La municipalidad mendocina de Luján de Cuyo comprará el edificio del Instituto Próvolo para convertirlo en un edificio público. El predio está cerrado desde noviembre de 2016 tras las denuncias por curas abusadores de chicos sordos. Desde la oposición criticaron la compra del predio a la orden religiosa Obra San José, hasta ahora dueños del predio.
El Consejo Deliberante aprobó el proyecto enviado por el oficialismo, el PRO, por lo que finalmente se concretará la compra del instituto religioso Antonio Próvolo por la suma de casi 153 millones de pesos divididos en un pago inicial y cuatro cuotas en dólares que se abonarán hasta el 2022, según detalló el diario Los Andes.
El objetivo será trasladar allí la municipalidad e instalar también un centro cívico que incluya las dependencias de Rentas y otras oficinas de la administración pública.
En sus considernados, la ordenanza argumenta que "existe una concreta oportunidad de adquirir un inmueble de características únicas con la finalidad de darle un destino de fin público" y agrega "que la adquisición del mismo no sólo redundaría en la disminución de costos fijos para el Municipio, sino que -junto con su capitalización- se lograría un manifiesto beneficio para la comunidad y los servicios que pueden ofrecerse a todos los lujaninos".
El acuerdo también hace referencia al dinero que deberá destinarse para las reparaciones económicas para las víctimas de abusos sexuales por parte de los curas denunciados: "La parte vendedora deberá garantizar que los fondos quedarán afectados al pago de los reclamos presentes y futuros de la Asociación obra de San José".
Críticas de la oposición
Consejales de otros partidos políticos cuestionaron la transacción haciendo alusión a las víctimas: "Si bien establece la constitución de un fideicomiso, pedimos que se cree un Tribunal Arbitral 'ad-hoc', a efectos de que éste determine el monto de las reparaciones para las víctimas involucradas en el caso", dijo la edil Paloma Scalco, de Unidad Ciudadana.
Por su parte, el senador del Frente de Izquierda Lautaro Jiménez consideró que el predio debería ser expropiado: "Gravísimo. El intendente De Marchi quiere pagarle 150 millones de pesos a la asociación ilícita de abusadores, torturadores y violadores de menores, propietaria del Instituto Próvolo. La Legislatura de Mendoza debe impedirlo y expropiar sin cargo esas instalaciones".
En el Próvolo mendocino son más de 60 los ex alumnos que denunciaron haber sido abusados por los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho, el monaguillo Jorge Bordón, los dos empleados administrativos, José Luis Ojeda y Armando Gómez, y la recientemente implicada monja Kumiko Kosaka. El caso fue elevado a juicio en mayo pasado pero aun no se definió la fecha de inicio del debate.
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