedia que ganó la licitación "le genera aún más gastos a IOMA, dado que hasta tanto la paciente no pueda realizarse la operación, la obra social debe suministrarle todo tipo de calmantes, analgésicos, además de garantizar los análisis o estudios clínicos que sean necesarios, más los gastos que demanden los traslados para efectuar dichas intervenciones".
En su presentación, la ex ministra de Salud de la Nación advierte que la admisión del médico de que el precio a ofertar en una licitación debe incluir el pago -ilegal- del incentivo al traumatólogo "deja entrever claramente una ineficiencia, impericia y/o posible connivencia de los funcionarios del Instituto quienes, al momento de analizar la oferta de las licitaciones, normales según el médico traumatólogo, no advierten el referido sobreprecio de la prótesis".
La denuncia de Ocaña fue girada por la OFI a la Justicia de La Plata y la investigación está a cargo de la UFI Nº6, cuyo titular es Marcelo Romero. Este fiscal ya tiene identificados, al menos, a media docena de profesionales de la salud involucrados en estas prácticas. Además, solicitó a IOMA información sobre las prótesis adquiridas, los médicos que las solicitaron, los motivos de los rechazos de las seleccionadas, y un listado de las prestadoras. Más de un mes después, la obra social –cuyo presidente Pablo Di Liscia fue designado por el Ejecutivo provincial– aún no respondió.
El organismo de control de la corrupción bonaerense ya había recibido una denuncia anterior sobre el tema, con reserva de identidad del denunciante, a fines del año pasado. Tras una investigación preliminar, la envió también a la Justicia de La Plata en junio. Recayó en la UFI Nº 2, a cargo de Betina De Lacky. Casi cinco meses después, no tuvo aún avances.
"Harto" del sistema
IOMA compra solo un porcentaje menor de las prótesis – entre el 5% y el 10%- por licitación, a cargo directamente de los hospitales públicos provinciales. La mayor parte de las compras -el 85%- las hace por el sistema del nomenclador de un convenio marco, que fija precios de referencia, y que fue acordado en 2016 entre el Directorio de IOMA y las prestadoras, con un reajuste del 25% en agosto pasado. Pero esos precios resultan ser superiores a los del mercado porque deben compensar a las empresas proveedoras por las coimas que pagan para ser elegidas, según coinciden todos los consultados.
"Nadie cotiza por debajo. Yo coticé menos y no me compran la prótesis. Ese precio encubre el retorno. Cuando más alto el precio, mayor la coima", afirma un proveedor, bajo condición de no revelar su nombre.
Según los entrevistados, tanto en la modalidad del nomenclador como en la licitación de hospitales públicos-, la empresa que provee la prótesis tiene que pagar el retorno establecido. Si no lo hace, el médico la da de baja, por más que la ortopedia haya ganado la licitación.
Un empleado de una proveedora que pidió que no se publique su nombre, asegura que es "una locura" cómo funciona el sistema. Dice estar "harto", al punto que buscar cambiar de rubro para no tener que lidiar con estas situaciones.
"Si te presentás a una licitación de un hospital público, que sale publicada en la web, y cotizás una prótesis, supuestamente gana el que ofrece el mejor precio. Pero lo más loco de este sistema de compras -que no es de este gobierno sino de hacer muchísimos años-, es que el médico puede elegir el material que quiera, aunque sea más caro, supuestamente 'por la parte técnica'. Si el médico quiere un material más caro, ni siquiera tiene que pasar por el proveedor que ganó la licitación por precio. Directamente elige con su puño firma y letra y pone: 'Me gusta este otro porque lo conozco'. Ahora, todos los materiales que se ofertan tiene autorización de ANMAT. Entonces, ¿cuál es el punto por el cual autorizan el que quiere el médico y nadie dice absolutamente nada?", se pregunta indignado.
"Esto es así desde siempre y cada vez está peor. Si el Estado quisiera tomar cartas en el asunto, lo resuelve en un minuto. Está a la vista. Pero si no hay una orden desde arriba, no va a cambiar", asevera.
"Asistencia técnica"
La coima que piden los médicos, de acuerdo a todos los entrevistados, es de alrededor del 20% del valor de la prótesis. Los profesionales la cobran -en general en cheques- y entregan un recibo por servicios ficticios de "asistencia técnica" o " asesoramiento". "Lo consideran un derecho adquirido y lo tienen naturalizado", reconoce un proveedor, resignado."Si alguien se pusiera a mirar, vería que por cada pedido de un médico de una prótesis de una determinada casa, hay un recibo de 'asistencia técnica'", agrega. Estos recibos o facturas de los médicos por servicios inexistentes les permiten a las empresas descontarlos del pago del impuesto a las Ganancias.
Desde la Asociación Platense de Ortopedia y Traumatología (APOT), en un comunicado rechazaron "categóricamente las acusaciones difundidas sobre pagos de coimas en prótesis" y sostuvieron que sus asociados "indican, como la buena práctica profesional obliga, las prótesis que cada paciente requiere".
Sobreprecios del 500%
Según datos oficiales, el presupuesto de IOMA destinado a prótesis en 2018, es de casi 2.500 millones de pesos. El 20% que implicarían los retornos, equivalen a unos 500 millones de pesos en el año. Dinero que sale de los aportes de los empleados públicos bonaerenses, que son afiliados cautivos de la obra social bonaerense.
Para Ocaña, "esta maniobra no se podría llevar adelante sin la connivencia del médico que pide un porcentaje de la prótesis para direccionar injustificadamente el pedido de una marca determinada o de rechazar el implante si el proveedor no acepta pagar el "canon" ilegítimo. Pero también, y no menos importante, son responsables las autoridades del IOMA encargadas de fijar los precios establecidos en el nomenclador, que siempre están muy por encima de los precios de mercado".
Según los ejemplos de valores de prótesis que presentó en su denuncia, durante 2016, 2017 y hasta agosto de 2018, IOMA estuvo pagando más del 500% por las prótesis.
Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, desde la obra social de la Provincia sostuvieron que heredaron el sistema de nomenclador con precios establecidos en la gestión anterior, a valor dólar, por lo que los pesificaron y les aplicaron una quita del 20%. Agregaron que en agosto pasado, "atendiendo a la falta de provisión por parte de los prestadores en relación a la composición en dólares del costo de dichos productos, y a efectos de evitar la interrupción de las cirugías previstas, la obra social definió aplicar un incremento del 25% sobre dichos valores". La excepción fueron los del nomeclador del Mercosur, que "en función de los precios vigentes, aún habiendo sido pesificados, no recibieron este aumento".
Idelmar Seillant, presidente de la Asociación de Profesionales de IOMA (APIOMA) y del Sindicato Unico de Profesionales de Trabajadores y Técnicos de IOMA (SUPTTIOMA) – desde el cual lleva presentadas 27 denuncias en la Justicia contra las diferentes gestiones de IOMA-, afirma que "el convenio que se firmó en 2016, cuando estaba al frente Sergio Cassinotti (entonces titular de IOMA y actual del PAMI), tenía valores hasta un 700% superior a los del mercado, con la intención de favorecer a los empresarios con montos millonarios". El dirigente afirma que esas empresas, a su vez, "están relacionadas con funcionarios y dirigentes de UPCN vinculados a la obra social".
Según el cálculo de APIOMA, el costo de los sobreprecios en todos los rubros que maneja la obra social de la provincia de Buenos Aires, de enero de 2016 a octubre de este año, asciende a 4.800 millones de pesos. El sindicato que agrupa a los profesionales y técnicos de la institución planea llevar estos números a la Justicia en los próximos días.
Desde IOMA aseguran que, desde fines 2017, el nuevo presidente de la obra social, Pablo Di Liscia, inició una "evaluación exhaustiva de más de 500 puntos para analizar su valor" y que desde el año próximo van a utilizarse nuevos nomencladores cuyos precios "estarán establecidos, entre otros factores, por los valores del mercado".
Para Seillant, "el sistema de retornos y sobreprecios no podría funcionar sin la participación del Directorio, que habilita los pagos, los sobreprecios y el direccionamiento hacia determinados prestadores. Empezando por el Presidente, que es partícipe de toda la corrupción en la obra social, siguiendo por la Dirección General de Prestaciones Médicas, la Dirección General de Administración y la Dirección de Finanzas. En IOMA, no falta dinero, sobran ladrones".
Pedido para intervenir IOMA
Tras las revelaciones de The Implant Files, el Bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires pidió una sesión especial para este miércoles, a fin de tratar el pedido de intervención de IOMA.
El bloque que responde a Sergio Massa recordó que presentó el pedido en marzo pasado y asegura que no fue tratado por decisión del oficialismo. "Si el frente Cambiemos no quiere tratar la intervención de la obra social más grande la Provincia repleta de irregularidades y manchada por la corrupción con el aval estatal, es porque encubre delincuentes", sostuvo el diputado massista, Pablo Garate, autor del proyecto.
"El objetivo no es sólo investigar las irregularidades, sino también sugerir medidas y acciones para que IOMA funcione plenamente en beneficio de todos los empleados públicos en actividad y jubilados", señaló el legislador de Tres Arroyos.
"Un negocio para las empresas grandes"
Los "retornos" no es lo único de lo que que se quejan algunos de los proveedores consultados por el equipo argentino de ICIJ. "El sistema está hecho para que las empresas proveedoras sean cada vez menos. Las chicas no podemos sobrevivir. La fórmula es: precios altos y pocas distribuidoras, cuando debería ser al revés, más proveedoras distribuidas por zonas, para bajar los costos de logistica", afirma el dueño de una pequeña firma que comercializa prótesis, quien también pidió no ser identificado por temor a represalias.
En este sentido, menciona el aumento de costos por estar obligadas a llevar a las cirugías un técnico propio y, a partir de la ley de Farmacias sancionada en la Provincia (Nº 10.606), contar con un director técnico que sea farmacéutico con su título bloqueado. "Como no puede trabajar en otro lado, tenés que pagarles un sueldo de $ 50.000 como mínimo. Es un requisito sin lógica ya que el producto médico viene cerrado y esterilizado. Solo hay que chequear la fecha de vencimiento", reclama.
El equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación que participó de The Implant Files está integrado por Mariel Fitz Patrick (Infobae); Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación); Emilia Delfino (Perfil) y Sandra Crucianelli (para Perfil).
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